Voces

miércoles 12 may 2021 | Actualizado a 11:30

Una transición espuria

/ 10 de octubre de 2020 / 02:57

Los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado, vigente por voluntad popular expresada en las urnas en 2009, dice claramente que la sucesión constitucional en caso de impedimento o ausencia definitiva pasa del Presidente del Estado al Vicepresidente, de éste al Presidente del Senado y llega en última instancia al Presidente de la Cámara de Diputados, quien quedará obligado a convocar a nuevas elecciones generales en un plazo de 90 días. En la Constitución de 1967, la sucesión se extendía hasta el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y, por ello, en 2005, Eduardo Rodríguez Veltzé fue posesionado como Presidente de la República encargado de la transición hacia nuevas elecciones.

En el capítulo tercero del Reglamento General de la Cámara de Senadores, artículo 35, segundo parágrafo se lee el procedimiento con que se conforma la directiva: Por la bancada mayoritaria, Presidente, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaría; y por la bancada minoritaria, Segunda Vicepresidencia y Segunda Secretaría.

Cuando el 14 de agosto de 2018, José Alberto Gonzáles renunció a la presidencia del Senado, no asumió el cargo la Vicepresidenta (Lineth Guzmán), precisamente porque la norma señala que en situaciones excepcionales como ésta, correspondía elegir al remplazante que debía surgir de la bancada mayoritaria —la del MAS— y no de otra manera, y en consecuencia fue nombrado Milton Barón, que hasta ese momento no formaba parte de la directiva. Similar procedimiento debió haberse aplicado al día siguiente de la renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera y la también renunciante presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, para que de esa nueva directiva surgiera la transición que debería encarar el llamamiento a nuevas elecciones, y en última instancia llegar hasta la Presidencia de la Cámara de Diputados.

La senadora Jeanine Áñez era segunda vicepresidenta del Senado como representante de la bancada minoritaria de la directiva, y ni siquiera buscando bajo las alfombras de la más sofisticada institucionalidad o buceando en las aguas más profundas encontraremos que en esa condición quedaba habilitada para asumir la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia: Los artículos 169 y 170 de la CPE son concluyentes en ese sentido. Los acontecimientos de movilización y violencia se desataron entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 de manera tan vertiginosa y burda, que la representante beniana del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), jefaturizado por el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, juro como Presidenta sin el quórum correspondiente, investida con la banda presidencial por un oficial del Ejército con uniforme de camuflaje.

Los pragmáticos y quienes se pasan por el forro todo código de decencia y ética con observancia de las reglas de juego constitucionales, dirán que la política va por delante de las leyes, y que en la turbulencia que vivía el país en esas horas, había que buscarle una salida a la crisis fundamentalmente desatada por el imperdonable error cometido por Evo Morales al haber instruido a Adriana Salvatierra a renunciar a la presidencia del Senado. Dicen las malas lenguas que el cálculo estaba basado en el golpe asestado contra Hugo Chávez en Venezuela en 2002, que en cuestión de 72 horas logró recuperar el poder.

De ahí en más, lo que nos llegó no fue un gobierno provisional que se convirtiera en árbitro equidistante de quienes serían actores del nuevo proceso electoral previsto para 2020. La llegada del coronavirus, la fobia y la sed de revancha contra el Movimiento Al Socialismo (MAS), un fuerte acento en tareas represivas violatorias de los derechos humanos y en persecuciones político judiciales, más la decisión de convertir a la Presidenta en candidata y las varias trastadas relacionadas con actos de corrupción, condujeron al Gobierno, principalmente administrado por su Ministro de Gobierno, a acelerar su desgaste en tiempo récord, al extremo de haberse desplomado en las encuestas que dieron lugar a la determinación de bajar a la señora Añez de la candidatura presidencial.

Como para que no hayan dudas de la autodestrucción de la que fue capaz este gobierno espurio, su principal referente, candidato a la presidencia en 2019, Óscar Ortíz, decidió renunciar al Ministerio de Economía y Finanzas, por profundas diferencias con el que hasta entonces había sido su principal compañero de ruta, Arturo Murillo, que en 2018 dejó el partido de Samuel Doria Medina (Unidad Nacional) para abrazarse con los Demócratas cruceños.

Para cerrar este recuento hay que quedarse con la inolvidable frase del candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) en enero de este año: “La tesis del golpe de Estado se basa en la idea de que quien lo dio, usa la sucesión constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención: apropiarse del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín.” (Una decisión equivocada, 26 de enero de 2020, carlosdmesa.com).

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Almagro, el amigo-enemigo

/ 8 de mayo de 2021 / 03:40

Tiene potencia simbólica que lleve el mismo apellido que Diego, conquistador del Perú, descubridor de Chile, primer europeo en llegar a lo que hoy es Bolivia. Luis Almagro es en pleno siglo XXI el Virrey del Sistema Interamericano que funciona a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), una especie de agencia multilateral digitada por el Departamento de Estado con sede en Washington, para administrar América Latina con los preceptos del neocolonialismo: expulsión de Cuba del organismo, golpes de Estado (Guatemala, 1954; Granada, 1983), injerencia persistente, apoyo a Inglaterra en la guerra de las Malvinas, silencio ante el golpe contra Hugo Chávez en Venezuela (2002), y en Bolivia, con el imperdonable aval del gobierno de Evo Morales, realización de una auditoría vinculante que no correspondía y que dio paso al gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez con el argumento de fraude, palabra que no se incluye en el informe final intervencionista, repleto de inconsistencias técnicas.

Hoy Colombia se desangra luego de una reforma tributaria de la que ha retrocedido su presidente, Iván Duque, gracias a masivas movilizaciones que ya han generado una veintena de muertos, 90 desapariciones y 800 heridos, asunto al que, fiel a su estilo, Almagro no se refiere: el silencio suele ser la mejor expresión de los agentes del orden mundial, esos que han hecho de sus responsabilidades funcionarias, prácticas tendenciosas en función de los intereses de quienes les abonan los suculentos salarios anuales que perciben.

Graduado en la maniobra política ejercitada durante por lo menos cuatro décadas, Luis Almagro era blanco y batllista (Partido Nacional, centro derecha) como él mismo se define, para más tarde desembarcar en el Frente Amplio uruguayo y convertirse en Canciller del gobierno de José Mujica. Ya Secretario General de la OEA el haber afirmado en 2018 que no se debía descartar una intervención militar en el conflicto Colombia-Venezuela, le valió la expulsión por unanimidad del Frente, en su breve y oportunista paso por la izquierda uruguaya. Y es que Almagro es eso, alguien que se acomoda con astucia para lograr sus objetivos como el de la reelección al cargo que ejerce en que los buenos están del lado que le conviene y en ese sentido Bolivia es el mejor ejemplo para graficarlo: condenó la repostulación de Evo Morales rechazando categóricamente el argumento del derecho humano para repetirse en la presidencia, para pocos meses después cambiar radicalmente el libreto y aterrizar en el Chapare donde afirmó sin sonrojarse que sería discriminatorio impedirle ser candidato al propio Evo, para nuevamente volver a la carga desde la vereda opuesta y convertirse en el principal artífice de la caída del prorroguista presidente boliviano, enviando a operar a su principal asesor, Paco Guerrero, quien movió los hilos de la misión de observadores para las elecciones de 2019, con la participación de una marioneta como el costarricense Manuel Gonzales Sanz que el 21 de octubre desde La Paz le puso la chapa de fraude a las elecciones realizadas un día antes, con el objetivo de voltear la silla presidencial.

Almagro era malo porque no quería la repostulación de Evo. Se convirtió cuando dijo aquí mismo, en tierras cocaleras, que no había que discriminarlo, porque buscaba el voto boliviano para su propia reelección al mando del organismo interamericano. Y ese mismo, sí, Almagro, Luis, Secretario General de la OEA, con toda la experiencia y el oficio que le dan sus años en el ejercicio de la función pública y el poder, liquidó la presidencia de Evo como principal agente externo de la defenestración con los cipayos de la política criolla, golpistas todos ellos, que se encargaron de completar la operación.

Almagro es un zorro de la política multilateral. Pillé una frase suya como hincha del Nacional de Montevideo, que bien puede aplicarse a cómo maneja su estar y no estar: “No hay nada como aparecer después de una victoria”.

No sabemos exactamente si el excanciller Diego Pary, el exministro de Justicia Héctor Arce, o los dos en coordinación, se dejaron llevar de las narices. Cometieron errores de principiantes cuando creyeron que la bendición del Virrey limpiaba cualquier obstáculo hacia la reelección del insustituible Evo. Así les fue. Pero mucho peor que eso: Así le fue al país entero que ingresó en una crisis de Estado que se prolongó por casi un año y costó casi 40 muertos, 200 heridos y 1.500 perseguidos-detenidos.

Con todo lo acontecido, con la experiencia que avala su ejercicio implacable, no deben quedar dudas de que Luis Almagro seguirá en la línea de abofetear a Bolivia. Como ha demostrado que lo puede hacer con toda la autosuficiencia que le permite su habilidad y pragmatismo.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Analista de manual

/ 24 de abril de 2021 / 02:10

El día en que Archondito redactó que una dupla política interesante y con proyección ganadora en elecciones presidenciales la conformaban Juan del Granado y Ernesto Suárez, llegué a la conclusión de que los estudios de posgrado no garantizan lucidez y talento para la prognosis. Suficiente con una simple observación para verificar en qué lugar del tablero político han terminado el exmirista y el exadenista. De todas maneras, el analista en cuestión siguió empeñado en ser un funcionario aplicado, pues pasó del Banco Mundial a la representación boliviana en Naciones Unidas en el gobierno de Evo Morales con el que más tarde terminaría enemistado, debido a la chambonada encabezada por un persecutor que lo acusó de haber asumido como embajador de manera indebida, ya que el cargo se lo había dejado en bandeja de plata su antecesor-jefe, Pablo Solón. Desde entonces, el ahora habitante de Puebla, México, emprende sistemáticas arremetidas contra Evo, el MAS, y contra quienes lo expulsaron hacia la vereda de enfrente.

Dice el analista, oficio que ejerce con fruición, que lo sucedido en noviembre de 2019 es “un intento de falsificación del pasado inmediato” y que según Edward Luttwak, para que haya golpe de Estado son indispensables las condiciones de “infiltración y desplazamiento”, que “no hay golpe si el motor es la gente movilizada”. Para completar su cuadro de interpretación de los hechos, afirma que “todo golpe transcurre del mismo modo”. Estas afirmaciones certifican que para el autor de Incestos y blindajes (2003), el libro- demolición contra Raúl Garafulic padre, y que ahora escribe para el diario de Raúl Garafulic hijo, el concepto de golpe suave no existe, y en el que la llamada estrategia de lawfare es producto de nuestra afiebrada imaginación y, por lo tanto, lo que sufrió Dilma Rousseff en 2016 a través de un impeachment urdido por la derecha brasileña bien secundada por los militares, no habría sido un golpe de Estado.

Lo interesante del analista de manual es cómo justifica entre líneas su condición “pitita”, al atribuirles a las clases medias urbanas que salieron a gritar “¡fraude!” la legitimidad necesaria para forzar la renuncia de Evo Morales del gobierno, ignorando deliberadamente a la otra gente movilizada que salió con wiphalas a cerrar filas en defensa de su proceso histórico político y que entre el 15 y el 19 de noviembre fue reprimida y acribillada con un saldo de casi 40 muertos, dos centenares de heridos y la inauguración de un régimen represivo, criminalizador y judicializador-extorsivo de la política. En otras palabras, hay una legitimidad que vale y la otra no, vieja práctica de ninguneo e invisibilización de los nadies, a cargo de los operadores del establishment.

El analista dice que la narrativa del “golpe de Estado” es la mentira del año y, por lo tanto, los que creemos firmemente que hubo un quebrantamiento de la institucionalidad democrática boliviana, somos unos mentirosos afanados por querer imponer nuestra versión como verdad histórica. Pues bien, en este tramo corresponde subrayar que a este analista se lo entiende mejor por lo que no dice. Por lo que no quiere mirar. Ni escuchar. Porque incluso concediéndole que no hubo golpe de Estado, apoyado en su autor de cabecera, Edward Luttwak, sabe perfectamente que la sucesión de Jeanine Áñez fue inconstitucional. Que en ese camino del tránsito de segunda vicepresidenta del Senado a presidenta del Estado Plurinacional, violó por lo menos una docena de leyes tipificadas en el Código Penal como resoluciones contrarias a la Constitución. Que si bien no se suprimió el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Áñez ejerció la representación del Órgano Ejecutivo de facto, considerando que esa legitimidad a la que se refiere el analista estuvo sustentada en motines policiales que contravienen el ordenamiento jurídico, lo mismo que la “sugerencia” de renuncia a cargo de los militares, que también, según su ley orgánica, no deliberan, es decir, están impedidos de actuar en la arena política. ¿Legitimidad? ¿Y la legalidad? ¿De qué hablas Willis?

El analista quiere creer en los golpes de Estado estereotipados por Hollywood. Y para no reconocer que Áñez y sus colegas senadores Murillo y Ortiz tomaron por asalto el gobierno, recurre a una bibliografía en la que no se consignan los golpes blandos y las guerras de cuarta generación, y tampoco está escrito cómo los militares, los curas de la jerarquía eclesiástica y los embajadores — el tardofranquista León de la Torre de la Unión Europea a la cabeza— se atribuyen “legitimidades” que nadie les ha otorgado para decidir en nombre del pueblo. Hay una diferencia abismal que enfrenta la legitimidad contra la injerencia y la violación del Estado de derecho.

El 9 de diciembre de 2020 en su H Parlante- Facebook, el analista se refiere a este periodista: “él sí sabe de lo que escribe”. Con este alegato ya no tendrá dudas acerca de su afirmación.

 Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Obituario de los Nadies (*)

/ 10 de abril de 2021 / 02:05

Mientras la corporación periodística de la derecha no deja de mirarse el ombligo, esta vez porque alguien osó “desprestigiar” a una de sus agremiadas por una consultoría resumida en un informe de 18 páginas, examino la lista de los muertos, consecuencia de la “pacificación” emprendida por Jeanine y Murillo. Mientras la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos defiende a capa y bastón a los policías y militares que decidieron traicionar el orden constitucional en noviembre de 2019, observo que gran parte de los muertos son cocaleros de las seis federaciones del Chapare y jóvenes estudiantes de El Alto. El promedio de edad de los masacrados oscila entre los 25 y los 30 años.

Mientras el Comité Nacional de la Democracia (Conade) fundado contra la dictadura de García Meza, sale profiriendo alaridos por la detención preventiva de la autoproclamada Áñez, leo en los reportes del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) que los caídos en el puente de Huayllani (Sacaba) se fueron de este mundo por traumas torácicos y encefalocraneanos, hemorragias internas, laceraciones cardiacas y disparos de armas de fuego.

Mientras la corporación de opinadores del conservadurismo gruñe, ansiosa, desesperada por querer demostrar que no hubo golpe de Estado, compruebo, otra vez, que efectivos militares pretenden justificarse diciendo que se detectaron “elementos extranjeros” entre los movilizados, que se encontró una munición 7.65 que no tienen las Fuerzas Armadas bolivianas, o que “se dispararon entre ellos”. Releo las informaciones y ya no me quedan dudas de la naturaleza fascistoide del gobierno de facto que para blindar a los blindados, les regala el Decreto 4078 con el que los exime de responsabilidades penales en su misión de restablecimiento de la ley y el orden, dicho de manera brutal, les confiere licencia para matar.

Los familiares de los Nadies no compran diarios. Y menos se les ocurriría publicar avisos necrológicos de sus muertos. Los Nadies apellidan Jamachi, Paniagua, Posto, Mamani, Ticona, Quisbert, Tenorio, Patty, Zenteno, Huanaco, Vásquez, Carballo, López, Calle, Colque, Sipe, Sánchez, Sejas, Vargas, NN, Larico, Callizaya, Callisaya, Taco, Ledezma, Jarata, Condori, Conde, Soria, Guzmán, Rojas y Salinas. En medio de esta nueva tragedia nacional en forma de masacre política es justo no dejar de mencionar a Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas que en fuego cruzado murieron en Montero, Santa Cruz, el uno como parte de un grupo irregular y el otro como militante del Movimiento Al Socialismo (MAS). Hay también un sargento de policía, Juan José Alcón Parra, que pereció en los disturbios callejeros producidos en El Alto y el comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), Cnl. Heyberth Antelo, que falleció producto de un accidente automovilístico, dicen que en el intento de evitar un cachorro de dinamita.

Suficiente con recontar los muertos y verificar sus procedencias. La mayoría es aymara y quechua. Muchos de ellos, militantes de organizaciones sociales vinculadas al MAS, pero no todos, porque ya se sabe que entre los muertos, los 31 heridos de Senkata y los 115 de Sacaba-Huayllani, no faltan los de siempre, “los que pasaban por ahí” y a quienes les llegó una bala perdida o que sin saber leer ni escribir fueron pateados en el suelo por efectivos de uniforme verde olivo.

Esta es la pacificación que le ha regalado Jeanine Áñez y sus secuaces a Bolivia en noviembre de 2019. Este es el marco en el que se propone “borrón y cuenta nueva”. Fácil, como no son “sus” muertos… a olvidar el “fraude”, el golpe de Estado y a construir un país para todos. Qué tipos geniales. Tuvieron casi un año completo para generar una proposición acusatoria debidamente documentada con el objetivo de demostrar que hubo un cambio “sospechoso” en la tendencia del conteo preliminar no vinculante de las elecciones del 20 de octubre. ¿Qué hicieron? Perseguir masistas y afines. Criminalizarlos. Cazarlos como lo confesó sin tapujos Murillo, el ministro de la muerte. Y aquí debemos añadir: Extorsionarlos vía fiscales, ofrecerles pegas a cambio de testificaciones inventadas contra sus jefes, pedirles astronómicas sumas de dinero a cambio de libertad. Eso hicieron. A eso se dedicaron, y también al armado de torpes negociados, entre otros, con el coronavirus.

La corporación periodística, la corporación de opinadores, la Asamblea de la “derecha humana” y el torcido Conade, callan sobre los muertos de Sacaba, Senkata-Huayllani, El Pedregal y Betanzos, quienes otra vez ofrendaron sus vidas convencidos de un profundo sentido de nación. Gracias infinitas a todos ellos y a sus familias. Aunque no alcance. Que a la jerarquía eclesiástica y a algunos embajadores les quede siempre claro que el dolor humano es intransferible.

   (*) “Los Nadies, que cuestan menos que la bala que los mata” (Eduardo Galeano, 1940)

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Jeanine y el trío del poder

/ 27 de marzo de 2021 / 02:35

 El que fuera senador Edwin Rodríguez (Movimiento de Organizaciones Populares, MOP), recordó en un programa de radio hace siete días (Al límite, Illimani-Patria Nueva) que había quedado abierta la posibilidad para que el 12 de noviembre de 2019, a través de un acuerdo con la mayoritaria bancada del MAS, pudiera asumir la presidencia del Senado y de ese modo dar paso a una genuina sucesión constitucional, una vez renunciados Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda.

En plena campaña electoral, el senador potosino estaba convencido de que había que concentrar el voto por un solo candidato para ganarle al MAS, y por ello desistió de su postulación junto a Óscar Ortiz. Pues bien, cuando el Plan B (Áñez presidenta) notificado por Doria Medina en la Universidad Católica a representantes del MAS (Adriana Salvatierra, Susana Rivero, Teresa Morales) ya había entrado en funcionamiento, el propio Ortiz, Arturo Murillo y Jeanine Áñez en ágil movida, habilitaron a la suplente de Rodríguez, Reina Isabel Villca Huayllani, quien en su momento firmó una carta dirigida al presidente de EEUU Donald Trump, pidiendo intervenir Bolivia. Con esta indebida habilitación, a Rodríguez se le impidió el ingreso a la Asamblea Legislativa, lo mismo que a senadores y diputados del MAS, ante el riesgo que suponía para este trío de senadores, la instalación reglamentaria de la sesión.

En contacto con otra radioemisora (Centro de Producción Radiofónica, CEPRA), Rodríguez declaró que al haberse distanciado de la derecha boliviana, es decir, de su propia bancada, y entablado contactos con senadores masistas, se hacía probable que asumiera como presidente de la transición hacia nuevas elecciones, por lo que los senadores en cuestión —repitamos, Ortiz- Murillo-Áñez— decidieron omitir el procedimiento constitucional y de ese modo se generó la autoproclamación de la segunda vicepresidenta del Senado violando el art. 169 de la Constitución y el reglamento del Senado, quien ya había anunciado el mismo domingo 10 por televisión que llegaría a La Paz para asumir una presidencia que “le correspondía”.

Completo, con éste, una cincuentena de textos periodísticos publicados desde fines de diciembre de 2019 (Hasta aquí llegamos Evo, www.debatesindígenas.org), relacionados con la sucesión inconstitucional de Áñez que dio lugar a un gobierno de facto, autoritario, represivo y corrupto. Hasta aquí se han registrado datos, argumentos, citas, declaraciones y comportamientos, todo esto en el marco de una detallada recolección de los hechos producidos entre noviembre de 2019 hasta estos días en los que tenemos a la autoproclamada expresidenta guardando detención preventiva por cargos de conspiración, sedición y terrorismo, a los que se van agregando otros relacionados con su ejercicio en el poder, entre ellos, responsabilidades por las muertes de Sacaba y Senkata.

Lo que queda más claro que el agua es que Jeanine sabe lo que hizo. Que junto con sus colegas Ortiz y Murillo tomaron el gobierno por asalto. Si los descontrola que se le llame Golpe de Estado, pueden ponerle el nombre que menos molesto les resulte, al final de cuentas, el transcurso del tiempo ayudará a establecer la verdad histórica superando las narrativas.

Un breve diálogo de uno de estos senadores con un funcionario de la Asamblea Legislativa en momentos tan decisivos para la preservación de la constitucionalidad del país, me permite asegurar que eran conscientes de lo que estaban haciendo:

—Senador, lo que están por hacer es ilegal…

—Sabemos que sí, que es ilegal, pero tenemos el apoyo del pueblo. Y actuaremos con esa legitimidad.

Ortiz, Murillo y Áñez sabían que estaban violando la ley, pero su animalidad política les decía que en ese momento “su legitimidad” mandaba, que con las fuerzas militares y policiales reprimiendo las movilizaciones populares que derivarían en masacres, y con la furia de las clases medias profundamente antimasistas que supieron saltar de las redes sociales a las calles, encontraron que los uniformes y las armas de fuego protegían esa “legitimidad” que según el senador X justificaba la violación a la legalidad. De las calles, las carreteras y los bloqueos nació el MAS-IPSP, y en esas calles y carreteras se lo reprimió y masacró para dar lugar a un inconstitucional gobierno de transición promovido con exacerbación.

Jeanine Áñez, consciente de haber violado la ley para hacerse de la presidencia, ha recibido desde la lejanía de los Estados Unidos un “fuerza amiga, estamos del lado correcto de la historia y será ella la que nos juzgue” de parte de Arturo Murillo. En cambio, Óscar Ortiz, que terminó rompiendo con el gobierno, con Áñez y Murillo, y con los Demócratas, parece no estar tan conmovido con el destino de quien fuera usada para la toma del poder y hoy se encuentra en estado de melodramática victimización.

 Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Escapistas

/ 13 de marzo de 2021 / 01:56

Se abre un nuevo capítulo de la política y la gestión pública con unas elecciones subnacionales en las que al Movimiento Al Socialismo (MAS) no le ha ido bien; primero, por el traumático antievismo manifestado en las urnas que padece la Bolivia conservadora-neoliberal; segundo, por la caótica e inorgánica manera en que el único partido con alcance nacional definió candidaturas, varias de ellas equivocadas vistos los resultados; y tercero, por inexistentes estrategias de campaña de varios de sus principales actores, muchos de ellos casi seguros de obtener triunfos antes de salir a pelear en la cancha.

En ese contexto, esos histéricos opinadores autoproclamados demócratas, así, a secas, tienen que estar contentos porque sus referentes golpistas (noviembre, 2019) han obtenido triunfos significativos que buscarán blindajes desde el poder ante procesos judiciales por haber tentado y convencido a oficiales militares y policías de perforar el orden constitucional entre motines e indebidos pedidos de renuncia al Presidente del Estado, acusado entonces de montar un fraude hasta ahora no demostrado, ni siquiera con la ventaja de controlar el país los 11 meses que tuvo el principal persecutor del masismo, Arturo Murillo, para alentar una investigación por anverso y reverso, y de esa manera encontrar las pruebas que justificaran procesos penales contra los presuntos delincuentes electorales.

De persecutor político, Arturo Murillo pasó al oficio de escapista que consiste en crear problemas y a continuación huir de ellos, en este caso, antes de que la exasperante lentitud de nuestro sistema judicial encontrara los cargos para acusarlo por los desmanes cometidos y auspiciados en su autoritario ejercicio como Ministro de Gobierno. Seguramente para uno de esos opinadores, digamos que el más histérico por su vocación para el agravio y por el padecimiento de alucinaciones con el presidente Arce, Murillo, creación política de Doria Medina, debe ser otro “demócrata” como él, lo mismo que otros persecutores mediáticos, también auspiciados por Samuel, el gran perdedor de la historia electoral del país forever in the life.

En el mismo club de escapismo hay que contemplar al Gral. Sergio Orellana, ese que en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, flanqueado por varios de sus camaradas, se dirigió en traje de combate a la Asamblea Legislativa Plurinacional para arrancarle a Eva Copa la aprobación de ascensos. Eran momentos en que se podían encontrar tanquetas circulando por las calles de nuestras ciudades, para garantizarnos que no nos enfermaríamos de coronavirus, si se considera cuán efectiva puede ser una metralleta en el combate contra una pandemia. No le fue bien a Orellana, que tuvo que volver sobre sus pasos y con el rabo entre las piernas. Alguien ya ha debido informarle que lo único que quedaba de institucionalidad democrática en ese breve tiempo de botas y charreteras, eran las cámaras de Senadores y Diputados, escenario del que rebotó olímpicamente hasta llegar, dicen que a Colombia, luego de imitar el escapismo de Murillo, seguramente agobiado por sus responsabilidades.

Es probable que Orellana sufra pesadillas con Senkata, Sacaba y El Pedregal, pero sobre todo sueñe con el Decreto Supremo 4078 firmado por la presidenta de facto Jeanine Áñez y sus ministros, que en su artículo 3 dice: “El personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal.”

El que no juega al escapismo y es capaz de ganar una elección con más del 50% de los votos es el candidato de Creemos a la Gobernación de Santa Cruz, que lo de macho lo lleva hasta en el apellido, el cual honra sin un ápice de remordimientos, cuando junto con su papá acudieron a gestionar el golpe con policías y militares, tal como lo cuenta hinchado de orgullo en un video hiperviralizado en las redes, convencido de ser la reencarnación del Cristo Redentor de la Monseñor.

En esta apertura de un nuevo episodio en nuestra literaria vida política, algunos legisladores del MAS, sin orientación sobre competencias, piden las renuncias de los ministros de Gobierno y de Justicia por haber permitido la huida del excomandante Orellana, como si a estos dignatarios de Estado les correspondiera actuar en esta materia y para que más temprano que tarde vuelva a acusarse al partido de gobierno de persecución política como en los peores momentos del último gobierno de Evo Morales, mientras el Ministerio Público duerme el sueño de los justos.

  Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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