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viernes 25 sep 2020 | Actualizado a 05:59

Bs 2.000 millones para paliar las necesidades de la pandemia y la economía en el país

/ 3 de agosto de 2020 / 03:35

El Gobierno aprobó el Decreto 4301, declarando al país en estado de calamidad pública. Esto le permitirá disponer de Bs 2.109 millones, el 1% del Presupuesto General del Estado, y destinará estos fondos para atender necesidades impostergables de carácter económico, provocadas por los efectos negativos del coronavirus, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) autorice los créditos ya comprometidos.

La realidad y las perspectivas de la economía nacional se las puede describir de la siguiente manera: la recesión mundial también afectará el país; organismos internacionales estiman que habrá un decremento del PIB. En el presupuesto nacional 2020, el PIB se estimó en unos $us 44.000 millones, que podrían bajará a 39.000 millones. Las reservas internacionales, con los préstamos por $us 3.500 millones que están para aprobación de la ALP, llegarán a fin de año aproximadamente a unos $us 8.000 millones.

El endeudamiento externo alcanza a $us 12.000 millones, y aún mantiene un margen para endeudarse de entre $us 7.000 y 8.000 millones, de acuerdo a parámetros internacionales. La deuda interna rondará los $us 5.000 millones. Seguiremos con una balanza comercial negativa, pero no tan marcada como la del año pasado. Llama la atención la carga salarial en la administración pública, que está en unos $us 6.000 millones al año, y los ingresos por impuestos son algo más de $us 7.000 millones, según el presupuesto general de 2019.

Los nuevos créditos que gestiona el Gobierno son: $us 450 millones del BID para el proyecto “Apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por coronavirus”; $us 350 millones de la CAF para el programa “Línea de Crédito Contingente de Apoyo Anticíclico”. Luego está el préstamo de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial, por $us 70 millones, destinado a proyectos de resiliencia urbana. El cuarto préstamo, también de la CAF, por $us 11,5 millones, es para el proyecto “Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Alto”.

A estos $us 881,5 millones se le deben añadir los $us 1.500 millones que se emitirán en bonos soberanos —que ya fueron previstos por el gobierno del MAS al elaborar el presupuesto 2020—, ahora destinados a enfrentar la crisis generada por el coronavirus.

La actual administración hizo los esfuerzos necesarios para conseguir recursos externos que permitan cubrir la caída de los precios de nuestras exportaciones, la baja recaudación tributaria por ampliación de plazos por la pandemia y el presupuesto adicional para la salud.

Si la Asamblea se tomase la molestia de revisar las condiciones de los financiamientos ofrecidos, comprobaría que son más flexibles que las obtenidas por la anterior administración gubernamental. La ALP debe actuar de manera responsable, oportuna y en bien de la población en general, para brindar certidumbre sobre la sostenibilidad de sus fuentes laborales, viabilizando la aprobación de los créditos en curso, ahora bajo su jurisdicción.

Entendemos que estos recursos serán utilizados en la implementación del Programa de Reactivación del Empleo y otras medidas de la lucha contra el coronavirus. El Secretario General de las Naciones Unidas fue claro al señalar que “en un contexto en el que ya existen enormes desigualdades, niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, las poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas”. No autorizar los préstamos muestra a la Asamblea como despreocupada por la población boliviana.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, presidente de Fundempresa, PhD y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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Construcción, motor de la economía que está en crisis

/ 25 de septiembre de 2020 / 03:17

El sector de la construcción —considerado como uno de los motores de la economía— está en un periodo de decrecimiento económico. Según los datos del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) del INE, a abril, la actividad de la construcción bajó 48%, si se lo compara con el registro a abril de 2019.

La producción de las cinco empresas cementeras del país (Soboce, Coboce, Fancesa, Itacamba y Ecebol) bordean las 6 millones de toneladas al año. Si el Gobierno no aprueba proyectos de gran envergadura, como obras hidroeléctricas, aeroportuarias, caminos asfaltados y exportaciones, se tendrá un exceso de oferta, que puede traer problemas adicionales.

Los datos del INE muestran la existencia de una capacidad instalada suficiente para abastecer la demanda interna. Esto muestra la urgencia de ejecutar proyectos de infraestructura estratégicos pendientes que lograrán la exportación de cemento. La actividad de la construcción vive una desaceleración desde 2016, y en 2019 se tradujo en un crecimiento de solo 1,91%, inferior al aumento del PIB de la economía nacional de ese año, que fue del 2,22%. Ahora, esta reducción de su crecimiento se convirtió en recesión, con una caída en el PIB de 9%.

Todas las medidas de cuidado sanitario dispuestas por el Gobierno para reducir los efectos del COVID-19 en la población, como el confinamiento, paralizaron casi toda las actividades, entre ellas la construcción. El consumo de cemento acumulado en el primer cuatrimestre de este año (enero-abril) llegó a 787.586 toneladas métricas, frente a 1.197.487 toneladas métricas en los cuatro primeros meses de 2019. Otro indicador que tuvo una caída abrupta fue el de los permisos de construcción que otorgan los gobiernos municipales. Según el IGAE, los tres primeros meses de este año las alcaldías dieron permisos para construir 215.634 metros cuadrados, cuando en 2019 llegaron a 655.030 metros cuadrados, una reducción de algo más del 60%.

Con esta información en mano coincidimos con el Centro de Estudios Económicos y Desarrollo (CEED) de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y las Cámaras de Construcción de Bolivia, cuando afirman que el sector enfrenta una situación muy difícil, que demanda del Gobierno medidas adecuadas y oportunas, como cancelar todas las deudas que tienen las instituciones públicas por planillas de avance de obras impagas, y la puesta en marcha en el menor tiempo posible del “Programa Intensivo de Empleo” a cargo del Fondo Nacional de Inversión Productiva, Social, más otras medidas para reactivar el sector.

De acuerdo con el INE, entre enero y junio de este año la actividad económica tuvo una caída del 7,96%, comparada con similar periodo de 2019. Este descenso se debió al impacto negativo que sufrieron la minería, la construcción y el transporte, por la cuarentena.

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco)  fue enfática al remarcar que la pandemia agravó la situación de las empresas constructoras que exigen al Gobierno, desde hace muchos meses, el pago de deudas por concepto de obras entregadas y en ejecución, cuyo monto es de aproximadamente Bs 2.500 millones.

Se estima que el sector de la construcción genera en el país aproximadamente un millón y medio de fuentes de trabajo, entre empleos directos e indirectos. El rubro de las empresas constructoras sostiene el 8% del empleo total en Bolivia y cada año absorbe el 25% de los puestos nuevos que se crean y tienen repercusión directa sobre una cadena de actividades económicas como la provisión de materiales industriales, los diseños de obra, el transporte y los servicios, remarcó Ronald Nostas, presidente de los empresarios de Bolivia. En marzo, durante el primer Foro Boliviano de la Construcción, las autoridades del Gobierno se comprometieron a atender de forma prioritaria los principales problemas del sector, como el pago de planillas de proyectos concluidos y en ejecución, liberación de garantías de proyectos concluidos.

El 2019, el consumo de cemento en Santa Cruz llegó a 1.059.160 toneladas; el segundo mayor consumidor de este año fue Cochabamba con 993.097 toneladas y La Paz ocupó el tercer lugar con 877.385 toneladas. Los tres suman 2.929.6542 toneladas, que representan el 74,03% del total nacional. La afirmación de que la construcción está en crisis se refuerza con los indicadores expuestos y son preocupantes por la caída del PIB de entre 8% y 9%.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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Normas claras para activar el sector productivo

/ 31 de agosto de 2020 / 02:39

Si queremos que el sector privado coadyuve de manera activa en la solución de los problemas nacionales —como lo dijimos en reiteradas oportunidades —, necesitamos que el país tenga normas claras y definidas, para coadyuvar al sector privado.

Se estima que las pérdidas del sector comercial, en lo que va del año, ascienden a unos $us 1.500 millones, fruto tanto de la recesión económica como de las cuarentenas rígidas y flexibles, y bloqueos por la crisis política que han paralizado el país.

Solo en la cuarentena rígida de marzo el sector ha perdido $us 400 millones. Los 15 días del bloqueo que vivió el país han significado por lo menos $us 70 millones de pérdidas para el sector empresarial del comercio, transporte y turismo.

En este escenario, hace pocos días la Cámara Nacional de Comercio presentó al Gobierno el proyecto de Ley Nacional de Pausa Regulatoria e Impulso a la Inversión, que servirá como instrumento para encarar satisfactoriamente estos problemas.

Esta organización empresarial recuerda que «Bolivia enfrenta una tormenta perfecta que afecta la dinámica empresarial del país debido a la triple crisis provocada por la emergencia sanitaria, una economía que sufre la recesión más fuerte de los últimos 100 años con una caída del 7% del PIB, y la inestabilidad política. Los efectos de esta triple crisis constituyen seguramente el mayor reto de la historia de Bolivia y por lo tanto las respuestas y acciones deben estar a la altura de este desafío».

La ley que plantea esta organización empresarial permitiría instaurar un marco regulatorio flexible en los ámbitos tributario, financiero, laboral y otros inherentes a la actividad económica formal. También está pendiente renovar el contrato para la administración de Fundempresa, planteado por las organizaciones empresariales como la CNC, la CNI, la CEPB y federaciones departamentales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su más reciente informe sobre comercio internacional e integración, señala que hasta mayo el volumen del comercio mundial acumuló una caída de -17%, y el valor del comercio de América Latina y el Caribe se redujo en casi un cuarto en 2020 (-23%).

El actual Gobierno —en el poco tiempo que le queda en la administración del país— y el que salga elegido de los próximos comicios, debe aplicar políticas para la generación de «empleos dignos» y reactivar la economía.

También se tiene pendiente la renovación de la concesión del registro de comercio (Fundempresa), como tema prioritario por los empresarios.

Para llevar adelante estas tareas, el sector privado ofrece a sus profesionales para aportar en la «proyección del futuro». Las autoridades nacionales deben conformar, con carácter de urgencia, un Comité Interinstitucional de Coordinación y Articulación Público-Privado para la Reactivación de la Economía y el Empleo de Bolivia.

En este panorama preocupante, surgen caminos que permiten incentivar el comercio en este periodo de cuarentenas. Estamos hablando del “e-commerce”, una opción de comercio con soporte electrónico, poco aprovechado en los últimos años.

Ahora, el e-commerce es la opción que facilita comparar precios, comprar y vender a cualquier hora, permitiendo no solo ahorrar sino también evitar el contacto físico.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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La CNC está firme en sus principios de digitalización

/ 14 de agosto de 2020 / 02:02

La empresa que sobreviva esta crisis será aquella que enarbole la innovación y tenga un enfoque sostenible de los negocios. De esta forma estará preparada para enfrentar la competencia e impulsar su crecimiento.

Se busca que las empresas tengan mayor productividad y mejor competitividad sectorial, el desafío es impulsar la Economía 4.0, de transformación digital de las organizaciones empresariales privadas.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) de Bolivia participó de este importante lanzamiento, el “Plan de digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME’s) para el comercio exterior de Bolivia”. Se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Viceministerio de Comercio Exterior e Integración. Este importante programa desarrollado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Kolau, socio estratégico de Google, permitirá la creación de páginas web y el servicio de georreferenciación y promoción en línea de bienes y servicios que brindarán una  plataforma en Google para las micro, pequeñas y medianas empresas bolivianas de manera gratuita.

Desarrollar la cultura digital en Bolivia es vital para generar mejores condiciones de vida y reactivar la economía. Para esta reactivación económica es necesario fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que en Bolivia el mayor número de compañías registradas son unipersonales —micro y pequeños emprendimientos— que representan un 80% del total de las empresas formales del país. Tenemos un déficit en la oferta de bienes y servicios digitales.

Es importante en este tiempo ver que los nuevos escenarios de hacer comercio en el país y el mundo nos dicen que la digitalización de las empresas ya no es una opción, sino una necesidad, es por esto que hoy comienza el Plan de Digitalización para un mínimo de 10.000 MiPyME’s por año, por tiempo indefinido y de manera gratuita, lo cual les permitirá difundir y comercializar sus productos tanto en Bolivia como en mercados internacionales; así seguiremos fortaleciendo el comercio exterior y generando mayores fuentes de empleo, para seguir aportando al crecimiento económico de nuestro país.

A pesar de las vicisitudes por las que atraviesa el sector empresarial, hemos visto que los empresarios y emprendedores están dispuestos y tienen el potencial para reinventarse. Es por eso que la Cámara Nacional de Comercio estará para coadyuvar y asesorar a las MiPyME’s en su proceso de transformación digital.

En Fundempresa —la mejor muestra de articulación público-privada—, que maneja el registro de comercio en Bolivia, tenemos más de 320.000 empresas registradas y trabajaremos en el marco de este programa para digitalizarlas, haciéndolas más productivas y competitivas en el mercado nacional e internacional.

La integración comercial de Bolivia, con  cadenas de valor efectivas y eficientes, que nos permita crear industrias y servicios fuertes, competitivos y capaces de atraer clientes desde el exterior, con empresas formales altamente innovadoras y conectadas con los principales mercados del mundo, como la Comunidad Económica Europea, con 800 millones de consumidores, la Comunidad Andina y el Mercosur.

Planteamos al país la necesidad de desarrollar una Nueva Política Comercial de Integración y Desarrollo, con la creación del Consejo Económico y Social, en el que el sector privado y público puedan encontrar un espacio institucional de discusión y desarrollo de políticas públicas en pro del emprendimiento y la inversión.

Poner en vitrinas mundiales nuestra cultura permite también abrir mercados para nuestras industrias de alimentos, textiles, maderas y cueros, entre otras. La lista es interminable, pero la idea esencial es que la vinculación productiva es más necesaria que nunca. Por eso se recomendó a la Cancillería la creación de la Agencia de Promoción de Exportaciones, Turismo e Inversiones en las delegaciones de Bolivia en el exterior.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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Fundempresa, exitosa alianza público-privada

/ 24 de julio de 2020 / 07:38

La Fundación para el Desarrollo Empresarial, más conocida como Fundempresa, es uno de los mejores ejemplos de que la alianza de los sectores público y privado puede desarrollar un trabajo ejemplar. Se requiere ampliar la concesión de Fundempresa mínimo por 15 años, decisión que debe tomar el Gobierno.

Fundempresa logró eliminar la burocracia. Ahora puede realizar los trámites de registro de la actividad comercial en no más de 24 horas, utilizando tecnología de punta que ofrece seguridad y rapidez a los empresarios.

Además, Fundempresa es una muestra exitosa de que la alianza público-privada permite incursionar en la economía 4.0, la economía del talento, pues modernizó el sistema de registro para que en un día terminen las diligencias para registrar a una empresa.

La Fundación para el Desarrollo Empresarial, organización sin fines de lucro, fue fundada el 29 de septiembre de 2001, cuando el gobierno aprobó el Decreto Supremo 26335, por el que adjudicaba la Concesión del Servicio de Registro de Comercio a las organizaciones empresariales que conforman su directorio.

La aprobación del nuevo Manual de Procedimiento de Trámites del Registro de Comercio convierte a Bolivia en pionera en el uso de la firma digital y ayudará a que sea más fácil el establecimiento de una empresa. Se busca que por medio de la innovación tecnológica se hagan todos los trámites del Registro, en tiempo récord, sin necesidad de la presencia física.

Para hacer los trámites en forma virtual, las empresas deberán ingresar al portal web www.miempresa.gob.bo, lo que les permitirá reducir los tiempos del trámite y bajar los costos.

El Registro de Comercio tiene la finalidad de registrar el nacimiento, los actos de comercio, la operación y la cancelación de las empresas y sociedades comerciales, para que cuenten con seguridad jurídica. También lleva cuenta de los actos, contratos y documentos comerciales que por mandato legal deben inscribirse.

De esta forma, Fundempresa —que gestiona el servicio cero corrupción— amplía la cobertura de sus servicios, mejora el clima de negocios en el país y reduce los riesgos que representa hacer filas en estos tiempos de la pandemia del COVID-19. Además, mejora su posicionamiento empresarial en el ranking Doing Business.

De acuerdo con datos de esta fundación, a mayo de este año la Base Empresarial Vigente estuvo compuesta por 331.563 empresas, superior en 3,5% en relación al mismo mes de la gestión pasada. Estas cifras muestran a todas las empresas y sociedades, incluyendo a las que no actualizaron su Matrícula de Comercio.

De este total nacional, el 31% se encuentra en La Paz, el 30% en Santa Cruz, el 17% en Cochabamba y el 22% en el resto de los departamentos. Por tipo societario, el universo de empresas registradas en Fundempresa refleja que el 79% son empresas unipersonales, el 19% son sociedades de responsabilidad limitada y el 2% son sociedades anónimas y otros tipos societarios.

La composición de las empresas registradas, agrupadas por actividad económica, es la siguiente: el 37% se dedica a la venta por mayor y menor, el 13% a la construcción, el 11% a la industria manufacturera, el 9% se dedica a servicios profesionales y técnicos, y el 30% al resto de actividades económicas.

Entre enero y mayo de este año, Fundempresa inscribió en el Registro de Comercio 4.429 nuevas empresas, un 46% menos comparado con la gestión 2019, cuando se inscribieron 8.190 empresas.

La actividad comercial en nuestro país tiene normas que la regulan desde los inicios de la República. En 1834 se aprobó el Código Mercantil, donde se establecieron los requisitos para que una persona pueda llamarse legalmente comerciante: 1) que se inscriba en la Matrícula de Comerciantes, 2) que emplee su capital en negocios o actos de comercio y 3) que se ocupe habitualmente de ellos con el ánimo de lucrar.

143 años después de que Andrés de Santa Cruz aprobara el Código Mercantil se promulgó en 1977 el nuevo Código de Comercio, que dispuso que el Registro de Comercio, que por cuadro décadas estuvo a cargo de las Cámaras de Comercio, pase al Ministerio de Industria y Comercio.

Mediante Acta de Fundación del 10 de octubre de 2001 y reconocida mediante Resolución Prefectural 541, del 8 de noviembre de 2001, la Cámara Nacional de Comercio; la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz; la Cámara Nacional de Industrias y la Cámara de la Construcción de Santa Cruz crearon la Fundación para el Desarrollo Empresarial, especializada en la administración transparente, eficiente y oportuna de registros públicos vinculados a la actividad comercial del país y de información empresarial.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ph. D., presidente de Fundempresa y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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La prioridad del gobierno debería ser reactivar la producción y el mercado

La clave de la respuesta nacional en esta pandemia es identificar los sectores más afectados que permitan una respuesta focalizada

/ 2 de julio de 2020 / 11:26

También de pan vive el hombre, podemos decir con seguridad en estos momentos de crisis de salud, para reflejar la preocupación que tiene el boliviano por su economía, pues opta por salir a desarrollar alguna actividad que le genere ingresos, arriesgando su vida por un contagio del COVID-19.

Esta realidad llevó al gobierno a anunciar hace pocos días la puesta en marcha de un Plan de Reactivación del Empleo, con un fondo de 16.000 millones de bolivianos, para atender toda la emergencia económica generada por el coronavirus. Aproximadamente 6% del PIB de Bolivia.

Si bien los empresarios ponemos en primer lugar la salud de la población, también estamos conscientes de que no atender los problemas económicos pueden derivar en males tal vez mayores que la pandemia. Por eso expresamos nuestro respaldo al plan gubernamental de emergencia económica.

La aplicación de este plan de emergencia debe ser inmediata. No podemos dejar esta tarea al próximo gobierno que será elegido en las elecciones programadas para septiembre próximo. La urgencia exige inmediatez en el accionar del gobierno transitorio.

Como señaló Juan Antonio Morales, prestigioso economista, en el webinar La economía boliviana en tiempos del COVID-19, patrocinado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la política macroeconómica, fiscal y monetaria debe apuntar a reducir la brecha del PIB actual con el PIB de largo plazo, para lo que es indispensable el acceso a fuentes externa de financiamiento, lo que permitirá la recuperación de la producción.

Este profesional insistió en que la estabilidad macroeconómica debe asentarse en aspectos más estructurales, como una mayor inversión y una mayor participación privada en la generación del PIB, que permitan reanudar la producción y volver a las fuentes de trabajo, superando cuellos de botella como el transporte, la provisión de materia prima y restablecer los canales de comercialización, evitando las restricciones crediticias.

En la misma webinar, el también economista Fernando Candia recordó que ahora vivimos en mucha incertidumbre, la misma que solo se corregirá con un plan claro y preciso de mediano plazo, que oriente las acciones públicas y las expectativas privadas a corregir los desajustes micro y macro económicos.

La clave de la respuesta nacional en esta pandemia es identificar los sectores más afectados que permitan una respuesta focalizada, eligiendo y priorizando sectores que necesitan apoyo, como el exportador, las microempresas y trabajadores por cuenta propia.

A su turno Ramiro Cavero, el tercer economista que participó de la señalada webinar, recordó que la situación económica nacional ya estaba en crisis antes de la llegada del coronavirus, con una gran caída de las exportaciones, elevado déficit fiscal comercial, elevado crecimiento de la deuda externa e interna, desaceleración de la economía.

Esta situación económica ya era insostenible. Si a ello sumamos los problemas generados por el COVID-19 se requiere con urgencia un importante ajuste económico, y para minimizar los efectos se requiere un elevado financiamiento externo.

Según una encuesta de la Cámara Nacional de Industrias, el 75% de las empresas tiene dificultad para pagar sus créditos, el 80% no podrá invertir este año; entre el 80 y 90 por ciento tiene dificultades para pagar sus impuestos, comprar insumos o pagar sueldos; y el 73% se verá obligado a reducir su fuerza laboral.
En este panorama, al gobierno de transición le queda una situación financiera tranquila, con liquidez y apoyo patrimonial para que siga prestando apoyo financiero; y fondos en la caja del TGN, que le permita pagar salario y generar empleo, hasta que el nuevo gobierno tenga tiempo para organizarse y ejecutar su plan económico.

Como lo reconocen diversos organismos internacionales, América Latina será una de las regiones más afectadas por la crisis de salud y sus efectos económicos, aunque la recesión no será homogénea entre los países que la integran, señala el estudio COVID-19 y América Latina y el Caribe: los efectos económicos diferenciales en la región, del Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá de Henares.

El estudio explica que esta nueva recesión, la mayor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30, atacará a la región por vías como la baja de las exportaciones; la caída en el precio de las materias primas; el desplome del turismo y el transporte de pasajeros y la caída del flujo de remesas.

Como se puede comprender, de esta crisis no puede estar exento nuestro país. Para encararlo debemos estar juntos para enfrentar el futuro.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, empresario y Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ph.D., miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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