Voces

jueves 22 oct 2020 | Actualizado a 11:16

Un ciudadano – un voto

Hoy se aglomeran múltiples e incomparables manifestaciones que contrapuntean razones para detener la institucionalización del país.

/ 21 de mayo de 2020 / 06:19

El fin de la historia que Fukuyama anunció al mundo en los inicios de los años 90 desordenó a gran parte de la intelectualidad, pues asociaron esta tesis a la simple comprensión de percibir una detención cronológica de los tiempos. La historia concluía, en el pensamiento del politólogo estadounidense, por la victoria absoluta del demo liberalismo capitalista. Sin embargo, la marcha de la democracia es la antítesis de una temporalidad que se detiene, aun cuando en aquellos años se presenciaba la expansión de políticas neoliberales en buena parte del mundo. Pocos fueron los que escucharon, allá muy lejos, el murmullo popular que lastraba la cara negra del paso neoliberal; pocos fueron los que escucharon también que nuevas formas de participación y gobiernos populares se venían ideando desesperadamente ante el exterminio de lo social.

El transcurrir de la democracia oscila y avanza entre intentos regresivos y de evolución hacia nuevos modelos de gobierno. Bolivia fue por años republicana y representativa. Hoy, con la Constitución de 2009, la democracia es intercultural, se apoya en la complementariedad de la democracia directa y participativa, la democracia representativa, y la democracia comunitaria en el Estado Plurinacional. Una forma de gobierno sobre los fundamentos esenciales de igualdad, libertad e inclusión, que consagra la CPE (Art. 8 inc. II).

Igualdad y libertad, como categorías sustanciales de las ciencias sociales, integran la matriz que inicia el proceso de reconocimiento y expansión de los derechos ciudadanos y su ejercicio en la acción democrática electoral. Norberto Bobbio pensaba que la “democracia es el conjunto de reglas de un juego que permite tomar las decisiones colectivas, bajo el supuesto de igualdad”. Decidir es una acción que en política exige ineludiblemente estar en libertad. La igualdad es para la democracia su fundamento filosófico; la libertad es su principio.

Hoy, en medio de una desenfrenada y a instantes colérica arremetida contra el proceso electoral señalado por ley, se aglomeran múltiples e incomparables manifestaciones que contrapuntean razones para detener la institucionalización del país. Un libreto señala el recorrido a seguir, pide instalar una demanda de impacto sensible: “un ciudadano-un voto”, como si esto no estuviera presente. Este principio, que tiene una proximidad absoluta con lo electoral/representativo, muestra el preámbulo seminal de la igualdad entre ciudadanos para elegir representantes o representar.

Un ciudadano-un voto es el corolario del sufragio universal que marca el destierro ignominioso del voto censitario, exclusivo, donde se condensan dos tiempos históricos y complementarios: julio de 1952 con enero de 2009. El sufragio igualitario es la forma palpable de la universalidad del derecho al voto, donde cada ciudadano equivale a una acción electiva que ejerce en secrecía y libertad para señalar de forma pura y directa al titular del Órgano Ejecutivo.

Distinta es la elección de los representantes. Modernamente, la representación política es una institución que se asocia con el gobierno y los varios pueblos extendidos por todo su territorio, asegurando y valorizando minorías étnicas que conservan dentro suyo la ancestralidad del país.  Expresa, en ese sentido, la diversidad de un conjunto poblacional que se reúne, con autonomía absoluta, en una Asamblea/Parlamento para operar en favor del Estado.

Si bien la representatividad es en perspectiva teórica algo compleja, se puede decir que nos juzgamos representados por quien corresponde a nuestro mismo molde de extracción, sea social, cultural, étnico o político. Alguien que deja en nosotros la impresión de que nos personifica. Ante ello, se debe responder si la representación electiva y las elecciones aseguran la composición heterogénea de todos los habitantes del Estado. Aun así, se puede afirmar que la representatividad encuentra, invariablemente, en el proceso electoral las formas de expresarse desde su diversidad ideológica e identitaria.

En un Estado pluricultural, sobremunicipalizado y de irregular densidad poblacional, la igualdad del sufragio debe comprenderse en la diversidad que condujo a la refundación de Bolivia, necesariamente alejada de la visión aritmética que entiende al país en una singular circunstancia a la que se busca otorgar valor reconstituyente. Maurice Duverger advirtió que “la influencia de los sistemas electorales en la vida política es evidente; no obstante, no se puede decir que tal sistema electoral determina tal forma de vida política, sino que, simplemente, la estimula”.

En mayo de 2020 la representatividad de los bolivianos está concluida, ha expirado. Al que fuera el partido mayoritario, como consecuencia de una crisis aguda, se le discute su hegemonía, su visión de democracia y sus prácticas políticas. Al que gobierna, partido o grupo, que determina y transita respaldado en una legitimidad solo discursiva (representantes del modelo de Estado policial y de una lógica de decisiones no articuladas con la sociedad), se le debate su extraña vocación democrática. Ellos tienen la obligatoriedad de exponerse a consideración popular para resignificar su actual dimensión política y social en Bolivia. El país pide y demanda considerar estas representaciones hoy nominales.

Jorge Richter, politólogo.

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¿Consensos o hegemonía?

/ 11 de octubre de 2020 / 07:05

¿Qué alcance tiene señalar y afirmar que una sociedad es justa o injusta? Los miembros de una colectividad, con actuaciones disímiles, pueden experimentar sensaciones de justicia o injusticia según innumerables posibilidades de contextos. Ello hace de la cuestión algo complejo y controversial tanto para analistas y filósofos políticos.  

Gran parte de la filosofía política halla acuerdo respecto de que las dos publicaciones de John Rawls (1921-2002): Una teoría de la justicia (1971) y Liberalismo político (1993) señalan el inicio formal e intenso de la discusión respecto de cómo deberían ser las sociedades en las que vivimos. Mucho de lo debatido, pensado y escrito desde entonces referencia, ineludiblemente, a lo dicho por Rawls.

Hoy, la propuesta del carácter político de la justicia y la necesidad final, a momentos inexorable, de establecer consensos entrecruzados que definan las reglas que deben regular la buena convivencia de un grupo social se estudia, se revisa y se juzga. La pregunta de la crítica fue aguda: ¿es capaz el liberalismo de entender lo político, las relaciones de poder, el conflicto, y los antagonismos? Los elementos propios de la política real y la democracia plural ¿pueden ser resueltos y considerados en la lógica consensual?, ¿el elemento ideológico, presente con intensidad en el pluralismo de sociedades diversas, se comprende desde el conocimiento racional?, ¿los intereses de grupo pueden ser canalizados bajo modelos de consensos que no desordenen la sociedad?

El ciclo político actual de las democracias liberales ha incorporado un elemento que, sin ser absolutamente desconocido en la dinámica política, hoy muestra una fuerza inadvertida en los tiempos pretéritos. De la mano de los modelos agonista-pluralista, grupos de poder asociados a los movimientos sociales alcanzan el poder e implantan gobiernos democráticos-hegemónicos en el marco de las regulaciones propias de la democracia liberal. Avanzados en sus procesos de gestión del Estado y con la teoría política que los ha respaldado, se pueden asumir ciertas conclusiones: Las sociedades son entidades enteramente políticas, allí no es posible lograr entendimientos plenos y absolutos. El desacuerdo no puede ser eliminado como posibilidad fáctica y el factor moral evidencia, históricamente, una inevitable debilidad como elemento ordenador de las conductas políticas.

La lógica de los consensos entrecruzados y fundamentales puestos bajo el tamiz de la reflexión, deja en evidencia que las sociedades plurales deben, permanentemente, construir consentimientos mutuos, aunque no absolutos, sí mínimos que viabilicen procesos e instituciones. Es claro que, en la coyuntura político-democrática de hoy, se ha producido un acoplamiento a los factores de poder de grupos sociales antes marginales al poder político. Estas entidades sociopolíticas que son vistas como un “nosotros”, configuradas y articuladas contra un “ellos”, se conducen bajo preceptos hegemónicos de poder.

Bajo un criterio de inevitabilidad, Laclau y Chantal Mouffe fácticamente proponen, sobre lo históricamente evidente, la incorporación de nuevos factores y elementos que producen las sociedades. Los constructos sociales, que requirieron de un contrato social para convivir y mantener su igualdad y libertad, siempre se han mostrado hostiles y tensionados. La lucha por el poder tiene momentos de cierto orden y hegemonía exitosa, con periodos de estabilidad y caída de la tensión de los grupos antagónicos, pero ello no significa el logro del acuerdo racional propuesto por Rawls.

Las sociedades son plurales, ideologizadas, violentas, conflictivas y políticas, agrupadas por intereses comunes. Rawls es prioritariamente un forjador de una concepción que realza lo moral por encima de lo político. Mouffe y Laclau descreen de esa posibilidad. Paradójicamente ambos modelos y propuestas conviven sobre formatos variados de democracia, de ahí que sus relaciones estén caracterizadas por la tensión y la inestabilidad. La mirada liberal y su tradición está condenada a convivir con un populismo emergente que amplía la base democrática. El sino de una complementariedad social obligada.

Jorge Richter es politólogo.

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El fraude que no fue

El informe de la OEA es inconsistente en el relato que buscó instalar

/ 31 de agosto de 2020 / 07:02

Elecciones en Bolivia: Mesa denuncia un “fraude escandaloso” en el recuento de votos y la OEA muestra su “profunda preocupación”, con este titular abría sus informativos la BBC de Londres el 22 de octubre. Un día antes, la Organización de Estados Americanos emitía un comunicado de prensa afirmando que: “A las 20.10 de ayer, el TSE dejó de divulgar los resultados preliminares, por decisión del pleno, con más de 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el TSE presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección”.

Lo ocurrido en noviembre de 2019 configuró una ruptura institucional con la participación de diversos actores en tiempos distintos y roles específicos. Reducido en su capacidad de acción a consecuencia de errores sucesivos, el gobierno de entonces perdió la iniciativa cuando fue acusado de fraude electoral. A partir de ese momento, solo fue observar el final de un ciclo político que ya estaba guionizado con meticulosidad extrema en los detalles. Cada actor con un rol asignado. Tocó a la OEA señalar el proceso con tres acciones específicas: un Comunicado de Prensa, un Informe Preliminar referente al proceso electoral (informe no previsto en el acuerdo firmado con el Estado boliviano) y un Informe Final.

El documento último que presentó la OEA fue recogido por los actores comprometidos en los hechos de noviembre como una referencia bíblica incuestionable bajo sanción de ser acusado de profanar la santa palabra. A más de ello, la inevitable y necesaria lectura de todo lo anotado en él, obliga a señalarle sus profundas deficiencias, esas que terminan asociándolo a un interés que no tiene una dimensión de Observador Internacional ecuánime, sino un decidido aportante a la destrucción institucional del país. Algo comparable ya hizo en Haití en 2010, probando que este mal proceder no es nuevo y, en todo caso, sí es posible.

La OEA buscó instalar en el país y en la sociedad boliviana el convencimiento de un fraude electoral que valide las acciones/decisiones siguientes que vayan a interrumpir el orden institucional del Estado. Para ello construyó una narrativa de manipulación del voto que instaló afirmando que los resultados oficiales que presentó el TSE no son posibles.

Todo se concentra en la declaración: “Acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección. Son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera oficial”.

Buscaron y tuvieron son términos que no aseguran el hecho, evidencian solo un propósito. Sin embargo, en el relato final, estaba implícita la insinuación de que los resultados no eran los que se presentaron.

Tres elementos son el eje argumentativo de la OEA: a) La suspensión del TREP y vinculación de este sistema informático con el del cómputo final; b) El “sorprendente cambio de tendencia” en el porcentaje de votos en favor del MAS; c) Actas manipuladas o irregulares. Tres son también los hechos que la OEA soslaya, siendo fundamentales en el análisis electoral: a) El sistema de elecciones en Bolivia tiene una esencia manual en su ejecución y funcionamiento. El componente informático es menor y se reduce a bases de datos para realizar la sumatoria final de los votos anotados por cada uno de los TDE; b) El equipo auditor no concluyó la tarea que se tenía acordada con ellos, esto es, la revisión y recuento de cada una de las actas de escrutinio que posibilitan tener el número final obtenido por cada partido en la votación; c) La no incorporación de información sensible que, siendo de su conocimiento, contradice lo sostenido como acusación en su informe preliminar y final.

Explicando. La suspensión del TREP como decisión de no continuar informando a la población, no tiene justificación sustentable; ello no implica, sin embargo, que esta acción inentendible haya sido utilizada para la modificación de los resultados finales. En 2016, cuando también proporcionó información rápida, el TREP se detuvo en el 83,1%. En 2019, ocurrió cuando reportaba el 83,9% de las actas. En ambos casos las variaciones con los resultados finales son idénticas. Los sistemas informáticos del TREP y los que trabajan el cómputo final, son independientes y no están conectados entre sí. De hecho, el primero, estuvo bajo administración privada (la empresa Neotec) a diferencia del segundo, que es de responsabilidad del TSE. El informe de la OEA busca vincular ambos sistemas para concluir en una incidencia directa sobre el cómputo final, hecho que no ha podido demostrar, porque son dos procedimientos informáticos absolutamente independientes en su cargado de datos y sumatorias. El argumento de que no se pueden avalar los resultados se basa en un vínculo tecnológico entre el TREP y el cómputo, hecho que es, reitero, inexistente.

Extraña que la OEA haya contratado el pasado mes al politólogo y estadístico hindú Irfan Nooruddin, a fin de validar, muchos meses después, las observaciones que desde diferentes centros académicos y profesionales, como medios de comunicación de alto prestigio vienen realizando sobre la débil consistencia del Informe Final. La preocupación de la OEA está sobre lo afirmado en las páginas 86 a 93, donde deja su esfuerzo para demostrar el cambio de tendencia.

Sobre este punto, el equipo de auditores no informó que minutos antes de la conferencia de prensa para la presentación de los resultados preliminares del TREP, la empresa que administraba el sistema (Neotec) implementó un plan de contingencia —hecho absolutamente fundamental que tiene relación directa con la nueva revelación señalada por el Centro CEPR: “Gran error de codificación revela otra falla garrafal en el análisis de la OEA sobre las elecciones bolivianas de 2019”— que decide cargar las actas de escrutinio de Santa Cruz para cumplir con el porcentaje comprometido de 80%. Así, con la votación de Santa cruz, el sistema pasa de un 60% al 83% de votos escrutados.

Santa Cruz fue una plaza electoralmente favorable a Comunidad Ciudadana. Esto también significó que el MAS bajara su diferencia respecto del segundo, pasando de 11/12 puntos porcentuales a 7/7,5 puntos. El plan de contingencia de Neotec produjo un cambio de tendencia circunstancial de los resultados, al mismo tiempo que Ethical Hacking (empresa encargada de los protocolos de seguridad y de auditar a Neotec) emitió una alerta de actividad inapropiada. Este número de actas cargadas en cantidad anormal no fue incorporado en el Informe Final de la OEA.

Los auditores detectaron y conocían, por lo tanto, que el orden en el que fueron procesadas las actas no fue aleatorio, y que se había incorporado un área favorable a Comunidad Ciudadana. Este hecho de un aumento de tráfico que generó una alerta máxima está ahora reflejado en el nuevo informe y análisis presentado por CEPR, donde la palabra clave en referencia a este evento es “marca de tiempo”, que refiere al día y a la hora en la que cada acta fue procesada. El “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares” dependía de la cronología de cuándo se informaron los votos. Las marcas de tiempo del politólogo Nooruddin estaban ordenadas alfanuméricamente, en lugar de cronológicamente.

Los servidores ocultos de los que se habló estaban auditados por Ethical Hacking: no tenían software malicioso, y el usuario misterioso era el señor Guzmán de Rojas, gerente propietario de Neotec. El Informe Final recomienda mayor investigación sobre este servidor; sin embargo, existen cerca de 40 personas detenidas a causa de lo dicho por los auditores. El padrón electoral había sido certificado por la OEA, su confiabilidad superaba el 96%. No visitaron ni requirieron actas de escrutinio de los cerca de 8.000 notarios, no los contactaron nunca. Comunidad Ciudadana tuvo presencia en un 55% de las mesas electorales con sus delegados. El MAS llegó al 66%.

El informe de la OEA es inconsistente en el relato que buscó instalar, por ello las referencias son generales y los interesados evaden su lectura en conciencia por temor a encontrar una verdad que no los valida.

(*) Jorge Richter Ramírez es politólogo

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El ‘Mallku’, el factor inesperado

/ 12 de agosto de 2020 / 02:36

Bolivia vivía en 1899 una guerra civil que a momentos se hacía cruenta y lacerante. José Manuel Pando, hombre de ideas liberales, buscó el derrocamiento del gobierno conservador de Severo Fernández Alonso. Liberales y Conservadores fueron entonces los protagonistas de aquel episodio desgarrador que fue la Guerra Federal. Buscando mayor fortaleza bélica, Pando se alió con el Movimiento Indígena de Pablo Zárate Willka, el temible Willka, como era conocido. Una coalición para enfrentar a la “Oligarquía del Sur” que representaba el Partido Conservador. Tenían intereses diferentes, para Zárate Willka se trataba de asegurar el rol del indígena en el futuro de la República liberal que estaba conformándose.

El 28 de marzo de aquel año, posiblemente preocupado por las matanzas en Coro y Mohoza, Pablo Zárate Willca escribe la Proclama de Caracollo, en ella expresa una idea de respeto recíproco necesario para la convivencia en la nueva República por venir: “Tan lo mismo deben respetar los blancos y vecinos a los indios porque son de la misma sangre e hijos de Bolivia y que deben quererse como hermanos y como indianos”. Ramiro Condarco Morales, autor de la conocida obra Zárate, el temible Willca, señala con acierto y puntualiza: “El debido respeto no solo como persona sino también como sujeto de derecho a la dignidad, a la vida, al progreso material y a la tierra”.

La novela Aluvión de Fuego de Óscar Cerruto, publicada en los años 30 del siglo pasado y como un presagio de lo que estaba por llegar, incorpora una pieza de precisa descripción del momento político de entonces: el Manifiesto de las Nacionalidades Indígenas del Kollasuyo. En sus extensos pasajes sintetiza la crudeza de la relación del indio con el blanco, “¿qué queremos los indios? Algo muy lógico y natural, que se nos devuelva nuestra condición humana”. Sin respeto recíproco la igualdad queda degradada a un simple anuncio retórico y, en consecuencia, la libertad es anulada. Sin libertad ni igualdad, la Patria no puede ser regenerada. La regeneración del país equivalía en esos tiempos a una idea actual de refundación del Estado.

Después de 121 años, los odios raciales señalan que el respeto recíproco fue apenas un delirio momentáneo. Las fuerzas sociales vuelven a colisionar y hoy, el país nuevamente exterioriza la vena iracunda de un racismo que se pretende ocultar. Miles de bolivianos que ejercen su ciudadanía y acción de peticionar, marchan, bloquean y resisten la fecha modificada inconsulta e impensadamente por el Tribunal Electoral. En medio de la pandemia y la polaridad de odios, la protesta es señalada de irracional y los insultos abarrotan las redes sociales. La palabra indio, asociada a los peores y más humillantes adjetivos, se escribe con nombres personales y muchos otros disfrazados en un insulto vergonzante que no permite mostrar el rostro de su autor refinado.

Surgido de la nada, un hombre que ya en 2003 entendió la dimensión de este odio racial, vuelve a manifestarse: “Habrá movilizaciones desde las bases, es la única alternativa, nos haremos respetar porque el Gobierno está pisoteando a todos los hombres y mujeres que vivimos en la ciudad y el campo. Todos los días nos insultan, nos dicen salvajes, ignorantes, estúpidos, burros, indios de mierda. Señores y señoras de raza suprema, respetos guardan respetos. Nos respetaremos como seres humanos”. Hoy las movilizaciones de Felipe Quispe ya amenazan acorralar al Gobierno.

Es importante comprender que el conflicto social está mutando en estas horas. Deja de ser una demanda por el evento electoral y pasa a ser un hecho social, étnico/racial. Han ofendido en extremo a un sector que busca, históricamente, respeto recíproco. El conflicto va absorbiendo fases aceleradamente en su escalada ascendente. El pedido ahora es la salida de quien ejerce la transición. En el círculo rojo del poder, donde no se conoce el país y tampoco las lógicas de incidencia de los movimientos sociales ni la historia de una lucha de reivindicaciones por la igualdad étnica, racial y cultural de Bolivia, endosan toda la responsabilidad al MAS y su círculo dirigencial.

Los movimientos sociales en el altiplano boliviano reciben a Felipe y lo escuchan atentamente. Como en 2003, mientras el error político vigilaba a un dirigente con preocupación enfermiza, Felipe les llenaba de piedras las carreteras incansablemente, un día detrás de otro. Ayer en la tarde el Mallku era nombrado comandante de los bloqueos de las 20 provincias de La Paz. Dijo que mientras viva, no puede dejar a sus hermanos desprotegidos. Tampoco que los insulten.  Pide como en 1899, respeto recíproco.

Jorge Richter es politólogo.

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Segundo momento del Neogolpismo: reducir la Asamblea Legislativa

/ 29 de julio de 2020 / 09:42

El 15 de julio que pasó, desde el Ministerio de Defensa se le dijo al país que “frenar el ascenso de los generales significaba dejar indefensa a nuestra patria, atentar contra la seguridad externa e interna y castigar” a militares que “están haciendo todo el esfuerzo para combatir esta pandemia”. Argumento vacío y desprovisto de sustancia para acometer la ilegalidad. El hecho puntual es que, tanto la CPE, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Reglamento del Senado Nacional, no estipulan plazos específicos, entiéndase cantidad de días, para la aprobación obligada de los ascensos militares. Por el contrario, sí señala la mecánica que reglamenta las situaciones en las que se encontrasen irregularidades que impiden el proceso de ascensos y las formas en las que éstas deben subsanarse. La decisión del Poder Ejecutivo (comportamiento uno) fue avanzar por fuera de la CPE y la ley a través de un decreto, buscando encontrar un mecanismo teñido de legalidad y que le permitiese prescindir de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El 12 de abril, el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Banco Central de Bolivia le envían una carta a la señora Kristalina Georgieva, directora general del FMI; en ella, además de señalar la voluntad para cumplir con varios objetivos que son exigencias habituales en las políticas del FMI (reducción del déficit fiscal y colaboración con los personeros del FMI para que accedan a los estados financieros del Estado e informes de auditoría de las cuentas nacionales) expresan el ánimo de (texto traducido): “Dado que la financiación del FMI se prestará al Gobierno, se establecerá un acuerdo marco entre el Gobierno y el Banco Central sobre la responsabilidad respectiva de cumplir con las obligaciones de financiación del FMI”. Importante observar que la CPE también norma los empréstitos que contrae el Estado boliviano. El artículo 158, que refiere a las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el numeral 10 nos dice: “Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado”.

Todo el proceso de compromisos crediticios que gestiona el Gobierno nacional requiere también, en virtud de lo que señala el artículo 12 de la CPE (“La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”), una comunicación y combinación entre los órganos de poder. Alejado del mandato constitucional de la debida coordinación, la Presidencia del Estado conmina a aprobar unos créditos que bajo la noble presión de “Bono Salud” tiene como trasfondo regularizar el hecho administrativo unilateral. Hoy tenemos un crédito ya desembolsado y comprometido desde el Poder Ejecutivo (comportamiento dos) que, como en el evento de las FFAA, prescinde de las incómodas funciones que la CPE le otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional de ser la instancia de control y fiscalización de los órganos del Estado y las instituciones públicas (Art. 158, numeral 17).

Jueves 23 de julio. El TSE anuncia que la fecha para elegir a nuestras autoridades ha sido modificada una vez más. El detalle que preocupa no está en el argumento que lleva a esta decisión, sino en un abandono de la breve jurisprudencia de un actuar claro y repetido desde noviembre de 2019. Bolivia vive un proceso —interrumpido por la pandemia— electoral de excepción. Este tipo de elecciones está normado en la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que señala expresamente, sin espacio a interpretaciones, que estos procesos requieren de una normatividad “excepcional” (Art. 24, numeral 7) mediante ley expresa. La Ley 1266, que da inicio al proceso electoral boliviano de “excepción” —y que mantiene plena vigencia— señala en su artículo 3 (que no interfiere con la Ley 1304): que el TSE y los TED quedan encargados de la organización, administración y ejecución del proceso electoral. Claramente, la convocatoria se realiza a partir de un rango de tiempo que se define en la ley de “excepción”. Por encima de la normativa excepcional señalada en las leyes 1266, 1269, 1270, 1297 y 1304, impensadamente el TSE (comportamiento 3) asume una decisión (con votación de vocales en disidencia) por fuera de la arquitectura jurídica que regula el proceso electoral de “excepción” para situarse con un poder que prescinde, como en los anteriores casos anotados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dejándola inerme en las facultades que la CPE y las Leyes Orgánicas (018 y 026) le confieren.

Indisimulado trabajo de los sectores duros del conservadurismo en Bolivia para cercar y extinguir el poder constitucional de la ALP. El “Nuevo Golpismo” en América Latina, de fuerte presencia civil y disimulada complicidad militar, busca envolver bajo una semblanza institucional mínima al Órgano Legislativo, manteniendo su funcionamiento, pero reduciéndolo a un valor nominal. Acciones menos sangrientas, pero no por ello, menos antidemocráticas.

Jorge Richter es politólogo.

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La tragedia como opción política

En elecciones es una sociedad la que dialoga. Las prórrogas indefinidas tiende al autortarismo

/ 18 de julio de 2020 / 11:36

Se esperó pacientemente que las elecciones realizadas el domingo 5 en República Dominicana sirvieran de respaldo al último argumento con el que resisten. Ansiaban presentarlas como un fracaso, un indicativo de que el miedo y el temor a contagios masivos constituye la antesala del ausentismo, ese que prioriza el quedarse en casa antes que concurrir a elegir nuevas autoridades. Determinadas también por la pandemia debían constituirse en la referencia irrebatible de cuan inoportuno puede ser el proceso electoral en Bolivia. Las elecciones expresaron un profundo compromiso y valoración institucional. La asistencia señaló números masivos y el evento transcurrió situando a la emergencia sanitaria como algo sensible pero que no detiene la construcción del Estado.

El suspirado y ansiado fracaso no llegó. La nueva normalidad electoral mostró su éxito en largas diez horas de jornada democrática. Con un padrón de votantes que tiene cifras idénticas a las de Bolivia, se alistaron 7.529.932 electores, cerca de medio millón de estos votantes se encuentra en el extranjero; sufragaron 4.163.275, en un sistema caracterizado por el voto voluntario desde el año 2010 y donde no existe sanción alguna por la no asistencia a elegir. Los observadores internacionales fueron 151 y pertenecían a diversos organismos. Estuvo presente la Misión de Observación de la OEA, la gente de la International Foundation for Electoral Systems (IFES), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, entre otros organismos. También estuvieron presentes en las ciudades de Miami, Nueva York y Madrid, lugares donde los dominicanos pudieron cumplir con el deber cívico.

El chileno Eduardo Frei, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA desplegada en República Dominicana, aplaudió el comportamiento y compromiso de ciudadanos y autoridades electorales que, pese a la presencia de la pandemia, organizaron un momento electoral al que calificó de exitoso. En una coyuntura donde la manifestación crítica del COVID-19 es monotemáticamente la cuestión de referencia, el país centroamericano — que presenta cifras de población contagiada con coronavirus en números similares a Bolivia y que un día antes del acto eleccionario alcanzó la curva más alta de infecciones— priorizó el debate programático antes que la cuestión sanitaria.

La tragedia como opción política. Las elecciones han quedado señaladas para el 6 de septiembre. García Hamilton expone en su libro ¿Por qué crecen los países? que el factor de la debida institucionalidad es uno de los elementos más sensibles que contribuyen al desarrollo y estabilidad de los Estados, dentro de ellos, de manera fundamental, la conformación y estructuración del gobierno. La tradición boliviana, de respeto a la constitucionalidad y a las formas democráticas de gobernarnos, no certifica indicadores que lleven a comprender que se han consolidado valores políticos/ institucionales suficientes que los consagren como prioridades inquebrantables. En esa línea de tradición negativa, desde la promulgación a desgano de la Ley 1304 que establece fecha límite para la realización del proceso electoral en el país, de forma sistemática, el poder gubernamental y los sectores duros del noviembrismo se empeñan en detener, con diversos razonamientos y acciones, la cita electoral. ¿Cómo hacerlo posible?

Discursivamente, para los negacionistas del valor de la institucionalidad electoral, el énfasis comunicacional es una aceptación —no podría ser de otra manera— con rostro serio a la convocatoria del proceso eleccionario. En los hechos, solo la tragedia de miles
y miles de contagios inducidos y de un pánico colectivo a la pandemia es lo que puede llevarlos a obtener su objetivo. Bajo ese lúgubre diseño estratégico, el país vive una cuarentena nominal y no efectiva, llevando a la calle a miles de bolivianos bajo formas de control aparente (los gobiernos municipales y departamentales, con sus gestiones ya concluidas encuentran en el perverso modelo la encantadora posibilidad de extender su mandato con administraciones facilitadas por la emergencia) y planes de rastrillaje sin realización de pruebas de contagio para guiarse, únicamente, por la sintomatología general de quien en apariencia puede ser un infectado. Todo un trazo meditado para colapsar los centros hospitalarios, y en ese cuadro dantesco, encontrar el respaldo argumentativo irrebatible de postergar las elecciones hasta el siguiente comunicado.

Impedir la votación nacional le significa al Gobierno acumular adeptos entre quienes ya dejan en duda su convicción democrática y observan arriesgadas conductas no constitucionales. Bajo esa presión que impone la realidad nacional e internacional, la señora y sus adjuntos pretenden un proceso electoral calificado donde no todos alcancen tomar parte para ser electos, ni todos tampoco logren elegir libremente según sus afinidades. Desde el 22 de junio, un día después de promulgada la ley de elecciones, trajinan metódicamente en la anulación de dirigentes y políticos vinculados a los movimientos sociales y al partido con el que éstos se instrumentalizan electoralmente. A contrarreloj y con la desesperación apoderada de sus rostros quieren al candidato opositor inhabilitado. Su idea de elecciones no es la convencional, acá también pretenden deformarla según su necesidad. Piensan en una jornada electiva entre iguales, sin oportunidad de perder y donde la participación se reduzca a cuatro agrupaciones representativas del gremio conservador, dejando excluida la versión popular y de izquierda que en el país representa una importante facción social. Una expresión acabada de cómo vive el noviembrismo su idea de democracia.

Con escasos 32 años, Albert Camus afirmó con experiencia octogenaria: “La inclinación más natural del hombre es hundirse y hundir con él a todo el mundo”. Negarle a un país la libertad para designar a sus autoridades en espacios de igualdad equivale a patrocinar a quienes ya se han adscripto a la destrucción institucional de Bolivia. Es un impulso más para instalar el odio y el racismo, es agrietar sin fin las diferencias con el otro en un insano sentimiento de superioridad. La grandeza solo está en el diálogo. La pacificación entre distintos es una construcción social para coexistir. Los monólogos, en cambio, solo necesitan la obediencia silenciosa de quien está obligado a escuchar. En elecciones, es una sociedad la que dialoga. En las prórrogas indefinidas, el diálogo se convierte en monólogo y éste torna en autoritarismo.

(*) Volvemos a publicar el presente artículo porque el presentado en el anterior número de Animal Político contenía un error de armado. Pedimos disculpas al autor y a nuestros lectores.

Jorge Richter Ramírez es politólogo

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