Voces

sábado 8 ago 2020 | Actualizado a 02:09

Un ciudadano – un voto

Hoy se aglomeran múltiples e incomparables manifestaciones que contrapuntean razones para detener la institucionalización del país.

/ 21 de mayo de 2020 / 06:19

El fin de la historia que Fukuyama anunció al mundo en los inicios de los años 90 desordenó a gran parte de la intelectualidad, pues asociaron esta tesis a la simple comprensión de percibir una detención cronológica de los tiempos. La historia concluía, en el pensamiento del politólogo estadounidense, por la victoria absoluta del demo liberalismo capitalista. Sin embargo, la marcha de la democracia es la antítesis de una temporalidad que se detiene, aun cuando en aquellos años se presenciaba la expansión de políticas neoliberales en buena parte del mundo. Pocos fueron los que escucharon, allá muy lejos, el murmullo popular que lastraba la cara negra del paso neoliberal; pocos fueron los que escucharon también que nuevas formas de participación y gobiernos populares se venían ideando desesperadamente ante el exterminio de lo social.

El transcurrir de la democracia oscila y avanza entre intentos regresivos y de evolución hacia nuevos modelos de gobierno. Bolivia fue por años republicana y representativa. Hoy, con la Constitución de 2009, la democracia es intercultural, se apoya en la complementariedad de la democracia directa y participativa, la democracia representativa, y la democracia comunitaria en el Estado Plurinacional. Una forma de gobierno sobre los fundamentos esenciales de igualdad, libertad e inclusión, que consagra la CPE (Art. 8 inc. II).

Igualdad y libertad, como categorías sustanciales de las ciencias sociales, integran la matriz que inicia el proceso de reconocimiento y expansión de los derechos ciudadanos y su ejercicio en la acción democrática electoral. Norberto Bobbio pensaba que la “democracia es el conjunto de reglas de un juego que permite tomar las decisiones colectivas, bajo el supuesto de igualdad”. Decidir es una acción que en política exige ineludiblemente estar en libertad. La igualdad es para la democracia su fundamento filosófico; la libertad es su principio.

Hoy, en medio de una desenfrenada y a instantes colérica arremetida contra el proceso electoral señalado por ley, se aglomeran múltiples e incomparables manifestaciones que contrapuntean razones para detener la institucionalización del país. Un libreto señala el recorrido a seguir, pide instalar una demanda de impacto sensible: “un ciudadano-un voto”, como si esto no estuviera presente. Este principio, que tiene una proximidad absoluta con lo electoral/representativo, muestra el preámbulo seminal de la igualdad entre ciudadanos para elegir representantes o representar.

Un ciudadano-un voto es el corolario del sufragio universal que marca el destierro ignominioso del voto censitario, exclusivo, donde se condensan dos tiempos históricos y complementarios: julio de 1952 con enero de 2009. El sufragio igualitario es la forma palpable de la universalidad del derecho al voto, donde cada ciudadano equivale a una acción electiva que ejerce en secrecía y libertad para señalar de forma pura y directa al titular del Órgano Ejecutivo.

Distinta es la elección de los representantes. Modernamente, la representación política es una institución que se asocia con el gobierno y los varios pueblos extendidos por todo su territorio, asegurando y valorizando minorías étnicas que conservan dentro suyo la ancestralidad del país.  Expresa, en ese sentido, la diversidad de un conjunto poblacional que se reúne, con autonomía absoluta, en una Asamblea/Parlamento para operar en favor del Estado.

Si bien la representatividad es en perspectiva teórica algo compleja, se puede decir que nos juzgamos representados por quien corresponde a nuestro mismo molde de extracción, sea social, cultural, étnico o político. Alguien que deja en nosotros la impresión de que nos personifica. Ante ello, se debe responder si la representación electiva y las elecciones aseguran la composición heterogénea de todos los habitantes del Estado. Aun así, se puede afirmar que la representatividad encuentra, invariablemente, en el proceso electoral las formas de expresarse desde su diversidad ideológica e identitaria.

En un Estado pluricultural, sobremunicipalizado y de irregular densidad poblacional, la igualdad del sufragio debe comprenderse en la diversidad que condujo a la refundación de Bolivia, necesariamente alejada de la visión aritmética que entiende al país en una singular circunstancia a la que se busca otorgar valor reconstituyente. Maurice Duverger advirtió que “la influencia de los sistemas electorales en la vida política es evidente; no obstante, no se puede decir que tal sistema electoral determina tal forma de vida política, sino que, simplemente, la estimula”.

En mayo de 2020 la representatividad de los bolivianos está concluida, ha expirado. Al que fuera el partido mayoritario, como consecuencia de una crisis aguda, se le discute su hegemonía, su visión de democracia y sus prácticas políticas. Al que gobierna, partido o grupo, que determina y transita respaldado en una legitimidad solo discursiva (representantes del modelo de Estado policial y de una lógica de decisiones no articuladas con la sociedad), se le debate su extraña vocación democrática. Ellos tienen la obligatoriedad de exponerse a consideración popular para resignificar su actual dimensión política y social en Bolivia. El país pide y demanda considerar estas representaciones hoy nominales.

Jorge Richter, politólogo.

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Segundo momento del Neogolpismo: reducir la Asamblea Legislativa

/ 29 de julio de 2020 / 09:42

El 15 de julio que pasó, desde el Ministerio de Defensa se le dijo al país que “frenar el ascenso de los generales significaba dejar indefensa a nuestra patria, atentar contra la seguridad externa e interna y castigar” a militares que “están haciendo todo el esfuerzo para combatir esta pandemia”. Argumento vacío y desprovisto de sustancia para acometer la ilegalidad. El hecho puntual es que, tanto la CPE, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Reglamento del Senado Nacional, no estipulan plazos específicos, entiéndase cantidad de días, para la aprobación obligada de los ascensos militares. Por el contrario, sí señala la mecánica que reglamenta las situaciones en las que se encontrasen irregularidades que impiden el proceso de ascensos y las formas en las que éstas deben subsanarse. La decisión del Poder Ejecutivo (comportamiento uno) fue avanzar por fuera de la CPE y la ley a través de un decreto, buscando encontrar un mecanismo teñido de legalidad y que le permitiese prescindir de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El 12 de abril, el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Banco Central de Bolivia le envían una carta a la señora Kristalina Georgieva, directora general del FMI; en ella, además de señalar la voluntad para cumplir con varios objetivos que son exigencias habituales en las políticas del FMI (reducción del déficit fiscal y colaboración con los personeros del FMI para que accedan a los estados financieros del Estado e informes de auditoría de las cuentas nacionales) expresan el ánimo de (texto traducido): “Dado que la financiación del FMI se prestará al Gobierno, se establecerá un acuerdo marco entre el Gobierno y el Banco Central sobre la responsabilidad respectiva de cumplir con las obligaciones de financiación del FMI”. Importante observar que la CPE también norma los empréstitos que contrae el Estado boliviano. El artículo 158, que refiere a las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el numeral 10 nos dice: “Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado”.

Todo el proceso de compromisos crediticios que gestiona el Gobierno nacional requiere también, en virtud de lo que señala el artículo 12 de la CPE (“La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”), una comunicación y combinación entre los órganos de poder. Alejado del mandato constitucional de la debida coordinación, la Presidencia del Estado conmina a aprobar unos créditos que bajo la noble presión de “Bono Salud” tiene como trasfondo regularizar el hecho administrativo unilateral. Hoy tenemos un crédito ya desembolsado y comprometido desde el Poder Ejecutivo (comportamiento dos) que, como en el evento de las FFAA, prescinde de las incómodas funciones que la CPE le otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional de ser la instancia de control y fiscalización de los órganos del Estado y las instituciones públicas (Art. 158, numeral 17).

Jueves 23 de julio. El TSE anuncia que la fecha para elegir a nuestras autoridades ha sido modificada una vez más. El detalle que preocupa no está en el argumento que lleva a esta decisión, sino en un abandono de la breve jurisprudencia de un actuar claro y repetido desde noviembre de 2019. Bolivia vive un proceso —interrumpido por la pandemia— electoral de excepción. Este tipo de elecciones está normado en la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que señala expresamente, sin espacio a interpretaciones, que estos procesos requieren de una normatividad “excepcional” (Art. 24, numeral 7) mediante ley expresa. La Ley 1266, que da inicio al proceso electoral boliviano de “excepción” —y que mantiene plena vigencia— señala en su artículo 3 (que no interfiere con la Ley 1304): que el TSE y los TED quedan encargados de la organización, administración y ejecución del proceso electoral. Claramente, la convocatoria se realiza a partir de un rango de tiempo que se define en la ley de “excepción”. Por encima de la normativa excepcional señalada en las leyes 1266, 1269, 1270, 1297 y 1304, impensadamente el TSE (comportamiento 3) asume una decisión (con votación de vocales en disidencia) por fuera de la arquitectura jurídica que regula el proceso electoral de “excepción” para situarse con un poder que prescinde, como en los anteriores casos anotados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dejándola inerme en las facultades que la CPE y las Leyes Orgánicas (018 y 026) le confieren.

Indisimulado trabajo de los sectores duros del conservadurismo en Bolivia para cercar y extinguir el poder constitucional de la ALP. El “Nuevo Golpismo” en América Latina, de fuerte presencia civil y disimulada complicidad militar, busca envolver bajo una semblanza institucional mínima al Órgano Legislativo, manteniendo su funcionamiento, pero reduciéndolo a un valor nominal. Acciones menos sangrientas, pero no por ello, menos antidemocráticas.

Jorge Richter es politólogo.

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La tragedia como opción política

En elecciones es una sociedad la que dialoga. Las prórrogas indefinidas tiende al autortarismo

/ 18 de julio de 2020 / 11:36

Se esperó pacientemente que las elecciones realizadas el domingo 5 en República Dominicana sirvieran de respaldo al último argumento con el que resisten. Ansiaban presentarlas como un fracaso, un indicativo de que el miedo y el temor a contagios masivos constituye la antesala del ausentismo, ese que prioriza el quedarse en casa antes que concurrir a elegir nuevas autoridades. Determinadas también por la pandemia debían constituirse en la referencia irrebatible de cuan inoportuno puede ser el proceso electoral en Bolivia. Las elecciones expresaron un profundo compromiso y valoración institucional. La asistencia señaló números masivos y el evento transcurrió situando a la emergencia sanitaria como algo sensible pero que no detiene la construcción del Estado.

El suspirado y ansiado fracaso no llegó. La nueva normalidad electoral mostró su éxito en largas diez horas de jornada democrática. Con un padrón de votantes que tiene cifras idénticas a las de Bolivia, se alistaron 7.529.932 electores, cerca de medio millón de estos votantes se encuentra en el extranjero; sufragaron 4.163.275, en un sistema caracterizado por el voto voluntario desde el año 2010 y donde no existe sanción alguna por la no asistencia a elegir. Los observadores internacionales fueron 151 y pertenecían a diversos organismos. Estuvo presente la Misión de Observación de la OEA, la gente de la International Foundation for Electoral Systems (IFES), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, entre otros organismos. También estuvieron presentes en las ciudades de Miami, Nueva York y Madrid, lugares donde los dominicanos pudieron cumplir con el deber cívico.

El chileno Eduardo Frei, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA desplegada en República Dominicana, aplaudió el comportamiento y compromiso de ciudadanos y autoridades electorales que, pese a la presencia de la pandemia, organizaron un momento electoral al que calificó de exitoso. En una coyuntura donde la manifestación crítica del COVID-19 es monotemáticamente la cuestión de referencia, el país centroamericano — que presenta cifras de población contagiada con coronavirus en números similares a Bolivia y que un día antes del acto eleccionario alcanzó la curva más alta de infecciones— priorizó el debate programático antes que la cuestión sanitaria.

La tragedia como opción política. Las elecciones han quedado señaladas para el 6 de septiembre. García Hamilton expone en su libro ¿Por qué crecen los países? que el factor de la debida institucionalidad es uno de los elementos más sensibles que contribuyen al desarrollo y estabilidad de los Estados, dentro de ellos, de manera fundamental, la conformación y estructuración del gobierno. La tradición boliviana, de respeto a la constitucionalidad y a las formas democráticas de gobernarnos, no certifica indicadores que lleven a comprender que se han consolidado valores políticos/ institucionales suficientes que los consagren como prioridades inquebrantables. En esa línea de tradición negativa, desde la promulgación a desgano de la Ley 1304 que establece fecha límite para la realización del proceso electoral en el país, de forma sistemática, el poder gubernamental y los sectores duros del noviembrismo se empeñan en detener, con diversos razonamientos y acciones, la cita electoral. ¿Cómo hacerlo posible?

Discursivamente, para los negacionistas del valor de la institucionalidad electoral, el énfasis comunicacional es una aceptación —no podría ser de otra manera— con rostro serio a la convocatoria del proceso eleccionario. En los hechos, solo la tragedia de miles
y miles de contagios inducidos y de un pánico colectivo a la pandemia es lo que puede llevarlos a obtener su objetivo. Bajo ese lúgubre diseño estratégico, el país vive una cuarentena nominal y no efectiva, llevando a la calle a miles de bolivianos bajo formas de control aparente (los gobiernos municipales y departamentales, con sus gestiones ya concluidas encuentran en el perverso modelo la encantadora posibilidad de extender su mandato con administraciones facilitadas por la emergencia) y planes de rastrillaje sin realización de pruebas de contagio para guiarse, únicamente, por la sintomatología general de quien en apariencia puede ser un infectado. Todo un trazo meditado para colapsar los centros hospitalarios, y en ese cuadro dantesco, encontrar el respaldo argumentativo irrebatible de postergar las elecciones hasta el siguiente comunicado.

Impedir la votación nacional le significa al Gobierno acumular adeptos entre quienes ya dejan en duda su convicción democrática y observan arriesgadas conductas no constitucionales. Bajo esa presión que impone la realidad nacional e internacional, la señora y sus adjuntos pretenden un proceso electoral calificado donde no todos alcancen tomar parte para ser electos, ni todos tampoco logren elegir libremente según sus afinidades. Desde el 22 de junio, un día después de promulgada la ley de elecciones, trajinan metódicamente en la anulación de dirigentes y políticos vinculados a los movimientos sociales y al partido con el que éstos se instrumentalizan electoralmente. A contrarreloj y con la desesperación apoderada de sus rostros quieren al candidato opositor inhabilitado. Su idea de elecciones no es la convencional, acá también pretenden deformarla según su necesidad. Piensan en una jornada electiva entre iguales, sin oportunidad de perder y donde la participación se reduzca a cuatro agrupaciones representativas del gremio conservador, dejando excluida la versión popular y de izquierda que en el país representa una importante facción social. Una expresión acabada de cómo vive el noviembrismo su idea de democracia.

Con escasos 32 años, Albert Camus afirmó con experiencia octogenaria: “La inclinación más natural del hombre es hundirse y hundir con él a todo el mundo”. Negarle a un país la libertad para designar a sus autoridades en espacios de igualdad equivale a patrocinar a quienes ya se han adscripto a la destrucción institucional de Bolivia. Es un impulso más para instalar el odio y el racismo, es agrietar sin fin las diferencias con el otro en un insano sentimiento de superioridad. La grandeza solo está en el diálogo. La pacificación entre distintos es una construcción social para coexistir. Los monólogos, en cambio, solo necesitan la obediencia silenciosa de quien está obligado a escuchar. En elecciones, es una sociedad la que dialoga. En las prórrogas indefinidas, el diálogo se convierte en monólogo y éste torna en autoritarismo.

(*) Volvemos a publicar el presente artículo porque el presentado en el anterior número de Animal Político contenía un error de armado. Pedimos disculpas al autor y a nuestros lectores.

Jorge Richter Ramírez es politólogo

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Un país DESQUICIADO

/ 15 de julio de 2020 / 09:33

Han desconfigurado el país. Desconfigurado significa que los factores cardinales que determinan el orden, la estabilidad y la convivencia social en el Estado se han desordenado profundamente hasta permanecer en una situación de descontrol. Elementos raciales, identitarios, culturales, dialógicos, institucionales, sociales y, esencialmente constitucionales, se han desconectado de la normalidad Estado-sociedad-gobierno. La desconfiguración estatal es una secuela lógica de algo. En el caso de Bolivia, es el corolario de quien expropia la presidencia para desplazar y atender sus ansiedades políticas, es una captura del poder que sojuzga y no construye.

En política se llega al control del gobierno por dos travesías líneas: la institucional eleccionaria que señala siempre el ordenamiento mayor e interno de los países y la vía forzada, colindante a estados de fuerza que trastocan el precepto constitucional. Cuando se asalta el poder, tanto la legalidad como la legitimidad de los nuevos gobernantes queda en entredicho de forma indeleble. Los esfuerzos retóricos y las modernas estrategias de construcción de imagen no retiran de escena aquello que en el imaginario social se instala asociativamente a un hecho de ruptura de la estabilidad democrática. Es previsible en ese escenario, cuando el ciclo impiadoso de la venganza no logra consumarse y agotada ya la fuerza de la represión, ver como la falsedad gobernante se desquicia en forma acelerada. Si a esta situación se incluye impericia y ausencia de capacidades por desconocimiento de las lógicas de incidencia sociales, el resultado es un desgobierno con retirada anunciada.

Shakespeare por medio de su persistente Hamlet nos expresó unas palabras: “el tiempo está fuera de quicio”. En un tiempo desquiciado, “un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo…” decían Marx y Engels. Sobre esta fórmula, Jacques Derrida documentó su obra «Espectros de Marx». Los espectros —y acá su valía— no son solamente aquellos que retornan de un ya recorrido pasado, sino de algo que está por llegar. Los espectros son reapariciones de lo acaecido, pero también algo que prorrumpe a ser y concretarse. Los espectros del autoritarismo antidemocrático y segregador insinúan hoy reinstalarse en nuestro espacio nacional. En tiempos de odio incontrolado, no es uno solo, sino varios: injusticias, derechos perdidos, violentar al otro, dañar, detener. El espectro es la incivilidad política que pensamos ya suprimida.

¿Tiene la política todavía algún sentido? se preguntaba Hannah Arendt en los años 70. Una interpelación que abandonaba la simplicidad y rechazaba la respuesta sencilla para centrarse en el daño que había producido la política, los hechos desgarradores y angustiantes de los que era responsable y los que amenazaba aún desencadenar. Ante el emplazamiento entonces, la mirada y la voz que habla y que refiere al sentido mayor de la política: la libertad.

En este Estado desquiciado, desconfigurado en cada ángulo, la sensación de que la política nos está matando se convierte en una aporía real. La insolvencia para desprendernos del odio racial, debería llevarnos a algo más que leer los periódicos del día buscando ver reflejadas nuestras satisfacciones de desprecio al otro, siempre disfrazadas de cobertura noticiosa, y preguntarnos, si este sin sentido construido por la obsesión de juzgar y castigar, de arrogarse el derecho de encontrar culpables, de marginar y de definir quiénes son dignos de ser aceptados en esta sociedad, es algo que nos hace mejores. Madison aseguraba que en las sociedades se trata de convivencia de hombres y no de ángeles, y para ello, evitar la destrucción de unos con otros solo es posible mediante un Estado centrado en la libertad e igualdad de sus ciudadanos y organizado de forma institucional.

Bolivia, julio de 2020, gobierna un grupo desquiciado que piensa que imponer es mejor que elegir democráticamente.

*Jorge Richter es politólogo.

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“Yo tengo otra información”

Hoy que el poder judicial retoma sus actividades el gobierno reimpulsará acciones penales contra el candidato que les arrebata el sosiego

/ 2 de julio de 2020 / 11:20

LA PAZ BOLIVIA.- JORGE RICHTER, ANALISTA POLITICO ES ENTREVISTADO EN EXCLUSIVA POR LA RAZON. FOTOS - MIGUEL CARRASCO MIÉRCOLES 11-13-19 NOVIEMBRE 2019 OHAH

El año 2017 incorporó una palabra que quedó como la más explotada y aplicada en la política. Medios de comunicación, analistas, politólogos y filósofos la pronunciaban para referirse a conductas y realidades consideradas ahora en una perspectiva personal. “Posverdad” fue el vocablo de moda entonces, casi una expresión de rebelión ante los hechos, mi opinión por encima de la evidencia. La era de las celebridades anónimas, la visibilidad plena. La primera fila de la opinión. La veracidad contra el ánimo de expresarse, contra la calidad de la noticia y contra las pruebas también. La cultura inapelable de lo online y la frenética ola mediática que no distingue lo existencial de la ficción. La verdad no está más, pues la invención de historias no se detiene y supera la capacidad analítica de nuestras sociedades.

Andrés López Obrador, hoy presidente de México, desde sus tiempos electorales, que no fueron escasos y donde enfrentó a los medios más conservadores, esos que él creativamente llamo “la prensa fifí”, ha desarrollado una singular manera de contención y paralización a la posverdad. Él suele repeler y desaprobar los relatos adversos con un pausado y siempre presente “Yo tengo otra información y otros datos”. El presidente ha encontrado en esta frase una forma de combatir y resistir la narración subjetiva e intencionada.

Bolivia, julio de dos mil veinte. El gobierno vuelve sus pasos sobre el Estado policial y cancelador de las garantías y los derechos. En tan solo un lapso de dos días ha sumado inculpaciones, procesos y obsesiones sin pausa, encuentra una conjura y estrategia de corrupción infiltrada para desprestigiar la probidad de los actuales hombres y mujeres de Estado. No eran ellos, eran los otros. Sobre preciar los inconectados respiradores fue un plan para afectar la pureza gubernamental. Yo tengo otra información y otros datos.

La cancillería y la canciller también quieren estar —“estar” significa a veces protegerse del despido inesperado, “hay que estar”—, le enuncian a la comunidad internacional que el país está siendo desestabilizado por cuatro costados y un hombre sobrepoderoso, casi extranatural. Encuentran que la no aprobación de los ascensos militares, que las observaciones al préstamo —léase cooperación internacional— de la casa de la caridad que es el FMI, que sectores sociales que buscan causar caos facilitando las tareas del narcotráfico y la delincuencia organizada, que algunos con Nicolás Maduro armaron un extraordinario aparato comunicacional de alcance internacional para negar el fraude electoral. Todo un plan bestial que impide y distrae la eficiente gestión en la que están empeñados los hombres y las mujeres del gobierno. Yo tengo otra información y otros datos.
La historia sigue. Hoy que el poder judicial retoma sus actividades el gobierno reimpulsará acciones penales contra el candidato que les arrebata el sosiego. El hombre del Ministerio de Justicia informa que ese señor utilizó más de 3.000 millones de bolivianos (la cifra está bien escrita) para comprar la conciencia de los inconscientes. El ángel justiciero entonces apuesta más fuerte, comunica que personalmente reactivará más de 60 procesos contra exautoridades que también le dañan la placidez del sueño. Lo hace —eso dice— porque no puede ser que ellos hablen de corrupción sin dar respuesta a esto. Yo tengo otra información y otros datos.

La otra información es la siguiente: para el grupo transitorio los días en Palacio Quemado son el lado caliente del infierno. Que son dos los que juegan a ser los estrategas, que no comprenden el proceso inclusivo e identitario de ese constructo social por acumulación histórica y demandas inatendidas. Que intentarán detener el cauce institucional hacia las elecciones, que las quieren señalar para el 2021 y así postergarlas hasta donde se pueda. Que en los días que vienen conoceremos de procesos judiciales, persecución, detenciones y aparición de testigos que salen impensadamente de las gavetas que tiene ocultas el ángel justiciero. Que están en la creencia de que el Estado policial, militar y persecutorio logrará disimular la cadena de desaciertos. Que las encuestas que leen anuncian que ya los desplazaron del segundo lugar y que la elección la pueden ganar en primera votación los que ellos odian de forma militante. Que quieren arrancar la fecha del 6 de septiembre del calendario, que no llegue nunca, porque entonces ahí ya se imaginan que la vida sería invivible, que el refrán que habla de que el dinero no hace a la felicidad podría ser cierto.

La información que yo tengo es que nunca la palabra “estamos jodidos” se pronunció tantas veces, que la convirtieron en la muestra del país que han construido y que a pesar de ello, de esa desolada realidad en la que existen, confinados a su angustia, los dos asesores de la estrategia perversa exigen mostrarse satisfechos, al menos públicamente, del régimen de pesadumbre que han instalado.

Jorge Richter Ramírez es politólogo

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Elecciones en disputa

La vía democrática e institucional está en electoralizar la coyuntura

/ 1 de julio de 2020 / 09:15

En enero de 2006 se produce en Bolivia un cambio en las élites gobernantes. Los sectores sociales tradicionales detentadores del manejo y administración del Estado, ingresan, ya en el final de su ciclo político, en una profunda crisis que los conduce a un tiempo de retirada. Los grupos sociales periféricos e invisibles para la acción política, después de un lento proceso de acumulación histórica, con demandas insatisfechas y no atendidas por los gobiernos del momento liberal, las conectan para formar cadenas equivalenciales frente a la intención de la partidocracia dominante por constreñirlas. Así, las organizaciones demandantes se organizan en “pueblo” —en el decir de Laclau y Mouffe—, hasta acoplarse políticamente con un liderazgo visible e instrumento político que pergeñe sus primeras aspiraciones de toma del poder político.

Los sucesos comprendidos entre 2000 y 2003, que condujeron al cierre del ciclo neoliberal, fueron la manifestación viva del Estado político boliviano que produjo una nueva fragmentación étnica, social y política. El proceso circular de sustitución de elites gobernantes y sus correlatos sociales se instaló en 2006 e inició un nuevo estado de tensiones y polaridad social.

El 10 de noviembre de 2019 señala la instalación de otro momento de hostilidad de los factores históricamente opuestos. La lógica circular volvió a chocar como placas tectónicas provocando estadios de conflicto cada vez más altos. Ante ello, la pandemia y la crisis política, y la pregunta: ¿cómo avanzar?

En un momento de calamidad humanitaria, de catástrofe devastadora, ¿quién salva?, ¿el Estado o el mercado con su lógica estadística? Atendiendo a Émile de Girardin que decía “gobernar es prever”, la sensación de responsabilidad primera se dirige sobre el Estado. La información sobre el paso de la pandemia muestra a sociedades, instituciones, organizaciones y agentes económicos que van convenciéndose de que es el ente estatal quien, ante una amenaza descontrolada, puede salvarlos. El Estado inexcusablemente ha asumido gastos e inversiones urgentes, salvatajes, asistencias y preocupación por sus ciudadanos de forma directa. Esto ha visto el mundo, sin detenerse en el modelo, el sistema y la forma de gobierno. Por tanto, congregando todas las responsabilidades y ansiedades sociales, su capacidad y fortaleza debe ser absoluta, genérica y sin fisuras. Ello implica un nuevo pensar de la dimensión que debe alcanzar y su vínculo directo con la democracia.

Un Estado fortalecido no es necesariamente un Estado más grande y un Estado noventista tampoco es uno más reducido. Para no dar lugar a un Estado fallido (que no respeta las libertades, impone una democracia restrictiva, acentúa y patrocina las desigualdades), su remodelación debe atender factores mínimos de urgencia impostergable: la conformación de su gobierno y la institucionalidad, el sentido de legitimidad y legalidad y el deber de estar bien constituido. Con ello habrá mejores posibilidades ante la crisis multisectorial y la opción de construir y establecer una agenda de consensos para las reformas sustanciales que Bolivia ya solicita. Países que han logrado controlar la pandemia muestran gobiernos que, aunque varios estaban señalados por su actuar en la política cotidiana, tenían solidez de legalidad y legitimidad.

Cabe reflexionar entonces en esta coyuntura de remodelación fáctica del Estado: ¿cuánta valía se otorga a su institucionalidad? ¿Nos preocupa el debido orden institucional, como forma de reaseguro ante intenciones que busquen interrumpirlo, reducirlo, desequilibrarlo y, en consecuencia, reconfigurar una relación de poderes que finalmente deje mediatizados los derechos progresivos, la igualdad y las libertades individuales y colectivas? todo esto frente a lo sensible de una crisis sanitaria. En definitiva, signados por el mal trance, la cuestión es: ¿salud ciudadana o salud institucional? ¿O ambas?

Las crisis no son estacionarias y tampoco inmóviles, sino que expresan dinámicas en movimiento que refieren a fases de descomposición del estado de situación de intervalos coyunturales específicos. La presencia del COVID-19 en Bolivia no impacta de forma lineal y única; adquiere resoluciones, ritmos y profundidades distintas. Su incidencia en los ámbitos poblacionales, territoriales y estatales logra niveles de intensidad desiguales que rápidamente alcanzan dimensión política por continuidad de los hechos de noviembre. Esto implica mayor tirantez y polaridad social. Significa que el estado de crisis multisectorial, irresuelto e incontrolado, no interrumpe su devenir, sino que prosigue su expansión hasta franquear a la siguiente etapa. Después de la crisis y el hecho político absoluto, la fase siguiente es el colapso, un momento de desorden y desgobierno pleno.

A consecuencia de la pandemia, la humanidad y los países avanzan hacia sistemas democráticos reconvertidos, donde el primer poder del Estado, expresado en la representación de la Asamblea/Parlamento, por los cursos de emergencias continuas que se avizoran, decrece en manos de tendencias que buscan exagerar el personalismo del Poder Ejecutivo. Esto representa una resignificación también de la confección de las normas: más decretos que regulen actividades específicas y una baja producción de leyes. Todo ello, por los estados de excepción y seguridad, que en una psicosis generalizada intentan, subjetiva y continuamente, esta redefinición de roles y jurisdicciones políticas.

En este escenario también impuesto en Bolivia y con una pandemia instalada por tiempo indeterminado, la vía democrática e institucional que facilite preocuparse por la crisis multisectorial está en electoralizar la coyuntura en la fecha señalada, hecho necesario para obtener una perspectiva de solución, reducir ansiedades políticas causadas por el enfrentamiento y descontento de la crisis política irresuelta y enfocarse, desde el Gobierno, en una estrategia posible sobre los efectos devastadores de la enfermedad. Esto es, remodelar hoy e imperiosamente el Estado en la línea institucional y constitucional.

Jorge Richter es politólogo

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