Empresa productiva o de beneficencia
La creación de una empresa se justifica en función de los fines que persigue y las capacidades que se le dota. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) fue creada como una empresa para administrar las minas nacionalizadas y dar réditos económicos al Estado. La tergiversación de estos fines al final la ha inviabilizado.
El tema viene a colación por las movilizaciones de los trabajadores de la empresa Andacaba, que corean frente al Ministerio de Minería solución a sus problemas. La empresa se ha cerrado hace dos años y el propietario no ha cumplido con sus obligaciones sociales: beneficios sociales, sueldos, aportes a la AFP, etc. Este problema que tiene rasgos delincuenciales no halla solución en los ámbitos judiciales y la dilación provoca un problema social, a punto de convertirse en político, es decir se obliga a la intervención estatal en un problema de particulares.
Hay normas para este tipo de problemas. El contrato minero tiene como condición la presentación de un plan de trabajo, incluido el financiamiento; el no cumplimiento se sanciona con la nulidad, de igual modo una unidad productiva que se halla ociosa es inmediatamente revertida al Estado. Por otro lado, la Justicia establece que los beneficios sociales son irrenunciables e inembargables y son de atención preferente en caso de existir otros acreedores del patrón. Estos antecedentes han llevado a que se creen las empresas sociales cuando una empresa quiebra, y su capital inicial se compone de los beneficios sociales adeudados por el patrón.
El problema lo hacemos resaltar porque en pasillos se comenta de la intención de hacer un contrato con la Comibol para continuar las operaciones, esto sin establecer el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores ni otros acreedores, ni determinar cláusulas de seguridad por los gastos que vaya a realizar la empresa estatal. No sería la primera vez que se actúa de este modo, escudándose en el problema de la desocupación de los trabajadores; en el pasado la Comibol ha asumido responsabilidades que no le competían, y hoy resultan ser una carga pesada que se agrava por la falta de decisión para emprender las tareas de una empresa productiva, donde la responsabilidad de ejecutivos y trabajadores sea compartida.
En 2015, la empresa Lion Gold, concesionaria de la mina de Amayapampa, de la noche a la mañana desapareció del escenario nacional, dejando a los trabajadores desamparados y sin cumplir con sus obligaciones sociales. La solución fue el traspaso del derecho minero a la Comibol, la que con beneplácito aceptó la obligación, sin prever que no era una actividad de su Plan Operativo Anual, por lo tanto cualquier movimiento económico era imposible. Así se fueron asumiendo responsabilidades con una planilla de 280 trabajadores, mientras, al no existir un plan industrial de producción, ni los recursos para encararlos, se ensayaban métodos de producción artesanal; esta situación se mantuvo hasta el presente año, cuando se transfirió el contrato minero a una empresa privada. Mientras tanto, no se cuantifica el daño económico para la empresa estatal. Lo propio ocurrió en 2012, cuando en una acción de fuerza trabajadores cooperativistas tomaron el ingenio de Molinos de la Empresa de Caracoles, echando a la calle a más de 100 trabajadores, los que hasta el presente siguen dependiendo de la Comibol sin labores productivas específicas, al no definirse un plan de trabajo sostenido ni apoyarlo con los recursos económicos suficientes, algo que no ocurrirá dada la estructura de la actual Comibol.
Otro caso es el de mina Capurata, yacimiento de azufre que la Comibol rehabilitó en 2012 para integrarlo a la cadena productiva del cobre, conjuntamente con la fábrica de ácido sulfúrico y la mina de Corocoro; la cadena productiva hacía rentable las tres unidades productivas, pero la fábrica no era de propiedad de la Comibol, sino de la Corporación de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Cossmil), con la que firmó un contrato de asociación por cinco años; una vez cumplido este tiempo, sacó a la empresa minera del circuito para dar paso a la producción de ácido sulfúrico, importando azufre del exterior y dejando sin trabajo a los 50 mineros de Capurata. Hoy siguen como empleados de la Comibol.
El trabajo es un derecho, pero éste tiene un carácter permanente y digno en la medida que lo proporcione una empresa rentable, no con la explotación del trabajador, sino con la aplicación de técnicas y organización que garanticen su eficiencia. El sobrevivir a costa de rentas provenientes de los alquileres de yacimientos mineros es cómodo, pero no digno; estos recursos debieran utilizarse para crear verdaderas empresas productivas y no un gigante con pies de barro.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.