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viernes 3 dic 2021 | Actualizado a 05:49

Otra aventura de Camacho

/ 24 de noviembre de 2021 / 01:18

La propuesta de Luis Fernando Camacho de un Estado “federal” ha removido, otra vez, el avispero político en el país. Sin embargo, ha sido entendida desde el lado de sus detractores como una forma de esconder su “mala gestión” en la Gobernación y su “fracaso político”, como consideró la ministra María Nela Prada.

El lunes, el líder de la alianza Creemos irrumpió en la agenda política con su propuesta, una semana después de terminado el paro contra la Ley 1386, ahora abrogada, cuyo protagonista fue Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, su otrora lugarteniente.

¿Quiso recuperar terreno perdido? Se sabe que durante las protestas, el gobernador fue anulado por la presencia de Calvo. Éste incluso le pidió que no asistiera a la concentración multitudinaria del Cristo Redentor del domingo 14, que solía ser su espacio durante las protestas de octubre y noviembre de 2019.

Puede hablar un poco de esta situación de quiebre de ambos el asedio que el dirigente cívico sufrió la noche en la que comunicó la suspensión de la movilización: una facción de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) protestó por la decisión y hasta pidió su cabeza. Y Camacho guardó silencio; ni lamentó los incidentes ni expresó su solidaridad con el líder cívico.

Ahora, el protagonista es Camacho.

Si bien quiso tomar aire con su planteamiento, lo hizo con una idea equivocada, que deslegitima una propuesta que, en otras circunstancias, podría ser útil para el debate: cuestionar la hegemonía del MAS, devenida de un proceso histórico, como resultado de sus participaciones electorales y derivada de un fuerte bloque popular que ha sido capaz de instituir un Estado Plurinacional.

Además, Camacho cuestionó el centralismo, que puede ser comprensible, pero soslayó el Estado autonómico, recientemente conquistado y vigente, aunque no consolidado.

Es más, plantea un Estado federal como si el desafío fuera como forzar la abrogación de una ley a base de narrativas peligrosas.

La construcción de un modelo de Estado no es un proceso improvisado, al calor de egolatrías o antipatías circunstanciales, a colación de fracasos políticos o aventuras fascistas.

Deviene de un agotamiento real de un modelo de Estado y no como Camacho lo describe. Si bien este Estado es nuevo, todavía no se consolida precisamente por ese afán permanente de desconocimiento y desprecio de los otros, con la agravante de prácticas recurrentes de racismo y discriminación en su contra.

Se trata de un proceso complejo, que parte de un debate político y social sensato de cara al país, de consensos necesarios y de la adopción de vías democráticas para su consolidación. Y esa vía es precisamente el desafío.

La Constitución de 2009, construida desde la iniciativa de una mayoría y la necesidad de un Estado inclusivo, instituyó un Estado Plurinacional y autonómico desde una Asamblea Constituyente emergida del voto.

Para eso, esas mayorías tuvieron que superar el debate político, consolidar su fuerza y generar consensos democráticos hasta construir una hegemonía capaz de mantener el modelo mientras no haya fuerza contraria que plantee una alternativa de Estado.

Camacho intenta consumar su propuesta con un quiebre democrático, como propició en 2019, con el pretexto de un fraude electoral que no termina de probarse: movilizaciones contra los derechos de otros, invocatoria de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, propuesta de “junta de gobierno” civil, gobierno inconstitucional a través de la decana del Tribunal Supremo de Justicia, acuerdos con militares y policías para la desobediencia al poder democrático, la toma del Palacio de Gobierno, el pacto con mineros para “tumbar” a Evo Morales a dinamitazos y el respaldo a un gobierno proclamado sin respaldo de la Constitución.

Si Camacho lo entiende así, va a quedarse solo. El país no está para experimentos antidemocráticos otra vez. Hay que enfrentar un proceso constituyente necesario.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Acusación de la Fiscalía: FFAA y Policía, a la orden de Áñez antes de la proclamación

La acusación cuestiona a los militares la imposición de símbolos

Arribo. La senadora Jeanine Áñez camina hacia la Asamblea Legislativa, el 11 de noviembre de 2019.

/ 1 de diciembre de 2021 / 17:40

Un día antes de la proclamación de Jeanine Áñez en 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana ya estaban a la orden de la entonces senadora. Así lo señaló el Ministerio Público en la acusación contra los involucrados del caso Golpe de Estado II.

Entonces, los mandos de ambas instituciones había jugado un papel gravitante en la crisis poselectoral de 2019 al pedir, por separado, la renuncia del presidente Evo Morales, contra quien se habían desatado movilizaciones políticas un día después de las cuestionadas elecciones generales.

El fiscal de la causa, Omar Mejillones, presentó el lunes la acusación formal por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes contra Áñez y los entonces comandantes de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, y de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, además de los comandantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros; de la Fuerza Naval, Palmiro Jarjuri: y del Ejército, Jorge Mendieta; y Flavio Arce, jefe de Estado Mayor; Sergio Orellana, jefe de Operaciones del Departamento III, y Jorge Fernández, inspector general de las Fuerzas Armadas.

El documento, en la parte de la “relación fáctica”, identifica al menos tres momentos en los que los jefes militares y policiales se ponen a disposición de la entonces senadora de Unidad Demócrata (UD), de minorías: la seguridad “presidencial”, la imposición de la banda presidencial y el resguardo de la plaza Murillo y la Asamblea Legislativa.

Luego de la renuncia de Morales, a las 16.52 del 10 de noviembre, Áñez anunció que le correspondía asumir la sucesión, al saber de las dimisiones verbales de los entonces presidentes de las cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda. Lo hizo por la red Unitel a las 18.45, luego de aceptar la invitación de la Iglesia Católica, que había consultado la decisión con un grupo de políticos en una primera reunión extralegislativa en la Universidad Católica.

Al día siguiente, según sus declaraciones presentadas ante el fiscal Mejillones, Áñez se trasladó de Trinidad a La Paz en un vuelo de la empresa Amaszonas. Llegó al mediodía  a La Paz, acompañada por su colega cruceño Óscar Ortiz y sus dos hijos.

Contó que nada más al bajar del avión un militar le hizo saber que tenía órdenes de llevarla al Colegio Militar. “En un trabajo conjunto dispusieron seguridad y traslado con escoltas” de la senadora, describe la acusación.

Apunta a Terceros, que “con pleno conocimiento sobre la ilegalidad de sus actos viabiliza de manera arbitraria” el traslado de la senadora en un helicóptero de propiedad del Ministerio de la Presidencia con matrícula FAB-754 modelo AS35-B3.

Sobre el papel de la Policía Boliviana, afirma que “desde la mañana de dicha fecha, éste (Calderón) habría ordenado (cual si fuera Presidenta del Estado) escoltas que garanticen su seguridad con el fin de ejecutar los actos al interior de la Asamblea Legislativa”.

Además, dice que el jefe militar comprometió el pago de Bs 5,545,54 a AIR BP Bolivia, subsidiaria de YPFB, a través del coronel Luis Marcelo Cervantes Tórrez, entonces comandante de la Unidad Grupo Aéreo de Caza 31. El monto de dinero fue “por concepto de combustible, no siendo el único vuelo que realizó dicha nave la fecha de referencia”.

Paralelamente al traslado de Áñez, Mendieta “ordenaba” al general Willy Pozo Torrico, comandante del Colegio Militar, “permitir el aterrizaje de dicha aeronave en sus predios”, en Irpavi, dice el informe del Ministerio Público.

En tanto, “la estaba esperando un considerable número de escoltas de la Policía designado por órdenes” de Calderón, “operación que fue de pleno conocimiento” de Orellana, entonces jefe de Operaciones del Departamento III de las Fuerzas Armadas y, en el gobierno de Áñez, comandante de la institución castrense.

A partir de ese momento, fue habilitada la “cápsula”, elementos de la Policía Boliviana para la movilización de la senadora, que antes de llegar cerca de las 14.00 del 11 de noviembre a la Asamblea Legislativa hizo una parada en el hotel Casa Grande, en la zona de Calacoto de La Paz, donde se reunió con el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz y ahora gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, quien había liderado las protestas que derivaron en el derrocamiento del presidente Morales. 

Al llegar a la Asamblea Legislativa, Áñez anunció la convocatoria a una sesión de la Cámara de Senadores para considerar las renuncias de Morales y del vicepresidente Álvaro García.

Arribó a la plaza Murillo acompañada por quien luego fue viceministro Israel Alanoca y la recibieron en primera línea el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y su colega Arturo Murillo, posteriormente su duro ministro de Gobierno y, como lo describieron después, el “hombre del poder”.

Lee también: La Fiscalía pide 10 años de cárcel contra Áñez por el caso Golpe de Estado II

2019. Jeanine Áñez es felicitada tras proclamarse presidenta en una sesión legislativa sin quórum. Foto: Álvaro Valero/archivo

Asamblea.

Áñez nunca logró reunir a los senadores, menos diputados para la Asamblea Legislativa. Según las investigaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz, no había intención para ese propósito, a juzgar por la carta que la senadora mandó a Kaliman para resguarda el contorno.

“Inclusive funcionarios policiales y militares impidieron el ingreso a la Asamblea Legislativa a asambleístas del oficialismo”, subraya la acusación formal.

Como antecedente, el texto del fiscal afirma que Orellana “apoyó afanes delictivos y de incumplimiento de la Constitución al favorecer la llegada solamente de algunos parlamentarios a la Asamblea Legislativa y restringir a otros”. Denuncia que muchos legisladores, incluso suplentes, fueron trasladados a La Paz desde sus regiones en aviones de la FAB.

Áñez se proclamó, primero, titular de Senadores y, luego, presidenta por “sucesión”en sendos actos en la Asamblea Legislativos sin quórum ni resolución, menos presencia de la bancada de la fuerza de los dos tercios, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Luego, se trasladó al Palacio de Gobierno, donde se mostró ante las masas desde el balcón.

La acusación apunta a Flavio Arce, de quien dice que “avaló la ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”. Un día antes, el 11, los símbolos habían sido retirados de las bóvedas del Banco Central.

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Calvo asiste a una audiencia y ésta se suspende debido a la baja médica de la fiscal

La audiencia de declaraciones por el caso de ejercicio indebido de profesión contra el líder cívico cruceño fue suspendida sin fecha, según el acta de comparecencia.

Rómulo Calvo, en un mitin del Comité pro Santa Cruz. Foto: Comité pro Santa Cruz

/ 29 de noviembre de 2021 / 15:02

Acompañado de sus abogados, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, asistió la tarde de este lunes a una audiencia que, no obstante, fue suspendida debido a la ausencia por baja médica de la fiscal Marcela Terceros.

Citado en el caso de presunto incumplimiento de deberes, contribuciones y ventajas ilegítimas del servicio público y ejercicio indebido de la profesión, a instancias del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Hernán Hinojosa, el dirigente se presentó en la Fiscalía de Santa Cruz acompañado de sus abogados Martín Camacho y Jorge Valda.

La audiencia será reprogramada y debidamente notificada a Calvo, señala el acta de comparecencia y suspensión de audiencia del caso.

Calvo había citado para las 14.00 de este lunes en el caso de usurpación de funciones. El denunciante alegó en agosto que el dirigente cívico ejerció funciones de proctólogo en la Caja Petrolera de Salud sin presuntamente contar con título de la especialidad.

Además de ese caso, el líder cívico afronta una treintena de procesos desde 2003. La semana pasada, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, comunicó que su despacho admitió la denuncia contra Calvo sobre supuestos delitos de conspiración, sedición y atentado contra la libertad de trabajo.

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La propuesta de Estado federal surge de la ‘frustración’ política de las oligarquías cruceñas

Analistas cuestionan que la falta de proyección nacional de Luis Fernando Camacho obligó a éste a lanzar su propuesta, incluso con el fin de sostener una emoción regional.

/ 24 de noviembre de 2021 / 21:54

La propuesta de Luis Fernando Camacho de Estado federal surge de una frustración política de parte de las oligarquías y los liderazgos políticos cruceños que no logran proyectarse en el ámbito nacional.

En ese análisis coincidieron la socióloga Luciana Jáuregui y el economista Armando, quienes abordaron el asunto en un conversatorio en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

El lunes, una semana después de terminado el paro que propició Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, el gobernador de Santa Cruz y jefe político de la alianza Creemos planteó su propuesta en respuesta a la hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS) y contra lo que él llamó “Estado centralista”.

En su análisis sobre la propuesta, Jáuregui se remonta a las viejas propuesta de la oligarquía cruceña, que, por ejemplo, se articuló en la demanda de descentralización al inicio del siglo. “Dado que las oligarquías cruceñas no han podido aceptarse ni proyectarse como fuerza política a nivel nacional, han optado, en cambio, por desgajar a los departamentos de la hegemonía política generacional popular del MAS”, afirmó.

“Y eso tiene que ver con la debilidad política que en lugar de aproximarse y expandirse hacia el centro, tiende, en cambio, a radicalizarse, lo cual significa en cierto modo una suerte de repliegue territorial del poder”, justificó Jáuregui.

Puede leer también: Camacho llama a luchar por el federalismo y acabar con el centralismo y hegemonía del MAS

Ortuño coincidió con su compañera de panel, aunque consideró que hay dos elementos en el análisis, uno de largo plazo y otro de coyuntura. Sobre lo primero, afirmó que “la combinación autonomía-identidad regional se ha vuelto un elemento importante para construir una identidad política, y eso no es de ahora, ya estaba presente desde el inicio de siglo, desde el fin de la democracia pactada: el debate autonómico y el debate constitucional”.

Consideró que “Camacho retoma eso con mucha fuerza, retoma un activo muy valioso en Santa Cruz, que es el cruceñismo, y a partir de ese cruceñismo consigue resultados electorales interesantes. Y sigue aprovechando ese cruceñismo para seguir posicionándose”.

Luego de liderar las protestas entre octubre y noviembre de 2019 que terminaron con el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, debido a un supuesto fraude electoral denunciado por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz optó, primero, ser candidato presidencial en 2020 y, luego, postulante a la Gobernación de Santa Cruz en 2021. Consiguió victoria en esta última elección.

Ahora en el poder regional, Camacho propuso un Estado federal, propuesta a la que, sin embargo, no se avinieron políticos de oposición más que para el debate.

“La propuesta federalista de Camacho ya la propone como un contraproyecto frente al proyecto nacional-popular del MAS. Talvez ahí Camacho se está planteando un horizonte atractivo no solo para Santa Cruz, sino para otras regiones”, opinó Ortuño.

“Y en la coyuntura hay un aspecto muy práctico: después del último conflicto en Santa Cruz se pudo generar cierta frustración en la gente. ¿En qué sentido? Un conflicto largo y complicado, y el resultado no es necesariamente maravilloso en términos de movilizaciones cívicas”, dijo.

Al término del paro, una facción de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo de choque del Comité pro Santa Cruz, cuestionó la suspensión del paro, que por nueve días había liderado Calvo contra la ahora abrogada Ley 1386, de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Incluso, la noche de la suspensión, el martes de la semana pasada, ese grupo de choque rodeó la sede comiteísta y pidió la cabeza de su líder.

Camacho no comentó el incidente ni expresó su apoyo a Calvo.

“La gran pregunta para los políticos cruceños es cómo yo sigo manteniendo el entusiasmo y la emoción. Evidentemente, Camacho lanza su propuesta federalista con gran pompa, en buena medida coyuntural”, opinó Ortuño.

En el ámbito nacional, el presidente Luis Arce desafió a Camacho y a la oposición a ganarle al MAS incluso en un supuesto Estado federalista, y el jefe de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, consideró la propuesta como inoportuna, aunque se declaró abierto al debate. Si bien al principio el expresidente Evo Morales abrió la posibilidad de debate sobre la materia, incluso la discusión sobre un eventual referéndum, este miércoles afirmó que la propuesta de Camacho es «separatista».

Los alcaldes de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; de La Paz, Iván Arias; de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y de El Alto, Eva Copa, expresaron su indiferencia a la propuesta, y cuestionaron a su turno de partidaria y ajena a otros asuntos más importantes ahora, como la discusión del pacto fiscal o la consolidación de las autonomías.

Ante esas reacciones, Camacho admitió que hace falta socialización de la iniciativa. Y se ha puesto en campaña con una serie de conversatorios que debía comenzar la noche de este miércoles.

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La Caja Petrolera explica que la destitución de Calvo es ‘netamente administrativa’

El director de la Caja Petrolera, David Martínez, se preguntó por la “casualidad” de la difusión en redes sociales de la destitución del dirigente del Comité pro Santa Cruz.

David Martínez, en conferencia de prensa. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 24 de noviembre de 2021 / 13:40

La Caja Petrolera de Saludo (CPS) aclaró que la destitución de su funcionario Rómulo Calvo, a su vez presidente del Comité pro Santa Cruz, es “netamente administrativa” y que la revisión de su caso data desde abril, cuando la entidad dispuso el seguimiento a la asistencia de su personal.

En este caso, “el afán de la Caja Petrolera es netamente administrativo”, dijo en una explicación a los periodistas el director de la entidad, David Martínez.

El martes se conoció la resolución de destitución de Calvo, que por más de una semana propició un paro en Santa Cruz contra la ahora abrogada Ley 1386, de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

El dirigente era proctólogo en la regional de la Caja Petrolera de Santa Cruz, que, en la justificación de su decisión, invocó el Decreto Supremo 1592. La norma señala que se interrumpirá las tareas de un funcionario por “inasistencia o el abandono injustificado del trabajo cuando excedan de seis días hábiles seguido”.

También puede leer: Destituyen a Calvo de la Caja Petrolera por abandono de trabajo; impugnará la resolución

La defensa de Calvo adelantó que éste continuará en sus funciones mientras se resuelva una impugnación contra la destitución.

Martínez insistió en que el caso es netamente administrativo. “Hoy se me ha hecho llegar lo que el sumariante ha encontrado de todas las pruebas que se han evidenciado y le ha hecho llegar al señor Calvo de forma oficial ayer la destitución de su cargo, pero este documento es netamente técnico-legal”, dijo.

Adelantó que el afectado tiene todo el derecho de impugnar la decisión.

“Hemos continuado con nuestra investigación, esto viene desde abril. Qué coincidencia que, por las redes sociales, han sacado resoluciones y memorandos que yo no he emitido” antes, afirmó.

Martínez aclaró que la regional de la Caja Petrolera de Santa Cruz hizo el seguimiento de la asistencia e Calvo, no así la oficina central. Además, dijo que ese reporte fue enviado a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Assus) y al Ministerio de Salud.

“Esta dirección se maneja en el marco del respeto a las personas, de sus derechos y en el marco netamente legal. No tenemos ningún interés, y qué casualidad que en este momento, después de un paro cívico, hayan saltado relaciones entre (Fernando) Castedo y Calvo”, dijo.

Fernando Castedo también había sido dirigente del Comité pro Santa Cruz.

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Justicia recuerda que la Constitución dicta la aprobación de leyes por mayoría absoluta

La cartera de Estado aclaró que la modificación de los 2/3 de votación solo sirve para “temas administrativos” y no para la aprobación de leyes o juicio de responsabilidades.

La sala de sesiones de la Cámara de Senadores. Foto: Rodwy Cazón

/ 16 de noviembre de 2021 / 14:39

En medio de otro debate político y conflicto sobre la forma de aprobación de normas en la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Justicia recordó que todas las leyes se aprueban con “mayoría absoluta”.

“De acuerdo con el artículo 163 de la Constitución Política del Estado (CPE), ‘las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes’ y así ocurre al interior del Órgano Legislativo a lo largo de décadas y en muchos países del mundo con el fin de garantizar gobernabilidad”, explicó la cartera de Estado en una nota de prensa.

El retiro de la votación por dos tercios de los reglamentos de las cámaras de Diputados y de Senadores durante el periodo legislativo final 2014-2020 ha reavivado conflictos políticos en el país, que de demandar la abrogación de la Ley 1386, de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, pasó la petición de restitución de los dos tercios.

También puede leer: Asamblea de la Paceñidad acoge demandas cívicas, convoca a marcha y amenaza con paro

El lunes, la Asamblea de la Paceñidad, en coincidencia con las alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, determinó solicitar la restitución de los 2/3 para la aprobación “consensuada de leyes”.

El Ministerio de Justicia consideró que los reglamentos legislativos “respetan lo dispuesto en la Carta Magna referido al tratamiento de asuntos de carácter estratégicos y lo dispuesto para la aprobación de leyes”.

Al contrario, explicó que la modificación de finales de 2020 “corresponden únicamente a artículos que se refirieren a temas administrativos”. Así, explicó que se esos ajustes se refieren a la aprobación del orden del día, la revisión de la documentación enviada por el Órgano Ejecutivo para ascensos de las Fuerzas Armadas como trámite administrativo, el establecimiento de sesiones por tiempo y materia, y la entrega de honores, entre otros.

La nota de prensa aclara que en los reglamentos de Senadores y de Diputados se mantiene el mandato de la Constitución en relación de la aplicación de 2/3 para la elección de miembros del Órgano Electoral, las interpelaciones a ministros de Estado y su posible censura, la autorización de juicio de responsabilidades a Presidente y Vicepresidente, la designación del Fiscal General del Estado o la objeción de la designación del Procurador General del Estado.

Además, para la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Aplicación de sanciones a diputados y senadores; el juzgamiento de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura o cualquier tipo de reforma parcial de la Constitución.

Con la abrogación en curso de la Ley 1386, que fue factor de conflicto en los últimos días, CC y Creemos, además del Comité pro Santa Cruz, impulsan protestas por la restitución de los 2/3 en casos legislativos.

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