Excepción pandémica: contra natura
Nuestra reflexión anterior partió de la idea de que los bolivianos vivimos, desde noviembre de 2019, en un Estado de Excepción establecido para eliminar políticamente, quizá incluso físicamente, a un sujeto específico: el masista. Dicha categoría puede incluir, sin embargo, a todo disidente que incomode al Gobierno. La Excepción fue impuesta mediante el decreto 4078, que prácticamente legalizó las masacres de Senkata y Sacaba a manos del Ejército y la Policía. A pesar de su derogación, desde entonces, Bolivia vive una situación de no derecho, empeorada desde el inicio de la cuarentena, cuando se agudiza la represión y la supresión de libertades bajo la excusa de enfrentar la pandemia. Asistimos, desde entonces, a la reactualización pandémica del Estado de Excepción boliviano. Un Estado de Excepción al cuadrado.
Sin exagerar. La gestión de la pandemia representa una oportunidad inesperada para el gobierno para endurecer la persecución del masismo y ampliar la categoría de “enemigo público” a más sectores de la población, en vez de ser utilizada como un momento para preparar al sistema sanitario boliviano para el embiste del coronavirus. Así, desde el momento en que se promulga el decreto 4199, que establece la cuarentena total sobre el territorio nacional, los bolivianos sufrimos una abrupta suspensión de derechos y libertades que han hecho de nuestro país uno de los menos democráticos de la región.
Así es como, mientras en otros países la pandemia ha tenido como consecuencia la erección de lo que Svampa llama un “Leviatán Sanitario” materializado en el despliegue de miles de profesionales de salud y la habilitación de cientos de hospitales, en Bolivia se moviliza principalmente a policías y militares, mientras nuestros médicos y personal de salud deben improvisar sus trajes de bioseguridad con bolsas nailon usadas para compras de mercado. Sócrates tenía razón cuando señalaba que tragedia y comedia son dos extremos que se tocan.
Aunque se impone la tragedia, pues la supresión de libertades y derechos ha tenido un efecto muy particular sobre millones bolivianos, que poco a poco han llegado a naturalizar la muerte, acostumbrarse a su presencia y suprimir, en contra de los dictados de la naturaleza, su instinto de autopreservación: contra natura. Salen a trabajar sabiendo que aquello puede matarlos, porque no tienen opción alguna. Cruel paradoja: para salvar sus vidas, deben arriesgarlas. Unos 500 bolivianos, pagaderos una sola vez, es lo que el Gobierno ha ofrecido como ayuda. Muchos de ellos ni siquiera recibieron ese dinero. Levantan las “banderas del hambre”, como apunta Yuri Torrez; el Gobierno despliega más militares y policías.
¿Qué libertades y derechos han sido cercenados? Cuatro, y demos algunos ejemplos:
Primero, derecho a la locomoción. En los primeros cuatro días de cuarentena, 1.200 personas son arrestadas, muchas solo por tratar de asegurarse alguna subsistencia, mientras que miles de familias bolivianas se apilan en las fronteras tratando de ingresar a su propio país, recibiendo en respuesta indiferencia y descalificaciones por parte del Gobierno (¡Sí, incluso ellas llegaron a ser catalogadas de masistas!) Al mismo tiempo, “pititas” extrañamente inmunes a la ley todavía tenían derecho a hacer vigilia en las puertas de la residencia de la embajada mexicana.
Segundo, derecho al trabajo y a la subsistencia, como consecuencia directa de la anulación del anterior derecho. Recordemos por favor, que en Bolivia aproximadamente siete de cada 10 bolivianos pertenecen al sector informal del mercado laboral. Es decir, no tienen aguinaldos, seguro médico ni salarios estables. No pueden hacer “tele-trabajo” ni mucho menos encerrarse en casa relajados a esperar que la pandemia pase. Durante aquellos días, quién sabe por qué, se incrementa el salario de los policías. Uno de ellos toca impúdicamente a una protestante en El Alto. ¿Qué medios de subsistencia ha asegurado el Gobierno para estos bolivianos?
Tercero, derecho a la libertad de expresión. Es desde aquí que podemos hablar de una abolición paulatina de la democracia, pues bajo la excusa de resguardar la salud pública, mediante los decretos 4199, 4200 y 4231, se penaliza toda publicación que pueda ser considerada como desinformación, ampliando la censura incluso al mundo del arte. La comunidad internacional reacciona, el Gobierno retrocede, pero la intención es lo que cuenta y lo que queda. Se realizan ciberpatrullajes y se arrestan a más de 67 personas, por decir una que otra cosa. Junior Arias es amenazado al estilo Arce Gómez, quien junto a Luis García Meza liquidaron otro intento de restauración democrática en Bolivia. Murillo, empero, puede decir lo que quiera.
Cuarto, derecho a la participación política. Comprensiblemente, se postergan las elecciones del 3 de mayo por un plazo de tres meses. No obstante, poco después, la Presidenta se niega a promulgar la ley 1304 para realizar elecciones el 6 de mayo, justo cuando su popularidad se presume mermada por una gestión de la pandemia cuando menos inefectiva, mientras el MAS recupera espacios. La pandemia empeora, pero no miremos el árbol sino el bosque: en los hechos se pretende despojar a los bolivianos de su derecho a decidir. Cuando la libertad de expresión y el derecho a la participación política se anulan, la democracia queda en entredicho. Recuerdo a uno de mis docentes de la UMSA, muy preocupado por el advenimiento de autoritarismos encubiertos durante los años de Morales y ahora me pregunto, ¿dónde está ahora? ¿qué dice sobre lo que pasa hoy? Un liberal consecuente denunciaría el actual Estado de no derecho, aunque no le gusten los “masistas”.
Y quinto, de yapa, las personas no tienen derecho ni siquiera a guardar cuarentena. ¿Cómo lo harían? Pasan dos meses en los que las personas no pueden salir ni a trabajar, y seguramente su bono de Bs 500 ya ha sido agotado. Los hospitales no atienden a las personas por falta de equipos, personal y medicamentos. Objetivamente, no pueden hacer cuarentena, aunque quisieran, y seguramente quieren. Sus condiciones objetivas de vida anulan su derecho a la cuarentena.
Conclusión: la gestión de la pandemia del coronavirus en Bolivia ha sido utilizada por el Gobierno de transición para reactualizar el Estado de Excepción establecido desde noviembre de 2019, fortaleciéndolo a tal punto que la ruptura del agonizante régimen democrático de Bolivia se hace evidente mediante la anulación de libertades y derechos fundamentales. Los bolivianos naturalizan esta situación de opresión y se acostumbran a la presencia de la muerte, suprimiendo el instinto de autoconservación que se supone innato en casi todos los seres vivos. Contra natura.
Scott Mainwaring, en Clasificando Regímenes Políticos en Latino América, define que una democracia se caracteriza por: a) elecciones libres y competitivas por cargos ejecutivos y legislativos, b) permite una ciudadanía adulta inclusiva, c) protege libertades civiles y derechos políticos, y d) los civiles gobiernan sobre los militares. Y volviendo a Bolivia, juzgue usted ¿cuáles de estos criterios se aplican a nuestra realidad, y cuáles no?
Carlos Moldiz Castillo es politólogo