Conceptualmente se tiene la calidad de actos aprobados por todos los habitantes de un determinado lugar como legales y que no pueden afectar a otros que vienen realizando otras actividades en marco de la ley; en la antigüedad se entendía a este hecho como un acto que no lastime los intereses de alguien que vive cerca de ti, y con el correr del tiempo a este tipo de acciones se las conoció como probas.

Lo probo es también sinónimo de honrado y honesto, la persona proba es la que lleva sus actividades de manera que no afecten los intereses de otros que hacen también sus actividades de manera lícita, es decir sin afectar la recolección de alimentos o algo que se piensa intercambiar por algo de un determinado interés para una familia en concreto. Es una línea muy delgada, prácticamente invisible, encuadrar las acciones fuera del interés de alguien más, la clave es estar realizando las mismas con cierta limpieza a la hora de interferir con los intereses de otro grupo de personas.

En Bolivia, la historia está plagada de familias que han conseguido una determinada riqueza gracias a su actividad minera, esto ha llamado la atención de propios y extraños, volviendo a esta actividad una de las más codiciadas que se quiere tener.

La historia viene dando un nuevo brinco, dándole a Bolivia un nuevo surco de riqueza. Ya hemos hablado de esto en artículos anteriores, sin embargo, no está de más utilizar el actual para poner sobre líneas la importancia que tiene el litio para el mundo y obviamente para nuestro país. Es importante hacer notar que el mundo ha empezado a necesitar portabilidad energética, sin ir lejos, está plenamente demostrado de que muchos en este momento tienen cerca un teléfono móvil o celular, el que, mientras no esté conectado a nada, lo que utiliza para abastecerse y darnos la información de nuestras redes o software que tengamos ahí es básicamente energía, que como menciono, hoy en día la portabilidad de ésta se ha vuelto fundamental, es decir, lograr que determinado grupo de artefactos que usan energía lo hagan a través de una batería que les va dando la tan necesaria voluntad en las dosis necesarias, lo que se ha vuelto fundamental para el día a día de la gente común del planeta.

Argentina, Chile, Australia, junto a Bolivia, resultan ser los países con mayor cantidad de litio, clave para que una persona común tenga la información que necesita en fracciones de segundo y pueda comunicarse, esto se ha vuelto fundamental para las actividades diarias de las personas; por lo menos en las oficinas públicas y/o privadas es tener conexión a algo tan necesario como el internet, ya sea por Google, Firefox u otro operador, la clave está en poder buscar cualquier tipo de información y contar con el detalle necesario, y tener un informe completo para un superior o para poder brindar al cliente lo que está buscando.

Ahora bien, ya entrando en materia, se sabe que Bolivia va a tener elecciones para el Órgano Judicial, en lo que históricamente era una elección para una determinada autoridad se piensa dar al pueblo una oportunidad dorada —para el que escribe este artículo—, ya que la autoridad de un poder judicial no deberá a nadie su cargo y será el pueblo quien califique la calidad de sus decisiones, esto es desde ya maravilloso.

Lo que debe llamarnos más la atención a los bolivianos será que los actos de justicia que ejerza la autoridad judicial elegida tendrán que tener como gran ganador a la mayoría, no solo a unos cuantos como en su momento ha sido; esto marca un punto aparte de lo que será la historia en Bolivia después de este hecho, logrando así que sea una mayoría la beneficiaria y no solo unos cuantos.

Mike Gemio es economista.

Para abordar esta temática que se está discutiendo en varios estratos de la sociedad boliviana, considero necesario entender la naturaleza de empresa y Estado, que bajo una lógica de sociedad productiva y en desarrollo, se entiende que tienen que ser entes complementarios, que bajo sus propios intereses hacen que un determinado país logre mejorar los niveles de crecimiento y desarrollo, lo que además se consigue con el trabajo día tras día de las personas que conforman estos estamentos.

Esta complementariedad (entre empresas y Estado) resulta ser estudiada por una amplia gama de pensadores que buscan identificar las complementaciones pero también las diferencias, y cuando se analizan estas últimas, se coincide en que los fines que persiguen unos y otros pueden también tener especificidades que explican su composición y la estructuración de cada uno de sus aparatos logísticos, sustantivos y administrativos que hacen que instituciones públicas y empresas privadas logren alcanzar sus objetivos.

Dicho esto, es necesario comprender que la empresa privada tiene que buscar el lucro y no por eso debe encasillársela en un aura de maldad y codicia, más al contrario, esta búsqueda de alcanzar mejores ingresos por los servicios prestados genera competencia entre empresas de un mismo rubro, que no se enmarcan solo en la búsqueda de mejores utilidades a costa de la calidad del servicio, sino que se convierten un una incesante máquina de creatividad donde las experiencias al cliente resultan ser importantes, y que los costos puedan competir en una esfera de mejores procesos, más ágiles y más baratos.

Al otro lado se encuentra el Estado como un ente de servicios generalmente monopólicos y que en definitiva buscan fines mucho más complejos que de solo lucrar.

Los gobiernos en el mundo tienen la responsabilidad de construir contextos en los cuales sus pobladores consigan condiciones en todo el sistema, que les ayuden a encontrar caminos que faciliten mejores condiciones de vida.

Esto resulta fácil decirlo, pero en la práctica es sumamente complejo por las realidades que envuelven a cada uno de los territorios de un país, las que se diferencian por sus afinidades políticas, sociales, económicas, culturales y/o territoriales; cada una de sus características específicas determina cuál es la comprensión que se tiene por un concepto que es una máxima para la generación de políticas públicas: “mejora en la calidad de vida”.

Ahora, siendo estas diferencias tan dramáticas, especialmente a lo que se refiere por resultado, ¿es conveniente medir por un contexto netamente financiero o de gestión institucional a un Estado? Desde mi punto de vista, desde luego que no. Al gobierno de un país y su eficiencia se mide desde una óptica que facilite entender cómo las realidades de profunda desigualdad que se viven actualmente en muchos países son cambiadas a través de transformaciones en la sociedad y en la percepción sobre justicia y equidad que se tiene; en definitiva, acciones gubernamentales que concentren esfuerzos en promover una sociedad que vea de manera igualitaria a los derechos de todos y que a partir de estas nivelaciones se produzca no solo crecimiento económico, sino también desarrollo social.

El simplismo de entender a un buen administrador con solo una óptica de ganancias versus pérdida es desde ya completamente insuficiente, para un estamento que se encuentra a la cabeza de una sociedad.

En Bolivia, bajo esta tónica de que el Estado no administra bien, se han cometido daños lesivos a los intereses de la sociedad, ya que la despatrimonialización, llamada elegantemente capitalización, fue una enajenación de empresas públicas que lo único que trajo fueron promesas incumplidas de inversión y el desmoronamiento de la economía nacional; basta ver cómo se encontraban los indicadores económicos y sociales en los años 90 cuando aparte de tener a más del 60% de los habitantes en umbrales de pobreza, nuestras reservas no superaban los $us 500 millones y el Estado se encontraba reducido a la mínima expresión. Desde el punto de vista que planteo, de evaluación de resultados para un aparato público, estas cifras muestran un gobierno neoliberal aplazado.

Desde 2006, en Bolivia se han estado dando las transformaciones más importantes de los últimos 60 años en materia económica y social, con empresas públicas que generan recursos para el pago de bonos sociales que impulsan temas como la permanencia escolar, el parto asistido y una vejez digna. Resultados de crecimiento económico asociado a gente saliendo de pobreza extrema y moderada. Juzgue usted estos resultados.

Mike Gemio es economista.

La crisis económica que viene azotando al mundo dejó a muchos países con las posibilidades limitadas de poder alcanzar mínimas tasas de crecimiento asociado a altos índices de inflación y endeudamiento (organismos internacionales han vaticinado la caída del crecimiento que hubo en 2021 de 6,1% en el mundo, al 3,2% para este 2022), esto provocó que analistas y otras instancias empiecen a lanzar propuestas de política económica y, como en repetidas ocasiones, se formulan recetas únicas para todo un conjunto de sociedades en el mundo completamente diferentes, que además tienen ya una data histórica de desastres sociales y económicos, fruto del ya conocido modelo neoliberal.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), como no podía ser de otra manera, pone nuevamente de manifiesto su acérrima posición de defensa al achicamiento del Estado, la reducción de gastos que tienen finalidades sociales y la deconstrucción del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP, implantado en Bolivia desde 2006), que viene siendo la antítesis de lo planteado en otra hora por sesudos artífices del caos socioeconómico que vivió el continente latinoamericano a finales de los años y principios de los 2000.

El informe del artículo 4 presentado por el FMI está profundamente contradicho dentro del mismo documento, ya que elogia nuestra reducción de pobreza, pero critica las políticas que generaron esos resultados; el mismo encontró un nicho de defensa de sus recomendaciones en las publicaciones de Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central durante la que fue la época mas calamitosa en lo que se refiere a indicadores de orden macroeconómico en Bolivia. No solo el crecimiento que se tuvo en este periodo no superó el 3%, sino que las reservas internacionales no llegaron a más de $us 1.000 millones. Menciona además una preocupación intensa sobre el déficit fiscal en su último artículo, olvidando que cuando él era autoridad, tanto en la política fiscal como monetaria, todo el gobierno era fielmente obediente a los empoderados directores del FMI; pese a esa dócil posición, en Bolivia existía un déficit fiscal incluso en la cuenta corriente, que no pudieron solucionar hasta su estrepitosa salida del poder.

Por otro lado, es bueno recordar que el neoliberal gobierno de Juan Antonio tuvo otro boom de precios internacionales de los commodities que representan gran parte de nuestras exportaciones, sin embargo todo este excedente que se generó tenía como grandes ganadores a empresarios privados por una parte, pero principalmente a extranjeros que tenían el control absoluto de empresas que fueron creadas originalmente por el Estado y lograron ser privatizadas supuestamente para conseguir inversiones que nunca llegaron.

Hoy Bolivia, en un contexto sumamente complicado por todas las externalidades a su economía, logra tener una tasa de crecimiento económico de 4% para el primer trimestre, una política de control inflacionario efectiva que hace que nuestro país tenga 1,6% de tasa de inflación, la más baja del continente y una de las más bajas del mundo. Un saldo de la balanza comercial de 2,8% respecto al Producto Interno Bruto (PIB), otro indicador que nos pone en el primer lugar de Latinoamérica. El déficit fiscal se redujo de 12,7% (obra y gracia del gobierno de facto) a 9,7% para 2021 y para 2022 se espera un 8,5%, con una tendencia a la baja, lograda a través del control de gasto corriente e incremento en el gasto de inversión que mejora la calidad de vida de la gente. Y por último, y no por eso menos importante, mercados abastecidos con bienes y servicios siendo transados con total normalidad en todo el territorio nacional.

Otro punto que se hace menester poner sobre el tintero es que a través de un control efectivo del gasto público, la calificadora de riesgo Fitch Ratings mantiene la calificación riesgo país del Estado Plurinacional de Bolivia en B, con perspectiva estable; esto significa que la proyección de déficit fiscal de 8,5% respecto al PIB, planteado en el programa fiscal del Gobierno, podría ser mucho más bajo para fin de año; además de que indicadores como deuda pública, reservas internacionales netas, producción hidrocarburífera, balanza comercial, transformación de la matriz productiva y energética, entre otros, fueron analizados y encontrados satisfactorios para la firma internacional, dejando claro que Bolivia no solo está en un sitial privilegiado dentro de las economías regionales, sino que viene mostrando cómo un MESCP logra hacer que los bolivianos salgamos adelante.

Mike Gemio es economista. Tiene una maestría en Gestión y Políticas Públicas.

Hace poco tiempo tuve la oportunidad de participar de la presentación del libro La política fiscal en Bolivia. Lecciones y desafíos del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, del compañero Omar Rilver Velasco Portillo, al cual respeto mucho por su trabajo intelectual y que ahora ha logrado realizar una publicación que se destaca por el contexto que analiza y por, sobre todo, la relación de acciones de política pública que ha puesto sobre el tintero de la discusión en lo que se refiere a fiscalidad y su incidencia en los altos índices de desarrollo que ha alcanzado nuestro país los últimos 15 años.

En la presentación que ha logrado captar la atención de los presentes, ha puesto de manifiesto la razón y esencia de la existencia del Estado como tal dentro las sociedades en el mundo, esto desde luego incomoda a los que piensan que se debe deconstruir un Estado protagónico en la economía y ha echado por tierra la absurda teoría que persiste en algunos estratos privilegiados de nuestra sociedad, que piensan que su comodidad es el resultado de solo sus esfuerzos, sin considerar si el contexto en el que viven tiene algo que ver con sus beneficios.

Desde que Bolivia decidió cambiar de modelo económico, allá por 2006, se han dado grandes transformaciones en lo social y en lo económico, mismos que son expuestos a mayor detalle en el libro de Velasco, sin embargo en su presentación ha conseguido dar un interesante entremés, donde deja plantada la idea del rol del Estado como generador del excedente económico, la importancia de las empresas públicas y la trascendental nacionalización de los recursos naturales como hecho histórico, político y económico; que si bien ha tenido un costo aproximado de $us 1.160 millones (hasta fines de 2019) para el Estado, las ganancias que han reportado para Bolivia por estas acciones suman $us 14.178 millones. La relación costo-beneficio, conforme el balance de mi colega ha superado la relación 10 a 1 aproximadamente; dicho de otra forma, los bolivianos hemos logrado conseguir una renta mucho mayor a la que se nos ofreció con la mal llamada capitalización y, al volver a ser dueños de las empresas públicas, hemos recuperado la capacidad financiera que nos ha permitido invertir en infraestructura vial, de salud, de educación y principalmente productiva.

Un segundo elemento que vale la pena resaltar de la presentación es el hecho de que en esta nueva etapa donde el país ha tenido un gobierno progresista, el Estado ha cumplido un rol “retensor” del excedente económico, y es que las altas tasas de crecimiento que se vivieron los últimos 16 años (a excepción de 2019 cuando se vivió la peor crisis de orden económico de los últimos 60 años) sirvieron para que la demanda interna sufra incrementos importantes y a su vez esto haga que los agentes económicos paguen mayores montos impositivos, logrando así que el Gobierno también mejore sus recursos y retenga parte de las ganancias que reportan el vertiginoso ascenso de los indicadores económicos que vivimos.

Es difícil no admitir que la provisión de bienes púbicos (otro aspecto destacado por Velasco) se incrementó de manera exponencial durante el gobierno del presidente Morales y ahora en lo que va del gobierno del presidente Luis Arce, las inversiones que tenía el Estado para los años anteriores a 2005, en promedio, no superaban los $us 500 millones anuales, mientras que para la presente gestión, el presupuesto de inversión pública que se tiene supera los $us 5.000 millones, monto que representa 10 veces más de lo que los gobiernos neoliberales tenían pensado como recurso generador de bienes con acceso no particular.

El modelo ha logrado redistribuir la riqueza al punto de mejorar los niveles de consumo de miles de familias que han conseguido salir de la pobreza, este hecho ha sido otro pilar de la presentación de Omar y ha dejado claro, con evidencia científica, que la acción redistributiva del Estado genera un efecto virtuoso dentro del desarrollo económico; el ejemplo más claro de lo que se asevera está en el hecho conciso de que en 2021, Bolivia ha cerrado su crecimiento económico con 6,1% y que este crecimiento esté asociado a que el porcentaje de extrema pobreza de ese año haya llegado a 11,1%, la tasa más pequeña de la historia en lo que se refiere a este indicador en Bolivia.

La discusión final tiene que ver con la industrialización; sin embargo, considero importante dedicarle un artículo exclusivo a este punto, no sin antes celebrar la presencia de nueva literatura en materia fiscal.

Mike Gemio es economista.

Muy suelto de cuerpo, el economista Gonzalo Chávez ha estado comentando en diferentes medios de comunicación que el Gobierno ha “vendido” una nacionalización de fantasía a todos y que la realidad económica que vivimos se debe a un balance cuántico cuasi-perfecto, combinado con una especie de mercado benefactor, extrañamente solo para el caso de Bolivia. Sabemos que el mercado, las veces que tiene mejores precios en un determinado producto, beneficia a todos los países que lo producen; y como todos ya han visto, la realidad es que no todos los países, que se encuentran produciendo el mismo grupo de productos que Bolivia, tienen los destacados indicadores económicos como los de nuestro país.

La nacionalización, a los bolivianos nos ha dado grandes resultados, especialmente en lo social y en lo inclusivo, que es lo que menos le parece interesar a Chávez. Bolivia, a través de su modelo económico, ha sacado en los últimos 10 años a casi 3,5 millones de personas de umbrales de pobreza, cerca al 30% de su población; y sigue en una carrera sin precedentes, ya que para la última gestión medida los reportes han sido los más bajos que se han alcanzado.

La realidad de los años 90, desde luego, no ha sucedido por arte de magia (me refiero a los índices alarmantes de pobreza que en la actualidad han cambiado), los recursos han estado en Bolivia o fugando de ella en manos de unos cuantos, eso no se dice a viva voz por conveniencia de un buen número de generaciones o a sus defensores que se beneficiaron de este contexto. Esa desigualdad se desenmascaró para cuando se presentaron algunos datos, donde para antes de 2006 la gente más ostentosa del país era 128 veces más rica que el decil más pobre, esta brecha se ha disminuido considerablemente, pero aún queda mucho por hacer desde una visión progresista como tiene el Estado boliviano.

El cherry de la torta, como diría mi colega Chávez, acostumbrado a la mezcla del lenguaje de calle con el académico para mostrarse como un buen consumidor de ají de fideo, es en definitiva el Sistema Integral de Pensiones, y es que las Administradoras de Fondos de Pensiones han logrado manejar una cartera de inversiones que bordea ya los $us 23.000 millones, alcanzando aproximadamente la mitad del PIB boliviano, y constituyendo más de cinco veces las reservas internacionales, cuatro veces la inversión pública que hace nuestro país en un año.

Preocupado por el tiempo que se ha demorado en la articulación de una empresa pública, no le ha dado la mirada al lado de los otros “cuates” para ver si tienen listas las bases de datos del proceso de migración, para ver si de verdad “colaboran” como buenos “administradores” y están dispuestos a compartir “su información” que, dicho sea de paso, es la de la historia laboral de los bolivianos, la de la administración de las cuentas de las cuales ellos no son propietarios, sino como su nombre lo dice: “administradores”. Y si vamos más allá, y escuchamos sobre las malas lenguas que aseguran que el Dios de la abundancia neoliberal les ha dado la capacidad salarial de adquirir un vehículo 0 kilómetros por mes a los ejecutivos extranjeros que están al mando de las administradoras, que no residen en nuestro país, o finalmente cuáles fueron las actuaciones de Áñez y su gobierno para que la Gestora desaparezca y no administre nada, dejando nuevamente desprotegidos nuestros recursos. De eso “¡nada, waway!”

Los rendimientos que tienen los recursos que tenemos en las AFP se han vuelto hasta irrisorios y esos recursos tienen la capacidad de poder financiar desde una nueva Santa Cruz hasta un golpe de Estado y a cuanto defensor quiera unos pesitos, las dimensiones de la cartera de inversiones para nuestro país son inmensas e importantes, y desde ya nos merecemos mejores rendimientos, mejor información, mayor alcance, que las de un depósito a plazo fijo en cualquier entidad del sistema financiero. Necesitamos lo que “predica” don Gonzalo en sus “magistrales clases”, dinamismo financiero y no el sedentarismo de recibir comisiones por no hacer nada y de paso reclamar que la coyuntura no les ayuda, pero de eso nuevamente, silencio.

Los bolivianos, a finales de los años 90, hemos contratado un servicio que haga crecer nuestros ahorros con inversiones y acciones de orden financiero, esto ha descendido de, para el caso de Futuro, 11,9% a 1,52% en su punto más bajo anual; mientras que para la “plata” que nos cobran por administrar nuestros recursos, reflejados en sus utilidades, estos no han dejado de incrementarse. De Bs 14,3 millones que obtuvieron en 2010 a 68,9 millones para 2021. Negocio redondo para unos cuantos, desinformación para otros muchos.

Mike Gemio tiene una maestría en Gestión y Políticas Públicas, y es doctorante en Desarrollo y Políticas Públicas.