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Wednesday 28 Feb 2024 | Actualizado a 08:51 AM

Mineros en la carretera

/ 4 de octubre de 2022 / 01:39

De pronto la prensa nos dio la noticia: la carretera Oruro-La Paz estaba bloqueada por mineros de Colquiri; la memoria nos trae el recuerdo de la Marcha por la Vida y otros sucesos luctuosos. ¿Qué ocurría?

La promulgación del DS 4783 del 24 de agosto pasado provocó una reacción de los sindicatos de la minería nacionalizada, de la Federación de Mineros e incluso de la Central Obrera Boliviana. Los trabajadores de Colquiri no esperaron en tomar medidas de fuerza. En concreto, dice el decreto: “Las empresas públicas … transferirán recursos al TGN”. Por un lado, ¿es que las empresas públicas no son del Estado y éste no puede disponer de su patrimonio? y, por otro, ¿los trabajadores no están obligados a garantizar el futuro de su fuente de trabajo? Son interrogantes que nos introducen al fondo del problema.

Al crear sus empresas, el Estado espera no solo beneficiarse con las utilidades, sino que sean agentes de la transformación productiva; de eso se trata la sustitución de importaciones y la industrialización. Esto no libera que tributen como establecen las leyes. En el caso del sector minero se ha establecido un régimen de contribución del sector: paga una regalía por la explotación de un recurso natural no renovable que beneficia al departamento y el municipio donde se encuentra asentada la mina, 5 al 7% del valor bruto del metal; por otra parte, paga el impuesto a las utilidades de las empresas en una proporción del 25% de las utilidades; más una alícuota adicional del 12,5% cuando las cotizaciones son altas, además, en 2021 contribuyó con 1,8% para el bono Juancito Pinto. Así, la contribución de Colquiri al Estado, en la gestión 2021 llegó al 55% de la utilidad de la empresa, equivalente a un valor de $us 20 millones. Esto es lo particular del sector minero estatal, es el que más aporta de sus utilidades y no como dice el ministro de Economía, que es solo el 1,8%.

Las empresas estatales están obligadas a ser eficientes y contribuir al desarrollo nacional, por eso, más allá de cumplir con sus obligaciones de ley, deben ampliar sus horizontes y encarar las tareas de la industrialización. Esta visión debe estar formulada en un plan estratégico y no puede estar sujeta a necesidades coyunturales. De esta manera, los trabajadores de Colquiri y en general los de la Comibol sienten frustración, por cuanto las inversiones realizadas en sus empresas no han dado los resultados esperados.

No existe una visión de futuro, su actividad se guía por la rutina cotidiana. ¿Quién debiera darle la certeza de futuro? La Comibol, la empresa matriz, la que no deja de ser una rémora del neoliberalismo.

La preocupación de los obreros por el futuro de la empresa es consustancial a la historia del movimiento sindical minero: el control obrero, la cogestión obrera y hoy el “control social”, es un derecho por ser los actores del triunfo de la Revolución de 1952 y la derrota a las dictaduras y el neoliberalismo. El apoyo al proceso de cambio en San Cristóbal (2015) condiciona a la formulación por parte de los trabajadores de una “política minera-metalúrgica, que se convierta en pilar central de crecimiento económico, con el único objetivo de reactivar el aparato productivo en beneficio del pueblo boliviano”, que tampoco lo formulan.

Coincidentemente, en la visión del Gobierno, el sector minero es estratégico, con la ventaja de ser ampliamente conocido, pero ¿cuáles son sus planes?, ¿cómo piensa implementarlos? No hay claridad, solo deseos. Proyectos tan importantes como la refinería de zinc están a la espera del financiamiento externo; mientras, en su momento, se negó que Colquiri asumiera la construcción de su propia planta hidrometalúrgica con recursos propios, con una inversión de $us 50 millones —el proyecto se pagaría en dos años—, por cuanto hoy, por el zinc, solo le pagan un tercio de su valor de mercado.

Vivimos momentos relevantes para la consolidación del proceso de cambio, que significa la liberación económica y política de la nación y este propósito solo lo lograremos con la unidad de las masas sociales que son el sustento del proceso y el Gobierno que está obligado a una planificación participativa a mediano y largo plazo, donde se tenga claros los objetivos a ser alcanzados, los tiempos de su ejecución y el financiamiento conjunto; una actitud burocrática del mando y orden no corresponde y la acción de los obreros no puede ser una reacción circunstancial sino un compromiso permanente con la empresa y el país.

¡Vamos juntos, adelante! Lo importante es ponernos de acuerdo sobre cómo hacer grande a nuestro país, aportando cada uno lo suyo en función del interés nacional.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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En busca de nuestra democracia

Los militares no estaban contentos con su rol subalterno, así se fueron sucediendo golpe tras golpe

José Pimentel Castillo

/ 20 de febrero de 2024 / 06:57

La apertura a la democracia fue algo inesperada. Banzer, a su retorno de una entrevista con el presidente Jimmy Carter, anunció la convocatoria a elecciones, sorpresiva por cuanto el movimiento popular estaba diezmado, luego de la intervención militar a las minas (1976), el sometimiento a los sindicatos con los relacionadores, las universidades controladas, el movimiento campesino aherrojado por el pacto militar-campesino, los partidos políticos destruidos. ¿Qué pasó para que el dictador diera ese paso? Simplemente la estrategia del norte había cambiado, se impuso la democracia “controlada”; fue una parodia de democracia donde se vota pero no se elige. La premisa era clara, al concentrar el poder en una élite, excluye a las mayorías, justificando rebeliones: ya era previsible el triunfo sandinista en Nicaragua (1979).

Banzer cumplió la orden. En noviembre de 1977 sacó una convocatoria para elecciones generales, con la exclusión de medio millar de ciudadanos. La puerta entreabierta abrió paso a la huelga de las mujeres mineras, que con su masificación logró que el dictador diera la amnistía general; esta concesión no implicaba negar su estrategia, tenía el poder para controlar el proceso electoral. Nombró la corte electoral, eligió su candidato, tensó el pacto militar-campesino para garantizar los votos de esa mayoría que alcanzaba el 65% de la población. El fraude fue tan escandaloso que la corte electoral no dudó en anular las elecciones.

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Los militares no estaban contentos con su rol subalterno, así se fueron sucediendo golpe tras golpe, sumándose 13 presidentes en menos de cuatro años. Los golpes fueron alentados por políticos y por las dictaduras de Brasil, Argentina y Paraguay. En este periodo fue la movilización popular obrero-campesina que hacía retroceder a los golpes, la COB era el frente de lucha, sin pretender tomar el Poder Ejecutivo; para llegar a eso había que romper la democracia liberal e implantar un gobierno de los trabajadores, visión que se perdió cuando las banderas socialistas y de poder popular se trocaron por la constitucionalización. Finalmente, la narcodictadura de García Meza les llevó al aislamiento y en 1982 se hizo el traspaso de la presidencia a un civil. Para tomar medidas contra la crisis económica, herencia de la dictadura, el presidente Siles fue preso del parlamento opositor; al final de su mandato declaró la mora de la deuda externa, era tarde.

El fracaso de la Unidad Democrática y Popular arrastró a toda la izquierda, mientras el poder lo mantenía la oligarquía ligada al imperialismo y las fuerzas coercitivas; se impuso el modelo neoliberal en lo económico y el sistema de partidos en lo político. La angurria de poder creó infinidad de partidos, obligando a la sumatoria de sus votos para elegir presidente, las propuestas electorales quedaron atrás; el voto popular dado a uno y en contra de otro desaparecía en la repartija de cargos. El desprestigio fue tal que tuvieron que aplicar mecanismos para recuperar su credibilidad y fortalecer a los partidos: corte electoral de notables, financiamiento estatal y fiscalización de las cuentas, diputados uninominales, defensor del pueblo, participación popular, control social; pronto las recetas eran olvidadas, volviendo a las viejas mañas. Mientras tanto, el modelo neoliberal seguía con la privatización y transnacionalización de los recursos naturales y los servicios, aumentando la pobreza con la flexibilidad laboral.

Desde la profundidad de la marginalidad, el movimiento del campo pudo perfilar una nueva democracia sin partidos políticos: sus eventos sindicales eran fuente de inspiración, sus resoluciones definían objetivos con claridad y preveían los obstáculos, veían unidas la naturaleza y su vida; su subsistencia era una lucha en el mercado capitalista, su lucha gremial siempre concluía en convenios que no se cumplían o eran rechazados por ser políticos, ámbito al que estaban prohibidos; de ahí surgió la necesidad de un instrumento que incursione en la arena política y plasme las resoluciones de sus ampliados y congresos. Su participación en las “guerras” del agua y del gas mostró su perfil de líder nacional.

En momentos de incertidumbre valga la pena recordar, para reafirmar, que nuestra democracia inscrita en la Constitución Plurinacional no es la democracia de partidos, sino la acción organizada del pueblo, que tenga la capacidad de definir objetivos y sea quien ejecute: democracia directa y participativa, debate constante en todos los ámbitos de la vida social. Estar orgulloso de ser y vivir como pueblo, crecer con él.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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Oro blanco

Sin embargo, no se dice nada de la industrialización del litio, que es el objetivo del Estado Plurinacional

José Pimentel Castillo

/ 6 de febrero de 2024 / 10:50

Cuando en 2008 el presidente Evo Morales, el ministro de minería, la presidencia de la Comibol y la bancada del MAS-IPSP de Potosí escuchamos su clamor de la Frutcas (Federación de Campesinos del Altiplano Sur) “Ahora es Cuando” para comenzar la explotación del litio, la respuesta fue de satisfacción y compromiso: Manos a la obra.

La tarea no fue fácil. El tema, la explotación e industrialización del litio, era nuevo para el mundo minero de Bolivia. Recuerdo a los pioneros que se asentaron en Llipi, un solar alejado de la civilización, sin agua ni luz, viviendo en carpas, enfrentando a una naturaleza arisca que cuida sus tesoros, con temperaturas entre los 19 y -20 grados, con vientos huracanados, un sol en picada; verlos con melenas no lavadas y la barba crecida nos retrotraía a los viejos mineros aventureros, su motivación no era el lucro, sino consolidar la Revolución Democrática y Cultural.

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A los tres años se tenía cuantificadas las reservas del salar, se construyó el campamento para albergar a 150 personas, las piscinas de evaporación, los laboratorios, las plantas piloto para la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio. Los gastos efectuados por la Comibol llegaron a $us 19 millones, siendo el costo de la planta piloto de 4 millones. El siguiente paso era encarar la fase industrial: Evaporíticos firmó contratos con las firmas CAMC y Maison/CMEC, por un total de $us 288 millones para la construcción de las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio, mientras Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) asumía el compromiso de construir la infraestructura, caminos, red eléctrica, construcción de las piscinas y dotación de agua; el financiamiento estaba garantizado con un crédito del Banco Central. La planta de cloruro de potasio se entregó en octubre de 2018 y la entrega de la de litio se preveía para 2020.

En 2010 se elaboró la estrategia de la industrialización de los recursos evaporíticos en la cual se tenía como objetivo la construcción de plantas de hidróxido de litio, hidróxido de magnesio, la obtención de materiales catódicos y finalmente la fabricación de baterías; este esfuerzo requiere el concurso de varios sectores como minería, para la provisión de los ánodos y conductores: cobalto, níquel, cobre; la química básica, para ácidos sulfúrico y clorhídrico; hidrocarburos, para el suministro de envases, de hecho, se construirían 43 unidades productivas en torno al litio. Se creó el centro de investigación de La Palca, con laboratorios y una planta piloto para material catódico y otra para la fabricación de baterías. Sus productos fueron probados y comprados, entre otros, por la fábrica de autos eléctricos Quantum. En esta etapa se vio la necesidad de recurrir a alianzas con empresas con conocimiento, capital y mercado asegurado; así se firmó un contrato con ACI Systems de Alemania, para encarar la fase de industrialización; se preveía la obtención de hidróxido de litio en 2019 y de baterías en 2022.

La crisis de 2019 llevó a romper el contrato con ACI Systems y el gobierno de facto paralizó el proyecto en la búsqueda de un método “más eficiente y rápido”, olvidando que solo faltaban dos años para la producción industrial. En noviembre de 2020, el nuevo gobierno introdujo el concepto de extracción directa del litio (EDL) e YLB, postergando sus tareas de concluir el proyecto de la industrialización, lanzó una convocatoria para la aplicación de esta tecnología. Hasta febrero de 2023 se firmaron tres convenios para la producción de más de 100.000 toneladas de carbonato de litio, con una inversión de $us 2.800 millones; estos contratos comprometían la explotación de los salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa; pero a casi un año de firmados los convenios, en diciembre de 2023 y enero 2024 se informó de la suscripción de dos nuevos convenios para la instalación de plantas pilotos con las mismas empresas de 2023, para la verificación de la tecnología, que supuestamente en 2021 eran las mejores. La producción comprometida, dentro de dos años, llegaría a 16.000 toneladas y la inversión a $us 500 millones.

Por otro lado, el 26 de enero se lanzó otra convocatoria para aportar nuevas tecnologías en siete salares. Naturalmente son múltiples los deseos de comprar el carbonato de litio de la planta industrial, cuya inauguración fue ampliamente publicitada, pero este año solo producirá 4.000 toneladas.

Sin embargo, no se dice nada de la industrialización del litio, que es el objetivo del Estado Plurinacional, distinto al extractivismo del capitalismo de Estado, que medra de la naturaleza y no se preocupa de darle un valor agregado. En su primera fase, al transformarse en material catódico, el carbonato de litio duplica su valor y, siendo parte de la batería, se eleva a 10. La venta directa del preciado carbonato de litio traería divisas necesitadas, sin embargo, el objetivo aquí debe ser la industrialización del litio, y no su venta como materia prima.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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Incertidumbres y certezas

El oro nos pone ante el dilema de vida o muerte, hay que defender la vida de los hombres y la naturaleza

José Pimentel Castillo

/ 25 de enero de 2024 / 07:15

En el primer mes del año asoma la incertidumbre. Los problemas no resueltos en la gestión pasada crearon un escenario de alta conflictividad; La Razón lo puntualiza: “Ante críticas por prórroga al menos dos magistrados renuncian”; “Las RIN llegan a los $us 1.709 millones, similar a 2005”; “Montenegro: en la economía informal hay $us 10.000 MM”; “Arce se arropa en el Pacto de Unidad y critica la división”; “Un prorrogado Huarachi en la COB recibe apoyo moral”; “Vinto pide a Huanuni y Colquiri pagar $us 951 por t tratada”; “Lima desahucia a Evo como candidato; él dice que no se rendirá”; “Biodiésel ahorrará $us 450 millones anuales al país”; “El Gobierno instruye austeridad en gastos en entidades públicas”; “Medio Tipuani está bajo el agua, hay 600 familias afectadas”; “CBC invertirá $us 100 MM para emplazar planta piloto de litio”; “Andrónico convoca a reunión para allanar el camino de las judiciales”.

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La postergación de las elecciones judiciales marca un tensionamiento previsible, la situación ha sido creada por intereses políticos confrontados, interferencia de poderes y finalmente negligencia. El Ejecutivo se lava las manos, achacando a la Asamblea Legislativa Plurinacional, olvidando que la cabeza de ella es el Vicepresidente, miembro del Ejecutivo. La solución es simple, pero difícil de aceptarse, convocatoria consensuada de la Asamblea, no hay otra.

El proceso de cambio tiene un titular, las organizaciones sociales, en particular las del área rural, son ellas las que han dicho “votemos por nosotros mismos”; a fuerza de duras luchas este anhelo se coronó con el triunfo del MAS-IPSP en 2005. Su fuerza estuvo en la estructura nacional que tienen, la cohesión de su discurso: anticapitalista y anticolonial, y un liderazgo indiscutible. La función gubernamental las ha debilitado y ha dado paso a su cooptación; el proceso de cambio se frustra si las organizaciones sociales —incluida la COB— no recuperan su autonomía, logren su unidad y erijan un liderazgo, el actual u otro, para desarrollar estas tareas.

El ministro Lima hace de vocero del TCP y tribuno del Poder Electoral y no precisamente de justicia, que es reconocer los derechos de todos y todas. El principal argumento interpuesto para la buscada inhabilitación de Evo Morales es la declaración de la CIDH, la que se dirige al entorno latinoamericano y no solo a Bolivia, así no aplica para que Lula no pueda volver a presentarse a elecciones luego de una pausa; además nuestra Constitución es clara, dos gestiones continuas. No hay tal entuerto.

Escasez de divisas. Uno de los éxitos del modelo económico fue el crecimiento de las exportaciones, cinco veces: lo paradójico es que no hay divisas, la permisividad con el sector privado hace que éste envíe sus ganancias a los paraísos fiscales o simplemente no las devuelven al país, mientras las empresas estatales cargan con las obligaciones nacionales. Sin mayores vueltas, la obligatoriedad de entrega de las divisas al Banco Central resolvería el problema, sin embargo, para esto se necesita decisión y voluntad política. Más allá de esto, ciertamente hay que aumentar la capacidad exportadora del país; el litio era una esperanza, sin embargo, la gestión se ha avocado a firmar convenios que no dan resultado. La empresa china CBC acaba de firmar un nuevo contrato para instalación de una planta piloto para la producción de 2.500 toneladas de carbonato de litio; en 2022 se comprometieron a instalar una planta de 150.000 toneladas. ¿Es que los convenios no son obligatorios?

La pelea entre las empresas estatales las muestra como feudos, consecuencia de la inexistencia de un ente matriz y director de la cadena productiva minera; la situación actual llevará a la quiebra a las empresas. Si bien Vinto debe a Huanuni y Colquiri $us 90 millones y $us 25 millones, respectivamente, cada una debe más de $us 50 millones al Estado. Urge la integración de las empresas en una corporación minera metalúrgica.

La sustitución del diésel por el biodiésel ahorrará $us 400 millones por año, pero se dejará de exportar $us 250 millones de aceite de soya por su utilización en el proceso, ya que las plantaciones de palma negra, sorgo, morococo, no existen. Lo mejor sería prohibir la importación de automotores que funcionan con diésel y gasolina, y facilitar el ingreso de eléctricos y a gas.

El oro nos pone ante el dilema de vida o muerte, hay que defender la vida de los hombres y la naturaleza; pero, ante todo, defender la riqueza del país. Requerimos un esfuerzo nacional para la explotación racional, la seguridad de los trabajadores y habitantes de las regiones productoras y el beneficio de todos/todas los bolivianos, el oro lo garantiza.

Así el año se pinta difícil, pero los problemas no son insolubles, simplemente hay que recuperar el ajayu plurinacional, ser amplios y ponerse a trabajar.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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Loas o acciones

La planta de carbonato de litio es una frustración, los afanes innovadores negaron lo avanzado

José Pimentel Castillo

/ 9 de enero de 2024 / 10:24

La pertinencia de un modelo se demuestra por los resultados y éstos no son solo producto de la concepción correcta en el contexto concreto, sino fundamentalmente la forma cómo se la viabiliza. El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) es una respuesta de la sociedad boliviana a partir de su lucha contra el modelo neoliberal: excluyente, especulador del mercado, concentrador del excedente y cipayo a los mandatos de las grandes potencias. Es un cambio en la manera de concebir la construcción de la sociedad, no como la suma de individuos, sino de comunidades en su territorio, buscando su vivir bien.

 Este modelo, que cautivó con su acción redistributiva de los excedentes creados con base en la renta petrolera, se fue agotando con el declinar de ésta: por lo dubitativo de la gestión gubernamental, incapaz de exigir inversión a las transnacionales y timorata para remplazarlas; por la exacción a las empresas estatales para las subvenciones en un esfuerzo nacional, liberando al sector privado; manteniendo el libre comercio exterior que permite la fuga de divisas, por todo ello, paradójicamente se han quintuplicado las exportaciones pero no hay dólares. Las divisas que ingresan al Banco Central las generan las empresas estatales y las remesas de bolivianos y bolivianas en el exterior; la economía comunitaria va desapareciendo; la producción cooperativista no ayuda a superar las desigualdades sociales, al contrario, encubre la más dura explotación del trabajador y la naturaleza, alentada por transnacionales encubiertas en prestadoras de servicios y comercializadoras, convirtiéndose en la principal fuente del saqueo del país.

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Hoy un ruido asoma, nos pone en el dilema de afirmar si estos sonidos estentóreos son los de su ocaso o del parto que no logra vida plena. En efecto, lo recorrido no muestra una línea continua de acciones que concreten lo buscado, tal vez la urgencia de la gestión, más riqueza, nos hizo perder de vista cómo lograrlo, llevando a la exclusión de las fuerzas del pueblo, que son inagotables. Se trata de identificar objetivos deseados, capaces de lograrse con esfuerzo, no hay otra manera de ir creando la fe en su capacidad de conducción. Lo otro es delegar a un técnico que hará los esfuerzos requeridos y tal vez logre lo buscado, pero un fracaso solo pone una mancha negra en su hoja de vida, mientras para el pueblo será una verdadera decepción, creando las bases del qué me importa, es decir su exclusión de la gestión.

Veamos un ejemplo. La planta de carbonato de litio es una frustración, los afanes innovadores negaron lo avanzado; no se preparó la mina, en este caso piscinas, mientras se concluía la planta; el bochorno fue grande, se despidió al gerente; desde hace tiempo en la planta no hay sindicato, los comunarios han sido marginados de la gestión y la gente que inició el proyecto fue despedida; ¿quién podía dar la alerta, sin ser tildado de dinosaurio? Las pérdidas son cuantiosas, el desprestigio es mayor para la empresa pública.

Otro ejemplo es el de Huanuni y Vinto. El proceso de nacionalización unificó a todos, la absorción de más de 3.500 nuevos trabajadores imponía el aumento de la producción, así se planteó la construcción de un ingenio que trate 3.000 toneladas de mineral diarias, a la vez que se construía un nuevo horno de fundición para duplicar su producción. En total, una inversión de $us 120 millones que, al presente, luego de cinco años de haberse concluido las plantas, no dan réditos; esto por desidia, por anteponer los intereses personales, seccionales y hasta regionales sobre los nacionales. Las dos empresas están en quiebra técnica y no se inmuta nadie. El desprestigio se profundiza.

YPFB se queda sin gas y sin mercado, cunde el pánico; los únicos que no se pronuncian son los trabajadores, parece que tienen ganado el paraíso; el camino que le queda es disponer del poco gas que se tiene para el consumo interno y la industrialización de los polímeros, para obtener una gama de fibras plásticas; la planta de urea es un ejemplo a seguir de la cadena de valor. Si no es así, ¿para qué tenemos empresas estatales, llamadas estratégicas?

El MESCP merece, más que loas, una reivindicación, ser participativo, englobar a todos los actores en el rol que les corresponda, invertir soberanamente en la cadena de valor de los recursos naturales, desarrollar los recursos humanos en este empeño contra el atraso tecnológico; nuestra lucha es por construir una sociedad avanzada y justa.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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Llave en mano

El Sillar nos enseña que es preciso el seguimiento de las obras, no solamente de parte de los actores involucrados

José Pimentel Castillo

/ 26 de diciembre de 2023 / 10:43

El recurrir a este modo de contratación es un reconocimiento de la falta de capacidad para acometer una obra deseada; es una forma correcta de encarar el problema, sin embargo es preciso determinar claramente los objetivos que se espera.

El primero es solucionar el problema que nos aqueja: en el caso de El Sillar, superar un tramo deleznable del camino; el segundo, el enriquecimiento de los conocimientos, habilidades y manejo de recursos materiales por nosotros desconocidos. Son estos objetivos que tienen que estar claramente especificados en el documento base de contratación, para lo cual se debe tener un conocimiento preciso de lo que se quiere.

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Así se debe tener, previamente, un estudio de situación; para el caso, estudios geológicos, climáticos, etc., que necesariamente tienen que ser de conocimiento de la parte contratante; puede que sean insuficientes, lo que requerirá complementarlos para tener un conocimiento exacto y dimensionar la magnitud de la obra; con base al entendimiento de la problemática, se buscará las soluciones técnicas más adecuadas. Como se ve, la parte contratante —el país— no puede tener un rol pasivo, sus exigencias buscan una solución óptima, logrando superar nuestra ignorancia, con el deseo imperativo de acumular conocimientos.

No se trata del conocimiento técnico-científico que se imparte en la academia, sino, ante todo, su aplicación en la vida real; para ello, es necesario ligar la acción de investigación de nuestras universidades con el desarrollo del país; es de lamentar que sobre el caso de El Sillar no se haya pronunciado ninguna de las múltiples carreras de ingeniería civil existentes en el país, tanto públicas como privadas. La superación de nuestro atraso no es un problema del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad boliviana, por lo cual es necesario crear puentes entre la universidad y cada una de las instituciones que encaran los problemas del desarrollo.

Para garantizar la correcta ejecución de estas obras se contrata una supervisora, empresa del mismo nivel que la contratista, para corregir y avalar las acciones que se tomen; por su parte, el contratante —el país— establece la supervisión para hacer el seguimiento y, en su caso, corregir para lograr lo que busca; es sobre este punto que busca acumular conocimiento, por lo cual no se puede cargar a una sola persona esta tarea, se tiene que volcar un ejército que mire y oiga en todo el proceso: ésta es la diferencia entre satisfacernos con tener el resultado concreto y el deseo de seguir avanzando.

La historia de nuestro país está regada de frustraciones, los elefantes blancos de la época de las dictaduras: Karachipampa, San Jacinto, hilandería Santa Cruz, etc., o recientemente el ingenio Lucianita de Huanuni, el horno Ausmelt de Vinto, la planta de carbonato de litio. Los problemas de estos casos son múltiples, pero tienen un denominador común: no se piensa en el desarrollo del país, ni en la experiencia ni el conocimiento acumulado, sino en el interés particular. A esto se debe que no logre encadenar la cadena productiva minera en el caso de Huanuni y Vinto, o se niegue lo avanzado y comprometido con la planta de carbonato de litio, para experimentar otros caminos desconocidos.

Sin embargo, hay ejemplos que nos satisfacen en cuanto a los servicios que prestan: el teleférico en la Paz, el satélite Túpac Katari y la planta de urea en Bulo Bulo, nadie niega que son un éxito, felicidades; pero es necesario hacer un balance, cómo su concreción ha hecho avanzar al país en las nuevas técnicas de su área, por ejemplo, del transporte masivo y ramas conexas: mecánica, electricidad, electrónica, etc. Lo propio, cuánto hemos avanzado en la aeronáutica espacial y las comunicaciones satelitales o qué esperanza tenemos de ampliar la petroquímica en nuestro país. Es en esta etapa que tiene que surgir la relación de empresa y universidad, para que el conocimiento no se quede en la etapa empírica y asuma su condición de ciencia capaz de ser universalizada.

La constatación de nuestro atraso tecnológico llevó a que el anterior gobierno del MAS concediera 100 becas anuales para el perfeccionamiento profesional; no conocemos una evaluación, es de esperar que estén contribuyendo los becarios al país y no asuman la conducta colonial: “que eso ya lo han desarrollado las potencias y solo hay que comprar, ¿para qué investigar?”

El Sillar nos enseña que es preciso el seguimiento de las obras, no solamente de parte de los actores involucrados, sino de instancias de la sociedad civil, especialmente las universidades y los directos beneficiarios: los ciudadanos comunes y sus organizaciones; al final, democracia directa y participativa.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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