Días antes del día del Censo de Población y Vivienda, miles de bolivianos, especialmente quienes dejaron el pueblo para buscar su futuro en las ciudades, volvieron a sus tierras para empadronarse allí.

Si bien el fenómeno no es nuevo (en el Censo de 2012 ocurrió lo mismo, aunque con menor intensidad), muchas alcaldías rurales tomaron previsiones —algunas al influjo de cabildos comunales— con el objetivo de sumar mayor población en sus municipios y, consiguientemente, más recursos de coparticipación tributaria.

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Pusieron buses a disposición de sus “residentes”, pagaron viáticos, organizaron campeonatos competitivos entre sus comunidades, dispusieron incentivos (dinero, semillas, materiales de construcción o alimentos) para familias que consigan mayor número de retornos. Lo hicieron con algunas movidas de los precupuestos locales e incluso aportes comunales.

Entonces, las terminales de se abarrotaron de viajeros y los vehículos particulares coparon las carreteras, y en los pueblos fueron organizados asados familiares.

Era visible la preocupación de las autoridades de los grandes centros urbanos. En La Paz, la Alcaldía pintó murales en las paredes con “vivo en La Paz, me censo en La Paz”; en Oruro hubo una intensa campaña en los medios y redes sociales en ese mismo sentido y en Santa Cruz, cuya población es mayoritariamente migrante, alertaron sobre el “vaciamiento” de la ciudad y las provincias. Aquí, incluso el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo protestó con que “no se puede ser tan malagradecido con la tierra que te acoge, da trabajo, alimento, salud y educación”. Y el concejal Manuel ‘Mamen’ Saavedra denunció “un carreo de gente días antes del Censo”.

Era evidente el caso y el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, lo llamaba “fenómeno migratorio censal” y recomendaba: “Debemos hacernos censar donde realmente vivimos”.

Es una hipótesis racional, comprobable. Ese fenómeno causó una distorsión demográfica que ahora tendrá que ser explicada, sobre la base de datos reales, por el INE, al que se le han volcado gobernadores, alcaldes y dirigentes cívicos que entienden que la reducción de la población de sus departamentos y municipios se trata de un “robo”, un “fraude” o una trabajo ineficiente de la entidad.

Sin embargo, hay otras variables, más técnicas, pendientes de explicación. Mientras el INE las sistematice y exponga de manera urgente, tendrá más posibilidades de despejar las susceptibilidades, alimentadas más por la desconfianza en esa institución que por argumentos técnicos.

El analista de datos Jimmy Osorio hizo un estudio de los resultados del Censo para La Razón. Entre sus hallazgos, describió cómo algunos municipios rurales crecieron en población por encima del 100%.

Ahí se ubica Nazacara de Pacajes, en el departamento de La Paz, ¡que creció 544,6%! De 619 habitantes en el Censo de 2012 pasó a tener 3.990 habitantes con el Censo de 2024; ¡sumó 3.371 pobladores!

En ese mismo lapso, Huachacalla (Oruro) creció 296,2%; La Rivera (Oruro), 148,7; Cotoca (Santa Cruz), 133,5%; y Achocalla (La Paz), 107,7%. Los municipios que rozaron el doble de población fueron Curva (La Paz), con 95,5%, y Sabaya (Oruro), con 91,9%.

Otros 22 municipios crecieron en un rango de 50,3% y 84,6%; 17 entre 40,5%, y 48,6%; y 20 entre 30,2% y 38,0%.

En suma, más de dos tercios (226) de los 339 municipios crecieron en población y 95 decrecieron, entre ellos La Paz.

Son datos develadores.

Salvo que, en el caso de Santa Cruz, se imponga el discurso del falso censo del del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), que dio el eslogan de 4.000.143 habitantes, los datos de población del Censo 2024 son coherentes, como calificaron los organismos internacionales que lo acompañaron.

(*) Rubén Atahuichi es periodista

La última publicación del informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024 (SOFI por sus siglas en inglés) lanzado en julio pasado en el marco de la reunión del G20 en Río de Janeiro nos ofrece una visión detallada de los avances y retrocesos en la lucha contra el hambre. A nivel global, aunque hemos logrado algunos progresos, persisten desigualdades significativas: mientras África sigue siendo la región más afectada, América Latina muestra señales positivas de recuperación, reflejando el impacto de los esfuerzos concertados para mejorar la seguridad alimentaria en la región.

El camino no ha sido fácil. Tras la pandemia de COVID-19, nuestra región fue una de las más afectadas por el hambre, alcanzando en 2021 a su punto más alto de 6,9% de la población afectada, mientras que un 40,6% enfrentó inseguridad alimentaria moderada o severa. Durante varios años, observamos cómo los avances logrados a inicios de los 2000 fueron retrocediendo rápidamente.

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Sin embargo, en los últimos dos años se ha registrado una disminución en los niveles de hambre, con una tasa del 6,2% de la población, lo que representa una disminución de 4,3 millones de personas, principalmente impulsada por América del Sur.

Inversiones en programas de protección social en varios países de la región han sido fundamentales para impulsar esta recuperación. A través de los sistemas sociales se ha podido responder rápidamente y dirigir recursos financieros disponibles de manera más efectiva hacia las poblaciones con mayor vulnerabilidad.

A pesar de los progresos de la región, las subregiones del Caribe y América Central siguen registrando desafíos en el aumento del hambre. No podemos permitirnos retroceder. Es fundamental que profundicemos en el análisis de las visiones y estrategias que han mostrado resultados positivos para continuar avanzando en este camino.

A seis meses de la Conferencia Regional de la FAO en Georgetown, Guyana, nos comprometemos a dar respuestas tangibles a las prioridades establecidas para los países para transformar los sistemas agroalimentarios y lograr una Mejor Producción, una Mejor Nutrición, un Mejor Medioambiente y una Vida Mejor.

Desde la FAO hemos iniciado un proceso de reflexión de alto nivel junto a los gobiernos para compartir experiencias de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

Nuestra región, al igual que el resto del mundo, debe estar preparada para enfrentar riesgos crecientes como el cambio climático, conflictos, crisis económicas, entre otros desafíos.

América Latina y el Caribe ha demostrado que, con políticas adecuadas, podemos avanzar y ofrecer respuestas concretas y sostenibles. Solo con un compromiso firme podremos poner fin al hambre y a la malnutrición. Sin dejar a nadie atrás.

(*) Mario Lubetkin es Subdirector General y Representante Regional de la FAO en América Latina y el Caribe

Las mujeres estadounidenses lograron avances significativos para cerrar la brecha salarial de género en la segunda mitad del siglo XX, pero esa brecha apenas se ha movido en las últimas dos décadas. En 2022, según Pew Research, “las mujeres estadounidenses normalmente ganaban 82 centavos por cada dólar ganado por los hombres. Eso era más o menos lo mismo que en 2002, cuando ganaban 80 centavos por dólar”.

En un país donde las mujeres constituyen ahora una (ligera) mayoría de la fuerza laboral con educación universitaria y la mediana de ingresos anuales de los titulares de títulos universitarios es 55% mayor que la de aquellos con diplomas de escuela secundaria, la rigidez de esta brecha es frustrante. Si bien hay varios factores en juego, uno de los principales contribuyentes a la brecha es lo que se conoce como penalización por maternidad y la correspondiente prima por paternidad: el salario de las mujeres disminuye cuando tienen hijos, mientras que el salario de los hombres aumenta.

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Esta dinámica no es solo un fenómeno estadounidense. “En general, las mujeres no se recuperan. No vuelven a alcanzar a los hombres, incluso muchos años después del primer parto”, dijo Henrik Kleven, autor principal de un documento de trabajo de 2023 de la Oficina Nacional de Investigación Económica, The Child Penalty Atlas, en el que él y sus colegas, Camille Landais y Gabriel Leite-Mariante, revisaron datos sobre brechas salariales de 134 países. “Ahora bien, ese patrón básico se aplica esencialmente en todas partes, pero las magnitudes cuantitativas de los efectos varían mucho entre países”, me dijo recientemente.

Algo sorprendente para mí es que su investigación, que se basa en años de estudios anteriores, sugiere que la política familiar de un país tiene relativamente poco que ver con la magnitud de la brecha salarial en la paternidad. La cultura y las normas de una sociedad parecen ser factores mucho más importantes en la magnitud del castigo por la maternidad: cuanto más igualitaria es la cultura, menor es la brecha.

Le pedí a una de las coautoras del artículo, Cecilia Machado, economista de la Fundación Getulio Vargas, que resumiera el estado de la pena de maternidad en los Estados Unidos. Si quisiéramos tomar medidas para mejorar la brecha salarial como sociedad, ¿qué haríamos? Por correo electrónico, dijo que podría haber un alcance limitado de lo que pueden hacer las políticas públicas y las políticas en el lugar de trabajo. Pero añadió que una política federal y laboral que alentara tanto a hombres como a mujeres a tomar una licencia parental remunerada podría ayudar.

Mi opinión es que estamos en una época en la que las normas culturales en torno a la maternidad en los Estados Unidos parecen particularmente contradictorias y en constante cambio. Si bien un porcentaje récord de mujeres con hijos menores de cinco años trabajan, un gran subconjunto de estadounidenses todavía piensa que la sociedad estaría mejor si no lo hicieran. Hasta que no reconciliemos nuestra ambivalencia cultural hacia las madres trabajadoras, no creo que la brecha vaya a mejorar. Quizás dentro de 20 años obtengamos otros dos centavos.

(*) Jessica Grose es columnista de The New York Times

Ante el anuncio de supuestos estudios sobre el conjunto de empresas públicas, que aún no se publican, que denotan intencionalidades políticas, se abre la invitación, para el análisis y brindar a la población boliviana un panorama real de la situación. Y algo que es claro es que, durante el 2023, las empresas públicas en Bolivia demostraron un desempeño importante, marcado por avances significativos en medio de un contexto económico global complejo y desafiante.

Contrario a lo que algunos críticos sugieren, el análisis de los datos disponibles, de las mismas fuentes utilizadas (SIGEP) revela que las empresas públicas lograron un incremento del 37% en sus utilidades netas en comparación con el año anterior. Este resultado no es casualidad, sino el fruto de políticas efectivas implementadas, que han permitido optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa.

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En términos financieros, el conjunto de empresas públicas generó un total de Bs 62.985 millones en ingresos durante 2023, lo que, en comparativa con el año pasado, representa un incremento de Bs 500,6 millones. De este monto, Bs 45.716,4 millones provinieron de la venta de bienes y servicios, mientras que Bs 17.268,1 millones correspondieron a otros ingresos. Si bien los ingresos operativos presentaron una disminución del 10% en comparación con 2022, debido principalmente a la reducción en la venta de gas natural, otros sectores lograron compensar esta caída. En total, las utilidades netas alcanzaron Bs 1.859,7 millones, superando ampliamente los Bs 1.359,1 millones reportados en 2022. Este incremento refleja el impacto positivo de las inversiones estratégicas realizadas en sectores clave y la gestión propia de las empresas.

Empresas como ENDE, Comibol y Emapa destacaron; ENDE registró utilidades netas de Bs 1.156,1 millones; Comibol alcanzó utilidades netas de Bs344,9 millones; Emapa, por su parte, cerró el año con utilidades netas de Bs 257,8 millones, un logro que resalta no solo la eficiencia operativa, sino también el enfoque en la optimización de recursos y el cumplimiento de su rol social.

Otro caso de éxito es la Empresa Pública de Cementos Bolivia (Ecebol), que logró un aumento considerable en sus utilidades, alcanzando Bs 71 millones en un mercado altamente competitivo. Del mismo modo, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo registró un crecimiento impresionante del 174%, con ingresos de Bs 300,3 millones, destacando en la ampliación de su cartera de asegurados y la optimización en administración de los fondos del Sistema Integral de Pensiones.

En el sector de servicios, Boliviana de Aviación (BoA) experimentó un incremento del 7% en sus ingresos respecto al año anterior, transportando a un récord de 4,7 millones de pasajeros en 2023, mostrándose como un pilar en la conectividad aérea del país y su capacidad para expandir sus operaciones a nivel internacional. Mi Teleférico registró un aumento del 7% en sus ingresos, superando los 73 millones de usuarios en 2023, representando un ícono en la movilidad urbana entre La Paz y El Alto, además de un modelo de transporte sostenible y eficiente, reconocido a nivel internacional.

Las empresas públicas han demostrado avances significativos durante 2023, consolidándose como pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de Bolivia, incluso en un contexto global complejo. Los resultados obtenidos no solo reflejan la capacidad de estas empresas para superar desafíos, sino también su potencial para seguir creciendo y aportando al desarrollo integral de Bolivia en los años venideros, enfrentando además con éxito los retos de mercados cada vez más competitivos.

(*) Álvaro Gutiérrez Clavijo es administrador de empresas

Una de las sabidurías populares más perdurables sobre la política estadounidense es la noción de que una promesa hecha durante la campaña electoral casi nunca es una promesa cumplida. Lo único que se puede contar de un político, y especialmente de un candidato presidencial, es que no se puede contar con nada. En realidad, esto no es cierto. De hecho, existe una fuerte conexión entre lo que dice un candidato durante la campaña electoral y lo que hace un presidente en el cargo.

Incluso Donald Trump, que no es conocido principalmente por decir la verdad, cumplió las promesas de su campaña de 2016. Prometió, por ejemplo, construir un muro en la frontera con México y trató de construir un muro en la frontera con México. Prometió prohibir la entrada de inmigrantes musulmanes a Estados Unidos y trató de prohibir la entrada de inmigrantes musulmanes a Estados Unidos. El racismo abierto de Trump en el cargo, su postura de confrontación hacia Corea del Norte e Irán, e incluso su intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 también fueron presagiados por su retórica durante la campaña.

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Lo que dicen un candidato y una campaña es importante. También importa cómo lo dicen un candidato y una campaña. Con estas verdades en la mano, veamos la retórica de la actual campaña de Trump para la Casa Blanca. En mítines y entrevistas, el expresidente critica a sus oponentes políticos como enemigos de la nación.

“La amenaza de fuerzas externas”, dijo Trump en un mitin el año pasado en New Hampshire, “es mucho menos siniestra, peligrosa y grave que la amenaza interna”. Dijo que un crítico, Mark Milley, ex presidente del Estado Mayor Conjunto, merecía ser ejecutado por sus acciones durante el último mes de Trump en el cargo. Para Trump, cualquier intento de contener su autoridad equivalía a traición.

Otros críticos, ha dicho Trump, son “alimañas” y “matones”. Ha pedido la “terminación” de partes de la Constitución y ha dicho que si es elegido nuevamente, “no tendría otra opción” que encerrar a sus oponentes políticos. Dice que los inmigrantes de Centro y Sudamérica “están envenenando la sangre de nuestro país”.

Cuando se le dice, abiertamente, que está usando el lenguaje de Hitler y Mussolini (el lenguaje del fascismo), Trump lo acepta.

De ninguna manera nada de esto representa una declaración de política o planes futuros. No hay propuestas que extraer de los ataques del expresidente, de sus invectivas o de sus interminables denuncias. Se podría decir, si estuviera dispuesto a hacerlo, que fue solo retórica, llena de sonido y furia, que no significaba nada.

Sería un gran error. Quizás no podamos dar una explicación exacta de las consecuencias de la retórica violenta y fascista de Trump si se le concediera un segundo mandato, pero tenga la seguridad de que habría consecuencias. Dado el poder del gobierno federal y el respaldo total del Partido Republicano, investido de la legitimidad otorgada por la Constitución, liberado de las ataduras del escrutinio legal y consumido por una sed de venganza: “Yo soy tu retribución”, le dice a sus partidarios: no hay duda de que Trump actuaría según los deseos que ha expresado durante la campaña electoral.

Como prometió, liberaría a los alborotadores del 6 de enero que fueron procesados y encarcelados. Como prometió, desataría la aplicación de la ley federal contra sus oponentes políticos. Como prometió, haría algo con respecto a las personas que, según él, están “envenenando la sangre de nuestro país”. Intentaría ser, como ha dicho ante muchos aplausos de sus seguidores, un dictador “solo el día 1”.

Por supuesto, si hay una promesa que espero que Trump incumpla si regresa a la Oficina Oval, es esa. Si Trump quiere ser un dictador, dudo mucho que sea por solo un día.

(*) Jamelle Bouie es columnista de The New York Times