Voces

martes 14 jul 2020 | Actualizado a 07:05

RRSS y tecnología en el Gobierno

La novedad acerca de la tecnología parece estar en los últimos dos relatos gubernamentales

/ 25 de mayo de 2020 / 05:48

La relación del Gobierno con las redes sociales y la tecnología es diversa. Por un lado, se criminaliza algunas actividades en redes sociales y mensajería como WhatsApp, calificándolas de “desinformación”; y se amenaza con ciberpatrullajes, muy similar a las primeras reacciones del MAS a los resultados del referéndum constituyente de 2016. En este caso, se emitieron decretos con artículos atentatorios contra la libertad de expresión que luego fueron derogados. La reacción del MAS fue intentar regularlas a través de la elaboración de una ley que nunca llegó a la Asamblea Legislativa. El relato aquí es “las redes sociales son malas, hay que controlarlas”.

Por otro lado, como una muestra de confianza en la ciudadanía y transparencia extrema frete al escándalo de la compra de respiradores, la presidenta Jeanine Áñez declaró haberse enterado del caso de corrupción a través de las redes sociales, y que iban a transparentar el proceso de esta compra vía redes sociales. El relato en este caso es “las redes sociales son buenas, probas y transparentes”.

Entretanto, el Ministro de Educación se salta una ley y tres decretos acerca del uso prioritario de software libre en el Estado, y firma un convenio con Microsoft para que capacite a profesores en uso de tecnología para clases en línea. En una entrevista televisiva explicó que se firmó el convenio por la emergencia y porque falta tiempo para enseñar software libre. El relato aquí es “la tecnología, mientras más extranjera es mejor”.

Un segundo ejemplo en esta misma línea es el escándalo del momento, la compra de respiradores. Ni siquiera se ve como opción el financiamiento de respiradores construidos por la UMSA, que eran más baratos y con las mismas características de los adquiridos en España porque no suena bien que sean nacionales, “mientras se pueda mostrar que es extrajera, mejor”.

La novedad acerca de la tecnología parece estar en los últimos dos relatos gubernamentales, las redes sociales como aliadas, como soporte del débil gobierno de Áñez; y el entendimiento superficial de políticas públicas tecnológicas. Cabe preguntarse en el primer caso ¿por qué no se dijo que la información de la contratación de respiradores iba a estar a disposición de toda la ciudadanía, siendo que solo el 50% de población en Bolivia es internauta? Parece ser que es un criterio electoral, ella siente que las redes sociales son su base de apoyo electoral. Lo segundo muestra que existe un entendimiento muy pobre de políticas públicas de gestión de conocimiento y ciencia en el Gobierno. El Ministro no ha tomado una posición porque no conoce las opciones, no conoce lo del software libre como política de Estado, sino que dejó que una empresa aproveche el espacio vacío de políticas públicas para imponer su agenda.

Eliana Quiroz, ciberactivista

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Ciudadanía activa en el desarrollo tecnológico

El ritmo del desarrollo tecnológico hace cada vez más difícil estar actualizado y tomar posición al respecto de las ofertas tecnológicas.

/ 6 de julio de 2020 / 08:21

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la tecnología en general tienen un rol central en nuestras vidas ya sea a través de las redes sociales, la televisión y nuestros celulares, como a través de otros mecanismos menos evidentes como los algoritmos que gobiernan las lógicas de las plataformas tecnológicas o la inteligencia artificial que incluye a las computadoras en procesos de análisis y predicción complejos.

Las personas solo vemos y entendemos la etapa del uso de esos procesos complejos de creación: cómo funciona un celular, cómo descargar una app, qué se requiere para abrir una cuenta en un servicio, etc. No logramos entender los problemas que implican todos los pasos para llegar a que una tecnología esté en nuestras manos. Esta complejidad, nuestra falta de entendimiento de ella y la creencia de que la tecnología no tiene dinámicas de poder son algunos de los principales temas de debate acerca de la tecnología hoy en día.

El ritmo del desarrollo tecnológico hace cada vez más difícil estar actualizado y tomar posición al respecto de las ofertas tecnológicas, sea un juego con FaceApp que pide datos personales a cambio de mostrar cómo nos veríamos como viejos, o sea una empresa como Google o Cisco ejecutando políticas educativas públicas en un país. Preguntas como ¿Está bien jugar con FaceApp siendo que ya tantos servicios tienen nuestros datos de reconocimiento facial (una más qué importa)? ¿O será que es posible tomar decisiones acerca de qué datos personales compartir con qué empresas y bajo qué términos?

En el segundo ejemplo, las preguntas: Si un Estado no tiene la capacidad tecnológica de Google o Cisco, ¿el mejor camino para una política educativa de calidad es firmar convenios con estas empresas para que ejecuten políticas públicas tan sensibles como la educación? ¿O existen otros caminos que incluyan la soberanía tecnológica de los Estados y de la ciudadanía a la vez que incluyan desarrollos tecnológicos a los procesos educativos?

Las respuestas no son blanco o negro, no podemos llegar a la conclusión que las empresas de base tecnológica son los actores malos y no hay que trabajar con ellas bajo ningún aspecto o que los Estados siempre quieren usar tecnología para vigilar a su ciudadanía, por lo que hay que enfrentarlos, o que la ciudadanía nunca hace uso abusivo de las tecnologías. Ninguna de estas aseveraciones es completamente real o completamente falsa. Hay debates amplios detrás de cada una de ellas.

Lo que queda, aunque creamos que no hay tiempo para ello, es informarse lo mejor que se pueda, entender que hay juegos de poder en cada fase del desarrollo tecnológico y tomar un rol activo en la defensa de los derechos ciudadanos al usar estas tecnologías.

*Es ciberactivista y burócrata.
blog: www.internetalaboliviana.
word-press.com

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IMSI-catchers, antenas de vigilancia

Estos usos de IMSI-catchers sin una orden judicial son claras vulneraciones a la privacidad de la comunicación de usuarios y usuarias de telefonía móvil.

/ 8 de junio de 2020 / 06:24

La semana anterior, South Lighthouse, una organización de investigación basada en Chile, presentó un estudio de mediciones que detectó anomalías en la red telefónica en tres ciudades de Latinoamérica (Caracas, La Paz y ciudad de México), así como en la frontera Colombo-Venezolana. Estas anomalías podrían haber sido provocadas por IMSI-Catchers para hacer vigilancia ilegal.

Un IMSI-catcher es una antena de telefonía móvil falsa que se coloca para interceptar la comunicación entre los teléfonos celulares y las antenas verdaderas de la empresa proveedora de servicios (por ejemplo, Tigo o Entel) y, de esa manera, obtener información del celular y de las comunicaciones. Un IMSI-catcher puede hacer varias cosas, desde identificar la ubicación de un celular —y por tanto de una persona —; intervenir llamadas telefónicas, no así las que hacemos por WhatsApp o Signal en principio; disminuir o incrementar la potencia de transmisión del aparato; acceder a metadatos y claves de comunicaciones cifradas y escribir protocolos sobre la memoria del dispositivo.

Estos usos de IMSI-catchers sin una orden judicial son claras vulneraciones a la privacidad de la comunicación de usuarios y usuarias de telefonía móvil y, por supuesto, alarma conocer la posibilidad de su existencia y uso. La CPE y la Ley de Telecomunicaciones protegen el derecho de privacidad y de privacidad de las comunicaciones.

Sin embargo, con la información publicada por South Lighthouse no se puede aseverar que las anomalías detectadas se deban a la actividad de IMSI-catchers y tampoco atribuirlas a una entidad o persona. El mismo Carlos Guerra, uno de los autores y miembro de South Lighthouse dice: “aunque declarar con 100% de certeza que una antena en particular es un IMSI-catcher y aún más atribuir su uso a un actor específico es sumamente difícil, conseguimos varias anomalías de interés en todas las zonas monitoreada.” Es verdad, no se puede aseverar que el gobierno anterior o el actual hayan usado o estén usando IMSI-catchers para vigilar a la ciudadanía, pero sí sospecharlo.

Corresponde una investigación y una explicación pública por parte de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) y del Ministerio de Obras Públicas al respecto. El viernes de la anterior semana, la ATT emitió un comunicado al respecto donde menciona que se ha instruido hacer una investigación para identificar la existencia de antenas sospechosas y se adelanta a declarar que el Estado, a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, ni ninguna otra institución pública/privada nacional o internacional tiene facultades para instalar antenas para espionaje.

Quedamos a la espera de los resultados de esta investigación con gran preocupación.

Eliana Quiroz
Es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana.
word-press.com

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Ciberpatrullaje vs. derechos humanos

El ciberpatrullaje invade la privacidad de las personas, restringe su libertad de expresión y las criminaliza

/ 27 de abril de 2020 / 06:12

El Decreto Supremo 4200 incluye un artículo (13) que faculta al Ejecutivo a iniciar denuncias penales por la comisión de delitos contra la salud pública a personas que estén desinformando acerca del COVID-19. Y pocos días después de la aprobación de este decreto, el Gobierno aclaró que se están haciendo ciberpatrullajes para identificar a quienes estarían desinformando.

Tenemos dos puntos de información de la ejecución de ese artículo. Primero, una declaración del Ministro de Gobierno, en la que dio a conocer la detención de  67 personas por desinformar, 37 de las cuales ya tendrían sentencia ejecutoriada. Y el segundo, la acusación a una persona en Santa Cruz por administrar 75 grupos de WhatsApp en los que “desinformaba a la gente y atacaba al actual Gobierno como tirano, dictador y golpista”, según detalla una nota publicada en el periódico El Deber. Los grupos que administraba son “Cruceños MAS-IPSP”, “Arce presidente”, “somos millones IPSP-MAS”, “socialistas de pie” y otros.

Estas disposiciones se estarían dando en otros países de la región aprovechando las medidas contra el COVID-19. En Argentina hay un caso similar. Detuvieron a un muchacho porque habría mencionado la palabra saqueo en un tuit. En Colombia también se ha informado sobre labores de ciberpatrullaje para combatir la desinformación.

Hay varias consideraciones que hacer al respecto. En primer lugar, el ciberpatrullaje se realiza a todos y a cualquiera, es decir, invade la privacidad de las personas, restringe su libertad de expresión y las criminaliza. Porque, al sentirse observados por fuerzas del orden buscando criminales, los usuarios se pueden sienti intimidados y evitan decir o hacer algo. Para ejecutar una medida de tal magnitud debe estar expresada claramente en un instrumento legal tanto como sus sanciones. Además, debe ser una medida proporcional al delito. Ninguna de estas condiciones se cumple en el caso boliviano.

Internet y las redes sociales, así como cualquier espacio público donde una persona pueda expresar sus opiniones, sirven —entre otros objetivos— para canalizar el disenso y la disconformidad en contra del Gobierno. Es decir que si alguien asegura que el Gobierno es tirano, dictador y golpista, esta aseveración puede ser calificada, a lo sumo, como una difamación. Delito cuya pena, entre otras sanciones, es una disculpa pública. La exhibición de la persona de Santa Cruz esposada y rodeada de policías armados no parece ser proporcional al posible delito.

Además, al parecer los grupos de WhatsApp que administraba esta persona están alineados a la versión de “golpe de Estado” de los acontecimientos de noviembre de 2019. Por tanto, si el contenido era ese, no podría ser calificada como desinformación. Sin embargo, se tiene poca información pública del caso como para aseverar algo en este momento. Parece, en realidad, que el mencionado artículo del DS 4200 abre el espacio para la arbitrariedad y el abuso de poder, y estaría funcionando como un mecanismo de intimidación que lleva a la autocensura.

Eliana Quiroz, ciberactivista

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Libertad de expresión y COVID-19

Resulta irreal pensar que una norma que prohíbe las noticias falsas evitará que se produzcan y difundan

/ 13 de abril de 2020 / 06:57

El Decreto Supremo 4200, del 25 de marzo de 2020, fue emitido por el Gobierno para hacer frente al COVID-19. Entre las medidas establecidas por este decreto están principalmente la cuarentena y un par de paliativos sociales, como las reducción de las tarifas de los servicios básicos y subsidios alimenticios.

Sin ser este su principal tema, en el Art. 13, numeral II, se dispone una medida relacionada con la libertad de expresión, la cual establece que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo, desinformen o generen incertidumbre a la población serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”. Varios países en la región (Perú, El Salvador y Honduras, por mencionar algunos) han elaborado proyectos e incluso aprobado normas con el mismo tenor, orientado a evitar los daños que algunos contenidos publicados en internet puedan producir.

Ya conocemos que las noticias falsas y los procesos de desinformación pueden polarizar a las sociedades, producir alarma social, radicalizar discursos de odio, promover violencia digital, lastimar la cohesión social, entre otros resultados nocivos. Es indiscutible la necesidad de dar soluciones a problemas como estos. Sin embargo, pensar que una norma los resuelve puede vulnerar derechos humanos básicos como la libertad de expresión y ser poco efectivo.

Es irreal pensar que una norma que prohíbe las noticias falsas evitará que se produzcan y difundan. Es posible crear cuentas anónimas precisamente como reacción a una norma de este tipo, para poder seguir expresando libremente opiniones o generar disturbios en la opinión pública digital. Identificar la identidad de las cuentas es engorroso y toma tiempo, y en determinados caso es imposible.

Además, no es deseable. Una norma de este tipo desincentiva la libre expresión porque no hay claridad en ¿quién juzga qué es desinformación o generación de incertidumbre?, ¿qué es desinformación y qué no lo es?, ¿o qué grado de incertidumbre debe generar para iniciar el mencionado proceso penal? Por ejemplo, los informes diarios del progreso de la infección que emite el Gobierno generan nervios e incertidumbre en la población, porque no hay certeza del futuro. ¿Serían entonces plausibles de ser acusados bajo este artículo? Son algunas preguntas que requieren un debate social más amplio para poder llegar a soluciones complejas.

El Gobierno necesita calibrar el delicado equilibrio entre garantizar la paz social y dar todas las condiciones para un debate democrático y el desarrollo de internet como tecnología que favorece las libertades, incluso en un estado de excepción como el actual.

Eliana Quiroz, ciberactivista

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