Voces

lunes 8 mar 2021 | Actualizado a 11:44

Excepción pandémica: contra natura

/ 8 de agosto de 2020 / 11:24

Nuestra reflexión anterior partió de la idea de que los bolivianos vivimos, desde noviembre de 2019, en un Estado de Excepción establecido para eliminar políticamente, quizá incluso físicamente, a un sujeto específico: el masista. Dicha categoría puede incluir, sin embargo, a todo disidente que incomode al Gobierno. La Excepción fue impuesta mediante el decreto 4078, que prácticamente legalizó las masacres de Senkata y Sacaba a manos del Ejército y la Policía. A pesar de su derogación, desde entonces, Bolivia vive una situación de no derecho, empeorada desde el inicio de la cuarentena, cuando se agudiza la represión y la supresión de libertades bajo la excusa de enfrentar la pandemia. Asistimos, desde entonces, a la reactualización pandémica del Estado de Excepción boliviano. Un Estado de Excepción al cuadrado.

Sin exagerar. La gestión de la pandemia representa una oportunidad inesperada para el gobierno para endurecer la persecución del masismo y ampliar la categoría de “enemigo público” a más sectores de la población, en vez de ser utilizada como un momento para preparar al sistema sanitario boliviano para el embiste del coronavirus. Así, desde el momento en que se promulga el decreto 4199, que establece la cuarentena total sobre el territorio nacional, los bolivianos sufrimos una abrupta suspensión de derechos y libertades que han hecho de nuestro país uno de los menos democráticos de la región.

Así es como, mientras en otros países la pandemia ha tenido como consecuencia la erección de lo que Svampa llama un “Leviatán Sanitario” materializado en el despliegue de miles de profesionales de salud y la habilitación de cientos de hospitales, en Bolivia se moviliza principalmente a policías y militares, mientras nuestros médicos y personal de salud deben improvisar sus trajes de bioseguridad con bolsas nailon usadas para compras de mercado. Sócrates tenía razón cuando señalaba que tragedia y comedia son dos extremos que se tocan.

Aunque se impone la tragedia, pues la supresión de libertades y derechos ha tenido un efecto muy particular sobre millones bolivianos, que poco a poco han llegado a naturalizar la muerte, acostumbrarse a su presencia y suprimir, en contra de los dictados de la naturaleza, su instinto de autopreservación: contra natura. Salen a trabajar sabiendo que aquello puede matarlos, porque no tienen opción alguna. Cruel paradoja: para salvar sus vidas, deben arriesgarlas. Unos 500 bolivianos, pagaderos una sola vez, es lo que el Gobierno ha ofrecido como ayuda. Muchos de ellos ni siquiera recibieron ese dinero. Levantan las “banderas del hambre”, como apunta Yuri Torrez; el Gobierno despliega más militares y policías.

¿Qué libertades y derechos han sido cercenados? Cuatro, y demos algunos ejemplos:

Primero, derecho a la locomoción. En los primeros cuatro días de cuarentena, 1.200 personas son arrestadas, muchas solo por tratar de asegurarse alguna subsistencia, mientras que miles de familias bolivianas se apilan en las fronteras tratando de ingresar a su propio país, recibiendo en respuesta indiferencia y descalificaciones por parte del Gobierno (¡Sí, incluso ellas llegaron a ser catalogadas de masistas!) Al mismo tiempo, “pititas” extrañamente inmunes a la ley todavía tenían derecho a hacer vigilia en las puertas de la residencia de la embajada mexicana.

Segundo, derecho al trabajo y a la subsistencia, como consecuencia directa de la anulación del anterior derecho. Recordemos por favor, que en Bolivia aproximadamente siete de cada 10 bolivianos pertenecen al sector informal del mercado laboral. Es decir, no tienen aguinaldos, seguro médico ni salarios estables. No pueden hacer “tele-trabajo” ni mucho menos encerrarse en casa relajados a esperar que la pandemia pase. Durante aquellos días, quién sabe por qué, se incrementa el salario de los policías. Uno de ellos toca impúdicamente a una protestante en El Alto. ¿Qué medios de subsistencia ha asegurado el Gobierno para estos bolivianos?

Tercero, derecho a la libertad de expresión. Es desde aquí que podemos hablar de una abolición paulatina de la democracia, pues bajo la excusa de resguardar la salud pública, mediante los decretos 4199, 4200 y 4231, se penaliza toda publicación que pueda ser considerada como desinformación, ampliando la censura incluso al mundo del arte. La comunidad internacional reacciona, el Gobierno retrocede, pero la intención es lo que cuenta y lo que queda. Se realizan ciberpatrullajes y se arrestan a más de 67 personas, por decir una que otra cosa. Junior Arias es amenazado al estilo Arce Gómez, quien junto a Luis García Meza liquidaron otro intento de restauración democrática en Bolivia. Murillo, empero, puede decir lo que quiera.

Cuarto, derecho a la participación política. Comprensiblemente, se postergan las elecciones del 3 de mayo por un plazo de tres meses. No obstante, poco después, la Presidenta se niega a promulgar la ley 1304 para realizar elecciones el 6 de mayo, justo cuando su popularidad se presume mermada por una gestión de la pandemia cuando menos inefectiva, mientras el MAS recupera espacios. La pandemia empeora, pero no miremos el árbol sino el bosque: en los hechos se pretende despojar a los bolivianos de su derecho a decidir. Cuando la libertad de expresión y el derecho a la participación política se anulan, la democracia queda en entredicho. Recuerdo a uno de mis docentes de la UMSA, muy preocupado por el advenimiento de autoritarismos encubiertos durante los años de Morales y ahora me pregunto, ¿dónde está ahora? ¿qué dice sobre lo que pasa hoy? Un liberal consecuente denunciaría el actual Estado de no derecho, aunque no le gusten los “masistas”.

Y quinto, de yapa, las personas no tienen derecho ni siquiera a guardar cuarentena. ¿Cómo lo harían? Pasan dos meses en los que las personas no pueden salir ni a trabajar, y seguramente su bono de Bs 500 ya ha sido agotado. Los hospitales no atienden a las personas por falta de equipos, personal y medicamentos. Objetivamente, no pueden hacer cuarentena, aunque quisieran, y seguramente quieren. Sus condiciones objetivas de vida anulan su derecho a la cuarentena.

Conclusión: la gestión de la pandemia del coronavirus en Bolivia ha sido utilizada por el Gobierno de transición para reactualizar el Estado de Excepción establecido desde noviembre de 2019, fortaleciéndolo a tal punto que la ruptura del agonizante régimen democrático de Bolivia se hace evidente mediante la anulación de libertades y derechos fundamentales. Los bolivianos naturalizan esta situación de opresión y se acostumbran a la presencia de la muerte, suprimiendo el instinto de autoconservación que se supone innato en casi todos los seres vivos. Contra natura.

Scott Mainwaring, en Clasificando Regímenes Políticos en Latino América, define que una democracia se caracteriza por: a) elecciones libres y competitivas por cargos ejecutivos y legislativos, b) permite una ciudadanía adulta inclusiva, c) protege libertades civiles y derechos políticos, y d) los civiles gobiernan sobre los militares. Y volviendo a Bolivia, juzgue usted ¿cuáles de estos criterios se aplican a nuestra realidad, y cuáles no?

Carlos Moldiz Castillo es politólogo

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Acá no hay blancos

/ 26 de febrero de 2021 / 01:35

¿Cómo hablar sobre racismo en Bolivia sin herir algunas sensibilidades? Creo que no es posible. Es un problema que atraviesa a nuestra sociedad hasta la médula, un elemento constitutivo de lo que es la bolivianidad, derivado de los múltiples traumas provocados por la colonialidad de nuestros orígenes republicanos. No obstante, creo que su discusión resulta más incómoda para aquellos que intentan disfrazarlo que para aquellos que se proponen desenmascararlo. En Bolivia hay racismo porque hay racistas, no hay donde perderse.

Cuando el actual presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, calificaba como bestias humanas a las personas que protestaban a lo largo y ancho del país en contra de las pretensiones prorroguistas del gobierno de Áñez, lo hacía desde una lógica señorial que implícitamente se percibía a sí misma como blanca, no india y occidental. De la misma forma que los dos jóvenes que, en indisimulado acto de desprecio hacia los pueblos indígenas de Bolivia, quitaron la bandera wiphala de un espacio público en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, arguyendo haber desconocido que se trataba de un símbolo patrio para justificar su acto de vandalismo, todavía no sancionado hasta donde sé.

En ambos casos, se trataba de un acto de negación de la identidad indígena como otredad, e incluso como una negación de la identidad propia: del yo. Algo que resulta bastante curioso en un país reconocido mundialmente como uno de mayoritaria población indígena. Se puede decir que, virtualmente, no existe un boliviano que pueda considerarse plena o completamente blanco, genealógicamente hablando. No obstante, la irrupción “pitita” de noviembre de 2019 ha abierto la caja de Pandora, y no son pocas las manifestaciones de racismo que se han dado desde entonces.

Pero ahí reside, justamente, la raíz de este problema: en la categoría de blanco, que a estas alturas de la historia universal puede querer decir cualquier cosa, siendo mucho más ambigua en el caso de nuestro país. Si hay algo ajeno, impertinente, no válido, para una realidad como la nuestra es justamente la autoidentificación que alguien pueda tener con la idea de blanquitud. Por otro lado, no hay nada más propio, más esencial, más original que la categoría de indio, que seguramente tiene más asidero histórico y cultural que incluso la de mestizo.

Tal vez la mejor forma de abordar el problema del racismo en Bolivia, al menos en un principio, es apreciar su paradójica naturaleza, pues es una ideología persistente en el más indígena de los países de nuestro continente. Algo que incluso la izquierda tradicional no pudo reconocer durante mucho tiempo, adoptando posiciones paternalistas que a fin de cuentas solo reforzaban la inferiorización de unos bolivianos a quienes pretendían defender frente a otros a partir de los hechos más fortuitos, como el apellido, la casualidad de haber accedido a cierto tipo de educación, o haber nacido en determinado lugar. La película La nación clandestina, de Jorge Sanjinés, es, como me dijo un amigo, una tesis audiovisual al respecto.

De esto me hizo dar cuenta mi pareja. Le llamaba la atención que hablara sobre racismo como alguien ajeno al problema, como si yo no considerara lo indígena como algo ajeno. “No eres blanco”, me aclaró. “Acá no hay blancos, zurdito”.

   Carlos Moldiz es politólogo.

 

Comparte y opina:

Carta abierta al general Tomás Peña

/ 12 de febrero de 2021 / 01:33

La semana pasada encontré un artículo titulado La servidumbre y el politólogo, escrito por el general Tomás Peña y Lillo Tellería, en el periódico Página Siete, donde se fustigaba lo que sostuve en una nota de opinión que había escrito anteriormente. No pude contener mi emoción, cuando se lo comenté a mi compañera, a quien le dije casi gritando: “¡Ves, me leen!” Ahora debo responder.

Lo primero que me llamó la atención fue este pasaje: “nuestra jubilación, de ella ignora que no alcanza al 80%, que los jubilados mayores ganan una miseria que no se incrementa hace 15 años y que es el resultado de nuestros propios aportes por 35 años ininterrumpidos, por otro lado ¿qué propone? ¿Igualar la miseria?, ¿si quería tener una jubilación digna, por qué no entró al Colegio Militar?”

Me pregunto si los oficiales en cuestión ignoran que el TGN desembolsa hasta Bs 180 millones cada año para que los militares reciban una renta de casi el 100% del sueldo con el que se jubilaron, para lo cual se benefician de un conjunto de bonificaciones como el bono Antigüedad, el bono Jerarquía o el bono Frontera. Se trata de ingresos considerados como una “conquista” en sus filas, aunque tal vez sería más honesto llamarlos “botín de guerra”, asegurados a lo largo de nuestra cruenta historia de golpes militares. Es un sector indudablemente, e inmerecidamente, privilegiado. Y no señor Peña, no me hubiera gustado el Colegio Militar.

¿Por qué cree, señor Peña, que ustedes merecen semejantes salarios más que, digamos, la madre soltera que vende frutas en la feria de mercado y que muchas veces ni siquiera percibe una jubilación? Créame, su esfuerzo no es menor al suyo.

Lo segundo que me llamó la atención fueron las siguientes líneas, referidas al supuesto servicio que las FFAA le prestan a nuestro Estado: “Sumamos a esto los beneficios para los jóvenes soldados y marineros, que incluyen la inculcación de valores morales, el conocimiento y las habilidades para la vida, el aumento de la autoestima, la sana competencia de capacidades, la disciplina y el orgullo de cumplir con sus deberes ante su familia, la sociedad y la patria”

Sabía usted, señor Peña, que entre 2017 y 2018 la Defensoría del Pueblo registró 32 denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, que van desde casos de tortura, violencia física y psicológica, e incluso discriminación. Me viene a la mente Juan Carlos Morales Ticona, asesinado a golpes por un oficial de la institución que usted tanto venera, y decenas como él, que murieron no al servicio de la Patria, sino como víctimas del privilegio que sus funcionarios disfrutan. ¿Esos son los beneficios a los que usted se refiere?

Pero lo que más me indignó fue esta partecita, respecto a las masacres de Senkata y Sacaba, que el uniformado niega vehementemente: “Nada de esto pasó en ambos lugares, donde las FFAA actuaron con la mayor cautela posible, si hubieran querido usar la fuerza letal indiscriminada, las víctimas hubieran sido cientos o miles”, y luego añade, “se olvida que era una muchedumbre con diversas armas que trataba de llegar a un punto para causar destrucción…”

“Si hubieran querido… las víctimas hubieran sido cientos o miles” “Muchedumbre con diversas armas…” ¿En serio, general? Era una protesta desarmada, y ustedes abrieron fuego contra ella. Tengo la impresión de que lo que recientemente hicieron los militares en Myanmar no es la excepción, sino la regla. Ellos también creían que nadie tenía el derecho de negarles sus privilegios. Yo creo que sí.

     Carlos Moldiz es politólogo.

Comparte y opina:

Irreverencia policial

/ 29 de enero de 2021 / 02:11

Se me acusó de ser demasiado duro con las Fuerzas Armadas en mi último artículo de opinión, recordándome que en la historia de nuestro país también se pueden encontrar militares patriotas y comprometidos con su pueblo y no con las élites oligárquicas que lo han sometido desde su fundación, y aunque puedo reconocer que ciertamente sí hubo vidas ejemplares entre sus filas, estoy convencido de que personas como Toro, Villarroel, Busch y Torres fueron más la excepción que la regla. De todos modos, lo que sostuve fundamentalmente hace un par de semanas no era si los militares son buenas o malas personas, sino que la institución como tal es demasiado costosa para los bolivianos en términos fiscales, y que el Servicio Militar Obligatorio sirve de poco para nuestra sociedad, razón por la cual deberíamos abolirlo.

Algo parecido pienso respecto a la Policía Nacional, que muy pocos bolivianos consideran una institución ejemplar. De acuerdo con el Latinobarómetro 2018, solamente 23% de los bolivianos encuestados en aquel informe afirmaron confiar en ella; mientras que uno de cada cinco bolivianos afirma haber sido víctima de un soborno por parte de algún oficial policial, según una investigación de David Pion y Miguel Carreras, que traducida al castellano titula Fuerzas Armadas, Policía y lucha contra el crimen en Latinoamérica, y que advierte que la inefectividad policial en el cumplimiento de su deber inclina a muchos habitantes de nuestro hemisferio a apoyar la intervención militar en asuntos de seguridad interna, a pesar del costo que ello implica para los derechos humanos.

Si sumamos a la ineficiencia y la corrupción el hecho de que también se trata de una corporación con un considerable poder de veto sobre la toma de decisiones gubernamentales, entonces se entenderá porqué su reforma es un asunto urgente. Esa es la conclusión a la que llega, también, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, cuya investigación Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente, advierte que no es posible consolidar una sociedad democrática y respetuosa del Estado de Derecho si una de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley funciona de forma diametralmente opuesta a como debería. Entre las falencias institucionales más preocupantes de la Policía, el autor advierte, se encuentra una, “autonomía policial, fenómeno que traduce la dramática pérdida progresiva de liderazgo, control y capacidad de fiscalización de las autoridades públicas civiles sobre una de las parcelas estatales más importantes que detenta el monopolio legítimo de la coerción”.

Lo que también hace difícil cualquier intento por reformarla, debido a que de una buena relación con ella depende en gran medida la estabilidad del gobierno de turno. Esto hace que el Estado en su conjunto sea tolerante con escandalosos casos de corrupción protagonizados por oficiales de alto rango mientras que sus miembros de base deben soportar salarios míseros y condiciones de vida miserables. Y eso es lo peor ¡Todos pierden! La sociedad que no puede encontrar garantías para el resguardo de su seguridad y los propios policías de base, que deben soportar la postergación que el privilegio de los altos mandos ocasiona. Altos mandos, por lo demás, irreverentes y peligrosos para la democracia, como noviembre de 2019 demuestra.

Es comprensible que todos los intentos por reformar la Policía Nacional hayan fallado hasta ahora, lo que no significa que debamos dejar de tratar.

     Carlos Moldiz es politólogo.    

Comparte y opina:

Servidumbre militar obligatoria

Hablaba con otro amigo, hace unos días, sobre la utilidad real de la Policía en nuestro país. Llegamos a la conclusión de que aquel otro sindicato armado era caro, peligroso e ineficiente

/ 15 de enero de 2021 / 01:03

No deja de sorprenderme el masoquismo de nuestra sociedad. Al salir de casa, paso siempre por la avenida 6 de Marzo y el cuartel Ingavi, a pocos kilómetros de la calle donde la infame masacre de Senkata tuvo lugar. Los últimos días observé a cientos de jóvenes acampando en fila a las puertas del regimiento militar que, por lo que me contó un amigo, participó en casi todos los golpes de Estado desde los años 70 del siglo pasado, hasta el último que derrocó a Morales.

Me inquieta, porque después de noviembre de 2019, los bolivianos deberíamos considerar suprimir el servicio militar obligatorio. Yo lo cumplí cuando era joven, y no me hizo mejor persona. Era la “pre”, seré honesto, pero estar ahí fue suficiente para saber que no era un lugar para fortalecer el cuerpo ni ennoblecer el alma, sino un espacio donde, tal como decían los oficiales allá, no había derechos humanos. Poco aprendí de patriotismo, que es más que el culto a la bandera, y en realidad se puede decir que fue un dilatado curso de machismo, racismo y sumisión que por suerte olvidé rápido.

Aquellos muchachos están haciendo fila para ser humillados por algún coronel que seguramente les pedirá que limpien su patio; los chicos con dinero pueden ahorrarse esas molestias. Servidumbre obligatoria, de esas que cuestan la vida, como la del conscripto que murió hace unos años para salvar el coche de su superior atrapado en una zona inundada.

No hemos tenido guerras desde hace más de 80 años y, de todos modos, nuestras Fuerzas Armadas las perdieron casi todas. Sus fusiles disparan siempre, salvo en contadas ocasiones, contra indígenas o campesinos, y de yapa, sus salarios y beneficios sociales son carísimos para nuestro presupuesto, y completamente inmerecidos cuando se compara su utilidad con los trabajadores de la salud o la educación (excluyo intencionalmente acá a los administradores de la justicia). Se jubilan con el 100% de sus ingresos, mientras que siete de cada 10 bolivianos deben buscarse la vida en la calle.

Dunkerley recuerda, en su libro Los Orígenes del Poder Militar, que las FFAA han actuado siempre bajo una lógica corporativa más atenta a sus numerosos privilegios que a la integridad de nuestro Estado, funcionando durante mucho tiempo como plataforma política de avispados, pero no siempre honestos, personajes. Hoy son un trampolín de acceso a las clases medias por su alta remuneración, por lo que entrar a sus filas suele ser tan caro como la corrupción. Zavaleta decía que si el Estado es la síntesis de la sociedad, entonces las FFAA son la síntesis del Estado, y es así: son más clientelistas y rentistas que cualquier funcionario público.

Hablaba con otro amigo, hace unos días, sobre la utilidad real de la Policía en nuestro país. Llegamos a la conclusión de que aquel otro sindicato armado era caro, peligroso e ineficiente. Lo mismo podría decirse, y con mejores argumentos, del Ejército. Tomando en cuenta la compleja relación que seguramente hoy existe entre el Gobierno y los militares, me limitaré a decir que recuerdo con melancolía aquello que Galeano esperaba para nuestro continente en el siglo XXI. “En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo”.

No creo que podamos abolir esta odiosa institución por lo pronto, así que me limitaré a esperar a que al menos se haga justicia por las masacres de Senkata y Sacaba y todos los muertos bajo botas policiales y militares.

Carlos Moldiz es politólogo

Comparte y opina:

2020 fue una broma

/ 31 de diciembre de 2020 / 23:41

Marshall Berman fue un filósofo y crítico de arte estadounidense que nació y creció en uno de los barrios más pobres de aquel país, el Bronx, durante los años 70: una época de decadencia económica e impronta desarrollista que levantaba superautopistas sobre comunidades enteras, principalmente afroamericanas, convirtiéndolas en ruinas y antros de vidas miserables. Su obra más conocida, Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad, es una reflexión sobre el mundo inaugurado por el capital, donde tendencias opuestas se encuentran y unen, prometiendo y amenazando a la vez al ser humano. Es también un libro que puede servirnos para despedir este año.

Ser modernos, para Berman, es vivir bajo una perpetua vorágine de fuerzas contrapuestas que someten a las personas a un mundo siempre cambiante, donde impera la angustia y la incertidumbre. Para abordarlo, se sirve del Fausto de Goethe, quien según cuenta la leyenda, le habría vendido su alma al diablo a cambio de placeres terrenales y conocimiento infinito, construyendo a partir de ese momento una tierra donde todos son verdaderamente libres, pero donde nadie está nunca seguro, y eliminando todo lazo con el pasado premoderno y su predecible cotidianidad. Es un mundo fascinante y peligroso, que debe destruirse y recrearse perpetuamente, siempre en constante modernización.

2020 pasará a la historia como uno de los años más turbulentos en lo que va del siglo y, por ello mismo, como uno de los más modernos. Un virus, forma de vida diminuta, logró detener durante algunos meses ciudades enteras y la mismísima economía mundial; pero al detener el planeta solo aceleró sus cambios: La economía digital, que ya estaba en auge antes de la pandemia, es hoy la fuente de empleos con mayor crecimiento, e irónicamente la mayor amenaza para millones de trabajadores que podrían ser barridos del mercado laboral por esta transformación tecnológica; al mismo tiempo, la disrupción provocada por el COVID 19 dejó patente que la naturaleza no es la dócil e indefensa dueña de casa que creíamos que era, y que puede desatar plagas desconocidas si seguimos talando árboles sin pausa alguna. 

Y los cambios y las ironías no se detienen ahí. En Bolivia: quemando wiphalas, las “pititas” izaron las banderas que le dieron la victoria al MAS; Trump dejó la Casa Blanca con la reputación de su país en los suelos, después de haber prometido hacerlo grande otra vez; y al igual que en nuestro caso, la cuarentena lanzó a las calles de Perú y Colombia a miles de descontentos que prometen nuevas transformaciones y resistencias a futuro, mientras Chile, modelo conservador latinoamericano y que sí se quedó quieto por el virus y las armas, hoy se prepara para discutir una nueva Constitución.

Este mundo, envuelto en crisis económicas, políticas y climáticas es el que debemos habitar y resolver nosotros, una generación sumida en la ironía: la mejor informada, pero la más fácil de engañar, con sus fake news y sus posverdades; la más tecnológica, pero también más primitiva, con sus ojivas nucleares y sus desplazados por guerras civiles. Galeano solía decir que, si la contradicción es el pulmón de la historia, la paradoja es el espejo que utiliza para tomarnos el pelo. Apreciemos su sentido del humor.

De acuerdo al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, la ventana de oportunidad para evitar la degradación total de nuestros ecosistemas se cierra en 2030. Hasta entonces, brindo por este año que pasa, las lecciones aprendidas y las oportunidades que todavía nos quedan.

Carlos Moldiz es politólogo.

Comparte y opina:

Últimas Noticias