Monday 15 Apr 2024 | Actualizado a 16:03 PM

Carnaval añorado

Rubén Atahuichi

/ 14 de febrero de 2024 / 08:40

Un alegre afán ocupa a los comunarios desde la madrugada del Martes de Ch’alla, el día de la entrada del Carnaval de Turco. Unos preparando la comida de familia, porque muchos se juntan en esta fiesta; otros alistando la ropa para bailar, normalmente polleras, pantalones, wistallas (ch’uspas, bolsas tejidas con lana multicolor) y culebras (para ondearlas al bailar) de a colores, y algunos adornando la casa y los vehículos con globos, serpentina y canastas de flores, alcohol y cerveza.

Mi madre, Matilde, que se preocupa por que la tradición no se muera, me cuenta que este día es de los hombres y mujeres de la comunidad, a los que con lirios en los sombreros solían recibirlos el tata y la mama awatiris del año (autoridades originarias). Son el phaqhalli (el florecimiento). Ahora, en la modernidad, se los recibe con serpentina y mixtura de los colores del ayllu; también con chicha dulce, coctel y par de cervezas.

Antiguamente, antes de los años 40, el Carnaval de Turco solía celebrarse al son de guitarrillas, que son una especie de guitarrones, como las qunqutas de los ayllus del norte de Potosí. Largas caminatas desde el campo de pastoreo o de cultivos precedían al Martes de Ch’alla, incluso desde la tarde del día anterior. Los comunarios llegaban ataviados con atuendo de fiesta, flores de temporada y merienda (charque, queso, chuño, papa recién consechada) que compartían con sus pares en los alrededores de la munaya, el lugar de encuentro definido por cada ayllu en las afueras del pueblo; una especie de wak’a, sitio sagrado para el saludo fraterno de la comunidad.

Allí se planta un tronco adornado de flores de la época (sak’a, amarillas, y k’ila, moradas). Lleva arriba una bandera blanca, lukma o membrillo y una botellita de alcohol. Su significado es tan importante, que transmiten unidad, armonía y salud; buena cosecha y ganado nuevo (llamas, alpacas, ovejas y vacas) y, con la bandera blanca, el llamado a las nuevas lluvias (ch’iwi qallu) y a la misma comunidad. Es el tronco la matriz del ayllu, fuerte y altivo, para una convivencia pacífica próspera.

Al son de la tarqueada, los bloques de danzarines, unos venidos de Chile y otros de las ciudades del país, ensayan sus últimos pasos antes de la esperada entrada a la plaza San Pedro. Mi madre me cuenta que desde que tiene uso de razón, en los años 50, la tarqueada siempre animaba la fiesta; como mi abuela Micaela se lo contó. La música fue traída desde Pacajes, La Paz; ya es tradicional en la época y Turco ha sido sabido explotarla en su exposición anual en los festivales de Jallupacha (tiempo de lluvias) o Anata Andino, en los que es el más ganador. ¡Y suena bien!

Ondeando banderas blancas, llamando lluvias y a la comunidad, la comitiva de bailarines ingresa ostentosa a la plaza. Los awatiris escondidos en miles de hilachas de serpentina, a través de los que apenas puede ver, encabezan el antruejo. Les siguen alegres danzarines que ondean sus culebras y marcan el paso al son de la música, en hileras interminables que rodean la plaza.

Pasan de largo al mostrarse al público; van en busca de la autoridad del próximo año, nada más al comenzar el año del anfitrión del Carnaval, que los esperan en su quri tapa (vivienda de “oro”). Allí cumplirán el ritual de presentación; el próximo (tata y mama) será vestido con el chimpu (vestimenta tradicional). Una diana de la tarqueada y vítores de augurio, además de serpentina, mixtura y cajas de cerveza acompañarán la ocasión.

Es el sara thaki, el camino ancestral que guía la gestión de las autoridades originarias.

Bajo su mando, los comunarios cumplirán sus faenas particulares y los awatiris (pastores) los cuidarán, como cuida a su hato de ganado, incluso con las nominaciones: tunu auki o ‘delantero’ (guía o sabio), jila qallu auki o mama (mayor) taypi wiña (joven, media vida) y qhaqha o lat’u (niño, aprendiz y travieso). Su comunidad. ¡Jallalla!

Es lo poco que sabemos, pero es el Carnaval que añoramos. Mientras la tradición oral nos ayude a conservarlo de generación en generación.

Rubén Atahuichi es periodista

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‘Víctimas’ acuden a la CIDH y acusan al Estado

El procurador César Siles informó de otras seis peticiones pendientes

El procurador César Siles, este domingo

Por Rubén Atahuichi

/ 15 de abril de 2024 / 10:16

El procurador general del Estado, César Siles, informó ayer que siete “supuestas víctimas” acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El Estado es notificado por una petición de Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes, Michael Dwyer (+) y Alcides Mendoza”, informó ayer en Bolivia TV.

Según explicó Siles, esas “supuestas víctimas”, como llamó, “persiguen que el Estado sea responsabilizado internacionalmente por vejaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales” en el caso de la intervención del hotel Las Américas en 2009.

A la primera petición ante la CIDH, del 29 de septiembre de 2009, se han sumado otras seis más, planteadas por Ronald Castedo, Juan Carlos Santiesteban, Alejandro Santiesteban, Branko Marinkovic y Zvonko Matkovic.

Consulte también: Giro del caso Terrorismo: Morales no se presentará, desafía a que lo encarcelen

Estado

En criterio de Siles, la Procuraduría, como “abogado” del Estado, está “pidiendo que se acumulen (las peticiones) porque hay identidades de sujeto, objeto y causa”.

Aclaró que las sindicaciones no son contra una persona en particular, sino contra el Estado.

El caso se encuentra en “un momento procesal” de un informe de fondo que contiene cinco recomendaciones para el Estado: reparación económica, rehabilitación, satisfacción pública, investigación y modificación de currículas en la Fiscalía y la Policía.

Bolivia está en proceso de cumplimiento, afirmó Siles.

Dijo que hay riesgo de que el caso llegue la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(15/04/2024)

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Arce aboga por la paz en Medio Oriente y pide a la ONU frenar la escalada entre Irán e Israel

“En la guerra no hay ganadores, todos pierden, y la escalada de violencia a nivel mundial pone a la humanidad en riesgo de desaparecer”, afirmó el presidente Luis Arce en sus redes sociales.

El presidente Luis Arce, el sábado en Yacuiba.

Por Rubén Atahuichi

/ 14 de abril de 2024 / 16:48

A través de sus redes sociales, el presidente Luis Arce abogó por la paz en Medio Oriente y reclamó de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una reunión para frenar una escalada bélica entre Irán e Israel.

Así reaccionó el mandatario boliviano a la represalia que Irán tomó sobre Israel al disparar drones y misiles la tarde y noche del sábado contra objetivos militares israelíes. El 1 de abril, un ataque al Consulado de Irán en Damasco, Siria, terminó con 13 fallecidos, siete de los cuales agentes de la Guardia Revolucionaria. Irán atribuyó el hecho a Israel.

“Nos unimos al llamado de otros países del mundo para establecer la paz en Medio Oriente dentro del marco del derecho internacional”, anunció Arce.

Preocupado, el Presidente también apeló al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que convoque a una reunión del organismo “para evitar que este conflicto escale hacia una tercera guerra mundial”.

Puede leer: Los iraníes, entre temor y orgullo tras el ataque contra Israel

Riesgo mundial

“En la guerra no hay ganadores, todos pierden, y la escalada de violencia a nivel mundial pone a la humanidad en riesgo de desaparecer”, afirmó Arce en sus redes sociales.

Consideró que la guerra “es el peor camino para resolver los conflictos internacionales”. “El respeto por la vida, la paz y la seguridad deben ser los principios rectores en las relaciones entre Estados y pueblos”, exhortó.

Irán comunicó oficialmente que el operativo del sábado, del que es dijo que movilizó al menos 500 drones y misiles, terminó. “El caso puede considerarse cerrado”, reportó su delegación en la ONU.

Su presidente, Ebrahim Raisi, advirtió que cualquier acción “imprudente” de Israel y sus aliados conducirá a una “repuesta más fuerte” de la República Islámica, informó la agencia AFP.

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De Quinteros a Glas, el secuestro armado en una embajada

La detención del político en la legación de México causó repudio total

En mayo de 2021 se inauguró una plaza para Quinteros.

Por Rubén Atahuichi

/ 14 de abril de 2024 / 06:50

A media mañana del 28 de junio de 1976, Elena Cándida Quinteros Almeida burló a sus custodios con una coartada: “entregar” a su compañero buscado también por las fuerzas represivas, militares y policías, de la dictadura de Uruguay.

Su idea era acercarse a la Embajada de Venezuela en Montevideo, entre Bulevar Artigas y Palmar. Pudo convencer a sus captores para su propósito final: asilo en la embajada extranjera.

“Al acercarse al lugar de a pie, comienza a correr y desde un jardín lindero salta hacia el predio de la embajada pidiendo asilo y gritando su nombre”, señala el reporte sobre Detenidos desaparecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado, actualizado en 2018 por el Equipo de Investigación Histórica y difundido por la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente, de la presidencia de Uruguay.

Se trata de un caso emblemático de intrusión en una legación extranjera que, entonces, derivó en la ruptura de relaciones entre los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, y la dictadura entrante de Pedro Alberto Demicheli, de Uruguay.

“Tras ella iban los funcionarios policiales de custodia que invaden la sede diplomática y tomándola de los cabellos la arrastraron hacia el exterior de la embajada”, relata el informe.

Varios uruguayos refugiados en la embajada vieron el incidente. “Oímos gritos y vimos a numerosos funcionarios correr hacia el exterior”, recuerda sobre los hechos Alberto Grille Motta, asilado junto con su esposa, Alba Coronel, y Enrique Baroni, Miguel Millán y Federico Falkner.

Una imagen de Elena Quinteros Almeida.
Una imagen de Elena Quinteros Almeida.

Entonces, el consejero y el secretario de la Embajada de Venezuela, Frank Becerra y Carlos Olivares, respectivamente, intentaron impedir el secuestro armado de Quinteros Almeida, una maestra de 30 años integrante de la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVD), que había sido detenida el 24 de junio en su vivienda de la calle Ramón Massini 3044, apartamento 103.

“Al sacarla del predio de la Embajada es conducida a un vehículo (Volkswagen verde) y a unas pocas cuadras la transbordan a una camioneta del Ejército”, detalla el informe.

“De ser violada la Embajada, Policía penetró Sede y sacó violentamente a una dama que solicitaba asilo. Policía maltrató Consejero. Acabo formular protesta ante el Gobierno, reclamando la señora y pidiendo castigo policía. Seguiré informando (sic)”, señala el radiograma que ese día expidió el embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Ramos.

También puede leer: Ecuador afirma que detención de exvicepresidente se dio ante ‘riesgo real de fuga inminente’

A 48 años de aquel episodio, otro sacudió a la región y el mundo entre la noche del viernes 5 y la madrugada del sábado 6 de abril en Quito, cuando fuerzas de élite pertrechadas y encapuchadas del gobierno de Ecuador irrumpieron en la Embajada de México para secuestrar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, sentenciado por corrupción y asilado en esa legación.

“México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”, anunció el sábado la canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra.

Además, adelantó que su país recurrirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para buscar una sanción penal contra Ecuador.

“A México se la respeta”, sentención el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el 9 de abril, cuando presentó el video del asalto a la embajada en Quito, que muestra cómo los agentes ecuatorianos irrumpen en el edificio con violencia y reducen a funcionarios, principalmente a Roberto Canseco, jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de México en Ecuador.

En otro video publicado el mismo día de la intervención, el funcionario es visto golpeado por policías encapuchados.

La acción ecuatoriana generó repudio internacional, y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó “enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión”.

SITUACIÓN.

Luego de ser detenido en la Embajada de México, Glas fue hospitalizado debido a un cuadro de sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos.

Dado de alta el miércoles 9 de abril, fue devuelto a la cárcel de máxima seguridad La Roca.

Si bien parecida la detención a la de Glas, la suerte de Quinteros fue distinta. El informe del Equipo de Investigación Histórica señala que la maestra rural estuvo detenida en el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) “previo a su desaparición”.

El alférez Juan Carlos Larcebeau atestiguó diciendo que, una vez detenida en la embajada, la “plana mayor” dispuso que “del tema Quinteros no se habla más”.

Perfil

Nombre: Elena Cándida Quinteros Almeida

Profesión: Maestra Nació: 09- 09-1945

¿Muerte? Carlos Ramela dijo que Quinteros, alias ‘Claudia’, ‘Blanca, ‘La Parda’, ‘La negra Elena’, “estaba con vida” los días 4, 10 y 25 de agosto. 

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Murillo deberá indemnizar con $us 6,2 millones a Bolivia por el caso Gases lacrimógenos

La Razón accedió al texto de la “sentencia final parcial contra Arturo Carlos Murillo Prijic”, emanada el 9 de abril por el Undécimo Distrito Judicial de Miami, Florida.

Arturo Murillo, cuando, junto a Luis Fernando López, advirtió con detener a Evo Morales en 2020.

/ 10 de abril de 2024 / 13:08

Un tribunal de Estados Unidos dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

La Razón accedió al texto de la “sentencia final parcial contra Arturo Carlos Murillo Prijic”, emanada el 9 de abril por el Undécimo Distrito Judicial de Miami, Florida.

En 2019, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez, el entonces ministro de Gobierno, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) de parte de la firma Cóndor.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

Puede leer: Arturo Murillo es condenado a 70 meses de prisión en EEUU y la sentencia es inapelable

Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal. Ante esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.

Demanda

Bolivia recurrió a la Justicia de Estados Unidos para recuperar ese dinero. Luego de varios recursos, presentó una tercera enmienda el 17 de febrero de 2023. Los últimos argumentos del Estado fueron presentados el 24 de marzo de 2024, señala la traducción del documento.

Ante esa información, el tribunal de Miami decidió que Murillo pague esa indemnización, que se desglosa así: $us 2.291.402,00 por daños reales; $us 443.319.42 por intereses previos al juicio devengados desde el 8 de abril de 2020 al 27 de marzo de 2024; $us 569,09 de viáticos por día hasta la sentencia definitiva y $us 1.030.000 por otras fuentes relativas al litigio.

Murillo fue acusado en Estados Unidos con delitos de incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo y demanda constructiva.

Rebelde

Según la sentencia, el exministro no respondió ni se defendió ante las enmiendas de Bolivia. “En consecuencia, el 10 de marzo de 2024, el tribunal declaró rebeldía contra el demandado Murillo”, señala el fallo.

Así, dicho tribunal consideró que “Bolivia tendrá y recuperará contra el demandado Murillo una indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de $us 6.287.525,42”.

La misma sentencia subraya el caso de compra con sobreprecio presentado por Bolivia, que se refiere el “Contrato de Armas” celebrado el 19 de diciembre de 2019 por “$us 5,649,137.00, el cual incluyó un recargo indebido de $us 2.291.402.00”.

Según las consideraciones de la sentencia, “el recargo indebido se utilizó luego para pagar sobornos al demandado Murillo por su papel en la obtención del Contrato de Armas”.

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El MAS, la papa caliente del TSE

El TSE intentó poner orden —con el llamado al cumplimiento de las normas— en la crisis del MAS

Rubén Atahuichi

Por Rubén Atahuichi

/ 10 de abril de 2024 / 06:39

Irreconciliable, el Movimiento Al Socialismo (MAS) está, ahora, a merced de los designios del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Luego de más de un año y medio de disputa fratricida entre sus dirigentes, sus militantes y sus organizaciones sociales, el partido más grande del país se expone a la decisión más importante sobre su continuidad política.

En unos días, el Órgano Electoral dirimirá sobre cuál de los congresos partidarios —convocados para la renovación de la dirección nacional— es apócrifo. Es que ninguno de ellos reúne las condiciones legales para su validación.

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A saber: el congreso convocado por Evo Morales no cuenta con el respaldo de las tres organizaciones fundadoras del MAS, como dicta el estatuto, y el del Pacto de Unidad no tiene la firma de la dirección nacional, también como señala el estatuto.

Los promotores de esos eventos obligatorios hacen lo que quieren; respectivamente usan el argumento de que el suyo es legal y legítimo: el MAS evista dice contar con el Pacto de Unidad y las confederaciones de campesinos, de Bartolina Sisa y de Interculturales legítimos y el MAS arcista dice contar con la mitad de la dirección nacional y el respaldo del Pacto de Unidad y las mismas tres organizaciones sociales.

Sin embargo, se someten al escrutinio del TSE, que, en estos días —como dijeron los vocales Francisco Vargas y Tahuichi Tahuichi— definirá la legalidad de ambas convocatorias: la del MAS evista para el 10 de junio en Villa Tunari, Cochabamba, y la del Pacto de Unidad para el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

La semana pasada, el TSE intentó poner orden —con el llamado al cumplimiento de las normas— en el desorden que generó la crisis del MAS.

Hay un detalle no menor que tomar en cuenta. El TSE ya llamó varias veces a los partidos, entre ellos el MAS, a conformar sus nuevas directivas. No tuvo resultado y se vio obligado a disponer una cuarta ampliación de plazos, que vence el 5 de mayo.

El MAS evista desconoció hasta donde pudo la resolución del TSE que no registró el congreso de Lauca Ñ, de octubre del año pasado. De manera recurrente reivindicó las decisiones de esa convocatoria que declaró “único candidato” para las elecciones generales de 2025 a Morales y también eligió una nueva dirección nacional, invalidada por el árbitro electoral.

Ahora que la situación obliga, Morales reculó en su posición de candidato único y desafió al presidente Luis Arce a someterse a elecciones primarias, además se sujetó a la conminatoria del TSE de convocar a un congreso definitivo del MAS. Por eso llamó a esa cita para el 10 de junio.

Echadas las cartas por ambas facciones del MAS, el TSE tiene la última palabra. Se constituirá en el factor dirimidor en el diferendo sobre la legitimidad de los convocantes y la convocatoria a los congresos. Tendrá que decantarse por uno de ellos.

Una segunda decisión crucial que deberá adoptar el TSE, aunque de forma posterior, será la validación eventual de la candidatura de Morales en 2025, desahuciada por el ala arcista del MAS. La convocatoria a elecciones primarias, quizás en agosto o septiembre, tendrá que considerar el caso.

El arcismo considera que Morales no tiene opción de ser candidato otra vez. Reivindica la Sentencia Constitucional 1010/2023, del 28 de diciembre de 2023, que, en sus consideraciones, afirma que no es posible una reelección indefinida, en sujeción a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos humanos, aunque el fallo corresponde a otra materia.

Al contrario, el evismo defiende la idea de que dicha sentencia no le prohíbe a Morales una nueva candidatura.

Más allá de las interpretaciones jurídicas y políticas de ambas facciones sobre la sentencia, el TSE tendrá que sopesar una salida legal. También deberá decantarse por una de las facciones previa lectura e interpretación de la sentencia.

El MAS es una papa caliente para el TSE, que sufre sus propias desavenencias.

(*) Rubén Atahuichi es periodista

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