Voces

Friday 19 Aug 2022 | Actualizado a 16:55 PM

El séquito del Ekeko neoliberal

/ 2 de agosto de 2022 / 02:34

Muy suelto de cuerpo, el economista Gonzalo Chávez ha estado comentando en diferentes medios de comunicación que el Gobierno ha “vendido” una nacionalización de fantasía a todos y que la realidad económica que vivimos se debe a un balance cuántico cuasi-perfecto, combinado con una especie de mercado benefactor, extrañamente solo para el caso de Bolivia. Sabemos que el mercado, las veces que tiene mejores precios en un determinado producto, beneficia a todos los países que lo producen; y como todos ya han visto, la realidad es que no todos los países, que se encuentran produciendo el mismo grupo de productos que Bolivia, tienen los destacados indicadores económicos como los de nuestro país.

La nacionalización, a los bolivianos nos ha dado grandes resultados, especialmente en lo social y en lo inclusivo, que es lo que menos le parece interesar a Chávez. Bolivia, a través de su modelo económico, ha sacado en los últimos 10 años a casi 3,5 millones de personas de umbrales de pobreza, cerca al 30% de su población; y sigue en una carrera sin precedentes, ya que para la última gestión medida los reportes han sido los más bajos que se han alcanzado.

La realidad de los años 90, desde luego, no ha sucedido por arte de magia (me refiero a los índices alarmantes de pobreza que en la actualidad han cambiado), los recursos han estado en Bolivia o fugando de ella en manos de unos cuantos, eso no se dice a viva voz por conveniencia de un buen número de generaciones o a sus defensores que se beneficiaron de este contexto. Esa desigualdad se desenmascaró para cuando se presentaron algunos datos, donde para antes de 2006 la gente más ostentosa del país era 128 veces más rica que el decil más pobre, esta brecha se ha disminuido considerablemente, pero aún queda mucho por hacer desde una visión progresista como tiene el Estado boliviano.

El cherry de la torta, como diría mi colega Chávez, acostumbrado a la mezcla del lenguaje de calle con el académico para mostrarse como un buen consumidor de ají de fideo, es en definitiva el Sistema Integral de Pensiones, y es que las Administradoras de Fondos de Pensiones han logrado manejar una cartera de inversiones que bordea ya los $us 23.000 millones, alcanzando aproximadamente la mitad del PIB boliviano, y constituyendo más de cinco veces las reservas internacionales, cuatro veces la inversión pública que hace nuestro país en un año.

Preocupado por el tiempo que se ha demorado en la articulación de una empresa pública, no le ha dado la mirada al lado de los otros “cuates” para ver si tienen listas las bases de datos del proceso de migración, para ver si de verdad “colaboran” como buenos “administradores” y están dispuestos a compartir “su información” que, dicho sea de paso, es la de la historia laboral de los bolivianos, la de la administración de las cuentas de las cuales ellos no son propietarios, sino como su nombre lo dice: “administradores”. Y si vamos más allá, y escuchamos sobre las malas lenguas que aseguran que el Dios de la abundancia neoliberal les ha dado la capacidad salarial de adquirir un vehículo 0 kilómetros por mes a los ejecutivos extranjeros que están al mando de las administradoras, que no residen en nuestro país, o finalmente cuáles fueron las actuaciones de Áñez y su gobierno para que la Gestora desaparezca y no administre nada, dejando nuevamente desprotegidos nuestros recursos. De eso “¡nada, waway!”

Los rendimientos que tienen los recursos que tenemos en las AFP se han vuelto hasta irrisorios y esos recursos tienen la capacidad de poder financiar desde una nueva Santa Cruz hasta un golpe de Estado y a cuanto defensor quiera unos pesitos, las dimensiones de la cartera de inversiones para nuestro país son inmensas e importantes, y desde ya nos merecemos mejores rendimientos, mejor información, mayor alcance, que las de un depósito a plazo fijo en cualquier entidad del sistema financiero. Necesitamos lo que “predica” don Gonzalo en sus “magistrales clases”, dinamismo financiero y no el sedentarismo de recibir comisiones por no hacer nada y de paso reclamar que la coyuntura no les ayuda, pero de eso nuevamente, silencio.

Los bolivianos, a finales de los años 90, hemos contratado un servicio que haga crecer nuestros ahorros con inversiones y acciones de orden financiero, esto ha descendido de, para el caso de Futuro, 11,9% a 1,52% en su punto más bajo anual; mientras que para la “plata” que nos cobran por administrar nuestros recursos, reflejados en sus utilidades, estos no han dejado de incrementarse. De Bs 14,3 millones que obtuvieron en 2010 a 68,9 millones para 2021. Negocio redondo para unos cuantos, desinformación para otros muchos.

Mike Gemio tiene una maestría en Gestión y Políticas Públicas, y es doctorante en Desarrollo y Políticas Públicas.

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El final del capitalismo

/ 7 de julio de 2022 / 00:48

Hace poco tuve la oportunidad de recibir una clase y, por ende, conversar con el profesor Alfredo Gugliano, catedrático de la Universidad Río Grande Do Sul, quien abiertamente ha planteado una crisis profunda del capitalismo que podría decretar su final; es que el desarrollo de este modelo ha determinado serios daños en la construcción de sociedad que tenemos ahora en todo el planeta. No solo por el hecho de que el consumismo está volviendo al hombre en un caníbal insaciable de riqueza sin importarle cuántos puedan morir en su carrera, sino que el individualismo ha destruido el concepto de territorio, comunidad y hasta familia.

Por otro lado, y no menos importante, está el hecho del reemplazo del modelo dada la desaparición del capitalismo como mecanismo de relacionamiento de la sociedad. Este nuevo modelo que regirá relaciones económicas, políticas, sociales, comerciales, humanas y que fijará nuevos paradigmas en las sociedades que producen nuevas generaciones, deseosas de cambios estructurales en sus formas de vida y de relaciones interpersonales, deberá plantear una profunda humanización y cambiar lo que hasta ahora ha carcomido el respeto mutuo entre semejantes.

Lo cierto es que las investigaciones que escriben sobre cuáles son los orígenes que analizan el inicio de la desaparición de lo que sería la economía capitalista, han tenido nuevos argumentos empíricos en la reciente pandemia que ha vivido el planeta, dejando de manifiesto con mucho más énfasis la necesidad de construir sociedades que busquen una cooperación mutua a la cabeza de un determinado gobierno, lo que golpea fuertemente las bases mismas del relacionamiento neocapitalista donde lo individual y lo mezquino han primado frente a las necesidades de la mayoría que se agrupa en lo comunitario.

Mariana Mazzucato ha puesto sobre el tintero una crisis de triple vértice, el primero sanitario (ya comentado en el párrafo anterior), el segundo de orden económico (con un mercado financiero que vive en una incertidumbre histórica) y el tercero y más crítico, el climático. Está por demás describir todo el daño que ha generado el capitalismo a la vida en el planeta, no solo por la idea de crecimiento ilimitado que he planteado en otras publicaciones, sino que el respeto por el lugar en donde vivimos se ha perdido totalmente, el antropocentrismo como concepto que planta el desarrollo nos ha dejado como la especie más dañina y perjudicial de la Tierra y, por ende, urge nuevos criterios que dejen clara la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo donde prime la sumisión por el mundo y las especies que lo habitan.

El contexto político latinoamericano parece estar entendiendo a cabalidad una problemática mundial, este entendimiento se expresa a través de un giro especialmente contextual de los gobiernos de los países de la región, sin describir los grados de progresismo que puedan mostrar cada uno de estos actores; está claro que las sociedades en América Latina y el Caribe están mostrando una convicción de cambio en las estructuras políticas en sus respectivos países, que salvo algunas excepciones rompen un esquema de clases introducido en la política ya hace años, donde el político viene de cuna y es la familia quien promueve al candidato. Para lo que ha pasado, ya en buena parte de los países de este lado del mundo el progresismo ha sido un aluvión que muestra claramente la voz de las nuevas generaciones.

En nuestro país, después de un gobierno de izquierda que estuvo 14 años dirigiendo las riendas del Estado y que fue abruptamente interrumpido por un golpe de Estado, nuestra sociedad ha marcado democráticamente el destino que está dispuesta a correr; con la elección del presidente Luis Arce, la continuidad de las políticas de orden vanguardista en lo social y económico están demostrando que la alternativa al capitalismo es una realidad tangible. El caso boliviano es mostrado con indicadores económicos sobresalientes por medios de comunicación mundiales caracterizados por una tendencia de derecha, es que es prácticamente innegable que después de la crisis de 2020 en Bolivia, actualmente el manejo económico es llevado adelante con la suficiente seriedad y solvencia como para que trascienda en lo social, dejando ver descensos en la tasa de desempleo y la cantidad de personas que se encuentran en umbrales de pobreza y, por ende, continuar la lucha por una sociedad que busca cada día más equidad entre sus habitantes.

Mike Gemio es economista.

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¿Universidades para el desarrollo?

/ 14 de junio de 2022 / 01:09

El sistema universitario, con especial énfasis en el público, se encuentra en una profunda crisis hace mucho tiempo. Si bien los últimos días ha sido la comidilla de todos los medios de comunicación gracias a las denuncias que se dieron en contra de la dirigencia de los estudiantes, sobre sueldos, viáticos y una serie de beneficios, la realidad es que estos hechos son el triste corolario de un aparato pensado para prestar un servicio a la sociedad fundamental para poder alcanzar algún nivel de desarrollo; pero ahora se encuentra convertido en el acorazado castillo de roscas milenarias, que han logrado tomar por asalto a estas instituciones y hacerse dueñas de cargos administrativos y plazas para catedráticos.

Para los que hemos pasado por aulas de las universidades públicas, sabemos que más allá de la calidad de la educación prestada, el gran problema de conseguir un título profesional está en los engorrosos trámites que reclama, en primera instancia, el título profesional y posteriormente el título en provisión nacional; ambos documentos son llave que abre algunas oportunidades a jóvenes que al salir al mercado laboral entienden que el esfuerzo imprimido en culminar sus estudios no son suficientes para conseguir un trabajo espectable, por ende ven frustrada su intención de encontrar mejores días para ellos y sus familias.

Por otro lado, las universidades privadas son un negocio redondo donde se consigue muchos alumnos atemorizados por su paso escabroso por universidades públicas, pero con una lamentable política de contratación del principal recurso: los profesores son llamados a prestar servicios sin establecer un vínculo estable laboral y que, en muchos casos, les dan una categoría de consultores, lo que logra ahorrar recursos a los dueños de estos centros de educación superior, pero que en definitiva genera una alta rotación de este personal que debería tender a la investigación y profesionalización de la cátedra.

La producción intelectual y el análisis crítico de la realidad nacional son muchas veces una multiplicación por cero y es que gran parte de los catedráticos funcionan en una lógica conductivista, impartiendo clases como en el siglo pasado, anclados en lo teórico, viéndose a sí mismos como lumbreras de conocimientos que son fácilmente encontrados por los alumnos en internet. Asimismo, muchos de “los cates” se empeñan en describir hechos que en el mejor de los casos han sucedido hace una decena de años, mostrándolos con hechos novedosos; esto convierte al estudiante en una máquina repetidora para los exámenes, truncando cualquier aspiración de éste para construir pensamiento analítico y propositivo en busca de la solución de problemas en una sociedad multivariable que se deconstruye constantemente para generar nuevos paradigmas.

Los datos muestran que de cada 10 jóvenes que terminan el colegio, solo dos logran culminar sus estudios en casas de estudios superiores, esto hace ver que la obtención de una profesión no está directamente relacionada con la construcción de un buen futuro, y es porque no existe una oferta de profesionales que guarde relación con la demanda que existe actualmente en el mercado; las universidades han entrado en un círculo cómodo de ofrecer carreras en las cuales creen tener las condiciones mínimas, sin pensar si éstas son las que necesitan las empresas y/o el Estado, este divorcio entre sociedad y educación superior se vuelve más evidente cuando muchos titulados no logran conseguir un trabajo o en definitiva no se encuentran ejerciendo la profesión para la cual se prepararon.

La discusión sobre el aporte a la sociedad boliviana por parte del sistema educativo terciario, especialmente público, ya que es pagado con recursos de todos los bolivianos, se vuelve poco clara y repleta de romanticismo teórico cuando es la practicidad la que debería ser una máxima para entender este problema; el mundo está cambiando a una velocidad impresionante y los requerimientos para contar con personal calificado ya no están relacionados directamente a los títulos profesionales; las capacidades técnicas y habilidades blandas son cada vez más importantes en un sistema productivo donde se priorizan los servicios y su calidad, si esto no es comprendido por quienes imparten educación superior y los que eventualmente fungen como autoridades, lo que arrojarán al mercado laboral será, cuánto más, personas que engrosarán nuestras filas de desempleados, dejando así mucho más tenue la percepción de las personas sobre un probable aporte a la construcción del país en la cual las universidades deberían tener un papel fundamental.

Mike Gemio es economista.

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De opinología mediática y otras artes ocultas

/ 25 de mayo de 2022 / 03:23

En las últimas semanas, medios de comunicación han llevado al extremo la capacidad creativa de sus escribanos en economía, mostrando que cualquier espectro que se tenga es bueno para poder demostrar que el Gobierno viene haciendo las cosas medianamente mal. Han traspasado los límites de fantasía generando una serie de artículos de opinión en base a lo que para ellos es la muestra clara del debilitamiento del modelo económico, plantado sobre un hipotético grupo de medidas que habría sido encontrado escudriñando las hojas recicladas de alguna instalación gubernamental y, pese a los intentos, no han podido explicar cuál de los papeleros habría sido el revisado.

No ha faltado el criterioso que con orgullo desmedido ha dicho que la información se encuentra “circulando en redes”; un supuesto impuesto al salario, cobros nuevos para empresas públicas y otros cuentos de terror han sido la base de opiniones que no han hecho más que demostrar lo empobrecido de la sustentación técnica de la que hacen gala al escribir un artículo que habla de la economía de un país.

Entrando en terreno serio, el Gobierno reforzó su eslogan sobre el resurgimiento de la economía boliviana, desde varios flancos que se muestran mucho más sólidos, empezando por el reporte que se ha presentado sobre la solidez del sistema financiero, donde resaltan datos como el 6,5% de crecimiento de la cartera de créditos respecto a marzo de 2021, un crecimiento de 81% de las utilidades de las entidades financieras y la creación de más de 1 millón de cuentas nuevas de ahorro, logrando que el monto que tienen los ahorristas en Bolivia sea mayor a marzo del año pasado en un 8%.

El segundo elemento que pone en claro el mejoramiento del contexto económico en nuestro país ha sido la promulgación del Decreto Supremo 4716, donde se determina que las utilidades de la Gestora Publica de Seguridad Social de Largo Plazo sean también una fuente de recursos que cubra la Renta Dignidad, esto por dos sencillas razones, la primera es que la gestora es la instancia encargada de este pago y, por ende, tiene que velar por la sostenibilidad de lo que hasta ahora ha sido el mecanismo con el cual ha venido generando valor público. Por otro lado, y no menos obvio, está el hecho de que la gestora para 2021, conforme los estados financieros que han sido publicados, ha registrado un superávit de más de Bs 7,8 millones; es irrebatible que parte de estas utilidades puedan ir a reforzar el pago en cuestión y que el Gobierno disponga que uno de los usos que se pueda dar a estas ganancias esté relacionado con la sustantividad de la gestora.

Es necesario hacer mención de que las empresas públicas sufrieron un golpe certero que buscó la inestabilidad en su funcionamiento, no es secreto para nadie que el gobierno de Áñez hizo hasta lo imposible para que las empresas que tienen como propietarios a todos los bolivianos, terminaran desapareciendo para que sus pares privados lograran tener mejores utilidades; falta ver cómo para el servicio de transporte aéreo, donde se tiene como prestador de servicio a BoA, en aquellos tiempos se empezó a cerrar rutas, disminuyó la cantidad de vuelos que se tenía a los destinos de mayor frecuencia, todo a la cabeza de los administradores de la competencia; increíblemente Áñez había nombrado como autoridades de BoA a personeros de Amaszonas, empresa competidora de la estatal.

En 2020, las empresas públicas, de manera agregada, presentaron un déficit de Bs 757 millones, dejando en estado crítico a muchas de ellas; para 2021, presentaron utilidades por Bs 2.873 millones, lo cual ha demostrado plenamente la capacidad del modelo para reabsorber errores generados y plantear soluciones a problemas de orden estratégico y operativo.

Por otro lado, el enunciado de que las empresas públicas no pueden ser instancias que generan una buena administración y, por ende, utilidades, ha sido echado por tierra con los números presentados por el Gobierno, ya que sus ganancias no solo sostienen parte de la Renta Dignidad, sino que hacen lo mismo para el Bono Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy; ejercicios de política pública que, vía evaluaciones de impacto, han quedado como herramientas efectivas que atacan a problemas de orden social como la deserción escolar, el parto asistido y la mejora de calidad de vida de diferentes estratos de la sociedad boliviana.

Mike Gemio es economista.

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Meritocracia, gran mentira para el desarrollo

/ 24 de febrero de 2022 / 02:18

Desde tiempos inmemoriales las instituciones encargadas de la formación profesional y la capacitación, asociadas a un sistema que salvaguarda los capitales de unos pocos, han insertado en las sociedades del mundo la idea de que la riqueza para las personas llegará a través de una constante absorción de conocimientos, mismos que deben de estar acompañados de “papeles” que demuestren lo importante y prestigioso que puede ser el centro de estudio que refiere estos documentos.

En 2012 fue publicado el libro de Joseph Stiglitz El precio de la desigualdad, que dejó a muchos fanáticos de la justa asignación de los mercados y la reconfigurada meritocracia fuera de lo que las sociedades realmente necesitan para alcanzar los niveles óptimos de desarrollo y desde luego, el crecimiento asociado a la inclusión, la justicia y la equidad.

Dentro de las principales aseveraciones que plantea el Premio Nobel de Economía está el hecho de que el 90 por ciento de las personas que nacen ricas, morirán en la misma condición; mientras que el 90 por ciento de las personas que nacen pobres al morir, mantendrán esa misma condición hasta el final de sus días. Esto significa que el tan vendido sueño americano no es otra cosa que una falacia comprada por gran parte de las clases medias de las sociedades en Latinoamérica, mostrando así que la movilidad social es casi inexistente y que a través de medios de comunicación que romantizan la superación personal desde la pobreza, se oculta la contundente realidad de que los jóvenes, especialmente en los Estados Unidos, dependen más de los ingresos y patrimonio de sus padres que de cualquier otro factor que se encuentre al alcance de sus manos.

La idea de que el mercado es eficiente y el motor de la competitividad es también duramente criticada. La participación del Estado en algunos mercados rompe un esquema repleto de monopolios y explotación por parte de los que históricamente han sido los dueños de multinacionales y de gobiernos en diferentes regiones del mundo. El impulso a un nuevo pacto social entre sociedad, Gobierno y mercado cada vez se vuelve más necesario, donde el capital será un elemento importante de la solución, sin que esto signifique una ampliación de lo ya sucedido en el neoliberalismo. Este capitalismo debe ser “domesticado” de manera que pueda servir a las sociedades, principalmente en los países donde la pandemia ha cobrado los más altos costos en la renta de las familias.

Las determinantes irruptoras del profesor Stiglitz han echado por tierra lo que durante décadas han enseñado en las universidades, principalmente a economistas que se han encargado de reproducir un discurso promercado, convirtiéndose así en instrumentos útiles para el continuismo del modelo mundial que busca enriquecer a los más ricos. Lo que resulta ser particularmente insólito es que, para el caso de Bolivia, estos asociados a lo ortodoxo de la economía han etiquetado a quienes propugnan una nueva postura respecto al desarrollo desde una perspectiva más humana, como economistas cuasi-políticos y faltos de innovación, cuando los que defienden una postura caduca y retrógrada se muestran como “plenos” motores de la cuarta revolución industrial.

La búsqueda de sociedades más justas y equitativas es una máxima de la actual agenda mundial. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se ha planteado pilares que buscan mejorar los niveles de igualdad y acceso a bienes y servicios de familias que se encuentran en grupos poblacionales más desfavorecidos, tarea que debe ser enfrentada desde los gobiernos, dejando atrás recetas macroeconómicas que solo buscan reforzar la idea de un Estado empresarial.

Ahora bien, las personas deben superarse y encontrar mecanismos que les brinden a ellos y a sus familias mejores estándares de vida. Eso debe ser algo que sirve en lo particular e individual; pero un gobierno que no encuentre en los planteamientos de Stiglitz una verdadera misión para con la sociedad que lidera, se convertirá en un asociado del privado enriquecido, un poderoso propulsor de la desigualdad costosa para los países y, por ende, el responsable de niveles bajos de desarrollo inclusivo.

Mike Gemio es magíster en Gestión y Políticas Públicas y doctorante en Desarrollo y Políticas Públicas.

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El efecto derrame cruceño truncado

/ 30 de enero de 2022 / 00:28

En la década de los 80, propuesto por el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, sale a la luz el conocido como efecto derrame, que en esencia propugnaba la idea de que los impuestos que son cobrados a los agentes económicos sean en menor proporción a los que tengan mayores riquezas, esto con la idea de que la capacidad de ahorro de estos últimos es mayor que la del resto y que, dándoles la oportunidad de que paguen menos al Estado, podrían invertir más y de esta manera mejorar la economía de todos, incluyendo a los más pobres.

En el mundo después de la crisis de la burbuja inmobiliaria quedó demostrado lo perverso de un sistema que alienta a los que tienen más a poder encontrar mecanismos que les faciliten aún más recursos, sin importar su procedencia o si éstos pudieran ser utilizados para fines mucho más productivos o en su defecto para programas sociales de un gobierno, de esta forma la canibalización de la economía encontró su fin al entender que el dinero se lo producía con el trabajo de la gente.

Esta versión economicista de la sociedad era planteada para alcanzar mejores niveles de desarrollo para los países e imponer la idea de que las inversiones de los más ricos y sus dádivas resultaban ser la mejor estrategia, misma que se implementó en nuestro país a finales de los años 80 y principios de los 90.

Los resultados de la implementación del efecto derrame en Bolivia fueron totalmente desalentadores para sus impulsores y toda la sociedad, además de dejarnos en la cola del crecimiento de la región, ensanchó las brechas de desigualdad, dejó al 66,4% de la población bajo umbrales de pobreza (dato para el año 2000) y logró la dependencia en extremo de las políticas que se generaban desde los Estados Unidos, ya que no existiendo recursos para financiar incluso los salarios, no quedaba de otra que estirar la mano para contar con préstamos condicionados del Fondo Monetario Internacional controlado por el país del norte.

Después de 2006 y la implementación de una nueva política de redistribución de los recursos, con la cual se logró sacar a 3,5 millones de personas de la pobreza, se ha marcado historia y que además ha hecho que las últimas votaciones en Bolivia tengan como ganador al partido político generador de este resultado social por demás importante.

La creencia de que los que “tiene más recursos” pueden administrar mejor el dinero, aún tiene en la cúpula cruceña a sus mejores exponentes. Lo lamentable es que el convencimiento de muchos sobre estas capacidades que tienen supuestamente los más ricos, ha logrado simular un modelo de desarrollo liderado por estos “mandraques” de la administración pública, hecho que llama por demás la atención, tomando en cuenta que, el que en su momento fue Ministro de Economía y Finanzas Públicas del gobierno de Áñez, fue durante mucho tiempo responsable de las finanzas en la Gobernación de Santa Cruz. Si este actor clave regional fue trasladado para que se encargue de los recursos a nivel nacional, y tomando en cuenta que venía de implementar un modelo exitoso, lo menos que se hubiera esperado era que Bolivia no cierre el 2020 con una tasa de menos 8,9 del PIB.

Por otro lado, los recientes hechos de corrupción descubiertos donde dinero público destinado a pagar sueldos y salarios de la administración pública en la Alcaldía fueron desviados por autoridades de este municipio y utilizados para fortunas personales, campañas políticas, compra de conciencias y por sobre todo para financiar el golpe cívico policial militar de finales de 2019; ha dejado claro que la presencia de un actor clave como es el aparato público en un modelo ha sido totalmente ineficiente en el manejo de recursos, beneficiando solo a algunos que eventualmente han ocupado puestos de decisión.

Santa Cruz ha sido y es uno de los departamentos con mayor nivel de productividad, pero hay que entender que esto lo hace bajo un esquema nacional, donde si bien produce, el resto de los departamentos adquiere y que eso al final cierra un círculo virtuoso de relaciones económicas en nuestro país. Con el escándalo desatado en torno al mal uso de los recursos públicos de la ciudad cruceña, se ha truncado un proceso de enriquecimiento ilícito de actores políticos, un resurgimiento del efecto derrame y por sobre todo se ha dejado instaurada la necesidad de implementar mejores controles en la gestión del municipio.

Mike Gemio es economista.

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