El 1 de mayo volvió a celebrarse el ritual que renueva el prebendalismo estatal: el Gobierno “regaló” un aumento salarial. Con dinero ajeno, claro. Es un rito anual cuyos efectos son ignorados. En los diálogos al café Marcos Escudero se los ha evaluado.

Rodolfo Eróstegui, conocido columnista en temas laborales, destacó que estos aumentos transgreden las normas del código del trabajo. Éste sugiere la determinación periódica de un salario mínimo, pero no una intervención tan profunda en el mercado, como para determinar cambios en el salario básico o eliminar la negociación obrero patronal.

La especialista Beatriz Muriel, del Inesad, destacó que la política salarial boliviana ha sido excluyente y discriminatoria, debido a que trata la situación de los trabajadores con empleos regulares, que representan apenas el 15 % de la fuerza laboral. La gran mayoría, que trabaja por cuenta propia o en pequeños negocios, no recibe la atención del Gobierno. Peor aún, esta política alienta el crecimiento del sector informal y aumenta el desempleo encubierto.

Este proceso fue corroborado por José Luis Barroso, quien estudia el mercado laboral. Él destacó que la demanda laboral manifestada, fundamentalmente, a través de avisos de prensa, se ha ido reduciendo a tal punto que en 2022 la cantidad de puestos de trabajo que se ofrecen por avisos de prensa es menor a la que se ofrecía hace 14 años.

En el Instituto Nacional de Estadística (INE) encontramos uno de los datos favoritos del Gobierno: la evolución del salario mínimo en Bolivia cuyo crecimiento ha sido significativo, pasando de Bs 440 en 2004 a casi Bs 2.500 en 2022.

Sin embargo, lejos de haber mejorado la situación de los trabajadores, esta política la ha perjudicado. Y no solo a los trabajadores, sino también a los inversionistas y, por tanto, a todos los bolivianos.

El salario mínimo se ha convertido en el salario de acceso al mercado de trabajo. Su paulatino aumento encarece la contratación de trabajadores no calificados o principiantes, y eso los deja fuera.

Lo importante, en todo caso, es observar la capacidad adquisitiva o el poder de compra de los salarios, y no del mínimo sino del promedio, que es más representativo. Los datos del INE muestran que el salario promedio real en el sector privado se ha mantenido estancado y con leve tendencia declinante en los últimos 20 años. El crecimiento económico no ha mejorado la situación de los trabajadores. En 2004, el salario medio real en el sector privado era de Bs 1.600, medido a precios de 1995. En 2022, con los mismos criterios de medición, el salario medio real de los trabajadores del sector privado era de Bs 1.560. La bonanza solo fue aprovechada por el sector público, donde sí crecieron los salarios reales.

Los salarios reales bajaron a pesar del aumento del mínimo, porque los salarios más altos se contrajeron. Las desigualdades salariales se han reducido, lo que implica que se ha eliminado el premio a la capacidad o a la mayor formación. Es decir, no hay incentivos para mejorar la productividad laboral. Hay más igualdad, pero menos justicia.

En suma, el estancamiento del salario real en el sector privado, la contracción del sector formal y la disminución de las diferencias, indican que los trabajadores que han sufrido mayor deterioro en su posición en el mercado laboral han sido los más productivos, los más experimentados, los mejor calificados. Con mayores costos y menor productividad, las inversiones son menos rentables, y la economía ha terminado perjudicada.

Roberto Laserna es investigador de CERES.

Estamos a meses del Censo Nacional de Población y Vivienda, tema de movilizaciones y conflictos. Es que los datos censales son claves para la distribución de recursos económicos a gobernaciones y municipios, y pueden influir en la configuración de la Asamblea Legislativa.

Por disposición constitucional, el Censo da parámetros de referencia para asignar recursos y de diputados, ajustando la distribución a los cambios poblacionales. Las proporciones de población cambian y mientras algunas zonas declinan, otras se expanden. Lo sabemos, pero cuando llega el momento unos se sentirán perdedores y otros ganadores, alentando situaciones conflictivas. Hay que evitarlo explicando que los cambios afectan a las categorías territoriales (departamentos o municipios), pero no a la gente, que es el nivel que verdaderamente importa.

Utilizar categorías territoriales en la asignación de recursos es inevitable, pues ellas son jurisdicciones de gobernaciones y municipalidades. El problema está en su utilización como circunscripciones electorales, pues ello distorsiona la representación política creando conflictos imposibles de resolver en los marcos de la actual Constitución.

En efecto, en la Constitución de 2009 se mantiene un sistema bicameral, pero confuso en forma y fondo. En el origen, se concibe al Senado como un nivel de representación que facilita la concertación en temas de largo plazo, más institucionales, ya que tiene pocos integrantes y representan a los departamentos más que a los partidos o la población. Son en cantidad igual por cada departamento, independientemente de su tamaño geográfico, económico o poblacional. Antes eran tres y asumían dos por mayoría y uno por la primera minoría en cada departamento. Desde 2009 se amplió a cuatro y se los elige en proporción al apoyo político, es decir, se lo ha “politizado” un poco más, además de otorgarle también atribuciones coyunturales. En todo caso, mantiene la igualdad territorial.

El problema viene en Diputados, donde se reitera la representación territorial al hacer de cada departamento una circunscripción, con lo que la elección mezcla la representación de territorio y de población. Asigna un número mínimo a cada departamento (criterio territorio) y el resto según población. El resultado es que los más poblados pierden representación mientras la ganan los menos poblados. Esto es injusto para quienes viven en los departamentos más poblados y es innecesario, puesto que la “compensación” ya se da en el Senado.

La situación se exacerba con las circunscripciones uninominales, que se organizan en base a una geometría caprichosa con el fin de que cada una contenga una cantidad más o menos uniforme de votantes. Conocemos el resultado: no ha mejorado la representación política, se han debilitado los partidos, se ha alentado la actividad de caudillos locales. En suma, empeoró la calidad de la democracia.

¿Cómo resolver este problema? Es sencillo. Si volvemos al origen el Senado conserva la representación territorial, y Diputados asume la representación política. Eso significa elegir de manera tal que cada departamento sea igual al otro en el Senado, y que todos los votos ciudadanos valgan lo mismo. Esto solo se logrará si superamos circunscripciones subnacionales y se asignan diputados en proporción directa a la votación partidaria nacional. Es decir, evitar la asignación departamental de diputados y evitar el difícil juego de organizar circunscripciones uninominales caprichosas. Todos los votos valdrían lo mismo y se fortalecería la representación política, con partidos más fuertes.

¿Dónde quedaría en ese caso la representación local? En los concejos municipales y en las asambleas departamentales, que es donde corresponde. Habría entonces una razón menos para que el Censo genere conflicto y un espacio más auténtico para procesar las propuestas políticas. Pero no, no se puede. Con la Constitución de 2009 esta opción es imposible, pero sí es posible pensar en cambiarla.

*Roberto Laserna es economista de CERES

DIBUJO LIBRE

El 9 de marzo, la sesión de Diálogos al Café estuvo dedicada al legado histórico del MAS. Magdalena Cajías y Fernando Molina aceptaron el desafío de ubicarse a 20 años de ahora para reflexionar sobre lo que puede quedar para entonces del “proceso de cambio”.

Fernando Molina fue muy contundente al afirmar que solo quedará en la historia el 22 de enero de 2006, cuando un indígena muy pobre, de origen campesino, alcanzó la Presidencia. El resto quedará como parte del péndulo extractivista que nos lleva a dilapidar en un ciclo lo que se genera en otro.

Es una conclusión muy dura, pues implica que el periodo presidido por Evo Morales comenzó en su cúspide y el resto fue poder efímero y desgaste. O destrucción institucional, dirán otros. No discutiré el tema, aunque sí uno secundario que provocó mi atención: Algo similar pasó con Goni, dijo Molina, a cinco años de su partida ya no quedaba nada.

No fui parte del gobierno de Sánchez de Lozada y mantuve una posición crítica y distante con muchas de sus políticas, hasta que pude ver sus resultados. Me parece que, al contrario de lo que dijo Molina, todavía pueden verse las huellas de sus gobiernos a casi 20 años de su exilio y del persistente esfuerzo de todos sus sucesores por desarticular lo que se hizo entonces.

Sin que el orden aluda a su importancia, comienzo mencionando la municipalización del país. No solamente pervive sino que goza de buena salud, tanto en su organización institucional, con pequeños cambios, como en los mecanismos de financiamiento automático, la coparticipación, que permite que el rincón más alejado cuente con un presupuesto de obras.

En el ámbito de la salud fue decisiva la introducción del Seguro Universal Materno Infantil, que no solamente vive, aunque le hayan cambiado el nombre, sino que sigue salvando las vidas de madres y niños en todo el país. La pensión universal no contributiva, que en su inicio se llamó Bonosol y debía financiarse con las utilidades de las empresas capitalizadas, se llama ahora Renta Dignidad y la financia el TGN. También se amplió su cobertura, canalizando a las familias parte de las rentas petroleras, pero sin pensar en que ellas podían agotarse y poner presión sobre el déficit fiscal. En todo caso, vive.

También sobrevive el sistema de pensiones de capitalización individual. Aún maltrecho, ese sistema marca una huella importante: los ahorros previsionales por más de 24.000 millones de dólares, un tercio de los cuales ha financiado parte de los gastos e inversiones del gobierno de Bolivia. Ahora se busca eliminar la competencia a través de una Gestora Pública, que se justifica solamente en la idea de que las utilidades que pueda generar la administración de los fondos sean distribuidas en pensiones solidarias. Pero la idea de jubilaciones basadas en la capitalización individual sigue viva.

En el ámbito institucional todavía existen los diputados por circunscripciones uninominales. En este caso, lamentablemente, y no por los buenos resultados, ya que en general esta reforma no mejoró la representación política y debilitó a los partidos como instrumentos de la democracia. De aquellos años también persisten otras reformas menos asociadas a Goni, pero en las que tuvo influencia, como la reforma constitucional que introdujo el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, aunque tampoco puedan justificarse por sus resultados.

De la capitalización no queda nada, dijo Molina, fue revertida completamente. Pues no tanto, digo yo. Un elemento clave sí fue revertido, el componente social, que se expresó a través del Fondo de Capitalización Colectiva, que hizo a los bolivianos accionistas de las empresas capitalizadas. Esos accionistas fueron expropiados sin que se pagara la indemnización que establece la Constitución, y la propiedad pasó de nuevo al Estado.

En la falsa “nacionalización” de los hidrocarburos no se tocó a las empresas, ofreciéndoles más bien nuevos contratos que les aseguraron la total recuperación de sus costos y, aunque tuvieron menores ganancias, fueron liberadas de riesgo y de la obligación de exploración. El resto de la capitalización se fue disolviendo después de haber cumplido el objetivo de dinamizar inversiones (Entel, Ferrocarriles). Su eficacia fue indudablemente clave para explicar la bonanza exportadora que hizo del proceso de cambio la etapa de mayor dinamismo de expansión del mercado en la historia reciente del país.

Con esas referencias, es absurdo proclamar la muerte del neoliberalismo cuando su institución principal, el mercado competitivo, es el mecanismo predominante en la vida económica del país.

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Donde Molina sí tiene razón es en la eliminación de algunas instituciones que fueron centrales en las reformas de Sánchez de Lozada, como el sistema de superintendencias. Eran árbitros independientes del gobierno que podían proteger al ciudadano, sin obligarlo a buscar influencia política o corporativa, o acudir al sistema penal. Ya no existen, pues las han convertido en dependencias ministeriales, dejando inermes a los ciudadanos. Tampoco queda nada de la reforma educativa, aunque más lógico sería decir que no se desarmó la reforma sino la educación, con improvisaciones sin mejora efectiva. Olvidada está la Ley INRA y desprotegidas las áreas protegidas, pero para muchos campesinos e indígenas siguen siendo referencias.

Las huellas de Sánchez de Lozada no son solamente memoria, discurso o símbolos. Más bien hay poco de ello. Pero sí son realidades que todavía alientan modernidad y democracia y ofrecen señales que pueden orientar un quehacer futuro.

Una de las cosas más interesantes es que todo eso, además, se hizo en 5 años (4+1), teniendo en ambos gobiernos una mayoría reducida y, por tanto, sin control del Congreso, sin bonanza exportadora y sin romper instituciones. La huella histórica más significativa tal vez sea esa, intangible pero real, la demostración de que es posible hacer cambios en democracia, en base a la negociación y el diálogo.

(*)Roberto Laserna es economista