El mundo asiste al drama criminal que se ha vuelto cotidiano y normal; ojo, no es un eufemismo el genocidio en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino.

Decenas de millones de hombres y mujeres en los cinco continentes, en cientos de ciudades importantes del mundo, universidades europeas, latinoamericanas y ahora norteamericanas… hay multitudinarias movilizaciones de condena al genocidio perpetuado por el ejército israelí, de rechazo al apoyo económico, militar y la protección diplomática que otorgan republicanos, demócratas y el gobierno de EEUU al gobierno sionista.

Consulte: Rózsa

Hay una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Natenyahu por “genocidio en la Franja de Gaza”, presentada por Sudáfrica y a la que se sumaron Brasil, Colombia y otros países; más de 250 juristas españoles le exigen al gobierno de Sánchez sumarse y varios gobiernos rompieron relaciones diplomáticas.

En febrero, los países árabes presentaron una resolución ante la ONU para el “cese de fuego” en Gaza y la ayuda humanitaria; en el Consejo de Seguridad, 13 países apoyaron la moción, Reino Unido se abstuvo y EEUU la rechazo, fue el tercer veto a ese tipo de iniciativas en menos de tres meses.

Argelia presentó un proyecto de resolución en representación de la Liga Árabe con respaldo de más de 60 países, para que Palestina sea reconocido como miembro pleno de derechos de la ONU: el país que vetó, como siempre, fue EEUU.

En la sesión del Consejo de DDHH de la ONU, la relatora y experta en materia de DDHH, Francesca Albanese, dijo que lo que “está sucediendo en la Franja de Gaza es genocidio”, funcionarios del Departamento de Estado y de la oficina de Democracia, Derechos Humanos para Medio Oriente de EEUU renunciaron porque no están de acuerdo con el apoyo militar a Israel y la negativa a reconocer el genocidio por el gobierno de Biden. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, manifestó: “en lo que respecta a Estados Unidos, no estamos viendo ninguna acción que constituya genocidio”.

Según denunciaron organismos internacionales, cerca de 35.000 palestinos murieron, la mayoría niños, es decir, desde la invasión militar del ejército israelí, por día 158 personas fueron asesinadas.

Toda trama política, militar requiere de una narrativa que justifique sus acciones, pero a su vez una línea discursiva para atacar a quienes critican o rechazan su accionar.

La narrativa que impusieron fue “en defensa legítima ante la incursión de Hamás en nuestro territorio”, para justificar la invasión militar y el genocidio; la línea discursiva: los movimientos que critican al gobierno, al presidente y al pueblo israelí son “antisemitas”. Sobre estas dos líneas generales, los gobiernos y políticos de derecha, extrema derecha, multimedias transnacionales, justifican el apoyo a Netanyahu y niegan el genocidio.

Me adhiero a la opinión de millones en el mundo: “no somos antisemitas”, somos respetuosos del pueblo judío descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé; somos respetuosos de su historia, su espiritualidad y tradición religiosa; condenamos al nazismo criminal que asesinó y exterminó a millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo es la manifestación de violencia racial contra la comunidad judía.

Lo que representa hoy el gobierno israelí y Netanyahu es el “sionismo”, que según la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos No. 33 de la Universidad de Sevilla, es una ideología caracterizada por tres aspectos clave desde sus comienzos: el nacionalismo, el racismo y el colonialismo; convergió ideológicamente con la extrema derecha europea, americana y los movimientos xenófobos.

Esta afirmación no es una acusación, sino la identificación y caracterización del régimen sionista, por ello sus formas de manifestación política son los mismos métodos del fascismo y el nazismo.

Investigadores judíos identificaron que el origen del sionismo es antisemita, convergió previo al Holocausto con corrientes de extrema derecha antisemita europea. La descripción de M. Shaid Alam, docente pakistaní en universidades norteamericanas, es precisa: Hitler proscribió todas las organizaciones judías, excepto las que tenían objetivos sionistas, por ello la Federación Sionista Alemana ofreció colaboración al nazismo, porque compartían los mismas valores raciales y nacionalistas.

Lo que hoy está en el poder israelí son judíos sionistas ideológicamente de extrema derecha, que están empleando métodos nazistas y fascistas, y consideran al pueblo palestino una raza inferior que deben exterminar.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

Volvió a ser agenda mediática lo sucedido en el hotel Las Américas en abril de 2009, pero modificando el escenario, convirtiendo en samaritanos a los extranjeros y eximiendo de responsabilidades a los actores regionales de ese momento.

La presencia del grupo Rózsa en Bolivia no se entiende sin describir la coyuntura de 2008, que definió y marcó indefinidamente el tiempo de la revolución democrática cultural.

Consulte: ‘Fake news’

Los grupos de poder del oriente son los hijos putativos del centralismo y se constituyeron en el núcleo articulador del Estado, principalmente desde la dictadura militar de Banzer hasta la huida de Sánchez de Lozada, y la desaparición del viejo sistema político.

En 2005, las derechas —políticas y económica—, ante su inminente derrota, decidieron la retirada táctica del Estado y la toma estratégica de los departamentos, a eso se debe que los principales dirigentes de las derechas fueron candidatos a prefectos.

La toma estratégica implicaba el control sobre la tierra y los recursos naturales, sin ello no se entendía la noción oligárquica del poder regional; la autonomía era la excusa, el objetivo, el federalismo. Para lograr esta meta tenía que fracasar la Asamblea Constituyente y derrocar al gobierno indígena de izquierda anticolonial.

Durante décadas construyeron y dirigieron “su” institucionalidad, constituyéndose en la plataforma “civil” como “gobierno moral”, es decir, ser el guía espiritual que impone y preserva la ética de la cruceñidad del establishment, las autoridades políticas: parlamentarios, gobernadores, alcaldes subordinados al orden instituido; el corporativismo empresarial, síntesis del modelo de desarrollo y la sociedad urbana, el rostro de su modernidad.

En enero de 2008 decidieron la ruptura constitucional. Con el control político sobre la Corte Electoral Departamental, convocaron al referéndum anti e inconstitucional sobre el estatuto autonómico que tenía un triple efecto: desconocer la Asamblea Constituyente y al proyecto de CPE, invalidar explícitamente la condición de autoridad gubernamental del Presidente y el Vicepresidente, y poner en duda la unidad territorial.

Después de la derrota que sufrieron las derechas en el referéndum constitucional que ratificó al Presidente/Vicepresidente con el 67%, los cuatro prefectos de la “media luna” decidieron en reunión (agosto 2008) el desconocimiento y el desacato a los resultados del referéndum nacional, con bloqueo de carreteras, toma de instituciones públicas nacionales. El objetivo del control cívico-político de los cuatro departamentos era el despliegue del golpe cívico-prefectural, se manifestó en la represión/masacre por instrucción del prefecto de Pando contra los campesinos que marchaban rumbo a Cobija para su ampliado departamental y la toma violenta de las instituciones gubernamentales en Santa Cruz.

El escenario que presentaban de Bolivia era de crisis estatal. Santa Cruz y el Gobierno enfrentados, al borde de la violencia militar-civil, con esta narrativa e imagen trajeron a Eduardo Rózsa Flores al país, él reconoció esta radiografía en la entrevista que concedió al periodista húngaro András Kepes: “Me llamaron para organizar o ayudar a organizar la defensa de la ciudad de Santa Cruz, así como la de la provincia. Teniendo en cuenta que se puede contar con la actuación del gobierno central, con la intervención del ejército, y diferentes milicias indígenas”, es decir, en la opinión de Rózsa, el Gobierno estaba por intervenir con militares e indígenas armados, por lo tanto se tenía que organizar la defensa en esa misma condición. 

Rózsa continuó su relato: “La relación entre las dos partes del país se empeoró a tal profundidad que solo se puede solucionar la situación, uno, arrasando la mitad de la población, manteniendo unido al país de modo violento”. Según su percepción, con la violencia armada era la única forma que el Presidente podía gobernar. Además, Rózsa describió qué hacer: “Hay que llevar la situación, con recursos políticos, pero señalando la fuerza y estamos preparados (para) que dentro de un par de meses lleguemos a que, si no hay autonomía, si no hay convivencia con autonomía, proclamaremos la independencia y fundaremos un país nuevo”.

La meta trazada es explícita, no venía a un viaje de visita familiar o turística, sino que lo “convocaron” y trajeron por la experiencia militar que tenía en la Guerra de los Balcanes que terminó en la ruptura territorial de la ex Yugoslavia, por el origen cruceño y la identificación que tenía con la visión de las élites que impulsaban el conflicto/enfrentamiento contra el Presidente indígena del centralismo “colla/aymara”. Crisis, terrorismo y separatismo, era el escenario que quisieron imponer.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

Las fake news o noticias falsas se han constituido en fuentes decisivas para imponer como verdad fáctica percepciones negativas en la opinión pública e inicios de procesos penales sobre hechos y liderazgos políticos, más conocidos como lawfare.  

Se volvió a recurrir a la narrativa del fraude con la acusación de la Fiscalía al ingeniero Villegas, los medios titulan y los políticos corean: “persecución judicial al que descubrió el fraude”. 

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El fraude, como fake new, fue construido en los laboratorios políticos con mucha anticipación a las elecciones de 2019. El tiempo apropiado para la enunciación del fraude como eje discursivo fue noviembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional emitió la SC 084/2017 que habilita la “reelección indefinida”, articularon “reelección y fraude” como factores interdependientes.

Como hecho político consumado, el fraude fue a partir de las renuncias del vicepresidente y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral en octubre de 2018; las derechas entre políticos y analistas; medios de comunicación entre titulares, noticias, artículos, entrevistas, etc.; opiniones de autoridades católicas y evangélicas; los comités cívicos “denunciaron” que el TSE y el gobierno estaban organizando el fraude; fue la campaña sistemática para imponer una fake new como verdad. La encuesta presentada por el periódico Página Siete el 1 de octubre de 2019 sentenciaba que el 68% de los “bolivianos” creía que existiría fraude en las elecciones. Se cumplió con el objetivo.

La fase para desconocer el resultado electoral se dio los primeros días de octubre, semanas antes de los comicios los comités cívicos de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca —presidida por un militante trotskista— determinaron no reconocer el triunfo electoral del MAS porque sería producto del fraude y convocaron a la resistencia civil.

La violación de nuestra soberanía: los veedores internacionales la materializaron con la primera acción de la Misión de Observación Electoral de la OEA; al día siguiente de las elecciones, sin esperar la conclusión del cómputo electoral oficial del cual eran partícipes como veedores, “recomendaron segunda vuelta”, violaron el Código de Ética de observadores electorales de la OEA, que prohíbe que “emitan opinión política pública, anticipada y parcializada”.

El 23 de octubre, Camacho y el Comité pro Santa Cruz decidieron desconocer el resultado por fraude y exigieron que se convoque a nuevas elecciones.

La crisis política se instaló, la fake new era la realidad irrebatible que movilizó a miles de ciudadanos en las nueve capitales de departamento; en ese contexto, el ingeniero informático Édgar Villegas, en una entrevista el 24 de octubre en Televisión Universitaria, en el programa Jaque Mate, utilizando la comparación de las imágenes de las actas del TREP y del cómputo electoral, expresó que existía alteración de resultados, es decir, fraude electoral.

Esta opinión dejó de ser política, él fue presentado como “reconocido analista e ingeniero de sistemas que ha participado en una serie de equipos nacionales e internacionales relacionados con la información pública y la transparencia”, por la ONG Amnistía Internacional, en una carta del 28 de octubre dirigida al ministro de Gobierno Romero, exigiendo garantías porque su vida corría peligro.

En el informe final del equipo internacional de la OEA sobre el proceso electoral 2019, se presentó el “Anexo 7 Registro de Denuncias sobre Irregularidades”, con un total de 217, y en el punto 46 está el “informe del Ing. Villegas publicado en redes sociales”.

La valoración de las denuncias está consignada en las páginas 80 y 81 del informe final: “Al digitar las actas (que realizó el equipo auditor de la OEA) y al tener en cuenta las observaciones que estas incluyen (Anexo 7), se tomó nota de que la cantidad de votos asignados a cada partido político en el cómputo oficial (TSE) coincidió en 34,495 imágenes de actas (TREP), en 99,8%”. Es decir que existió coincidencia absoluta de tres fuentes: las actas escaneadas por la OEA, las del TSE y las imágenes de las actas del TREP, o sea, las denuncias de alteración de actas que modificaron el resultado electoral no son validadas por los auditores.

Las fake news no solo son noticias falsas, son la construcción ideológica política sistemática sobre hechos y líderes, el objetivo estratégico es imponer sentimientos negativos: el y la ciudadana se sienten agredidos.

La violencia es la reacción inmediata, emerge como legítima, la fake new es la “verdad” que moldea las reacciones y delinea indefinidamente las opiniones políticas y mediáticas, como sucede hoy.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

Previo a los días de la realización del censo, alcaldes/as, concejales, parlamentarios en tono de condena social calificaron a hombres y mujeres por el retorno para censarse a sus lugares de nacimiento, sin ninguna valoración solo recurrieron a la adjetivación, como “irresponsables”, “mal agradecidos” y que reconsideraran ejecutar obras en esos barrios donde viven e incluso expresaron que debería pedirse la certificación censal para que sean atendidos en los centros de salud.

Los medios de comunicación enviaron a sus corresponsales a las terminales para transmitir en directo lo que denominaron el “acarreo de personas” entrevistando a políticos en el mismo lugar que mostraban públicamente su molestia con los “campesinos/migrantes del interior”.

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Pero, además se esforzaban por identificar al “campesino migrante”, a la migración “campo-ciudad” como factor negativo para las ciudades, porque “aquí vivimos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos”, dieron pasos más agresivos en su condena porque a “los migrantes no les interesa el desarrollo, por eso no quieren censarse aquí donde les damos de comer”.

La migración se entiende como el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico o administrativo (CEPAL), este concepto es universal en el sentido amplio, aplicado principalmente a las migraciones de un país a otro, en lo interno, principalmente en nuestro país se debe entender la migración interna a partir de la ampliación de residencias, porque los hombres y mujeres por diferentes factores tienen sus actividades en otros centros principalmente urbanos pero no se desprenden o separan de su origen familiar/territorial/comunal, es decir su pertenencia no está solo en lugar donde trabajan y viven sino donde tiene sentido su autoidentificación, que es el origen del yo colectivo e individual.

Las opiniones públicas de autoridades políticas y amplificadas por medios de comunicación expresan cierto sentido común urbano racial/colonial como lógica de valoración social sobre la migración interna.

Desde la fundación de la República se ha institucionalizado a través de la violencia  institucional/armada, cultural, simbólica la obligatoriedad de la despersonalización histórica del indio, para que el indio alcance la condición de boliviano y no aún de ciudadano tenía que hablar castellano, ser católico, trabajar y tributar, cumplir con sus obligaciones con la patria, la iglesia, las autoridades y los señores feudales y empresarios mineros, era el rosario de obligaciones coloniales, pero cuando reclamaban un derecho eran detenidos, torturados, asesinados, porque los consideraban indígenas incivilizados.

La Ley de Participación Popular exacerbando el individualismo como lógica social impuso la ciudadanía tributaria, cada uno de los bolivianos registrados en el último censo tenemos un valor económico uniforme, es decir del 20% de lo recaudado por impuestos nacionales y aduaneros se distribuye en cada uno de los municipios por el número de habitantes, entonces la condición de ciudadanía municipal es identificada a partir de “donde vives, cuanto aportas, tanto vales”.

Se apropió del razonamiento municipal urbano la ética utilitaria del individuo, las autoridades municipales, aunque aparenten ser rostro indígena, otros que sintetizan xenofobia encubierta  con vehemencia y sin ruborizarse calificaron el retorno temporal a sus comunidades de hombres y mujeres como el “acarreo”, que se entiende como el acto de llevar algo, es decir exaltan con sentido negativo la decisión de volver a la comunidad y al campesino/migrante como el objeto utilitario.

El censo formal y legalmente es la encuesta sistemática nacional, pero también a través de las multifacéticas opiniones urbanas, grupales, políticas e ideológicas sobre el censo nos permite descifrar las racionalidades coloniales y raciales que pervive invisibilizado en el discurso poblacional y tributario.

Censarse en sus lugares de origen no es acto de retorno, sino la reafirmación de la manifestación sociocultural, territorial y política, de la importancia identitaria del yo individual y colectivo como fuente de la familia y la comunidad.

No es la negación de la ciudadanía individualizada expresada en su residencia urbana, sino la visibilización plena de la condición pluri de la nación, es la ruptura con las lógicas homogéneas, liberales y coloniales, que creen que el Estado es la hacienda de dominio señorial y no de los pueblos y naciones que tienen en su racionalidad descolonizada la vitalidad del Estado Plurinacional.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

La propuesta lanzada por Carlos Mesa de tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias fue apoyada y aplaudida de manera inmediata por Camacho, Manfred y los candidatos sin sigla electoral ni militancia.

Todos los autoproclamados presidenciables creen tener la aureola que les da el derecho de ser ungidos como el salvador y portador de buenas nuevas para los estantes y habitantes del país.

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Pero cuál es la obligación de los presidenciables, ¿tener nombre, imagen, recursos y acceso a los medios?, pareciera que es el requisito sine qua non, entonces estamos ante un concurso de méritos, con postulantes arropados por amigos disputando la directiva de un club de beneficencia.

Es la característica de algunos de los actores del sistema político, que existen efusivamente en los tiempos electorales, proclaman, juran y rubrican la lealtad a sus electores, y pasadas las elecciones naufragan en la turbulencia de la democracia, sin más autocrítica y mea culpa vuelven a renacer cual ave fénix para volver a la procesión electoral.

Las primarias abiertas significan ser el candidato de la no militancia, es sustituir la ausencia de organización, militancia y estructura por ciudadanía laxa, es ser el beneficiario del folklore democrático.

El derecho a ser candidato les obliga a tener la madurez de la institucionalidad democrática, es decir, ser opción política y no solo ser casilla electoral en la papeleta de votación.

La síntesis de la política es la disputa del poder político, la esencia es la concepción ideológica, la médula es la organización, el liderazgo cohesiona, expresa y representa la militancia, la estrategia no está solo en vencer electoralmente sino en crear en la subjetividad social esperanza y certidumbre.

Pero contrariamente, hoy los políticos multicolor, porque no se definen por su concepción ideológica sino por el nombre de la carátula, dicen ser demócratas, que luchan por la libertad, el bienestar social, la inversión y el desarrollo; unos le ponen mayor condimento a ciertos temas sensibles, otros van más allá, dicen no ser de izquierda ni de derecha. En fin, la lista es interminable, son el abanico multifacético de la desorientación, deambulan en la pasarela mediática esforzándose en autoconvencerse que son el faro en la tempestad.

El tribunal electoral tiene el registro de varias organizaciones políticas sin estructura ni militancia política, pero con sigla electoral habilitada; los dirigentes/propietarios ofrecen su personería jurídica a la imagen presidencial con mejor aceptación en las encuestas, el mercado electoral empieza a cotizar siglas y candidaturas, ahí se fabrican alianzas y frentes, acuden al márquetin para dotarse de un nombre, color y eslogan en nombre de la democracia y el ciudadano.

Las primarias abiertas quieren ser utilizadas para cubrir sus déficit ideológicos, políticos, organizacionales y de liderazgo, las excusas son múltiples y cada coyuntura tiene el rótulo que se quiere dar; ahora es la participación ciudadana la que seleccionaría entre los autoproclamados al mesías, luego pasarían a tener militancia ocasional, que en lo posible sea a imagen de quien será la lumbrera en la oscuridad democrática.

La política, en su sentido amplio en un Estado de derecho, hace efectivo el monopolio de la coacción legitima, influye en el presente, puede modificar el pasado y construir el mañana, por ello las candidaturas no son un simple juego de simpatías y antipatías o para buscar aplausos mayoritarios en base a silogismos de los presidenciables. Nuestra democracia republicana nos ha enseñado que es institución madura, se impuso desde que el pueblo la conquistó en noviembre de 1978 y recuperó en agosto de 2020 a la cabeza de lo sindical, obrero, campesino, popular y de izquierda, por ello los que quieren jugar a ser demócratas de Walt Disney no comprenden la importancia de la organización política como institución colectiva, de la militancia como actor politizado, de la ideología como concepción del cosmos local y regional, su incomprensión hace que recurran a salvavidas temporales para prolongar su agonía.

Las primarias internas sí son importantes, hoy están legisladas y se desarrollan bajo la lógica liberal republicana para que el militante individualmente se pronuncie dentro de la estructura partidaria, también es fundamental comprender que existen formas colectivas de deliberación y decisión; es tiempo de superar el liberalismo republicano, complementarlo con lo colectivo-comunitario. Podrían ser los escenarios donde dejen de existir los aventureros, no se trata de solo enunciar la representación que no se tiene, sino de darle al militante y al colectivo comunitario la facultad de decidir deliberando. 

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda