Desde hace muchos años se viene realizando un llamado para proteger la diversidad biológica, por ello cada 22 de mayo se promueve este día establecido en 2000 por las Naciones Unidas, como Día Internacional de la Diversidad Biológica, con el fin de concientizar sobre el rol e importancia de la biodiversidad y lo crucial que es para la sociedad. Vamos a resumir a grandes rasgos biodiversidad: como la variedad de diferentes organismos existentes en la diversidad de ecosistemas. Biodiversidad es vida en un gran bosque, hasta en un estanque, vida en los desiertos, el ártico, en ambientes extremos, en lugares que jamás podríamos pensar.

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Bolivia, un país que está entre los más biodiversos del planeta, juntamente con el título de los países con mayor deforestación en Latinoamérica, sumado a numerosos problemas como el cambio de uso de suelo, la minería, el cambio climático, la urbanización, entre otras, es severamente afectado por el impacto negativo a plantas y animales, además de la extracción ilegal de especies.

A pesar de los decretos emitidos y regulaciones que existen, parece ser poco lo que se hace y que los delitos contra la vida silvestre siguen sumando cada vez más. Tenemos una lista extensa cuando de tráfico ilegal se habla, ejemplo de ello el famoso caso de los colmillos de jaguar, o el tráfico de aves, huevos de tortuga; mamíferos comercializados como el mono aullador, el mono silbador, el tejón, los jochis, o plantas como ser helechos, orquídeas o cactus, muchas de ellas de distribución restringida.

Si hablamos específicamente del tráfico ilegal de animales, negocio multimillonario, es una amenaza directa a la supervivencia en la naturaleza. Cabe resaltar que muchas especies mueren en alguna etapa del tráfico, ya sea durante la captura, el transporte o la comercialización.

La educación y la concientización son fundamentales para la conservación de especies, empoderando a las comunidades locales y a las nuevas generaciones para que se conviertan en guardianes de la naturaleza, esto puede ser clave. Cabe destacar que en el artículo 342 de la Constitución Política del Estado, se menciona que es deber del Estado y de la población conservar y proteger la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Existen numerosos casos de éxito en conservación que nos inspiran a continuar con los esfuerzos en nuestro país. Por ejemplo, las estrategias de preservación del jaguar, el programa de conservación de la arpía, la protección de los humedales en el Beni, el establecimiento de Áreas Tropicales Importantes de Plantas (TIPA) en la Chiquitanía, que alberga especies endémicas y/o raras en riesgo de extinción. Son muestra de cómo las acciones de conservación pueden tener resultados positivos.

Podemos citar también el involucramiento de la población en lo que viene a ser la ciencia ciudadana, mediante Reto Ciudad Naturaleza (City Nature Challenge), una iniciativa para el registro de la biodiversidad en el entorno urbano, acercando más a los investigadores y a la sociedad, aportando con datos para generar nuevo conocimiento en la conservación de especies.

Que hoy, 22 de mayo, no se quede solo como una fecha más, sigamos en carrera de hacer algo para evitar la desaparición masiva de especies, aún no es tarde, debemos unir esfuerzos a distintos niveles, así como también trabajar desde la individualidad. Si bien cada vez somos más conscientes del valor que representa, es un llamado a todos, absolutamente todos que dependemos de los ecosistemas y la naturaleza.

(*) Oriana Lino Villalba es técnico del Programa TIPA de la FAN

¿Hubo otro tiempo en que el país se encontraba en similar situación a la actual? Muchos; en otros, al límite del abismo. Sin embargo, como se suele decir también, siempre encontró la fórmula impensable para salir de él.

La última vez que el país llegó a ese extremo fue en 2019, cuando Evo Morales fue derrocado tres meses antes del final de su mandato y Jeanine Áñez se autoproclamó en su lugar en una Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia del oficialismo. No fue «sucesión impecable», como justificaría Carlos Mesa; fue golpe de Estado.

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Hubo una arbitraria interpretación de la Constitución y la «jurisprudencia» para validar ese acto al amparo de un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuya emisión fue fruto de un cabildeo previo.

Sin embargo, el antecedente de esa ruptura constitucional fue otro acto cuestionado: la sentencia del TCP que validó una segunda repostulación electoral de Morales. Además, años antes, en 2016, éste había resignado toda opción de postularse otra vez al perder el referéndum con el que buscaba una nueva candidatura a través de la modificación de la Constitución.

En el pasado reciente, el gobernador electo Luis Fernando Camacho quiso burlar el mismo estatuto de Santa Cruz al encargar sus responsabilidades a un asesor en vez de hacerlo con el vicegobernador Mario Aguilera. Impulsó una ley para blindar su gestión desde la cárcel y tuvo que ser el TCP el que arregle la situación y disponga su sucesión temporal.

Sin embargo, el caso más complejo es el que sufre ahora el país: elecciones judiciales fallidas e inciertas en más de un año. Una serie de recursos, consultas y sentencias puso en jaque al país, muchos de ellos por encima de las leyes y procedimientos.

Lo peor, el TCP abusó de todos los mecanismos que se atribuyó hasta lograr el fracaso de dichos comicios en 2023. Su fin, se evidenció con una declaración constitucional, fue prorrogar el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 ahora por tiempo indefinido. La Constitución establece seis años de mandato, y ese plazo terminó el 2 de enero.

Esas elecciones parecían estar encaminadas, pero otra serie de recursos impide la continuidad de los procesos previos. De forma abierta, un órgano incurre en injerencia sobre otro órgano sin mayores reparos. En medio de ese embrollo, un grupo de legisladores de oposición y del evismo no comprende el rechazo de dos proyectos de ley (073 y 075) y porfía por su debate, condicionando así el funcionamiento de la Asamblea Legislativa.

Otro órgano, el Electoral, se encuentra a merced de la disputa de dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se resisten a cumplir la ley e incluso lo amenazan y presionan con la fuerza y la injerencia de otro órgano, Judicial.

Así, con las elecciones judiciales inciertas, las elecciones primarias están a punto de fracasar sin haberse debatido nada, con el tiempo en contra. Incluso, ese desorden institucional arriesga las elecciones generales del próximo año.

Si bien existe una profunda crisis judicial, no es necesariamente a causa de los malos operadores, sino de la idiosincrasia política, que se sustenta en el incumplimiento permanente de las leyes y de la Constitución, y su abstracción de los valores democráticos.

(*) Rubén Atahuichi es periodista

El principio del fin de la marihuana ilegal está aquí. El 16 de mayo, el Departamento de Justicia tomó medidas formales para reclasificar la marihuana del Anexo I de la Ley de Sustancias Controladas al Anexo III. Esta medida no afectará la legalidad del uso y las ventas recreativas a nivel federal. Sin embargo, es el paso más grande hasta ahora hacia la abolición de la ficción legal de que el cannabis es tan peligroso como la heroína. Y coloca a la marihuana —consumida más que cualquier otra droga ilícita en el mundo— en el camino hacia un uso recreativo totalmente legal, que la mayoría de los estadounidenses apoya.

Nada menos que una legalización total pondrá fin a la injusticia que conduce a cientos de miles de arrestos anualmente por delitos relacionados con la marihuana y deja a millones de personas de color marcadas desproporcionadamente por la criminalización.

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Pero la reciente medida facilitará la investigación, permitirá a los vendedores en los estados que han legalizado deducir los gastos comerciales de sus impuestos federales y permitirá a la Administración de Alimentos y Medicamentos regular la marihuana medicinal si decide hacerlo. También ofrece una oportunidad para comenzar a pulir los detalles de cómo debería ser la supervisión federal del cannabis si llega el momento, tanto para reparar daños pasados como para proteger la salud pública. Una regulación eficaz requiere equilibrar los riesgos opuestos para reducir el daño que hemos visto causado por productos peligrosos del mercado negro y, al mismo tiempo, evitar que el marketing engañoso promueva el uso excesivo.

Por supuesto, la legalización no está exenta de riesgos. Algunos estudios muestran que aumenta la conducción bajo los efectos del alcohol, y uno de ellos relaciona un aumento del 16% en las muertes con la legalización de actividades recreativas. Otros, sin embargo, no encuentran efectos o incluso una reducción, debido quizás a que las personas consumen cannabis en lugar de alcohol. En pocas palabras: las predicciones más espantosas sobre la legalización de la marihuana no se han confirmado a nivel estatal, lo que es un buen augurio para la legalización federal.

Un problema grave que es necesario resolver con una regulación federal es la persistencia del mercado negro. La experiencia con la regulación de otras sustancias podría guiar la creación de una política federal sobre la marihuana. El gobierno puede frenar aún más el comportamiento riesgoso poniendo controles a la publicidad. Los reguladores también deberían prestar especial atención a los nuevos y potentes productos de cannabis, que algunos estados permiten sin mucha supervisión.

El 1 de mayo, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, reintrodujo un proyecto de ley que pondría fin a la criminalización federal de la droga, eliminaría ciertos delitos relacionados con la marihuana y crearía un marco para regular los productos de uso recreativo. Aunque es poco probable que el proyecto de ley sea aprobado por el Congreso esta legislatura, el choque actual entre las políticas federales y estatales no es sostenible, mientras el apoyo público al cambio siga siendo fuerte. Para avanzar, debemos encontrar un término medio entre inundar a los niños con anuncios de marihuana y encarcelar a las personas por fumar o vender marihuana. La administración Biden ha dado solo el primer paso.

(*) Maia Szalavitz es escritora y columnista de The New York Times

El debate por la justicia no es un tema nuevo, ni un tema solo cuestionado en Bolivia, como sucede en la actual coyuntura. Sin embargo, los poderes institucionalizados aún no han comprendido la significancia profunda de este concepto, en la cotidianidad, en las relaciones y los tejidos sociales del pueblo.

La teorización de lo que representa la justicia, se remonta a siglos atrás, por ejemplo, Platón la define como “la armonía y equilibrio en la sociedad”; por su parte, Aristóteles plantea que “es dar a cada uno lo que le corresponde”. Uno de los autores más cercanos a la modernidad, como es Kelsen, caracteriza a la justicia como “subjetiva y extrajurídica”, diferenciándola del derecho que se basa en la autoridad y la jerarquía normativa.

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Más allá de estas importantes teorizaciones, nos permiten entender que la justicia siempre estuvo en el debate en diferentes momentos de la evolución de la historia de la humanidad, pues en nuestras actuales sociedades se ha constituido en un bien común, ya que la justicia no se limita a ser un conjunto de normas y principios legales, sino que se concibe como un elemento esencial para el bienestar colectivo, que puede implicar desde garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a los derechos fundamentales, oportunidades educativas, servicios de salud y otros aspectos esenciales para el desarrollo humano, hasta el abordaje en la actualidad de la protección del medio ambiente y la gestión responsable de los recursos naturales, en términos de la sostenibilidad, asegurando que las acciones presentes no comprometan el bienestar de las generaciones futuras.

Por otra parte, la justicia también se puede abordar como derecho, lo cual se refiere al conjunto de principios, normas y garantías legales que buscan asegurar que todas las personas sean tratadas de manera equitativa, imparcial y conforme a la ley. Este enfoque se basa en la idea de que cada individuo tiene derechos inherentes que deben ser protegidos y respetados por el sistema legal. La justicia como derecho reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas, como la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad y la dignidad. Estos derechos son considerados esenciales y universales.

Lo mencionado en el párrafo precedente implica que las leyes deben ser claras, previsibles y aplicadas de manera coherente. Esto garantiza que las personas puedan entender las reglas y prever las consecuencias legales de sus acciones. Por lo cual, para el funcionamiento de sociedades democráticas y el Estado de derecho, a través de la protección de los derechos individuales y la aplicación imparcial de la ley, se busca establecer un equilibrio entre la necesidad de mantener el orden público y la protección de la libertad.

Por tanto, la justicia es también una forma de vida, que implica adoptar principios y prácticas que buscan la equidad, la imparcialidad y el respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas en todos los aspectos de la vida cotidiana. No se limita únicamente al ámbito legal, sino que se extiende a las interacciones diarias, las relaciones sociales y la toma de decisiones en diversos contextos.

Adoptar la justicia como forma de vida implica integrar principios éticos y prácticas equitativas en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esto va más allá de simplemente cumplir con las leyes y reglamentaciones, abogando por una manera de vivir que promueva la igualdad, la dignidad y la justicia en todas las interacciones y decisiones.

Esta idea de justicia, en Bolivia, todavía es una utopía, el país se enfrenta al gran desafío de construir un sistema de justicia que responda a las expectativas del pueblo boliviano, que las instituciones que la administren gocen de legitimidad y quienes son los responsables de hacer justicia hagan lo que realmente es justo.

La justicia es un pilar fundamental en la estructura de cualquier sociedad democrática y del Estado de derecho. Por lo cual, la legitimidad de las instituciones define también el cumplimiento de los preceptos básicos como la imparcialidad, la equidad y la accesibilidad. Cuando la justicia falla en cumplir estos preceptos, se produce una erosión de la confianza pública. La ciudadanía comienza a percibir el sistema judicial como ineficaz o parcial, lo cual puede llevar a una disminución del respeto por la ley y el orden.

(*) Diego Pary es representante permanente de Bolivia y vicepresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2023-2024

La polémica surgida a raíz del Decreto Supremo 5143 que proponía un cambio en la lógica y la estructura del registro, y su posterior abrogación, representan una serie de avances y retrocesos en distintos órdenes que merecen ser analizados en torno a la realidad del derecho propietario boliviano.

No deja de ser curioso que la forma de registrar el derecho propietario en nuestro país data del 15 de noviembre de 1887, con la Ley de Inscripción de Derechos Reales, y tampoco deja de ser desconocido el hecho de que la seguridad jurídica es víctima de constantes atentados por parte de personas de escasa moral y organizaciones alrededor del derecho propietario que han encontrado en Derechos Reales un medio para lucrar a costa de quienes necesitan de la publicidad del folio real.

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El extinto decreto proponía la constitución de una instancia a nivel nacional en cuanto a la existencia de Derechos Reales, esto no plantea ninguna amenaza para quienes acuden para la obtención de la publicidad de su derecho, sin embargo, no deja de ser necesario pensar que la estructura de Derechos Reales debe ser planificada a nivel nacional y responder a la modernidad del Estado.

En contrapartida, también queda de manifiesto que la arcaicidad en este sistema lo que hace es favorecer a grupos delincuenciales que se valen de los vacíos que presenta el sistema actual, para poder tergiversar el orden de inscripción o realizar maniobras para poder privar a los verdaderos dueños de sus propiedades, o en su caso encajar partidas inexistentes para aprovechar de la propiedad estatal o municipal, en los predios que finalmente se encuentran destinados a áreas de equipamiento para la ciudadanía.

Por otra parte, es un avance realizado en otras partes del mundo el uso de herramientas informáticas para la interoperabilidad de sistemas; esto, más allá del temor infundado de estos grupos, en la actualidad resulta necesario que el acceso ciudadano digital tenga que llegar a Derechos Reales, toda vez que constituye un foco de corrupción la falta de acceso por parte del titular de sus derechos de manera remota o digital.

Sobre esto último, cabe destacar que sin que se hayan presentado alteraciones como las que se pretenden denunciar con Derechos Reales, a través de la ciudadanía digital se tiene en una sola plataforma una serie de trámites para la obtención de documentos de manera digital, prescindiendo de la fila en un banco o del hecho de tener que acudir a la entidad personalmente, con la demanda de tiempo que ello insume.

Cabe mencionar que, a partir de la implementación del Sistema Único de Derechos Reales, el Registro de Derechos Reales adoptaría un archivo digital de la documentación de soporte digitalizada y los documentos de soporte obtenidos por interoperabilidad que serían resguardados en medios digitales seguros y confiables.

Pese a todo esto, siempre es prudente pensar que toda norma es perfectible y resulta poco conveniente, pero prudente, el retiro de la ley que hizo el Gobierno, puesto que puede ser que haya faltado un proceso de socialización más profundo que permita una reflexión adecuada en cuanto al impacto positivo de esta propuesta.

En síntesis, la modernización del registro de la propiedad en Bolivia resulta necesaria, al igual que la integración de este registro con herramientas informáticas que permitan el acceso a la ciudadanía digital, esto representa una garantía que debe brindar el Estado en torno a la seguridad jurídica; asimismo, no deja de ser remarcable la respuesta del Gobierno a la crítica para replantear la propuesta, pero también es imperioso que se marche en pos de una modernización de Derechos Reales.

(*) Ximena Vásquez es abogada e ingeniera agrónoma