Voces

Sunday 7 Aug 2022 | Actualizado a 06:08 AM

Empresa productiva o de beneficencia

/ 26 de julio de 2022 / 01:34

La creación de una empresa se justifica en función de los fines que persigue y las capacidades que se le dota. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) fue creada como una empresa para administrar las minas nacionalizadas y dar réditos económicos al Estado. La tergiversación de estos fines al final la ha inviabilizado.

El tema viene a colación por las movilizaciones de los trabajadores de la empresa Andacaba, que corean frente al Ministerio de Minería solución a sus problemas. La empresa se ha cerrado hace dos años y el propietario no ha cumplido con sus obligaciones sociales: beneficios sociales, sueldos, aportes a la AFP, etc. Este problema que tiene rasgos delincuenciales no halla solución en los ámbitos judiciales y la dilación provoca un problema social, a punto de convertirse en político, es decir se obliga a la intervención estatal en un problema de particulares.

Hay normas para este tipo de problemas. El contrato minero tiene como condición la presentación de un plan de trabajo, incluido el financiamiento; el no cumplimiento se sanciona con la nulidad, de igual modo una unidad productiva que se halla ociosa es inmediatamente revertida al Estado. Por otro lado, la Justicia establece que los beneficios sociales son irrenunciables e inembargables y son de atención preferente en caso de existir otros acreedores del patrón. Estos antecedentes han llevado a que se creen las empresas sociales cuando una empresa quiebra, y su capital inicial se compone de los beneficios sociales adeudados por el patrón.

El problema lo hacemos resaltar porque en pasillos se comenta de la intención de hacer un contrato con la Comibol para continuar las operaciones, esto sin establecer el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores ni otros acreedores, ni determinar cláusulas de seguridad por los gastos que vaya a realizar la empresa estatal. No sería la primera vez que se actúa de este modo, escudándose en el problema de la desocupación de los trabajadores; en el pasado la Comibol ha asumido responsabilidades que no le competían, y hoy resultan ser una carga pesada que se agrava por la falta de decisión para emprender las tareas de una empresa productiva, donde la responsabilidad de ejecutivos y trabajadores sea compartida.

En 2015, la empresa Lion Gold, concesionaria de la mina de Amayapampa, de la noche a la mañana desapareció del escenario nacional, dejando a los trabajadores desamparados y sin cumplir con sus obligaciones sociales. La solución fue el traspaso del derecho minero a la Comibol, la que con beneplácito aceptó la obligación, sin prever que no era una actividad de su Plan Operativo Anual, por lo tanto cualquier movimiento económico era imposible. Así se fueron asumiendo responsabilidades con una planilla de 280 trabajadores, mientras, al no existir un plan industrial de producción, ni los recursos para encararlos, se ensayaban métodos de producción artesanal; esta situación se mantuvo hasta el presente año, cuando se transfirió el contrato minero a una empresa privada. Mientras tanto, no se cuantifica el daño económico para la empresa estatal. Lo propio ocurrió en 2012, cuando en una acción de fuerza trabajadores cooperativistas tomaron el ingenio de Molinos de la Empresa de Caracoles, echando a la calle a más de 100 trabajadores, los que hasta el presente siguen dependiendo de la Comibol sin labores productivas específicas, al no definirse un plan de trabajo sostenido ni apoyarlo con los recursos económicos suficientes, algo que no ocurrirá dada la estructura de la actual Comibol.

Otro caso es el de mina Capurata, yacimiento de azufre que la Comibol rehabilitó en 2012 para integrarlo a la cadena productiva del cobre, conjuntamente con la fábrica de ácido sulfúrico y la mina de Corocoro; la cadena productiva hacía rentable las tres unidades productivas, pero la fábrica no era de propiedad de la Comibol, sino de la Corporación de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Cossmil), con la que firmó un contrato de asociación por cinco años; una vez cumplido este tiempo, sacó a la empresa minera del circuito para dar paso a la producción de ácido sulfúrico, importando azufre del exterior y dejando sin trabajo a los 50 mineros de Capurata. Hoy siguen como empleados de la Comibol.

El trabajo es un derecho, pero éste tiene un carácter permanente y digno en la medida que lo proporcione una empresa rentable, no con la explotación del trabajador, sino con la aplicación de técnicas y organización que garanticen su eficiencia. El sobrevivir a costa de rentas provenientes de los alquileres de yacimientos mineros es cómodo, pero no digno; estos recursos debieran utilizarse para crear verdaderas empresas productivas y no un gigante con pies de barro.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Comibol: nuevos desafíos

/ 12 de julio de 2022 / 01:45

En ceremonia realizada en la Casa del Pueblo, el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, posesionó al nuevo presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). La jerarquía del acto nos retrotraía a las viejas épocas cuando el ejecutivo de la empresa estatal tenía el rango de ministro, porque la economía del país dependía de ella, con el 80% de la generación de divisas; con una tributación al TGN del 37% del valor bruto de sus exportaciones, mantenía al país.

El discurso del nuevo presidente de la Comibol, enumerando los viejos proyectos de exploración, palideció ante el nuevo desafío planteado por el Presidente: “No solamente queremos extractivismo en minería, queremos industrialización de nuestros minerales.” “Bolivia tiene un enorme potencial y seguirá siendo por mucho tiempo un país minero.” En efecto, actualmente la minería se muestra como el principal exportador del país, con más de $us 5.000 millones, pero toda esta producción no es sino materia prima, como concentrado de minerales o metálico. No hay agregación de valor por la industria, ni siquiera por la artesanía.

El presidente Arce reafirma el rol de la Comibol, enunciado desde su fundación en 1952 y ratificado en la actual Constitución, como institución a cargo de toda la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, industrialización y comercialización. Sin embargo, cuando se crearon instituciones como el Servicio Geológico Boliviano y la Empresa Nacional de Fundiciones, y se dio paso a la libre exportación de minerales, este mandato se fue reduciendo hasta hacerla una simple explotadora y vendedora de concentrados; hoy, a pesar de la CPE y la ley minera, el sector estatal minero sigue descuartizado.

El llamado a la fundición e industrialización de los minerales es un gran objetivo y como tal tiene poderosos enemigos: las transnacionales que compran nuestros minerales, ya que la industrialización significa aumentar en 10 veces el valor de la materia prima, eso es lo que vigilan. No hay otra explicación cuando se analiza la frustración por 20 años para tener la fundición de estaño o los traspiés en tratar de implementar las fundiciones de bismuto, antimonio, la de Karachipampa para concentrados de plomo y plata o las licitaciones frustradas para las plantas hidrometalúrgicas de zinc y plata. Son estas manos invisibles que se mueven bajo argumentos, dizque técnicos, con palos blancos que se presentan a las licitaciones para sabotear, funcionarios burocráticos que encuentran cualquier razón para evitar su realización. Se trata de encontrar caminos para sobreponerse a cualquier obstáculo que surja en el camino deseado.

Para lograr esto se requiere cambiar la actual Comibol —resabio del neoliberalismo—, dedicada a firmar contratos leoninos de alquiler y malbaratar los activos de la empresa; pasar a ser una empresa productiva moderna, que controle toda la cadena minera, realice una explotación racional y eficiente, capaz de dar réditos al Estado y enfrentar con solvencia los nuevos retos de la industrialización.

Para ello es necesaria la reorganización de la empresa estatal, partiendo de recuperar su autonomía, para encarar proyectos a largo plazo, ajenos a la coyuntura política, pero no a los objetivos del Estado Plurinacional. Requiere que asuma el control de sus empresas y los encuadre a los objetivos nacionales, integrarlos en términos de racionalidad y eficiencia, superando los enfrentamientos entre productores y fundidores, unificar los institutos de investigación en uno solo para crear un conocimiento científico propio, de acuerdo con nuestra realidad y asumiendo los avances de la ciencia en todo el mundo. En esta tarea está conocer e identificar los elementos valiosos que contienen nuestros minerales como el indio, el cadmio, que hoy los exportamos sin enterarnos y asumir, tal como exhortó el presidente Arce, la explotación de tierras raras cuya identificación y procesamiento hoy nos son desconocidos.

Es necesario que se libere la Comibol de atender el desbarajuste que dejó el proceso de privatización, con juicios sociales, transferencia y titulación de activos, debe dejar de ser el guardián de bienes que no son suyos o que ya no necesita la nueva Comibol; además, hay que sanear sus relaciones con otras instituciones estatales: ENDE, COSSMIL, ES-Mutún, YLB.

Es preciso concluir y poner en marcha los proyectos donde se han hecho enormes inversiones y que requieren cosechar sus réditos, encarar la ejecución del proyecto Metalox, para la recuperación de zinc, plata, indio y cadmio, cuya dimensión y costo son de ejecución a corto plazo y con recursos propios.

La tarea es grandiosa, solo queda dar marcha al desafío, éxitos ingeniero Marcelino Quispe.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Empantanamiento o avance en el cambio

/ 28 de junio de 2022 / 02:59

El debate impuesto por los diferentes medios nos lleva a la conclusión de que nos encaminamos a un proceso de desinstitucionalización. La inviabilidad en la elección del Defensor del Pueblo, la crisis del sistema judicial, de la autonomía universitaria, la desorientación en las empresas estatales, el desprestigio de las Fuerzas Armadas y la Policía, parecieran confirmar la tesis. Todos claman por la reforma y esta fracasa una y otra vez.

El tener unas instituciones modernas ha fracasado en toda nuestra historia republicana. La conclusión final que sacamos es que ésta no corresponde con nuestra realidad, abigarrada en lo político, económico y cultural. Así surgió el desafío de construir un Estado Plurinacional. Nuestro problema es que dudamos en dar ese paso, ya que sus caminos son desconocidos y pecamos de insistir en lo tradicional.

Veinte años de neoliberalismo fueron no solo del saqueo del país, sino también de reinvento de la República: la reforma judicial (Blattmann) con la creación de los jueces ciudadanos, la ingeniería política: modernizar los partidos políticos, diputados uninominales para una representación ciudadana, consenso político para la elección del presidente y autoridades, Ley SAFCO para evitar la corrupción, Ley de Medio Ambiente que incluye la consulta previa a los pueblos indígenas, Defensor del Pueblo para evitar los abusos desde el Estado, reforma educativa incluyente, etc., etc. Todas fracasaron por la esencia de un Estado señorial y la sociedad partida, con grandes abismos económicos, sociales y culturales.

La construcción del Estado Plurinacional requiere de nuevas instituciones que tengan como principios la igualdad y la participación ciudadana; esta institucionalidad tiene que surgir de la identificación de los poderes fácticos, del choque con las murallas que impiden el avance hacia una mejor distribución de la riqueza, que es la única forma de inclusión de las masas que hoy se encuentran marginadas.

¿Cómo hacer que la riqueza de la minería beneficie con justicia a quienes participan en esta actividad, que no son solo los trabajadores sino las regiones que poseen estos recursos? Solo un conocimiento serio del sector nos dará la respuesta, pero no la ilustración de especialistas, sino la generalización de los conocimientos de todos/todas los involucrados. Así el asalariado se dará cuenta que un recurso natural no solo paga su salario, sino que el mayor valor se va al exterior sin beneficio para el país; de esta manera estaríamos rompiendo la lógica individualista de “yo soluciono mis problemas, del resto no me importa”. Las regiones no solo deben pedir regalías, sino saber lo que se pierden en el desarrollo regional y nacional cuando se permite la exportación de concentrados de minerales, sin fundirlos, ni mucho menos industrializarlos.

Esta ampliación de la democracia al conocimiento, sin duda, abre la posibilidad de identificar nudos que requieren de cambios en las instituciones y las normativas, pero ante todo abre el compromiso de un conglomerado social en la definición de las políticas y a posteriori en el control y la fiscalización, con el único fin de superar el atraso y las desigualdades en la sociedad.

El bloqueo a la elección de autoridades en el parlamento nos retrotrae a la democracia pactada, donde los intereses no se consensuan, sino se negocian: ¿cómo romper el bloqueo? No hay otra salida que ampliar el espectro de decisión, ampliar la democracia, haciendo que los candidatos sean propuestos por organizaciones representativas de la sociedad civil, que avalen no solo el conocimiento, sino la solvencia moral y ética de los candidatos, valoración que tiene que ser precedida de una democracia asambleísta, donde todos se conocen y pueden juzgar con conocimiento a cada uno de los candidatos. Al final será la voluntad popular la que toma las decisiones.

La elección de los miembros de los órganos de Justicia establecidos por la Constitución plurinacional por elección popular es correcta, el cuestionamiento viene en la selección de los candidatos por el Órgano Legislativo, porque se cae de nuevo en el pactismo, por lo que se debiera comenzar eligiendo en forma directa a los jueces de barrio, de distrito, y de esa manera llegar a la elección de magistrados precedidos de una amplia experiencia judicial avalada por la ciudadanía.

Se trata de construir nuevos caminos, para cimentar un nuevo Estado. Cada Estado tiene una estructura que garantiza su reproducción, por lo cual se hace imprescindible buscar alternativas sólidas en la construcción del nuevo Estado y desechar lo corrosivo.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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78 años de pie: FSTMB

/ 14 de junio de 2022 / 01:07

En medio de oropeles: globos, flores, tortas de ocasión, manteles y sillas decoradas, en el flamante edificio Orlando Gutiérrez se realizó el acto de homenaje a los 78 años de fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Si pudiéramos resumir esta gloriosa historia diríamos que es la historia de la defensa de la riqueza minera para beneficio del pueblo boliviano.

En medio de la II Guerra Mundial, mientras aumentaba su riqueza con los precios altos del estaño y los bonos de guerra, allá en Delaware, Estados Unidos, Patiño mandaba a masacrar a los mineros en las pampas de María Barzola. Los mineros aprendieron que el gobierno respondía a los intereses de la gran minería, comprensión que llegó a militares patriotas que depusieron a Peñaranda, nombrando a Gualberto Villarroel. Él alentó la organización de mineros y campesinos, así nació la Federación de Mineros un 11 de junio de 1944, en Huanuni. Allí se denunció el bloqueo que sufría su gobierno y apoyó su política de la entrega obligatoria de divisas al Estado.

El colgamiento de Villarroel significó incertidumbre para los trabajadores y llegaron a la conclusión de que solo su propio gobierno, de obreros y campesinos, podría garantizar sus derechos y el futuro de la nación. Iniciaron su lucha política: participaron en las elecciones parlamentarias de 1947, ganando dos senadores y seis diputados; hicieron del Parlamento una tribuna de denuncia ante los atropellos de la gran minería, como el despido de mineros por su actividad sindical y el uso del ejército para solucionar los problemas sociales, lo que provocó su expulsión del Parlamento y el exilio a Chile de sus dirigentes Lechín y Torres, junto al diputado Lora. Se iniciaría la lucha conspirativa: clandestinamente orientaban los debates en los congresos mineros que cada año se llevaban a cabo, en los que se insistía sobre la falsedad de la democracia y la sumisión del gobierno a la rosca minero-feudal.

Así se llegó al golpe del 9 de abril que abortó, por la traición y la dubitación de la dirección del MNR, para convertirse en una insurrección popular. Tres días de combate y la sangre de 3.000 personas demandaba más que un simple cambio del titular de la silla presidencial, así los mineros impusieron la nacionalización de las minas, al igual que los campesinos, la reforma agraria. La dilatación en dictar las medidas — 31 de octubre de 1952 y 2 de agosto de 1953— y encasilladas por la vía legal, mostraron que el MNR no estaba preparado para su ejecución.

A los días de la nacionalización, ésta no era lo que creían, el estaño seguía fluyendo a las fundiciones de Patiño; como emergencia plantearon la construcción de fundiciones en el país, dieron aporte de sus magros salarios, sabiendo que la fundición y la industrialización son pasos sucesivos para controlar la cadena productiva y tener excedentes económicos.

La crisis inflacionaria de 1956 se debió a la baja productividad, la respuesta fue monetarista: reducir la masa monetaria suprimiendo puestos de trabajo y rebajando salarios. Se cerraron las minas de Pulacayo, Bolsa Negra y Kami, justificándolo por la caída de los precios de la plata y el wólfram; se incentivó el retiro voluntario con bonos extralegales, ofreciendo tierras en el oriente. Los mineros dieron su palabra: la solución era invertir en la producción, que el gobierno deje de utilizar a la Comibol como su caja chica, para invertir en sus empresas.

La oposición a estas medidas fue dura, sus argumentos eran sólidos; la certeza de su discurso se debía al conocimiento de lo que sucedía en la Comibol por la presencia del Control Obrero. La labor de Federico Escóbar, Sinforoso Cabrera, Arturo Crespo, Jorge Zaral, Mario Torres como Control Obrero era ejemplar, por eso el imperialismo y la burocracia se plantearon como objetivo marginar a los obreros de la administración de la empresa, junto a la rebaja de salarios y la limitación a la actividad sindical. Le faltó fuerzas a Paz Estenssoro para aplicar el Plan Triangular que contemplaba estas medidas. En mayo de 1965, ya con el general Barrientos, se aplicarían a fuerza de bayoneta; la resistencia fue larga entre idas y venidas hasta que en 1985 se impuso el modelo neoliberal que liquidó a la histórica clase obrera minera.

La victoria del pueblo boliviano sobre el neoliberalismo abrió nuevos horizontes; los conflictos sociales obligaron a revertir las minas de Huanuni y Colquiri y recuperar la fundición de Vinto. La Asamblea Constituyente captó la esencia de la nacionalización, la Ley Minera traduce la esperanza de construir una empresa estatal con los desafíos de la fundición e industrialización de los minerales, pero no dejan de ser papeles. Falta el ajayu de los mineros de entonces, la necesidad hará madurar las tareas pendientes. Mientras tanto, la estatua de don Juan Lechín Oquendo espera en los sótanos del flamante edificio.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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En defensa de las empresas estatales

/ 31 de mayo de 2022 / 03:03

La rendición pública de cuentas es una instancia donde se anuncia la proyección de las acciones y los resultados del trabajo en una gestión. La semana pasada se dio a conocer el informe de inicio de gestión del sector minero, que consta del informe mismo y de las aclaraciones a la prensa.

El informe no tiene nada trascendente. Se sigue manteniendo la modorra de gestiones pasadas, no hay nada que nos diga que el sector minero está en emergencia, no por la crisis, sino por el auge de precios de los minerales. Esta emergencia debe llevar a acelerar los proyectos, captar nuevas tecnologías, aumentar la producción para dar réditos al pueblo boliviano.

En el caso de las empresas productivas del Estado: Huanuni, Colquiri, Corocoro, Vinto y Karachipampa, los niveles de producción están estancados, situación que no se explica a pesar de las inversiones realizadas con el fin de mejorar los rendimientos y aumentar la producción. ¿Qué explicación se nos da? El silencio subliminal nos induce a pensar que el Estado es un mal administrador. Esta deducción se confirma con las aseveraciones dadas a la prensa por el presidente de la Comibol, quien afirma que la empresa está dispuesta a negociar términos nuevos con la empresa privada para la explotación de sus yacimientos, ya que le parece “negativa” la relación 55-45 en favor del Estado. Esto explica por qué la mayor inversión se dé en exploraciones, para luego subastarlas y no para que la empresa estatal explote.

La nacionalización es producto de la conciencia del pueblo boliviano que dijo basta al saqueo. Patiño pagaba 3% de valor bruto del mineral que extraía, Sánchez de Lozada hasta 8%. Con eso hicieron grandes fortunas mientras el pueblo recibía migajas; éste derrotó a la oligarquía minera para que sus empresas estatales produzcan y sean los bolivianos los que se beneficien. Estos objetivos están remarcados en la Constitución del Estado Plurinacional, “ingresos equitativos” en el caso de la explotación de recursos naturales, “reinversión de las utilidades” para la industrialización, participación mayoritaria en el caso de los hidrocarburos y la Ley Minera (535) establece el contrato de asociación con una participación para la Comibol de 55% de la utilidad.

La apertura a la ley minera con la Ley 845 señala que la Comibol puede hacer contratos de operación minera fijando una participación sobre el monto de la producción bruta; sin embargo, esta apertura no dio los resultados esperados y hasta la fecha solo se han firmado dos, los que no han llegado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque ya están operando. ¿Cuál la razón? Simplemente no son aceptados por el cuerpo colegiado del Gobierno, pues se fija una participación menor al de los tiempos neoliberales.

La creación de las empresas estatales busca que éstas sean productivas, no administradoras de contratos: es la única manera que Bolivia aumente su capacidad productiva, creando recursos humanos para que desarrollen y potencien el país. Colquiri demostró que la Comibol recibió $us 20 millones de utilidad el primer año de revertido, antes recibía 5 millones. Es fácil ser un martillero de remate y esperar apoltronado las migajas del banquete.

Los contratos de asociación se hicieron necesarios como herencia del neoliberalismo; consisten en que el Estado pone el yacimiento y la empresa, el capital. Una vez cuantificados los costos de operación e impuestos, el saldo es la utilidad, con una participación mayoritaria para el Estado. El contrato requiere que el Estado esté dispuesto a llevar a cabo planificación, seguimiento, control de las inversiones prometidas y garantice los beneficios esperados.

El único contrato de asociación firmado por la Comibol fue con Illapa, hasta hace poco subsidiara de Glencore. Cabe algunos interrogantes al respecto. ¿Por qué la adenda modificatoria al contrato no fue remitida a la Asamblea Legislativa, que lo aprobó con ley? ¿Puede la Comibol tener certeza que la inversión comprometida de $us 100 millones se haya ejecutado? ¿Estas inversiones han dado como resultado un aumento en la producción y las utilidades? Además, ¿la Comibol ha autorizado la venta de las acciones de Glencore a la empresa Santa Cruz?

En cuanto a las fundiciones de zinc, no hay mención. Se ha hablado mucho sobre su importancia, como paso previo a la industrialización de los metales. Las actas firmadas entre el Gobierno y la COB establecen la construcción de dos plantas de zinc en Oruro y Potosí, a cargo de la Metalúrgica Vinto y otra en La Paz, a cargo de la Comibol.

El pueblo boliviano está construyendo la Bolivia plurinacional, exige a los funcionarios públicos defender el patrimonio nacional con soberanía.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Autonomía: ¿castillo de marfil?

/ 17 de mayo de 2022 / 01:17

En 1930 se consagró por ley la autonomía universitaria, otorgándole la facultad de autodirigirse. Este objetivo fue fruto de la lucha del movimiento estudiantil que en 1928 emergió con la consigna “Reforma universitaria” y otras que aterrorizaron a la sociedad conservadora de entonces: “Tierra al indio”, “Minas al Estado” y “Guerra a la guerra”. La lucha no fue fácil, incluso se llegó al amotinamiento de los cadetes del Ejército, quienes apoyaron a los universitarios masacrados en La Paz; finalmente fue el pueblo boliviano que en referéndum aprobó el principio.

El objetivo es claro: el desarrollo y la transmisión de la educación superior, que en gran medida se da por la creación del conocimiento científico, no puede estar cercenado por dogmas religiosos, ni intereses personales o partidarios: debe realizar su labor desterrando estos intereses; su labor académica debe significar un aporte al desarrollo de la sociedad boliviana.

De la universidad surgieron objetivos nacionales de lucha: la nacionalización de las minas, la creación de las fundiciones, la reforma agraria, la defensa de los hidrocarburos, la seguridad social y tantos otros. La universidad era un foro de ideas y su confrontación fue creando la cohesión necesaria para que el pueblo se aglutinara y luchara por estos objetivos.

Sin embargo, como toda institución no está al margen de los males que la aquejan: el burocratismo, la rutina y el surgimiento de grupos de poder que, desnaturalizando los fines de la autonomía, ponen la institución a su servicio; este es un mal crónico que a veces requiere de remezones para volver al cauce. Esto ocurrió por ejemplo en 1970 con la llamada “revolución universitaria” que dispuso la vacancia de las cátedras para asignarlas por concurso de méritos y exámenes de competencia, creó la catedra libre y los exámenes de oposición para garantizar la renovación y la pluralidad de pensamiento. No solo se abrió la puerta al pueblo, sino que la universidad se propuso estar en el seno mismo del pueblo para ayudar a superar sus problemas, tomó en cuenta la formación técnica como eslabón de la formación integral. La osadía no duró mucho, la dictadura de Banzer intervino las universidades y las cerró por dos años; cuando las abrió no había autonomía, siendo designado por la dictadura un Comité Ejecutivo Nacional, que imponía a los rectores y disponía de las cátedras; García Meza fue más allá, nombró a rectores militares.

El retorno a la democracia no recuperó el espíritu de los años 70, la dictadura había inculcado algunos parámetros que hasta hoy perviven: el Comité Ejecutivo Nacional de la Universidad que coarta la autonomía de cada una de las universidades y las somete a un solo canon: la meritocracia y el ascenso social. El neoliberalismo, bajo los parámetros no-a-la-política y eficiencia, buscó ingresos económicos con la distribución de títulos, maestrías, diplomados, sin ver el contexto de las necesidades nacionales, ni sus propias capacidades. La burocracia se ha institucionalizado con la creación de grupos de poder, que dejan a un lado las normas mismas dirigidas a consolidar la universidad. La autonomía, ante la apatía de la mayoría de la comunidad universitaria, se ha convertido en la libertad de hacer lo que les parezca sin ningún tipo de control.

Las universidades, despojadas de un ideario político, se han alejado del pueblo, que confió en ellas y les dio su autogobierno, y han vuelto a ser castillos de marfil aislados de su pueblo y la realidad nacional. No escapa a la memoria que fueron universidades, a través de sus autoridades y a veces de sus consejos universitarios, que entraron al esquema de la conspiración contra el sistema democrático nacional y se sumaron a los afanes desestabilizadores de los sectores más retrógrados del país. Es la hora de la rectificación interna, posteriormente será el repudio nacional.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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