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Monday 6 May 2024 | Actualizado a 16:41 PM

¿Luces de esperanza o sombras legislativas?

Ariana Quiroz

/ 9 de enero de 2024 / 10:28

Haciendo un análisis crítico de la gestión 2023, es increíble cómo varios miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) antepusieron sus intereses políticos a las necesidades del pueblo al bloquear y sabotear proyectos de ley importantes para mantener la estabilidad económica del país.

En el primer trimestre, el ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sectores de la oposición se contrapusieron a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. Alegaron que el Gobierno pretendía gastar las reservas para satisfacer la demanda de dólares, lo que desató un fuerte conflicto, que se suscitó a pesar de que la esencia de dicha norma era reforzar las reservas internacionales mediante la adquisición de, al menos, el 10% de todas las exportaciones anuales.

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El sabotaje a la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 reformulado es otro claro ejemplo de obstaculización legislativa. Enviado en agosto, este crucial proyecto fue finalmente aprobado en noviembre, dejando en espera Bs 6.455 millones destinados a gobiernos municipales, universidades públicas y gobiernos departamentales durante ese periodo. No obstante, más allá de la dilación, las disposiciones adicionales del PGE reformulado, establecidas para desburocratizar las modificaciones presupuestarias de las gobernaciones y municipios, ampliar el Fondo al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, regular las empresas de tecnología financiera y coadyuvar en la lucha contra las ganancias ilícitas, fueron objeto de críticas y observaciones, a pesar de su innegable beneficio para el país.

Finalmente, la «joya de la corona» en este lamentable episodio fue el tratamiento y la aprobación del PGE 2024. A pesar de haber sido enviado en octubre, su debate tuvo lugar recién durante diciembre de 2023, con plena conciencia de que el 22 de diciembre marcaba el inicio del receso legislativo. Este proceso estuvo marcado por observaciones tanto del bloque radical del oficialismo como de la oposición. Paradójicamente, el PGE 2024 se encuentra aprobado y en vigencia, pero no gracias a la voluntad de los asambleístas de la ALP, sino a la Constitución Política que establece que la ALP tiene un plazo de 60 días para aprobar el proyecto del PGE, y superado este periodo se considera aprobado. La aprobación de este presupuesto implica la asignación de Bs 65.558 millones a diversas instancias, fortaleciendo áreas como el sector productivo, educación, salud, seguridad social y cultura, entre otros.

Por todo ello, con un anhelo ferviente, esperemos en que este año los miembros de la ALP reconsideren sus perspectivas y asuman un compromiso más enérgico para impulsar el crecimiento y desarrollo de la nación. Resulta imperativo dejar atrás actitudes que, lamentablemente, no solo obstaculizan este proceso, sino que también perjudican de manera directa a los ciudadanos. Exigimos un cambio tangible y urgente que refleje el compromiso real con el bienestar de la sociedad.

(*) Ariana Quiroz es economista

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¿Crisis o resiliencia económica en Bolivia?

Ariana Quiroz

/ 1 de mayo de 2024 / 07:31

Recientemente, Moody’s ha presentado su evaluación centrada en las presiones de liquidez en moneda extranjera y el riesgo de impago de las obligaciones financieras del país. Aunque estos aspectos son mencionados en su evaluación, es fundamental resaltar que el Gobierno ha implementado una serie de medidas para enfrentar dichas presiones, como la estrategia de sustitución de importaciones y el fortalecimiento productivo.

Moody’s ha mencionado el riesgo de que Bolivia no disponga de suficiente moneda extranjera para asegurar el repago de sus obligaciones externas e importaciones. Sin embargo, el Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones financieras, y las importaciones continúan sin problemas, lo que cuestiona la validez de este riesgo planteado.

Por otro lado, la calificadora menciona la ingobernabilidad y la división política como factores que justifican la revisión a la baja de la calificación. Si bien es cierto que estos son desafíos externos, el Gobierno está comprometido con la aplicación de políticas económicas que protejan la recuperación de la economía y aborden los desafíos actuales.

La discrepancia entre la evaluación de Moody’s y la realidad económica de Bolivia merece una atención cuidadosa. A pesar de los desafíos económicos, el Gobierno está tomando medidas concretas para abordarlos y ha demostrado su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Es importante que las agencias de calificación consideren estos factores en sus evaluaciones para proporcionar una imagen más precisa de la situación económica de un país.

La revisión de la calificación de Moody’s ha generado un debate sobre la idoneidad de las métricas utilizadas para evaluar la salud económica de los países. Algunos críticos argumentan que estas métricas pueden reflejar un sesgo hacia una visión convencional de la estabilidad económica, que podría no ser adecuada para entender la realidad compleja de estas economías.

Además, es crucial reconocer que el país ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años. En este sentido, las métricas convencionales de estabilidad económica pueden no capturar completamente la complejidad de la situación. Por ejemplo, la política de sustitución de importaciones y el impulso hacia la producción interna pueden no reflejarse adecuadamente en los indicadores tradicionales, pero son medidas estratégicas para fortalecer la economía del país y mitigar vulnerabilidades externas.

Por lo tanto, la evaluación de Moody’s debería considerar no solo los riesgos y desafíos presentes, sino también los esfuerzos y progresos realizados por el Gobierno en la gestión económica y política.

En última instancia, la revisión de la calificación crediticia de Bolivia por parte de Moody’s subraya la importancia de considerar una gama más amplia de indicadores al evaluar la salud económica de un país. Esto no solo proporcionaría una imagen más precisa de la situación económica, sino que también ayudaría a mitigar la posibilidad de que las evaluaciones de las agencias de calificación influyan indebidamente en la percepción de la estabilidad económica de un país.

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De la especulación a la estabilidad

Ariana Quiroz

/ 29 de febrero de 2024 / 10:33

La introducción del «Bono BCB en dólares» por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) constituye un cuidadoso esfuerzo no solo orientado a impulsar la actividad económica, sino también a abordar de manera directa la problemática social derivada de la especulación en el mercado de dólares. Esta estrategia financiera de múltiples facetas busca, de manera intrínseca, no solo ofrecer tasas de interés atractivas, sino también contribuir al bienestar económico y social del país.

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El componente más destacado de este instrumento financiero reside en sus tasas de interés, las cuales superan significativamente las ofertas convencionales, marcando un nuevo referente en el panorama financiero boliviano. Este diferencial no solo atrae a inversionistas en búsqueda de rendimientos significativos, sino que también actúa como un mecanismo de estímulo económico al incentivar la inversión y desincentivar la retención especulativa de dólares. La exención del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) también juega un papel crucial en este contexto estratégico al impulsar la participación de personas naturales y ampliar la base de potenciales inversores.

Asimismo, es importante destacar la estructura temporal de las tasas, que abarca desde tres meses hasta tres años, lo que otorga a los inversionistas la flexibilidad necesaria para adaptar sus estrategias a diferentes horizontes temporales. Esta versatilidad no solo responde a la diversidad de perfiles de inversión presentes en la sociedad boliviana, sino que también contribuye a una distribución más equitativa de los beneficios económicos derivados de este instrumento financiero.

No obstante, el impacto de esta medida va más allá de lo económico inmediato. Este bono se presenta como un mecanismo para contrarrestar la especulación en el mercado de dólares, un fenómeno que ha afectado directamente a la población. Al ofrecer tasas atractivas y una alternativa de inversión segura, busca redirigir los recursos financieros hacia la economía real, mitigando así las distorsiones causadas por la especulación.

La colaboración entre el BCB y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) para la distribución y promoción de estos bonos subraya el compromiso del sector financiero en abordar tanto las necesidades económicas como sociales del país. Esta estrategia, respaldada por la participación activa del Estado, no solo impulsará la inversión, sino que también contribuirá a la estabilidad financiera y al bienestar social, marcando un hito significativo en la evolución del sistema económico boliviano.

En este escenario desafiante, donde la especulación de divisas ha impactado la economía boliviana, el Estado emerge como un actor determinado en la búsqueda de soluciones. El desarrollo de este tipo de medidas e instrumentos refleja el compromiso tangible del Estado para abordar de manera proactiva los problemas derivados de la especulación y demuestra la voluntad gubernamental de restaurar la confianza en la economía y mejorar la calidad de vida de la población.

(*) Ariana Quiroz es economista

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