28 de septiembre
El problema de 40.000 abortos al año no se resuelve con manifestaciones multitudinarias.
Además de un magnífico día de primavera, 28 de septiembre es el nombre asumido por una articulación de activistas que desde hace 18 años pelean porque el Estado boliviano reconozca a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Este sábado y domingo las vimos en las calles de todo el país buscando generar conciencia sobre el problema de los embarazos no deseados y la infinidad de muertes maternas producidas por abortos en condiciones inseguras. Como parte de una serie de estrategias políticas, las activistas entregaron una carta a cada uno de los y las asambleístas, presentando una propuesta de despenalización del aborto en Bolivia, acompañada de suficientes justificativos jurídicos y de salud pública.
Como sostienen en la misiva, la despenalización del aborto y la reivindicación del derecho a decidir de las mujeres son cuestiones complejas que, por un castigo moral de la sociedad y una serie de prejuicios religiosos, no generan adhesiones públicas masivas. No obstante, son compartidas de manera privada por miles de personas que han tenido que enfrentar este problema algún momento de sus vidas, al tomar su decisión o por tener que acompañar a una hermana, amiga, hija, pariente, sobrina, colega, empleada, compañera, vecina o conocida que ha ejercido su derecho a decidir sobre su vida. Y día a día seguimos así, siendo cómplices de un negocio millonario, ilegal e irresponsable que en Bolivia cada año cobra alrededor de 480 vidas.
Sabemos que el tema del aborto es tabú en periodo electoral, ya que las organizaciones religiosas, sus principales detractoras, tienen en los púlpitos una poderosa arma contra las organizaciones políticas que se declaren a favor de su legalización. Sin embargo, éste es un asunto de responsabilidad histórica para cualquier gobierno que se reclame progresista. El problema de 40.000 abortos al año en el país no se resuelve con manifestaciones multitudinarias de católicos y evangelistas en las calles, y su tratamiento no puede implicar que las autoridades antepongan sus creencias o valores personales ante un hecho que debe ser abordado asumiendo la condición laica de nuestro Estado Plurinacional. Lo único que se requiere para legislar sobre este tema es que las autoridades sean consecuentes con el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado.
Un ejemplo que necesitamos conocer más y discutir es la reciente decisión de Uruguay de legislar sobre este tema. El 17 de octubre de 2012 se aprobó la ley que indica “Toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional”. En este país, según denunciaban las promotoras de la despenalización, se practicaban unos 30.000 abortos clandestinos al año bajo condiciones de riesgo, sobre todo para mujeres de escasos ingresos. La ley obligó a todas las instituciones de asistencia médica a asesorar y practicar el aborto a las mujeres que lo soliciten, previo cumplimiento de los requisitos legales. En su primer semestre de aplicación se realizaron 2.550 abortos, pero los datos más importantes a analizar son “desde que se implementó la legalidad del aborto en el Uruguay, disminuyó a cero la mortalidad de las mujeres que se practicaron una interrupción del embarazo; además, asociada a políticas públicas que educan en salud sexual y reproductiva, el país también se ubica entre uno de los que menos abortos practica en el mundo”. Esta experiencia deja de manifiesto que es tiempo en Bolivia de que encaremos esta discusión al margen de fundamentalismos y prejuicios sociales que le están costando la vida a miles de mujeres.