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Tuesday 6 Dec 2022 | Actualizado a 00:07 AM

Mineros en la carretera

/ 4 de octubre de 2022 / 01:39

De pronto la prensa nos dio la noticia: la carretera Oruro-La Paz estaba bloqueada por mineros de Colquiri; la memoria nos trae el recuerdo de la Marcha por la Vida y otros sucesos luctuosos. ¿Qué ocurría?

La promulgación del DS 4783 del 24 de agosto pasado provocó una reacción de los sindicatos de la minería nacionalizada, de la Federación de Mineros e incluso de la Central Obrera Boliviana. Los trabajadores de Colquiri no esperaron en tomar medidas de fuerza. En concreto, dice el decreto: “Las empresas públicas … transferirán recursos al TGN”. Por un lado, ¿es que las empresas públicas no son del Estado y éste no puede disponer de su patrimonio? y, por otro, ¿los trabajadores no están obligados a garantizar el futuro de su fuente de trabajo? Son interrogantes que nos introducen al fondo del problema.

Al crear sus empresas, el Estado espera no solo beneficiarse con las utilidades, sino que sean agentes de la transformación productiva; de eso se trata la sustitución de importaciones y la industrialización. Esto no libera que tributen como establecen las leyes. En el caso del sector minero se ha establecido un régimen de contribución del sector: paga una regalía por la explotación de un recurso natural no renovable que beneficia al departamento y el municipio donde se encuentra asentada la mina, 5 al 7% del valor bruto del metal; por otra parte, paga el impuesto a las utilidades de las empresas en una proporción del 25% de las utilidades; más una alícuota adicional del 12,5% cuando las cotizaciones son altas, además, en 2021 contribuyó con 1,8% para el bono Juancito Pinto. Así, la contribución de Colquiri al Estado, en la gestión 2021 llegó al 55% de la utilidad de la empresa, equivalente a un valor de $us 20 millones. Esto es lo particular del sector minero estatal, es el que más aporta de sus utilidades y no como dice el ministro de Economía, que es solo el 1,8%.

Las empresas estatales están obligadas a ser eficientes y contribuir al desarrollo nacional, por eso, más allá de cumplir con sus obligaciones de ley, deben ampliar sus horizontes y encarar las tareas de la industrialización. Esta visión debe estar formulada en un plan estratégico y no puede estar sujeta a necesidades coyunturales. De esta manera, los trabajadores de Colquiri y en general los de la Comibol sienten frustración, por cuanto las inversiones realizadas en sus empresas no han dado los resultados esperados.

No existe una visión de futuro, su actividad se guía por la rutina cotidiana. ¿Quién debiera darle la certeza de futuro? La Comibol, la empresa matriz, la que no deja de ser una rémora del neoliberalismo.

La preocupación de los obreros por el futuro de la empresa es consustancial a la historia del movimiento sindical minero: el control obrero, la cogestión obrera y hoy el “control social”, es un derecho por ser los actores del triunfo de la Revolución de 1952 y la derrota a las dictaduras y el neoliberalismo. El apoyo al proceso de cambio en San Cristóbal (2015) condiciona a la formulación por parte de los trabajadores de una “política minera-metalúrgica, que se convierta en pilar central de crecimiento económico, con el único objetivo de reactivar el aparato productivo en beneficio del pueblo boliviano”, que tampoco lo formulan.

Coincidentemente, en la visión del Gobierno, el sector minero es estratégico, con la ventaja de ser ampliamente conocido, pero ¿cuáles son sus planes?, ¿cómo piensa implementarlos? No hay claridad, solo deseos. Proyectos tan importantes como la refinería de zinc están a la espera del financiamiento externo; mientras, en su momento, se negó que Colquiri asumiera la construcción de su propia planta hidrometalúrgica con recursos propios, con una inversión de $us 50 millones —el proyecto se pagaría en dos años—, por cuanto hoy, por el zinc, solo le pagan un tercio de su valor de mercado.

Vivimos momentos relevantes para la consolidación del proceso de cambio, que significa la liberación económica y política de la nación y este propósito solo lo lograremos con la unidad de las masas sociales que son el sustento del proceso y el Gobierno que está obligado a una planificación participativa a mediano y largo plazo, donde se tenga claros los objetivos a ser alcanzados, los tiempos de su ejecución y el financiamiento conjunto; una actitud burocrática del mando y orden no corresponde y la acción de los obreros no puede ser una reacción circunstancial sino un compromiso permanente con la empresa y el país.

¡Vamos juntos, adelante! Lo importante es ponernos de acuerdo sobre cómo hacer grande a nuestro país, aportando cada uno lo suyo en función del interés nacional.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Siglo XX: Sobreviviendo

/ 29 de noviembre de 2022 / 01:57

El recorrido por viejos caminos te trae sorpresas, ya no es la calle que te lleva al trabajo, es la que te ofrece tentaciones para un alto en el camino. Es un mercado persa, por la variedad y el colorido de las ofertas. Desde los platillos típicos: la pisara, la thayacha, la kanka, fideos uchu, alternados con salchipapas, hamburguesas, pollos en todas sus formas; acompañados de refrescos: mocochinchi, linaza, maracuyá, agua de coco, piña; abundan las ofertas de celulares y los artefactos conexos; igualmente las prendas de vestir de marcas, aunque de estas solo lleven la etiqueta, junto con ropa colorida de las comunidades norte potosinas. Las calles amplias y de casas chatas son un recuerdo; se impone la invasión de comerciantes y los edificios esqueléticos construidos en un pequeño espacio de casa de campamento. La planificación urbana es lo de menos, se impone el sobrevivir.

El municipio de Llallagua se autodefine como indígena, minero, turístico y universitario. Son dos ayllus que son parte de este municipio, sus comunidades se van despoblando con rumbo, en primera instancia, a la capital Llallagua y luego al interior y exterior del país. Sus montañas inmensas, la ciudad de piedra regada por un meteorito, las aguas termales son atractivos naturales. La explotación del estaño con su revolución industrial y su movimiento sindical es lo que le dio renombre mundial; quedan como testigos el tajo enorme en el cerro Juan del Valle y las inmensas montañas creadas con los desmontes de caja extraídos de sus entrañas. Todavía existe la explotación minera, con quejas de que las vetas se han perdido, con un sistema de producción que repuso el combo y la barreta, el quimbalete, el maritate, los buddles, técnicas introducidas en la colonia.

La Universidad Nacional de Siglo XX, impulsada y creada en momentos de glorias del proletariado minero y el inicio de su destrucción (1985), no pudo concretarse en su concepción pedagógica: estudiar trabajando, ni mucho menos ser una universidad de obreros. El cierre del sistema productivo industrial, la relocalización, la destrucción de los sistemas de salud y educación de la Comibol, el cierre de las radios mineras, le privaron de la base material para hacer de la eficiencia productiva el motor de la investigación y la renovación tecnológica, sin poder desplegar calidad y calidez en los servicios, ni mucho menos la palabra para debatir y encontrar la verdad y en torno a ella construir una comunidad. La universidad fue replegada al aula, obligada a luchar por su sobrevivencia.

Así, sin espacio político para la fuerza social que la creó, fue ganando espacios donde el abandono era evidente. Aulas en colegios cerrados, en centros de formación de amas de casa, en el edificio sindical, en oficinas abandonadas de la empresa, en mercados sin compradores, campos deportivos, asentamientos alentados por los vecinos, custodios del abandono. Sin orden ni concierto, su infraestructura se fue desplegando en un área inmensa, buscando alojamiento que la cobije: en épocas de agonía no hay espacio para la planificación, hasta los propios principios fundacionales parecen un estorbo. Su misma presencia en el sistema universitario es un incordio, negándole la coparticipación tributaria y recomendando abandonar sus principios.

Con el advenimiento del proceso de cambio, la situación mejoró. La nacionalización de los hidrocarburos le permitió participar en el IDH y el gobierno de Evo Morales no dudó en darle su apoyo. Sin embargo, el desconcierto aumentó. Con 7.000 estudiantes, la mayoría del interior y 15 carreras, se convirtió en principal elemento de la circulación del mercado persa. Es natural que este se dinamice donde se encuentre una carrera.

Hoy, la UNS-XX enfrenta un problema. Por más de 20 años, sucesivamente, las carreras de Odontología y Medicina utilizaron los espacios de la bocamina de Siglo XX que fueron la botica, seguridad industrial, club Bolívar, oficina de tiempos, casa superintendente mina, club ingenieros; la incomodidad no es nada si de sobrevivir se trata. Hoy se tiene la posibilidad de contar con una infraestructura con todos los requerimientos que la carrera de Medicina necesita, lo primero es dónde realizarla y acá surgen las leyes del mercado. Unos pretenden mantener las relaciones socioeconómicas construidas en estos años y otros crear en su entorno, no una carrera, sino un mercado. En la disputa se manejan toda clase de argumentos propios de la competencia: históricos, financieros, medioambientales, de seguridad ciudadana, de infraestructura urbana, de autonomía, etc.

Lo que menos existe es deseo de dar excelencia a la universidad y esta se construye paso a paso, con una mirada firme al horizonte. Si de terreno se trata, pueden disponer de las 110 hectáreas —bellamente amuralladas— que un iluso las viabilizó soñando en una ciudadela universitaria.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Limpiarse la boca antes…

/ 15 de noviembre de 2022 / 02:01

El dicho popular “limpiarse la boca antes de haber comido” denota la actitud de desear antes que actuar. Es la posición tomada por el Comité Cívico de Potosí, la comunidad de Coroma y la propia Gobernación que —en competencia— formulan, cada una, su propuesta de ley para aumentar la regalía por la extracción del litio.

La regalía es una compensación por la extracción de un recurso natural no renovable; en nuestra legislación beneficia al departamento y los municipios donde se ubica el yacimiento a ser explotado. Viene de una vieja práctica para captar recursos: antes fue el gravamen que cobraba la corona española a los encomenderos para beneficio propio, luego fue el impuesto que pagaban al Estado los que pedían una concesión; al crearse las empresas públicas productivas YPFB y Comibol, los beneficiarios fueron las regiones. En el periodo neoliberal se suprimió la regalía y se creó el Impuesto Complementario, como parte del Impuesto a las Utilidades de las Empresas. Es un derecho justo, pero insuficiente para resolver el problema del atraso de los departamentos.

El departamento de Potosí recibió $us 134 millones en 2021, es el departamento con mayor índice per cápita por este ingreso, sin embargo, la Gobernación, como antes las prefecturas, no tiene la visión de los problemas del atraso y la pobreza, su labor se concentra en obras decorativas. Al no existir un plan de desarrollo departamental, los recursos son botín de las presiones locales. Es loable —y necesario— que las regiones se preocupen de su desarrollo, que busquen ser los protagonistas, de eso se trata cuando hablamos de democracia participativa, pero quién representa legítima y legalmente a las regiones son los gobiernos departamentales. Por lo tanto, hay que fortalecerlos y no ignorarlos, disminuirlos y hasta sustituirlos, son estos los que deben planificar el desarrollo integral de todo el departamento.

Históricamente fue Santa Cruz el que peleó por el 11% de regalía departamental por la explotación del petróleo. Un análisis de su impacto muestra que la acumulación original del capital para el desarrollo cruceño no surgió de estos recursos sino de la política del Estado central con base en el plan Bohan, que viabilizó el MNR con su política de diversificación y vertebración. La regalía solo permitió la creación de una élite burocrática. De hecho, para el potenciamiento de la industria petrolera, fue la Comibol que transfirió recursos para la expansión de los oleoductos al mercado nacional, abriendo un mercado para la provisión de productos como el arroz, azúcar, carne y aceite, con precios monopólicos. Fue el plan de colonización desde el Estado que trasladó mano de obra altiplánica para dominar zonas “malignas” e incorporarlas al sistema productivo agrícola. ¿Qué se hizo con las regalías?

La magia de los recursos naturales no está en su explotación sino en su transformación. La creación de nuevas fuentes de trabajo en la fundición e industrialización tiene un enorme impacto regional; la transformación agrega valor al producto, de tres a 10 veces, según el destino final. Por eso las regiones deben pelear por la industrialización. En el caso del gas se ha avanzado con la fábrica de urea y amoniaco y su cadena es amplia. El próximo paso tendría que ser los polímeros, plásticos, recipiente esencial para las baterías.

En el caso del litio su transformación en baterías implica la creación de 30 emprendimientos productivos, donde la participación del litio es menor al 1%. La mayoría de estos establecimientos debieran ubicarse en Potosí para la dotación de cobalto, cobre, etc.

Para ser viable, un proyecto tiene que considerar muchos aspectos, ya que uno de ellos puede inviabilizar la propuesta, por eso los promotores de la ley debieran conocer a profundidad el proyecto madre de la transformación del litio —si es que desean su realización— y no solo hacer bandera de una aspiración regional.

Son muchos los intereses que quieren inviabilizar el manejo del litio en manos bolivianas: desde los países industrializados que solo quieren que nos quedemos como proveedores de materias primas, para lucrar ellos con los beneficios de la industrialización; los intereses políticos que descalifican los avances logrados para presentarse como salvadores; los intereses empresariales que buscan meter su cuchara para sacar su tajada; los intereses burocráticos que desde la función pública buscan su parte.

Con muchas dificultades, hace más de 10 años, el país ha iniciado la aventura de encarar la explotación e industrialización del litio, se ha avanzado en un proyecto aprobado por el Estado, aunque su ejecución ha sufrido de una serie de zancadillas, de propios y extraños. Su ejecución inicial, con la producción de 15.000 TM de carbonato de litio al año, habría significado un ingreso para el país de $us 1.500 millones. Basta de cuestionamientos.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Bárbaros cínicos del siglo XXI

/ 1 de noviembre de 2022 / 02:07

Con la fuerza de un reestreno —Los Caudillos Bárbaros— de los clásicos del siglo XIX irrumpieron en la escena personajes grotescos que perturban la tranquilidad nacional.

Con la voz altanera anuncian cartas de renuncia y decretos para que los firme el titular al que dicen no reconocer, ya que piensan tener la fuerza para imponérselo; su legitimidad viene de una multitud convocada, confundiendo un cabildo —ente deliberante— con una proclamación de un bando carnavalero. De allí surgen plazos y amenazas, amenaza que se convirtió en realidad en 2019, en medio de una paralización ciudadana y la traición de quienes son llamados a guardar el orden constitucional.

Su arma preferida es el paro cívico, paralización de toda actividad de la ciudadanía, a fuerza de la amenaza y la coerción social. A diferencia de la huelga, donde la clase obrera deja de trabajar y por tanto de percibir un salario, en la lógica que su acción priva al patrón de sus ingresos derivados de la creación de valor por su trabajo, acá, al paralizar la calle, como centro de la actividad económica de la mayoría de la población: comercio, transporte urbano, mercados, gastronomía, servicios, etc., se les priva de la posibilidad de sobrevivir a estos miles de “emprendedores” que creó el neoliberalismo como colchón social mientras se cerraban las empresas estatales.

Con asombro, la ciudadanía descubrió que el paro no era total, el parque industrial seguía trabajando, al igual que la pujante agroindustria, dizque para precautelar la economía cruceña, confirmando que la otra actividad no les interesa. Así esta nueva oligarquía que da las órdenes del paro no para, lo mismo ocurre con las cooperativas de teléfonos, electricidad, que siguen prestando servicios y cobrando a esa masa de ciudadanos parados. Alguien se permitió aclarar que la burocracia estatal (gobernación, universidad, servicios, etc.) seguirá percibiendo sus salarios porque acatan lo que les ordenaron, cuando las cabezas visibles del movimiento son sus autoridades. Ni qué decir del sistema financiero que, a puerta cerrada y abierta al mundo, en forma virtual sigue procediendo a las transacciones del comercio exterior, mientras se priva a la población humilde de acceder al bono Juancito Pinto. El paro es contra esa enorme masa del pueblo que cada día tiene que buscar su sustento, mientras los otros pueden garantizar sus ingresos y gozar de sus bien surtidas despensas.

Las autoridades que dirigen el paro son autoridades electas por el voto ciudadano y universitario, no tienen el poder total, son autoridades que ejecutan las políticas que determinan sus entes deliberantes; los que definen sus políticas, programas y acciones hoy las ignoran completamente. La Asamblea Legislativa Departamental es la genuina representación de la ciudadanía del departamento —mientras que el comité cívico es una rémora de la sociedad oligárquica— y este poder legal y legítimo se lo acalla, hasta se lo ignora. Ni qué decir de una universidad autónoma que recibe órdenes de órganos ajenos a la actividad académica, aunque sean multitudinarios.

Para la locomotora cruceña la huelga no es económica, tampoco afecta al Gobierno central, que recibirá los impuestos al final de la gestión; entonces se concluye que el paro solo busca crear el descontento social, para que se derive en protestas contra el Gobierno, por su “incapacidad” de resolver un problema; mientras tanto crece la bola, convirtiéndose en una crisis política, buscando la conclusión: si no hay Censo 2023, ¡renuncia!

Esta lógica conspirativa ha fracasado, fueron los propios ciudadanos cruceños que, viendo conculcados sus derechos humanos: a la libre circulación, el trabajo, la salud, la educación, la libre expresión, reaccionaron, echando basura y cerrando las empresas emblemáticas del poder económico; son ellos los que denunciaron que el paro no es total, son ellos los que salen a las calles a realizar sus actividades diarias, sobreponiéndose a las amenazas, ante la urgencia de comer; son los que hacen cercos como respuesta a las barricadas de los “pititas”.

Otro signo de su creciente fracaso es el aislamiento nacional, los pocos grupos de “activistas” no logran convulsionar a otros departamentos, aunque todavía quedan voces bravuconas que hablan a nombre del pueblo, cuando las asambleas departamentales no tienen el cuerpo para decir esta boca es mía.

Los promotores de estos entuertos lo tienen claro, es su última oportunidad; su fracaso nos da la posibilidad de construir nuestra democracia directa y participativa, en todos los ámbitos de la vida social, económica y política, con la participación de todos y todas.

La democracia es total o no lo es.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Nuestra democracia

/ 18 de octubre de 2022 / 01:18

El 10 de octubre de 1982 se consumó una gran maniobra contra el pueblo y su democracia. La dictadura, arrinconada por la lucha popular, acosada por la crisis económica y el aislamiento internacional, buscó cómo soltar la papa caliente que le horadaba. Qué mejor que pasarla al campo popular para que explotara a su tiempo.

La resistencia de los pueblos latinoamericanos a las dictaduras, lucha armada victoriosa y un frente amplio antidictaduras, finalmente, convenció a los estrategas del Departamento de Estado de un giro hacia la democracia, aunque “controlada”. La receta, transmitida a Banzer en noviembre de 1977, no tardó en ser aplicada. Se convocó a elecciones en diciembre, pero no podían participar 500 ciudadanos. La cerradura fue forzada con la huelga de hambre iniciada por cuatro mujeres mineras, que a los 10 días transformó las iglesias en un polvorín con más de 1.500 huelguistas; tuvieron que ceder, dictando la amnistía general. La convocatoria a tres elecciones dio un ganador que nunca pudo acceder a la presidencia. Entre golpes y resistencia popular, en menos de cuatro años, tuvimos 13 presidentes: la inflación creció 123% en 1982, se impuso el doble tipo de cambio, castigando a las empresas estatales generadoras de divisas. El último golpe tenía un mandato inexorable, entregar el poder a los civiles, el prestigio militar estaba por los suelos.

Con consignas rimbombantes como el “hambre no espera” se impuso la presidencia a Hernán Siles Zuazo, con la fórmula “Congreso del 80” cuya composición era mayoritariamente opositora. La alianza UDP-PS-1 como opción revolucionaria —temor de Banzer para dar el golpe— quedó en el olvido una vez muerto Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyo pecado mayor fue luchar contra la impunidad.

Siles quedó cercado por las presiones internacionales para el pago de la deuda externa, la oposición en el parlamento y la lucha social contra la hiperinflación, que cercenaba los salarios. Fue incapaz de romper con la política monetarista. Al final la conspiración vino desde dentro de su alianza, se le redujo un año de su mandato, con la bendición de la Iglesia.

El desastre del gobierno de la UDP arrastró al movimiento popular. Sobre esta derrota política se montó el neoliberalismo, imponiendo el DS 21060, cuyo objetivo principal era destruir el movimiento sindical boliviano: fueron relocalizados 30.000 mineros y 70.000 fabriles, la Marcha por la Vida fue arrinconada con un despliegue militar superior al movilizado en la Guerra del Chaco; se dictaron sucesivamente estados de sitio, se abrieron campos de concentración en Puerto Rico, Rubén Darío, Villamontes, etc. Despedir, apresar, confinar e imponer su mandato a la fuerza: el Estado de derecho lo permitía, al igual que en las dictaduras. El pueblo llamó a este sistema como “democratadura”.

Toda esta tropelía, gracias a la gobernabilidad de la democracia pactada: adversarios en las elecciones se unían para disfrutar del poder. La concentración del poder estaba en el Ejecutivo y sus medidas eran consagradas en el parlamento, la repartija llegaba al Poder Judicial. Era la suma de las minorías para acaparar el poder, no importaba cuántos eran, lo importante era tener los dos tercios del parlamento. Así se violaron los derechos sociales, se pignoró el patrimonio nacional, se bendijo la prepotencia extranjera, se sometió nuestra política internacional, se convivió con el narcotráfico, mientras se luchaba contra los productores de la hoja de coca y el pueblo en general.

Pero nuestro pueblo tiene una memoria larga de lucha por su dignidad y la libertad. En esta nueva realidad encontró nuevos actores y caminos para su marcha, la convergencia se dio en la defensa del agua como un derecho para la vida y la defensa del gas para defender la patria. La democracia de las calles pronto se volcó en una democracia en las lides políticas. Se desterró el partido, sinónimo de fraccionamiento y ego vanguardista, para dar paso a un instrumento, como expresión de las organizaciones sociales en lucha.

Los avances electorales de 2002 ya mostraron una nueva expresión del pueblo en el parlamento, el triunfo de 2005 mostró una verdadera coordinación entre el Ejecutivo y el parlamento para lograr cambios contundentes; la aprobación de la nueva Constitución nos señala el rumbo para construir una democracia participativa y directa, sin desconocer la democracia representativa.

El camino es largo, los tropiezos son muchos. Sin embargo, lo definitivo es que el instrumento político no puede ser un partido, sino la expresión de los intereses de los movimientos sociales, son ellos los que tienen que dar la orientación y la fuerza para avanzar; para ello tienen que recuperar su capacidad crítica y propositiva. En sus manos está la concreción de una verdadera democracia popular.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Litio, realidad y fantasía

/ 20 de septiembre de 2022 / 01:38

Cuando una noche, en el Palacio de Gobierno, se decidió encarar la explotación del litio, era una marcha a lo desconocido. Lo que valía era la determinación. Lo único que se tenía como referencia era el informe francés de la exploración del salar de Uyuni del siglo pasado, su conclusión de reservas de 19 millones de toneladas de litio había despertado ambiciones. El Comité Cívico Potosinista y los habitantes de la región, con la experiencia del saqueo del departamento, dijeron alto. Desde entonces el sueño estaba en vela, con la intención de superar la explotación primaria hacia la industrialización y el beneficio mayor para el Estado, lo que fue recogido por la Constitución del Estado Plurinacional; el empuje vino desde la misma región a través de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), ellos fueron los que plantearon esta decisión trascendental.

El desafío era grande y tenía que comenzar con lo esencial, sentar presencia en el terreno. A 3.700 metros de altura, en una inmensa planicie expuesta a los vientos, la radiación solar en el día y las bajas temperaturas en la noche, la tarea no fue fácil: había que construir un campamento donde era inexistente la vida orgánica. Para permanecer había que tener, más allá de los requerimientos de sobrevivencia, una gran dosis de convicción de lo que se hacía para soportar semejantes penurias; algún día se escribirá la historia de esos pioneros del litio.

La tarea siguió las normas establecidas: identificación del yacimiento, cuantificación de las reservas, pruebas de laboratorio, para conocer el material y experimentar procesos de la recuperación del litio, pilotaje para verificar el proceso elegido, determinación de los parámetros económicos para ver su rentabilidad. Los resultados eran optimistas, a pesar de la complejidad del material y la baja concentración del litio (0,04%). Se encontró un procedimiento con una recuperación del 30%, una tasa de retorno positivo, lo que lo hacía viable en las condiciones del mercado de ese entonces. En los metales tradicionales estaño y zinc, con leyes de 2%, la recuperación llega al 50%.

La inscripción en el presupuesto de 2011 salvó todos los vericuetos de la administración, donde a veces el celo burocrático se impone a las necesidades del país; así se salvaron de los “exámenes” en el Viceministerio de Inversión Pública, en UDAPE, en el CONAPES, finalmente la norma fue aprobada por el gabinete con el financiamiento del BCB, donde sus supervisores de riesgos hicieron nuevas evaluaciones. Luego en mayo 2011 se firmó un convenio de financiamiento entre el BCB y la Comibol por más de Bs 800 millones.

El proyecto avanzó con las dificultades propias de un emprendimiento de esta magnitud, particularmente con un Estado fiscalizador y una estatal que no acaba de poner sus normas para la producción autónoma y responsable. Estas dificultades llevaron a la creación de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), dependiente del Ministerio de Energía: en el periodo de transición solo ejecutó el 40% de su presupuesto. Así y todo, el proyecto marchó: en 2018 se inauguró la planta industrial de cloruro de potasio y se preveía que la del carbonato de litio funcionaría en 2020.

El golpe de Estado de noviembre de 2019 lo paralizó y se abandonó el mantenimiento de lo avanzado, dedicándose a disfrutar de los cargos burocráticos y vendiendo los saldos de la producción acumulada. Con el advenimiento del gobierno del presidente Luis Arce, YLB pasó a depender del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Casi inmediatamente vinieron —desde el norte— las voces que descalificaban el proyecto, señalando la baja recuperación y lo prolongado del proceso de evaporación, proponiendo la Extracción Directa del Litio, palabras dulzonas para encandilar a incautos. Así el proyecto aprobado por ley se paralizó; hoy se pretende reiniciarlo con la contratación para la dotación de agua a la planta industrial, que avanza en su construcción, desfasada de los otros componentes necesarios para su marcha.

Desde la oposición política se agita el regionalismo para exigir mayores regalías, cuando el emprendimiento en sí contempla una cadena productiva de 30 emprendimientos paralelos, los que mayoritariamente se ubicarán en Potosí. No es raro que a este coro se sumen connotados traidores a la patria y eternos ganapanes del erario nacional.

Últimamente se habla de las ventas del carbonato de litio; hasta el presente se han comercializado más de $us 200 millones, se calla que esta producción proviene de la planta piloto construida por Comibol, la que gastó en el proyecto $us 19 millones. La comparación de los resultados nos muestra la rentabilidad y desmiente las falsedades con que pretenden enterrarlo. Urge concentrar esfuerzos para poner en marcha la planta industrial de carbonato de litio y continuar con la fabricación de baterías, el otro componente de la cadena productiva igualmente abandonada, olvidándose que esa es la esencia de la defensa de los recursos naturales, explotarlos para su industrialización.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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