Voces

Sunday 2 Oct 2022 | Actualizado a 02:28 AM

Cumplir los plazos

/ 30 de noviembre de 2019 / 00:19

Con la publicación de la convocatoria y el reglamento para la elección de vocales del TSE, corren plazos y se activa la cuenta regresiva para la realización de los nuevos comicios y, en especial, la posesión de las autoridades electas. En esa temporalidad debe concluir, en caso de prorrogarse, el mandato del Gobierno provisorio, que por su naturaleza es solo de transición.

Según los plazos de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para realizar elecciones generales, los vocales nacionales deben ser elegidos por la Asamblea Legislativa y estar posesionados hasta el 20 de diciembre. Esa nueva sala plena del TSE, incluido el vocal designado por el Órgano Ejecutivo, tiene 48 horas para convocar a las elecciones. No hay tiempo que perder.

Si asumimos un calendario electoral de 120 días, plazo máximo previsto en la ley, la votación debiera realizarse el domingo 19 de abril, y el cómputo nacional, una semana después. Hay cinco días adicionales para la entrega de credenciales a las autoridades electas y un plazo máximo de 15 días para su posesión. El 15 de mayo, entonces, Bolivia tendrá Gobierno electo en las urnas.

En caso de que haya segunda vuelta, la votación sería el 31 de mayo. Y en estricto cumplimiento de plazos, la posesión de autoridades y representantes debiera hacerse como máximo el 26 de junio. Ni un solo día más de gobierno provisorio. Quienes alegremente hablan de “entrega de mando el 6 de agosto” están planteando una prórroga no solo ilegal, sino francamente inaceptable.

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Racismo, violencia y discriminación en el fútbol

/ 2 de octubre de 2022 / 01:45

Hace buen tiempo que se manifiestan públicamente en las prácticas del fútbol profesional boliviano varias formas de racismo, violencia y discriminación. Hay casos que se denunciaron y enjuiciaron y no se sabe de sus resultados, al menos no se conocen públicamente. Aunque en determinado momento los acusados hicieron las disculpas como los directores técnicos Mauricio Soria y Erwin Sánchez. ¿pero con una disculpa se subsana la práctica racista? Un jugador involucrado en varias oportunidades es el caso del brasileño Serginho, perteneciente al club Wilstermann de la ciudad de Cochabamba. Hace poco el Tribunal Disciplinario falló en contra del club Bolívar de La Paz, porque en un partido algunos hinchas de este club insultaron al jugador Sergihno.

En medio de escándalos, despido del director técnico, hace pocos días se suscitó otro hecho de acusaciones en un club profesional de la ciudad de La Paz, Always Ready. Hay profundas acusaciones entre el ex director técnico Julio Cesar Baldivieso y el jugador ecuatoriano Jhonatan Borja, que ha derivado en una contraacusación del jugador de xenofobia contra el ex director técnico. Hay dichos y entredichos entre jugadores, dirigencia e incluso el aficionado de la ciudad de El Alto, a la que representa el indicado club.

Nos interesa escudriñar la acusación del jugador Borja, por su condición de origen afroecuatoriano. En una conferencia de prensa, Borja, acompañado de sus abogados, explicó varios detalles a la prensa y una de las más fuertes fue cuando dijo que Baldivieso lo excluyó del trabajo en grupo, haciéndolo entrenarse en cancha de tierra y por la que tuvo un accidente y la lesión respectiva, y que esta forma de actividad no le habría permitido integrarse al equipo por no estar en condiciones físicas requeridas.

¿La separación o bajar a otra categoría a un jugador profesional es tipificable como acto de racismo? Si lo que dijo el jugador Borja es cierto, se habría producido una especie de segregación racial, famosa en la década de los años 50 del siglo XX en los Estados Unidos, donde los negros no podían estar junto con los “blancos” en espacios públicos ni el transporte.

El extécnico, en otra conferencia de prensa, señaló que Borja tuvo actos de indisciplina (¿consumo de alcohol, drogas u otros?), sin especificar qué es la indisciplina en este caso. Sin lugar a duda, el exfutbolista mostró una especie de soberbia contra el jugador indicado y dijo que demostrará su acusación a las instancias que correspondan. Sabemos que el señor Baldivieso en muchas oportunidades manifestó su crítica y hasta rechazo a los directores técnicos extranjeros, ¿extensiblemente a los jugadores? El exjugador de The Strongest Rolando Blackburn arremetió contra Baldivieso al comentar una posible xenofobia en el fútbol boliviano. Dijo: “Desde que lo que vi pareciera que fuera así, yo no tuve una buena relación con él y preferí dejar las cosas así, y es con el único técnico que tuve inconvenientes. Los jugadores nacionales me decían que era xenofóbico y eso es triste”.

Después de oír ambas declaraciones uno podría deducir que hay un fuerte enfrentamiento; pero varios medios de comunicación, sobre todo en programas deportivos, mostraron abrazones entre Baldivieso y Borja, cuando este último anotó un gol en un partido en El Alto. ¿Ese abrazo fue un mero teatro? ¿Para qué? ¿Para mayor protagonismo o sacar réditos económicos a las demandas jurídicas en curso? En fin.

¿Cómo enfrentar estas formas de discriminación y racismo en el fútbol profesional? Tenemos una ley de lucha contra el racismo, incluso la FIFA tiene otra parecida. Pero en la realidad no funcionan, porque el gran problema es cómo juzgar en medio de una masa aficionada que se manifiesta xenofóbicamente. ¿Cómo identificas a los racistas en medio de la masa?, aunque no sé si en los estadios existen cámaras que brindarían gran apoyo. Lo más lógico sería que al no existir una instancia que regule, el problema sea atacado por diferentes flancos, como la difusión de la ley indicada en los estadios, pero sobre todo en los medios de comunicación deportivos. Pero también capacitación de los futbolistas, árbitros y barras.

En estos últimos partidos, tan pronto se implantó el VAR. los árbitros, sobre todo de origen indígena, fueron vapuleados no solo en palabra en la cancha por los jugadores “blancos”. No sabemos exactamente qué les dicen a los árbitros, pero por la gesticulación de los jugadores no son palabras agradables.

Muruq’u mat’aqirinakaxa wali jisk’achasipxi, wali thuthupxi. Ma pitaya jark’aqataspa ukham sarnaqiwinakxa.

Esteban Ticona Alejo es aymara boliviano, sociólogo y antropólogo.

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Marco Antonio Aramayo: torturado hasta morir

/ 2 de octubre de 2022 / 01:42

Parece que en Bolivia tenemos el extraño privilegio de haber inventado un escalofriante nuevo método de tortura: el acoso judicial-policial mediante la apertura simultánea de centenares de nuevos encausamientos judiciales en diferentes lugares. El caso emblemático de esta modalidad es el de Marco Antonio Aramayo, exfuncionario del Fondioc, que tras siete años de “detención preventiva” había acumulado nada menos que 256 procesos. En un gesto de verdadera dignidad, prefirió la muerte antes que declararse culpable y atenerse a un juicio abreviado que rápidamente lo hubiera puesto en libertad. Hasta el final defendió su inocencia y no se retractó de las denuncias que destaparon la olla de la corrupción.

La tortura, entendida como coerción física o psicológica ejercida sin límite ni control sobre las personas, tiene una larga data. Durante la conquista hispánica y en el amplísimo espacio de la colonia estuvo en auge la utilización de la tortura como una práctica corriente aplicada sobre los pueblos sometidos, testimonios y documentos históricos irrefutables así lo confirman y en el caso del cronista indomestizo Waman Poma de Ayala, además se ilustran con imágenes impactantes que han quedado como grabadas a fuego. Los más de 250 años de la “Santa Inquisición” fueron pródigos en el uso sistemático de la tortura para arrancar confesiones y aplicar castigos a los “herejes” y “brujas”, miles de los y las cuales terminaron sus vidas en la hoguera.

En los alzamientos indígenas de fines del siglo XVIII y en la guerra de la independencia, la tortura tuvo también un uso generalizado, frecuentemente en ambos bandos de la contienda, pero es difícil imaginar un suplicio mayor que el descuartizamiento de los líderes indígenas Túpac Amaru en el Cusco y Túpac Katari en la localidad de Peñas, quien fue sacado de la prisión arrastrado a la cola de un caballo y cuyo cuerpo fue despedazado y luego repartido “para público escarmiento”.

En la mayoría de países de Nuestra América, la instauración de regímenes republicanos no significó la eliminación inmediata de la tortura. En ese largo recorrido de construcción democrática, hubo avances y también retrocesos muy significativos.

La humanidad toda, luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, dio un gigantesco paso en esta materia con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Para el Derecho Internacional la tortura, así como otros tratos crueles, inhumanos y degradantes pasaron a considerarse no solamente como actos aborrecibles, sino como delitos punibles. No obstante, esto tampoco significó la desaparición de diversas formas de tortura, las recaídas fueron numerosas y frecuentes.

En las delirantes campañas anticomunistas inspiradas en la doctrina de “seguridad nacional” se alentó y prohijó a crueles dictaduras militares que practicaron una suerte de terrorismo de Estado abundante en el uso de la tortura y de nuevas aberrantes formas de represión como la desaparición forzada.

En nuestro país, tenemos una historia medianamente larga en esta materia, incluyendo por supuesto el periodo de los últimos 40 años que vivimos bajo regímenes elegidos o designados por procedimientos democráticos.

Los Derechos Humanos no admiten exclusiones, no pueden ser privilegio de ningún sector o de quienes tienen la fuerza institucional, económica o política. Los procesos legales no deben convertirse en un mero trámite para formalizar el castigo, presumiendo la culpabilidad antes que la inocencia.

El caso de Marco Antonio Aramayo, explicado a detalle en una reciente publicación del ITEI (Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado), permite no solamente ver en perspectiva histórica el fenómeno de la tortura, sino también avizorar lo que puede y debe hacerse de inmediato para avanzar y no retroceder en el tema de los Derechos Humanos.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Ocho razones para legalizar el aborto

/ 2 de octubre de 2022 / 01:39

Como cada año, el 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En nuestro país, el aborto inducido está regulado desde 1973, siendo legal solamente en caso de prevenir daño a la salud de la mujer o en casos de violación.

A pesar de la penalización, los datos sobre la interrupción del embarazo no deseado estiman que en Bolivia se practican 200 abortos cada día y, cada año, alrededor de 44.000 abortos incompletos (hemorragias) son atendidos por establecimientos de salud públicos y privados. A causa de esto, dos mujeres mueren cada día, lo que equivale a 650 muertes por año, que a su vez conlleva a que el aborto sea la tercera causa de muerte de las mujeres en el país.

Frente a esto, comparto ocho razones por las cuales es urgente contar con un sistema de salud que atienda la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y gratuita.

1) Penalizar no disuade a las mujeres de la práctica del aborto. El altísimo número de abortos que ocurren en Bolivia demuestra que la penalización no es efectiva.

2) Penalizar el aborto induce a las mujeres a recurrir a métodos inseguros y riesgosos para su salud. En el país, más de la mitad de abortos clandestinos son realizados por personas sin la capacidad necesaria, con procedimientos inseguros y en entornos sin higiene. Por lo tanto, la penalización tiene como consecuencia no menos abortos, sino más abortos inseguros.

3) La penalización aumenta las muertes y afecta la salud de las mujeres. El aborto no pone la salud de las mujeres en peligro, lo que la pone en riesgo es la clandestinidad y la inseguridad. Por ejemplo, en Uruguay las muertes de mujeres por causas de abortos mal practicado se redujeron a cero desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

4) Penalizar el aborto impacta negativamente en el acceso a los abortos legales. Una gran cantidad de mujeres con derecho a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no acceden a él por el estigma alrededor de la práctica y los estereotipos sobre la maternidad que se constituye en un mandato obligatorio para las mujeres.

5) La falta de acceso a abortos seguros produce muertes por causas indirectas. La mala práctica en la clandestinidad provoca en las mujeres hemorragias, perforaciones uterinas, lesiones intraabdominales y procesos infecciosos, causantes de secuelas crónicas como la esterilidad, embarazo ectópico, dolor pélvico agudo y, en los peores casos, la muerte.

6) La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado en mujeres pobres y jóvenes. Las mujeres con niveles económicos medios o altos acceden a una atención sanitaria adecuada y, en general, no sufren complicaciones posabortos. Las de bajos recursos, en muchos casos adolescentes, se ven obligadas a exponerse a condiciones sanitarias precarias.

7) La penalización del aborto expone a las mujeres a ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por temor a ser denunciadas en su intensión de interrumpir su embarazo. Muchas de ellas incluso acuden al suicidio frente a la sanción social y penal del aborto.

8) La penalización del aborto incentiva un mercado clandestino que lucra con el miedo y necesidad de las mujeres. La provisión de servicios de aborto moviliza cifras millonarias a través de abortos quirúrgicos o la comercialización de pastillas de misoprostol o mifepristona con sobreprecios.

A pesar de que el procedimiento de interrumpir un embarazo es más seguro y está más disponible hoy en día, el aborto todavía está muy estigmatizado y puede ser una experiencia aterradora para muchas mujeres. Por todo esto, la legalización del aborto es un tema de salud pública y de derechos humanos.

Lourdes Montero es cientista social.

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Cabilde/ando, ando, ando

/ 2 de octubre de 2022 / 01:36

Resulta muy interesante toda la energía puesta, a favor y en contra, en torno al reciente cabildo convocado por el comité cívico cruceño. Escribo esta columna antes de su realización, por lo cual no puedo ocuparme del resultado y sus implicaciones. Me gustaría, en cambio, decir algunas cosas sobre el dispositivo. No es un dato menor que tras ser ignorados/menospreciados durante más de 180 años, el cabildo y la asamblea se reafirmen hoy como mecanismos de la democracia participativa.

Hasta la reforma constitucional de 2004 y, en especial, la nueva Constitución Política del Estado (2009), la democracia en Bolivia era sinónimo de gobierno representativo, esto es, el derecho a votar y, si acaso, elegir. Recién en este siglo reconocimos que la democracia no es solo representación política, sino también participación ciudadana, deliberación pública, control social, libre determinación, autogobierno. En ese marco de demodiversidad se inserta el cabildo.

Debemos asumir, pues, que el cabildo realizado el viernes en la urbe cruceña es un ejercicio democrático. Por su naturaleza, a diferencia de otros mecanismos como el referéndum y la consulta previa, el cabildo es solo deliberativo. Claro que ello no implica que sus determinaciones sean ignoradas por las autoridades competentes. Es relevante también el mandato que tiene el organismo electoral para acompañar y observar un cabildo a solicitud de sus promotores.

Hasta aquí todo bien. El problema son las distorsiones y el uso instrumental. A propósito de la observación del cabildo a cargo del TED Santa Cruz, que ciertamente disgusta al Gobierno, la dirigencia cívica difundió tres falacias: que “es el primer cabildo que admite el Estado” (en realidad es el octavo), que se “otorga legalidad” al cabildo (el tribunal electoral no legaliza nada) y que el acompañamiento “obliga al Gobierno a atender las demandas” (el cabildo no es vinculante).

Pero lo más crítico tiene que ver con el carácter (no) deliberativo del cabildo. Lo que ocurre en realidad es que los promotores definen por anticipado, en la propia convocatoria, las resoluciones que “tomará el querido pueblo”: solicitar, exigir, arrancar… La escenificación incluye discursos, siempre radicales. Y la deliberación se reduce a “someter a consideración” de los asistentes, todos fieles, la aprobación de acciones ya decididas. Hay legitimidad: por la razón o por la fuerza.

No tengo duda de que las siete exigencias de la convocatoria habrán sido aprobadas por el cabildo. Y de los oradores habrán salido las medidas de presión, también avaladas por “la movilización ciudadana”. ¿Y después? Importa el después.

FadoCracia flojonaza

1. La designación del nuevo Defensor del Pueblo, ¿fue artimaña de unos, holgazanería de otros, ambas cosas, ninguna, no sabe/no responde? 2. Sobre el procedimiento se dice que fue legal, pero no legítimo; que se trató de una “maniobra artera”; que fue un “golpe a la democracia”. Y cosas peores. 3. Acerca de la ausencia de 32 asambleístas opositores se asume “error político” (y de juicio); se los tilda de “flojos, sinvergüenzas, tira vida, ¿qué querés?”; se los manda a llorar al río. Y cosas peores. 4. Más allá del episodio, queda en evidencia el ejercicio de una suerte de tráfico de licencias. Las y los asambleístas piden licencia para todo, incluido “el derecho de festejar nuestro onomástiTIRA co” (sic). 5. Basta una carta de invitación, que hasta puede ser trucha, para obtener licencia (dígame licenciado). 6. Esperar una Asamblea que delibere parece inalcanzable. Pero al menos, señorías, asistan, pues. 7. Como solía decir el Mosquito (antes de mutar en langosta): “camarón que se duerme, se lo cascan los sapos”. O en el espíritu de Heráclito: nadie llora dos veces en el mismo río.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

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No mamen

/ 2 de octubre de 2022 / 01:29

Con la punta de la aguja es una columna de opinión, desde este espacio, yo doy mi versión de la realidad, mis esperanzas, mis desilusiones, mis miedos y mis luchas. Todos estos son lugares desde los cuales hablo y en esta práctica puedo coincidir con muchas personas. Este lugar hace a mi existencia y toma de posición ante la historia.

Desde este espacio yo puedo dar información, sin duda. Información quiere decir relatar los hechos, no interpretarlos, informar no es dar opinión. Cuando se dice que se da información, pero en el camino se omite deliberadamente parte de la información, en realidad, se está dando una opinión. Considero que la crisis de los medios de comunicación refleja un momento de nuestra sociedad, tiempo en el cual los medios deben definirse respecto a la profesión y el área de conocimiento y desenvolvimiento, de lo que la sociedad moderna ha venido a denominar como el “cuarto poder”. Un cuarto poder totalmente arbitrario es, y en mi opinión, si es un cuarto poder también — como pueblo— deberíamos tener algo que decir, pues el poder reside en el pueblo. Un mecanismo podría ser un referéndum sobre medios de comunicación, para que no usen el pretexto de la censura cuando nos defendemos de sus mentiras y manipulaciones. O, por el contrario, cuando un gobierno o empresarios quieran controlar arbitrariamente estos medios.

Hoy difícilmente se puede encontrar periodistas, comunicadores y medios que den información, Cierto, cada periodista tiene su propia opinión, y presentará la información desde ese lugar, pero lo que no se puede hacer es que desde los espacios dedicados y delegados socialmente para dar información — como son los medios de comunicación— se manipulen los hechos. ¡Eso no! No es ético, no es profesional, no se puede dar una versión sesgada de los hechos, escondiendo y manipulando la otra parte.

Esta semana hemos visto con indignación cómo medios de comunicación presentan las sugerencias de una de las comisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como si estas sugerencias fueran una sentencia condenatoria, y mienten diciendo que es una orden al Estado Plurinacional de Bolivia para enjuiciar a Evo Morales. ¡No mamen! Nada que ver. No dice nada de eso y no es nada de eso. Pero llenan los periódicos, las redes, las radios, los canales de televisión con esta mentira.

¡Da mucha rabia! Pues no tienen ni una palabra para la memoria, recordar cuando terroristas y paramilitares querían dividir Bolivia y matar al que no piense como ellos. Lo que tenemos que hacer es continuar con el juicio a estos violentos asesinos, que ya querían matarnos en 2009 y cuyos discípulos lograron matar a nuestros hermanos en el golpe de 2019. Ese juicio hay que continuar. Así tenemos que responder a las sugerencias de la CIDH y parar toda esta parafernalia que tiene por detrás la intención de debilitar el proceso de cambios revolucionarios del pueblo boliviano.

Julieta Paredes Carvajal es feminista comunitaria.

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