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martes 15 jun 2021 | Actualizado a 08:58

Excepción pandémica: contra natura

/ 8 de agosto de 2020 / 11:24

Nuestra reflexión anterior partió de la idea de que los bolivianos vivimos, desde noviembre de 2019, en un Estado de Excepción establecido para eliminar políticamente, quizá incluso físicamente, a un sujeto específico: el masista. Dicha categoría puede incluir, sin embargo, a todo disidente que incomode al Gobierno. La Excepción fue impuesta mediante el decreto 4078, que prácticamente legalizó las masacres de Senkata y Sacaba a manos del Ejército y la Policía. A pesar de su derogación, desde entonces, Bolivia vive una situación de no derecho, empeorada desde el inicio de la cuarentena, cuando se agudiza la represión y la supresión de libertades bajo la excusa de enfrentar la pandemia. Asistimos, desde entonces, a la reactualización pandémica del Estado de Excepción boliviano. Un Estado de Excepción al cuadrado.

Sin exagerar. La gestión de la pandemia representa una oportunidad inesperada para el gobierno para endurecer la persecución del masismo y ampliar la categoría de “enemigo público” a más sectores de la población, en vez de ser utilizada como un momento para preparar al sistema sanitario boliviano para el embiste del coronavirus. Así, desde el momento en que se promulga el decreto 4199, que establece la cuarentena total sobre el territorio nacional, los bolivianos sufrimos una abrupta suspensión de derechos y libertades que han hecho de nuestro país uno de los menos democráticos de la región.

Así es como, mientras en otros países la pandemia ha tenido como consecuencia la erección de lo que Svampa llama un “Leviatán Sanitario” materializado en el despliegue de miles de profesionales de salud y la habilitación de cientos de hospitales, en Bolivia se moviliza principalmente a policías y militares, mientras nuestros médicos y personal de salud deben improvisar sus trajes de bioseguridad con bolsas nailon usadas para compras de mercado. Sócrates tenía razón cuando señalaba que tragedia y comedia son dos extremos que se tocan.

Aunque se impone la tragedia, pues la supresión de libertades y derechos ha tenido un efecto muy particular sobre millones bolivianos, que poco a poco han llegado a naturalizar la muerte, acostumbrarse a su presencia y suprimir, en contra de los dictados de la naturaleza, su instinto de autopreservación: contra natura. Salen a trabajar sabiendo que aquello puede matarlos, porque no tienen opción alguna. Cruel paradoja: para salvar sus vidas, deben arriesgarlas. Unos 500 bolivianos, pagaderos una sola vez, es lo que el Gobierno ha ofrecido como ayuda. Muchos de ellos ni siquiera recibieron ese dinero. Levantan las “banderas del hambre”, como apunta Yuri Torrez; el Gobierno despliega más militares y policías.

¿Qué libertades y derechos han sido cercenados? Cuatro, y demos algunos ejemplos:

Primero, derecho a la locomoción. En los primeros cuatro días de cuarentena, 1.200 personas son arrestadas, muchas solo por tratar de asegurarse alguna subsistencia, mientras que miles de familias bolivianas se apilan en las fronteras tratando de ingresar a su propio país, recibiendo en respuesta indiferencia y descalificaciones por parte del Gobierno (¡Sí, incluso ellas llegaron a ser catalogadas de masistas!) Al mismo tiempo, “pititas” extrañamente inmunes a la ley todavía tenían derecho a hacer vigilia en las puertas de la residencia de la embajada mexicana.

Segundo, derecho al trabajo y a la subsistencia, como consecuencia directa de la anulación del anterior derecho. Recordemos por favor, que en Bolivia aproximadamente siete de cada 10 bolivianos pertenecen al sector informal del mercado laboral. Es decir, no tienen aguinaldos, seguro médico ni salarios estables. No pueden hacer “tele-trabajo” ni mucho menos encerrarse en casa relajados a esperar que la pandemia pase. Durante aquellos días, quién sabe por qué, se incrementa el salario de los policías. Uno de ellos toca impúdicamente a una protestante en El Alto. ¿Qué medios de subsistencia ha asegurado el Gobierno para estos bolivianos?

Tercero, derecho a la libertad de expresión. Es desde aquí que podemos hablar de una abolición paulatina de la democracia, pues bajo la excusa de resguardar la salud pública, mediante los decretos 4199, 4200 y 4231, se penaliza toda publicación que pueda ser considerada como desinformación, ampliando la censura incluso al mundo del arte. La comunidad internacional reacciona, el Gobierno retrocede, pero la intención es lo que cuenta y lo que queda. Se realizan ciberpatrullajes y se arrestan a más de 67 personas, por decir una que otra cosa. Junior Arias es amenazado al estilo Arce Gómez, quien junto a Luis García Meza liquidaron otro intento de restauración democrática en Bolivia. Murillo, empero, puede decir lo que quiera.

Cuarto, derecho a la participación política. Comprensiblemente, se postergan las elecciones del 3 de mayo por un plazo de tres meses. No obstante, poco después, la Presidenta se niega a promulgar la ley 1304 para realizar elecciones el 6 de mayo, justo cuando su popularidad se presume mermada por una gestión de la pandemia cuando menos inefectiva, mientras el MAS recupera espacios. La pandemia empeora, pero no miremos el árbol sino el bosque: en los hechos se pretende despojar a los bolivianos de su derecho a decidir. Cuando la libertad de expresión y el derecho a la participación política se anulan, la democracia queda en entredicho. Recuerdo a uno de mis docentes de la UMSA, muy preocupado por el advenimiento de autoritarismos encubiertos durante los años de Morales y ahora me pregunto, ¿dónde está ahora? ¿qué dice sobre lo que pasa hoy? Un liberal consecuente denunciaría el actual Estado de no derecho, aunque no le gusten los “masistas”.

Y quinto, de yapa, las personas no tienen derecho ni siquiera a guardar cuarentena. ¿Cómo lo harían? Pasan dos meses en los que las personas no pueden salir ni a trabajar, y seguramente su bono de Bs 500 ya ha sido agotado. Los hospitales no atienden a las personas por falta de equipos, personal y medicamentos. Objetivamente, no pueden hacer cuarentena, aunque quisieran, y seguramente quieren. Sus condiciones objetivas de vida anulan su derecho a la cuarentena.

Conclusión: la gestión de la pandemia del coronavirus en Bolivia ha sido utilizada por el Gobierno de transición para reactualizar el Estado de Excepción establecido desde noviembre de 2019, fortaleciéndolo a tal punto que la ruptura del agonizante régimen democrático de Bolivia se hace evidente mediante la anulación de libertades y derechos fundamentales. Los bolivianos naturalizan esta situación de opresión y se acostumbran a la presencia de la muerte, suprimiendo el instinto de autoconservación que se supone innato en casi todos los seres vivos. Contra natura.

Scott Mainwaring, en Clasificando Regímenes Políticos en Latino América, define que una democracia se caracteriza por: a) elecciones libres y competitivas por cargos ejecutivos y legislativos, b) permite una ciudadanía adulta inclusiva, c) protege libertades civiles y derechos políticos, y d) los civiles gobiernan sobre los militares. Y volviendo a Bolivia, juzgue usted ¿cuáles de estos criterios se aplican a nuestra realidad, y cuáles no?

Carlos Moldiz Castillo es politólogo

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¿Hubo algo legal en el gobierno de Áñez?

/ 4 de junio de 2021 / 01:46

El editorial del pasado domingo 30 de mayo del periódico Página Siete me resultó en extremo divertido. Despotricar contra Murillo seguramente es algo que muchos “pititas” están haciendo estos días, y con razón, pero criticar que las investigaciones se extiendan a otros funcionarios del gobierno de Áñez y terminar diciendo “no hay familia sin una oveja negra y debe cuidarse quien hace ese tipo de condenas políticamente motivadas de no ser mañana también acusado por contigüidad política” me sonó muy condescendiente para con uno de los gobiernos que acumuló incontables actos de corrupción en tiempo récord.

A estas alturas, cabría preguntarse: ¿Qué fue legal durante los días de Áñez? Fuera de las masacres y la violación sistemática de derechos humanos, me vienen a la mente casos como el de los respiradores en plena pandemia, los sobresueldos de Entel, las compras irregulares en YPFB, la venta de cargos en el Ministerio de Educación (ni su vehículo oficial se salvó del hijo de Cárdenas), el uso irregular de los aviones de la FAB para la hija de la entonces presidenta. Los editores de Página Siete deberían saberlo, hicieron varios editoriales al respecto.

El problema es que la violación de la Constitución fue un asunto cotidiano después del golpe de Estado. A tal punto que incluso los militares se sintieron tan envalentonados que se atrevieron a irrumpir en la Asamblea Legislativa. Todavía recuerdo el artículo de un general poco después del incidente, también en Página Siete, Wilfredo Viscafe Paredes, quien se dio la libertad de advertir que “lo que es peligroso es referirse a una gran institución (las FFAA) cuestionando e insultando, como hacen algunos políticos”. No era muy difícil encontrar bravucones así en aquel entonces.

No, Murillo no fue una excepción, es la punta del iceberg. De hecho, fueron tantos los casos de corrupción durante el gobierno “transitorio” que podemos advertir un patrón, una regularidad o regla: se tomó el Estado para proceder a su inmediato saqueo y en una dirección particular: la burguesía agroexportadora. ¿Quiénes pusieron a esos cleptómanos al mando? Fueron Camacho (muy admirador de la cultura gansteril) y la oligarquía terrateniente del oriente, que colocó a sus peores exponentes para aprobar el uso de transgénicos, darle tierras a Marinkovic y forzar créditos del FMI para el beneficio de su élite, sabiendo que no habría otro momento para hacerlo (no puedo imaginar a la derecha ganando una elección). Este esquema de desfalco sustentado en el poder empresarial merece un nombre. Lo llamaría capitalismo de caras conocidas si no fuera por el rol que jugaron en todo esto bandas de motoqueros provenientes del mundo del hampa, como Yassir Molina, que le añaden un elemento delincuencial a todo el asunto.

Creo que lo mejor que podemos hacer para diferenciar ese periodo de paréntesis constitucional en el que se mataba y robaba con impunidad es advertir su origen: un golpe de Estado. ¿Qué legalidad puede emerger de una transición política de ese tipo? Todo acto que se derive de ello, por lo tanto, es necesariamente sospechoso de ser contrario a las leyes y la Constitución, por lo cual, la advertencia del editorial que señalé al principio de esta opinión no puede ser tomada en serio. No es que por ello debamos confiar en la justicia boliviana, pero me parece demasiado conceder la presunción de inocencia a los miembros de un gobierno cuyos delitos han sido registrados en numerosas fuentes documentales y en la memoria traumatizada de mis compatriotas.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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Domitila por siempre

/ 21 de mayo de 2021 / 01:35

“Puedo resistir cualquier cosa —dijo alguien una vez—, menos la tentación”. Y así, a pesar de que traté de no ceder a la provocación de las últimas semanas, me veo obligado, impulsivamente, a escribir sobre Domitila.

Recién fue este año que leí su famoso testimonio Si me permiten hablar, y al igual que muchas personas que lograron hacer de tripas corazón a través de sus páginas, no pude evitar maldecir mis años universitarios, en ninguno de los cuales se me habló de este coloso. Pensadora profunda sin pretensiones de intelectual, luchadora resuelta y valiente, ejemplo paradigmático de lo que debe ser un dirigente bajo toda circunstancia. ¿Por qué nunca supe de ella?

El estudio introductorio de Albó me da, al menos, un consuelo. Resulta que este libro, publicado por primera vez en 1977, recién vio su primera edición boliviana en 2016. Antes, fue traducido a más de 15 idiomas en todo el mundo, y acá ni nos dimos por enterados. No me sorprende que mis docentes me hablaran de quién sabe qué en vez de contarme sobre ella. De seguro ni la leyeron. Una edición de la Biblioteca del Bicentenario publicada en 2018 redimió esta injusticia, aunque todavía queda mucho por hacer para extender su vital pensamiento.

Sin más preámbulo. Leí un homenaje a ella que me dio la impresión de que se trataba de una mártir abnegada que sufrió los peores tormentos para que Bolivia recuperara su democracia de las botas militares. Y sí, sin personas como ella, seguramente cierto orden constitucional nunca hubiera sido restablecido, pero de ninguna forma puede ser recordada como un manso ejemplo de resistencia democrática, sino como una de las más grandes revolucionarias (socialistas) de nuestro país. La mujer tenía dientes, puños y una boca todavía más contundente.

Le pidió armas a Torres, consciente de que la Asamblea Popular del 71 estaría condenada al fracaso sin los medios para defenderse; estuvo dispuesta a volar por los aires junto con su familia durante una toma de rehenes gringos a cambio de varios dirigentes mineros secuestrados por el movimientismo nacionalista; se enfrentó directamente a las dictaduras de Barrientos y Banzer, pagando un precio altísimo por su valentía, la vida de tres de sus hijos en su vientre. Y si no llegó a pelear con Meza fue porque no la dejaron volver a Bolivia después de que ella denunciara internacionalmente desde Copenhague a la más repugnante de las dictaduras. Y podría dar más ejemplos.

No hablaré de las torturas físicas y psicológicas que tuvo que soportar, porque me resulta demasiado doloroso incluso escribir al respecto. Si no hubieran ocurrido de verdad, jamás hubiera resistido esas páginas. Hubiera creído que se trataba de fantasías morbosas de una mente retorcida. Pero sí, sucedieron.

No, ella no era una mártir de la democracia liberal. Lo mismo le hicieron a Marcelo, trataron de robárnoslo. ¡Búsquense sus propios héroes señores, si encuentran alguno! Una vez recuperada (la dizque democracia), ella denunció ese pacto de élites como lo que era, una pseudo democracia, llamando siempre a la unión de todos los oprimidos, obreros y campesinos, de toda Latinoamérica, contra el imperialismo yanqui. La radicalidad y profundidad de su pensamiento iba más lejos, sin embargo. Su idea acerca de la mujer en el proceso de explotación capitalista se adelantó décadas a muchas pensadoras feministas… y… y mejor paro ahora, o no lo hago nunca.

No exagero, la vida de ningún boliviano está completa hasta haberla leído.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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Colanzi y otras cosas

/ 7 de mayo de 2021 / 03:26

Si al iniciar mi experiencia como colaborador de este prestigioso medio temía que nadie me leyera, ahora me preocupa que solo lo haga Colanzi, no solo porque he tratado de provocar a otras personas a través de mis escritos, sino porque tengo la sospecha de que no me entiende o no me quiere entender. Debido a la falta de espacio y la necesidad de abordar otro tema, trataré de ser breve en esta suerte de respuesta a mi único seguidor.

a) Jamás dije que Bobbio es de izquierda, así que la puntualización es malintencionada; b) tampoco dije “…lo hacía desde una lógica… no… Occidental”, sino que el racista de Calvo calificaba de “bestias humanas” a otros seres humanos percibiéndose a sí mismo como blanco, no indio y occidental, descontextualización que difícilmente puede pasar por un error de lectura ni se le perdonaría a un universitario; c) el problema del racismo reclama adoptar una posición concreta al respecto, y eso implica antagonizar. Debo añadir que es un problema concerniente a todos los bolivianos y no solo de indianistas o zurdos. Y, por lo tanto, aunque no calificaría de “traidor” a alguien que no piensa como yo, creo que no hay reconciliación ni convivencia posible con nadie que piense como un miembro del Ku Kux Klan; y d) después de la barricada de Galindo a Diego Ayo el oficio de politólogo dejó de ser mi principal identidad, aunque amo mi carrera y creo tomármela muy en serio; actualmente, estoy tratando de incursionar en otros campos y creo ser un buen cocinero. No obstante, decir “pensé que era politólogo además de militante: me equivoqué, es más militante, activista y autocalificado de ‘izquierda’”, suena más a una descalificación ad hominem que a mis ideas… qué feo.

Ahora, con el espacio que queda, pasemos a otras cosas.

En una nota titulada Politólogos advierten que la institucionalidad democrática en Bolivia es socavada por el populismo, publicada por Página Siete pero redactada por la Agencia de Noticias Fides el pasado 1 de mayo, Carlos Toranzo y Franz Flores, dos analistas políticos, concluyen que la institucionalidad democrática de Bolivia se encuentra amenazada por el “populismo”, que le atribuyen sobre todo al gobierno del MAS-IPSP.

Creo que es una explicación demasiado simple e incluso engañosa, en el sentido de que distrae nuestra atención de otras posibles explicaciones para un problema muy complejo, que es la incapacidad de nuestras instituciones para hacerse efectivas, señalando un estilo de gobierno que bien podría ser puesto en práctica tanto por un partido de derecha como por uno de izquierda, y que pondría en el mismo nivel a fascistas admiradores del hampa como Camacho y a militares nacionalistas como Germán Busch.

Si algo ha demostrado el gobierno de Áñez es que no es necesario apelar a las masas ni contar con respaldo popular para literalmente clausurar la institucionalidad democrática del país, por lo que apuntar al MAS como el principal escollo de nuestras aspiraciones democráticas no parece una respuesta muy meditada, sino más bien la expresión de una fobia personal respecto a lo “popular”. ¿Les preocupa que en Bolivia no haya división de poderes? Ah, bueno, entonces tal vez me perdí su reacción cuando unos militares hechos a los duros se entraron a la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque estoy seguro de que sus convicciones democráticas y liberales los obligaron a decir algo entonces, ¿no?, ¿no ve?

Carlos Moldiz es politólogo.

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Soberanía, entre ellos y nosotros

/ 23 de abril de 2021 / 02:27

Cuando era universitario un docente me recomendó un libro de Joseph Colomer titulado Grandes Imperios, pequeñas naciones: el futuro incierto del Estado soberano. Su premisa era que, dadas las condiciones actuales de la humanidad, “una pequeña comunidad autogobernada hoy es posible sin un ejército, fronteras o aduanas, es decir, sin un Estado soberano”.

En su visión, dichas sociedades pueden ser prósperas y democráticas con solo ponerse del lado bueno de grandes imperios económicos y demográficos que garanticen mercados y recomendaciones políticas para organizar el poder dentro de su territorio, convirtiéndolas en una suerte de satélites tutelados por potencias bienintencionadas. En otras palabras: sumisión.

Pero la propuesta de Colomer, que no ignora los intereses geopolíticos de su país, parte de un mito: el del liderazgo estadounidense llamado a extender la democracia y su “mejor” forma de vida a todos los rincones del mundo ¡Destino Manifiesto! Habría que preguntarle qué tan buena es la vida para la población negra en Estados Unidos a un familiar de George Floyd, o recordar las dictaduras militares avaladas por la Casa Blanca y su misión civilizadora que desolaron nuestro continente en los años 70.

Por otro lado, una parte de la academia latinoamericana, cuyos méritos suelen ser subvalorados por evidentes prejuicios coloniales de nuestros “intelectuales”, llegó a la conclusión, durante los años 50, de que el atraso económico y el subdesarrollo de nuestros países no eran fruto de alguna incapacidad nuestra, sino una consecuencia inevitable del capitalismo global, que divide el mundo entre Estados centrales industrializados, ricos y poderosos versus Estados periféricos productores de materias primas o productos con poco valor agregado, pobres y dependientes.

Dicha tesis de la Teoría de la Dependencia no parte de una apreciación personal, como la de Colomer, sino de la recopilación y el análisis de datos socioeconómicos y comerciales de largo plazo. Es decir, es científica y demuestra que la dependencia económica, tecnológica, cultural y política de nuestro hemisferio está directamente relacionada con el desarrollo y la supremacía de los países industrializados.

Esto lleva a Teodonio Dos Santos a decir, en su libro Teoría de la Dependencia: balances y perspectivas, que “América Latina, a pesar de ser una zona de Estados independientes desde el siglo XIX, se siente identificada con las aspiraciones de independencia política y sobre todo económica de los antiguos pueblos coloniales. Desea, además de una independencia política real frente a las presiones diplomáticas e intervenciones políticas y militares directas de Inglaterra (…) y de los EEUU después de la Segunda Guerra, una independencia económica que viabilice sus Estados nacionales, su desarrollo y su bienestar”.

Lo que significa que, para pesar de Colomer, la soberanía política no es una cualidad accesoria ni un obstáculo para nuestro desarrollo, sino más bien una condición para el bienestar económico y social de los países de Nuestra América. La reafirmación de esta cualidad, que es también un principio fundamental de las relaciones internacionales, es tal vez uno de los logros más importantes que se alcanzaron entre 2006 y 2019, y también uno de los primeros que el gobierno ilegítimo e ilegal de Áñez lanzó por la borda.

Se podría decir entonces que, en Bolivia, solo hay dos tipos de personas: aquellas que creen en la soberanía como requisito existencial y aquellas que están dispuestas a venderla a cambio de unas cuantas semillas.

 Carlos Moldiz es politólogo.

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Yassir Molina y el lumpen

/ 9 de abril de 2021 / 03:08

En Los Orígenes del Totalitarismo, Hannah Arendt señala de forma precisa la distinción entre pueblo y populacho, observando un fenómeno que emergía con claridad en las postrimerías del siglo XIX: la sociedad de masas. Confundido entre las multitudes actuaba ya desde entonces este sujeto sin forma que, muy a menudo, se presenta a sí mismo como el pueblo, pero que, a diferencia de éste, no aspira a la construcción de ninguna forma de organización política, sino a la más licenciosa anarquía.

Arendt nos dice: “El populacho es principalmente un grupo en el que se hallan representados los residuos de todas las clases. Esta característica torna fácil la confusión del populacho con el pueblo, que también comprende a todos los estratos de la sociedad. Mientras el pueblo en todas las grandes revoluciones lucha por la verdadera representación, el populacho siempre gritará en favor del ‘hombre fuerte’, del ‘gran líder’. Porque el populacho odia a la sociedad de la que está excluido tanto como al Parlamento en el que no está representado”.

También podemos llamarlo lumpen proletariado, baja sociedad o aquellos que están de sobra, y que generalmente viven no en los intersticios de la formalidad del Estado, sino en la más franca ilegalidad. Pandilleros, narcotraficantes, pequeños matoncitos de barrio y proxenetas. Todos aquellos elementos execrados por el mundo civilizado, y con toda razón, porque de entre sus filas emergieron personajes tan funestos y detestables como Pablo Escobar, Al Capone y demás mafiosos.

¿Por qué la reflexión? Recuerdo cuando en el preludio del golpe de Estado de noviembre, Luis Fernando Camacho llamaba a la sociedad cruceña a “sacar la agenda como hacía Pablo Escobar, para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo”, invitando con ello a comportarse como un mafioso de baja laya como fue, justamente, Pablo Escobar.

No faltaban, por supuesto, oídos receptivos para tal mensaje, y poco después bandas de pandilleros organizados en la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala asaltaban comunidades enteras a bordo de motocicletas y armados hasta los dientes, como las hordas de Gengis Kan a lo largo del norte de Asia. ¿Quiénes resultaron ser los vándalos?

Entre sus líderes destacó el infame Yassir Molina, en cuya página de Facebook puede apreciarse su inclinación hacia la cultura gangster, tal como ese otro abogadillo que tenía un afiche de El Padrino en su oficina. ¿Debe sorprendernos, entonces, que todo el movimiento “pitita” se haya comportado en el gobierno como estas bandas de “motoqueros” lo hicieron en las calles, como verdaderos criminales?

Pero su elección de ídolos no podría ser más desacertada en un país como Bolivia, cuya tradición sindical y comunitaria, o la impronta de lo nacional popular en nuestra historia, hubieran puesto en su lugar a Escobar, Capone y demás personajillos, seguramente decorando algún poste de luz en cualquiera de nuestras calles.

No se puede construir sociedad con el hampa, porque sus elementos todavía viven en el belicoso estado de naturaleza temido por Hobbes. Bolivia no es país para gangsters y Yassir está donde debe estar. El desafío de nuestro tiempo se encuentra, ahora, en purgar esta justicia que parece estar al servicio de cualquier poder tal como lo estaría un sicario. No me preocupa la detención de este hombre, sino que aquellos que lo encerraron fueron los mismos que perseguían a masistas durante la dictadura de Áñez.

 Carlos Moldiz es politólogo.

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