Sociedad

Sunday 5 May 2024 | Actualizado a 04:00 AM

Éstas son personas de bien y éxito que una vez vivieron en las calles

Arco Iris. La Fundación los rescató, les dio un hogar y les regaló un oficio

Por La Razón

/ 5 de junio de 2011 / 05:00

Desde hace 17 años, la Fundación Arco Iris trabaja en bien de miles de niños, niñas y adolescentes que, por distintas razones, se vieron obligados a vivir y trabajar en las calles o sufrieron violencia en sus hogares. De cientos de triunfadores, La Razón escogió a cuatro; éstas son sus vidas. 

«Para muchos el padre José (Neuenhofer, promotor de la Fundación) es el único y verdadero padre que hemos conocido. Y gracias a él soy una mejor ciudadana y no un problema», es el testimonio de Maruja Mamani, que se especializó en tejido industrial en uno de los hogares de Arco Iris. Las chompas que Maruja confecciona tienen calidad de exportación.
«Ellos me sacaron de la calle. Ahora dirijo la panadería de la Fundación que cada día produce miles de panes y pasteles que tienen el toque de la fina repostería alemana», cuenta por su parte Alberto Cahuya.

Ambos coinciden en que nada hubiera sido posible «sin la voluntad y la decisión» que le pusieron a la necesidad de cambiar su destino. Así como la alimentación, el techo y el apoyo que recibieron y reciben los miles de beneficiarios de Arco Iris, no serían posibles sin la solidaridad de ciudadanos y empresas comprometidas con la labor de la Fundación.

banquete. A fin de recaudar fondos —que servirán para atender a los 300 niños que viven en los hogares, 900 a los que llegan con alimentación, 1.500 que reciben apoyo escolar, social y psicológico y unos 4.000 que reciben apoyo legal— la Fundación organiza una cena de beneficencia que ha denominado Banquete de Migajas. Año que pasa, el evento se constituye en una tradición.

La actividad de carácter social y sin fines de lucro se realizará en el hotel Radisson el día miércoles 15 de junio a horas 19.00. La adhesión personal tiene un valor de Bs 100, que incluye el derecho a participar de una rifa.

Otro proyecto ejecutado

A través del proyecto «Trabajadores de la calle», la Fundación se acerca a niños, niñas y adolescentes que trabajan a cambio de una remuneración. Coordina con 15 asociaciones de lustracalzados que congrega a unas 800 personas, así como a vendedores de dulces, voceadores y otros para facilitarles acceso a servicios de salud, formación en derechos humanos, ciudadanos y asistencia legal.

Alberto Cahuaya
es el jefe de la panadería de la Fundación y chef profesional
‘El tata cura y sus ángeles me hallaron en la calle para salvarme’

Es jefe de la panadería de la Fundación Arco Iris. Cada día, él y su equipo, emplean alrededor de 50 quintales de harina para producir panes y pasteles que tienen las características de la fina repostería alemana. Alberto y otros jóvenes que vivieron en el hogar de niños fueron capacitados por maestros alemanes.

«En esta unidad productiva trabajamos hombres y mujeres que nos hemos beneficiado de la  Fundación Arco Iris, a los que nos sacaron, o mejor diría, nos  rescataron de la calle y nos dieron un techo, comida, y educación; a cambio sólo nos pedían fuerza de voluntad para ser mejores. Algunos lo hemos logrado, otros no» relata Alberto mientras trabaja en su oficio.

Pese a la gran responsabilidad que tiene todos los días al estar al frente de la panadería, con sencillez y amargura recuerda que quedó huérfano cuando tenía 3 años y que para sobrevivir tuvo que vivir en las calles. «He trabajado desde muy temprana edad, fui lustrabotas, vendedor de helados, limpié autos, en fin, hacía todo lo que se podía para poder sobrevivir».
Recuerda que «a los 8 ó 9 años ya había conocido y probado muchas cosas. Me mantenía boleando (mascando coca) e incluso andaba chueco hasta que conocí al tata cura y a sus ángeles, ellos me encontraron en la calle para salvarme».

El tata cura al que se refiere es el padre José y los ángeles, los psicólogos, pedagogos, educadores y otros que día a día trabajan con los niños que llegan a los hogares de la Fundación.

Dice que pertenece a una de las primeras generaciones de niños a los que Arco Iris ayudó. «Tenía como 12 años, me encontraron en la calle, me dieron un techo, me encaminaron. No es tarea fácil enseñar a respetar reglas y normas a gente que ha vivido en la calle, porque la vida en la calle es muy dura. Mis dos hermanos fueron vencidos, a estas alturas ambos han muerto, eran alcohólicos. Uno de ellos falleció por el frío, al otro le dio un paro cardíaco».

Alberto, quien además es chef, cree que tuvo suerte, pero también voluntad para cambiar su destino. «Cuando eramos jovencitos, la Fundación nos empezó a capacitar en panadería. El 2009 teníamos un maestro alemán que se quedó hasta el año 2000, fue un gran maestro. Como todos saben, los alemanes son estrictos y les gusta la calidad y la puntualidad. Creo que es lo más importante que hemos aprendido y por eso ahora nuestra producción es de calidad».

«Además de panadería, con ayuda de la Fundación estudié en la Escuela Hotelera y soy chef profesional», agrega.

Alberto comenta que la panadería produce el pan que consumen los niños y niñas que viven en los hogares que tiene el centro, pero además el producto se vende en supermercados y en las tiendas que la Fundación abrió, una ubicada en frente al mercado de Sopocachi, otra frente al mercado de Achumani y una en la calle 21 de Calacoto, además de en un café restaurante que está en la calle Bolívar, a unos pasos de la plaza Murillo.

«Unas 15 personas trabajamos toda la noche, a las 05.00 de la mañana el pan está listo. Trabajamos en función de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y seguimos enseñando a nuevas generaciones».

Ana María Nina es trabajadora social y ayuda a niños que viven en el hogar donde ella se crió

‘Pese a la tragedia, los niños siempre añoran vivir con sus padres’

J.O. n «Mi madre murió cuando tenía 7 años y a mi padre se le hizo difícil cuidar de cinco niñas. A tres nos trajo aquí (hogar de niñas Arco Iris) y a otras dos las llevó al hogar Virgen de Fátima, es decir, que éste es el único hogar que tuve», dice Ana María.

Con una sonrisa sincera y segura de sí misma da «gracias a Dios por este hogar que me ha dado una niñez feliz, no lo cambiaría por nada, ha sido sana, linda. Mi educadora fue la madre que a mí y a otras compañeras, incluidas mis dos hermanas, nos ha guiado».

Con satisfacción recuerda que logró el bachillerato e ingresó a la Universidad Mayor de San Andrés a estudiar Trabajo Social, para ayudar y tratar problemáticas que vio muy de cerca, pues en el hogar compartió su vida con niñas que venían de hogares destruidos, víctimas de padres alcohólicos, de padres privados de libertad, abusadas sexualmente o simplemente de la calle, «el hogar grande» donde se vive bajo las reglas que les impone el desafío de la sobrevivencia.

Es fuerte, pero muy sensible y un par de lágrimas le brotan de los ojos, cuando cuenta que hoy, siendo profesional, «el destino y mi esfuerzo me ha dado la oportunidad de trabajar para el hogar donde me he criado. Desde mi puesto de trabajadora social atiendo los casos de niñas que llegan a la Fundación Arco Iris».

Con satisfacción cuenta que conseguir este trabajo le demandó seguir el procedimiento que cualquier otra profesional hubiera hecho; fue así que se presentó a una convocatoria pública y tuvo que competir por el cargo. Con cierta humildad, cree que el haber vivido en el hogar, le ha permitido «sumar algunos puntos al momento de la calificación».

«Ahora me siento realizada, pero lo que me parte el corazón es ver a las niñas sufrir por el deseo que tienen de volver a sus hogares, aunque en el mismo hayan sido víctima de violencia, a veces de abuso sexual, y donde las mamás, por distintas razones, protegen a los agresores. Pese a toda la tragedia, los niños siempre añoran vivir con sus padres».

Con la madurez que le ha dado la vida, se remonta a su niñez y dice no recordar la ausencia de una madre. «Creo que no he conocido eso que muchas niñas sienten, tal vez porque quedé huérfana muy niña. La relación de afecto con mi padre también es distante. El tiene otra familia y nosotros respetamos eso. Yo y mis hermanas nos hemos criado en los hogares y hemos tenido la oportunidad de estudiar. Dos somos trabajadoras sociales, mi otra hermana estudia Contabilidad. Si bien la mayor no estudió en la universidad, hoy está casada y ha formado su familia. Yo le debo a este hogar lo que soy», dice Ana María.

Maruja Mamani es pieza clave en la producción de chompas, en un proyecto de la Fundación Arco Iris

 «Cuando tenía 10 años una monjita se cruzó en mi camino para sacarme de la calle y me llevó a vivir al hogar. Mi padre es alcohólico, me maltrataba mucho y yo me escapaba de casa. Vivía en la calle y me alimentaba en un comedor popular», relata Maruja.

Hoy ella tiene 29 años y es un ejemplo de profesional y pieza clave para los desafíos que ha decidido emprender la unidad productiva de la Fundación Arco Iris. Fue capacitada en Alemania para manejar una moderna máquina de tejido industrial que produce prendas en fina lana de alpaca y con calidad de exportación.

«Yo siempre digo que vivir en este hogar es lo mejor que me ha pasado en la vida. Era chiquita, pero de alguna manera sabía que aquí adentro iba a estar mejor que en mi casa o que en la calle», comenta al recordar que siempre supo aprovechar las oportunidades que tuvo para capacitarse.

«De niños somos felices, vamos a la escuela y aquí tenemos profesores que nos dan apoyo escolar. Un año antes de salir bachiller, el hogar nos capacita y tenemos opciones, está la panadería o el taller de artesanía. Para los varones hay carpintería, pero además la Fundación nos apoya en otros cursos de capacitación, yo estudie chamarrería industrial, peluquería y secretariado. Ahora estoy con tejido industrial», cuenta con satisfacción.

Sin embargo, su felicidad es incompleta, pues recuerda que sus hermanos no corrieron su misma suerte. «Mi hermano mayor también se escapaba de casa porque mi padre era muy violento. De chiquito se fue a Cochabamba, vivió en un hogar, pero no le fue tan bien, creo que para los varones es más difícil; mis otros hermanos viven con mi mamá».

Al salir del hogar, cuando cumplió la mayoría de edad, ingresó a la universidad para estudiar Marketing, pero curso sólo un año de la carrera porque decidió capacitarse y actualizarse en las técnicas del tejido industrial.

«Mi esfuerzo para actualizarme permanentemente me ha dado la oportunidad de trabajar para la Fundación y siento que con mi trabajo retribuyo, especialmente al padre José, que es el verdadero papá que tenemos todos los niños y niñas que vivimos en el hogar».

Asegura, con solvencia, que ahora que tiene la oportunidad de enseñar sus saberes a las niñas del hogar, es lo que más le llena de satisfacción y que entre sus desafíos está llegar a producir chompas con fino acabado y con calidad de exportación. «Hacer una chompa con menguado no es lo mismo que hacer una tela y cortarla. Estoy especializada en programación y fibra de alpaca, puedo distinguir entre lo que es una lana pura de otra mezclada», dice.

Claudia Rodríguez
dejó las calles y es una empresaria exitosa

‘He vivido en el hogar hasta mis 19 años. El padre José salvó mi vida’

Claudia tenía 14 años cuando, por primera vez, durmió una noche completa. «Sin el temor a que los jóvenes que tomaban con mi papá me hagan algo. Ése fue el mejor día de mi vida, pasé la noche en una cama de verdad», cuenta. Hoy tiene 26 años, han pasado 12 años desde que dejó las calles.

Recuerda que fue un 19 de enero del 2008 cuando llegó al hogar de Niñas de Obrajes de la Fundación Arco Iris. «Allí había comida y no tenía que estar buscándola. Esa mañana desperté y respire otro aire. Salí al patio a trotar porque me gustaba hacer deporte. Mis compañeras me decían ‘caballito’; me sentía protegida».

Claudia comenta que procede de una familia «donde había mucha violencia por parte de mis papás. Los dos eran alcohólicos. Cuando tenía cinco años mi padre perdió la vista y se hundió aún más en la bebida». Sobre su madre, cuenta que era una persona humilde y que a pesar de que no asistió a la escuela «era muy trabajadora. Se dedicaba a cargar los bultos en el mercado. Pero, era constantemente golpeada por mi padre».

Recuerda que, estando en la calle, se refugiaban del frío en un ambiente hecho de cartones, plásticos y maderas viejas. «Teníamos una mesa como cama. Vivíamos en la basura y la comida la sacábamos de ahí. Hacía mis tareas sobre una caja de tomates».

Con lágrimas en los ojos, relata que fue golpeada por otros niños de la calle cuando intentaba trabajar cuidando autos. «Tenía que trabajar, mi papá no veía y mi mamá se fue. Yo tenía miedo de dejar a mi padre pese a los golpes».

La Defensoría de la Niñez la llevó al hogar. «Viví allí hasta mis 19 años y recibí apoyo psicológico y escolar, Aprendí computación, artesanías, peluquería, chamarrería. Recuerdo a mis amigas Mariela y Maruja, doña Esther y las maestras Rina y Ana, que me ayudaron mucho. Pero, el padre José (Neuenhofer) salvó mi vida. Él es mi único padre. Yo lo amo. Ha sido un ángel».

Hoy, Claudia vive su sueño hecho realidad, tener una familia. Está casada con Enrique y tiene una hija. Se siente una exitosa empresaria, es dueña de una ferretería que está en expansión; abrieron una sucursal.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Democracia en riesgo

Por La Razón

/ 5 de mayo de 2024 / 00:34

La reciente decisión de una sala constitucional en torno al “congreso del MAS-IPSP” convocado por dirigentes de la facción arcista constituye una tosca injerencia en las competencias del TSE. Y cruza un límite que pone en riesgo no solo la institucionalidad electoral, sino la propia democracia. Es fundamental ponerle freno antes de que conduzca a una deriva autoritaria.

 Una de las condiciones fundamentales de un Estado de Derecho es la autonomía e independencia de los órganos del poder público, además de su separación. Cuando uno o más órganos se subordinan a otro o surge una especie de suprapoder, esa estructura y organización funcional del Estado se resquebraja. Asimismo, cuando el sistema de gobierno empieza a depender de decisiones arbitrarias e inconstitucionales, la democracia está en riesgo. Estamos transitando ese muy peligroso umbral en el país.

En nuestro proceso de construcción y reforma estatal, no es nuevo que el Legislativo dependa de los mandatos del Ejecutivo. Tampoco es raro que la administración de justicia esté subordinada al poder político y a poderes fácticos. Lo crítico es que surja un suprapoder que imponga sucesivos fallos por fuera del marco constitucional y pisoteando la institucionalidad democrática. Desde el año pasado hay un suprapoder en Bolivia que, en consorcio con actores políticos, opera desde el TCP y algunas salas constitucionales.

A punta de sentencias, declaraciones y autos constitucionales, y algunas acciones de defensa, un arriesgado suprapoder está llevando a límites insostenibles el funcionamiento de los órganos del poder público y del sistema de gobierno. Así, bloquearon las elecciones judiciales, suspendieron las funciones de fiscalización de la ALP, se autoprorrogaron, beneficiaron a terratenientes y ahora están emitiendo “instrucciones” sobre las organizaciones políticas y los procesos electorales. Es inaceptable.

Es muy complicado y sensible para el TSE gestionar las disputas internas en los partidos, en especial en este momento la batalla entre facciones en el MAS-IPSP. Debe hacerlo en estricto cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas y de los estatutos partidarios. ¿Qué ocurre cuando una sala constitucional, desde su filiación política, impone acciones que violan la normativa y vulneran las atribuciones del organismo electoral? Eso es lo que acaban de hacer, sin sonrojarse, los vocales Campero y Angles.

En un pronunciamiento difundido este viernes, las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional exigen con timidez el respeto a la independencia de poderes para garantizar la democracia en el país. No es una exigencia menor. En realidad, se está advirtiendo que, si magistrados y jueces continúan perforando el sistema y la institucionalidad electoral, la democracia boliviana está en riesgo. Es fundamental que la disputa política no termine derrumbando el orden constitucional y el régimen democrático.

También puede leer: Elección en suspenso

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Elección en suspenso

Las reacciones luego de conocido el fallo revelaron, cómo no, una nueva fuente de incertidumbre

Por La Razón

/ 2 de mayo de 2024 / 06:16

Como se decía días atrás en este mismo espacio, hace mucho que actores políticos y operadores judiciales están empeñados en frenar sin fecha las elecciones judiciales. El más reciente fallo constitucional ordena no solo paralizar el proceso, sino devolverlo al inicio y comenzar con una nueva ley de convocatoria; el argumento es la defensa de derechos, pero la intención tal vez no.

El 18 de abril, Yeny Duri, dirigente indígena y abogada, candidata eliminada en el proceso de preselección, presentó una acción popular en la que denunció que las aspirantes indígenas de Pando no recibían un trato equitativo en comparación con las de otros departamentos, señalando la falta de oportunidades equitativas en el proceso de preselección. La Sala Constitucional Primera de Cobija emitió el lunes una medida cautelar que suspendió el proceso de preselección en curso y luego, el martes, dictaminó que el proceso de preselección debía dejarse sin efecto completamente, argumentando que la convocatoria inicial no había considerado adecuadamente la inclusión de mujeres e indígenas, e instruyó elaborar una nueva.

Lea: ¿EJ en septiembre?

La reacciones luego de conocido el fallo revelaron, cómo no, una nueva fuente de incertidumbre, pues si bien hay voces, como la del expresidente Eduardo Rodríguez, quien argumentó que la Sala Constitucional de Cobija era incompetente para emitir tal fallo y que sus razonamientos eran improcedentes, sugiriendo que la Asamblea Legislativa debería continuar con el proceso de preselección, la Comisión Mixta de Constitución decidió entrar en cuarto intermedio hasta hoy, a la espera de la notificación oficial del fallo.

El Presidente de la Comisión, Miguel Rejas, del MAS, afirmó que la intervención de la Sala es una «aberración» y criticó duramente a los vocales que concedieron la tutela a la candidata Duri; dijo también que el fallo fue resultado de manipulaciones por parte de vocales y jueces, sugiriendo que algunos de ellos habían sido influenciados por quienes presentaron amparos.

A su vez, la senadora Andrea Barrientos indicó que el fallo de la Sala es «ilegal e inaplicable» y que ninguna sala constitucional tiene la competencia para declarar la inaplicabilidad de una ley, especialmente de la Ley 1549, que ha pasado por control constitucional y cuenta con amplio respaldo legislativo. El diputado por Creemos Leonardo Ayala argumentó que la decisión vulnera los derechos de los más de 400 postulantes habilitados para el proceso de preselección. El Presidente Nato de la Asamblea, como es habitual, no apareció.

La interminable sucesión de recursos judiciales y constitucionales, sumada a la incapacidad de las y los legisladores para acordar un plan de acción capaz de superar los obstáculos que unos y otros ponen en el camino, muestra todo, menos voluntad política, para cumplir con el mandato constitucional de realizar la elección de autoridades del Judicial. Mientras tanto, el sistema judicial boliviano se hunde irremediablemente.

Comparte y opina:

¿EJ en septiembre?

Por La Razón

/ 28 de abril de 2024 / 00:18

Renovadas acciones de amparo y medidas cautelares están paralizando nuevamente y dejan en incertidumbre las Elecciones Judiciales (EJ). Según lo establecido en la ley transitoria, este 5 de mayo debe concluir la fase de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el TSE anunció que la votación popular sería en septiembre. Hay duda sobre tales plazos.

Desde hace un año, el proceso electoral para renovar el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional está a la deriva. Según el mandato constitucional, las elecciones debieron realizarse en 2023. Pero políticos y operadores del sistema, en especial del TCP, se encargaron de frenar, congelar y a la postre postergar la elección. Como no se eligieron nuevas autoridades, los actuales magistrados (cuyo mandato ya se cumplió) decidieron autoprorrogarse. Fue como un guion escrito desde el principio para boicotear el proceso.

Como efecto de un bloqueo de caminos realizado en enero, finalmente la bancada oficialista en la Cámara de Diputados viabilizó las truncadas elecciones. Se aprobó entonces una ley de consenso que trazó la ruta, sus fases y los plazos tanto para la preselección a cargo de la ALP como para la votación bajo responsabilidad del TSE. Así, se publicó la convocatoria, se recibieron más de 700 postulaciones, se verificaron requisitos y se resolvieron las inhabilitaciones. Hasta ahí todo conforme a lo previsto.

En medio de la evaluación de méritos, incluida una prueba de conocimientos, varios postulantes inhabilitados por incumplir requisitos activaron demandas en la justicia para la reconsideración de sus casos. Todas esas acciones prosperaron dejando en suspenso el proceso de preselección de postulantes. Y el plazo corre. Luego de calificar los méritos, la Comisión Mixta de la Asamblea debe aprobar su informe, que será la base para la elección, por dos tercios, en sesión plenaria. Queda solo una semana.

También puede leer: Un asunto oscuro

Es evidente que algunos actores políticos y operadores judiciales están empeñados en frenar sin fecha, nuevamente, las elecciones judiciales. Sería desastroso para la institucionalidad en el país en un contexto de alta desconfianza y de crisis. Por ello es sensato que la Comisión Mixta retome el proceso desde mañana. Tampoco sería una buena señal que se amplíen los plazos, ya que ello implica postergar la votación popular (quizás hasta octubre, lo que se superpone con las elecciones primarias).

Todos sabemos que las elecciones judiciales no solucionan la crisis del sistema de administración de justicia, pero al menos implican cumplir la Constitución y evitar que los autoprorrogados continúen degradando aún más el Estado de Derecho con sus decisiones a la carta. Por ello es fundamental que la ALP culmine pronto su trabajo de preselección con voluntad política y madurez democrática. Luego será el turno de la ciudadanía en las urnas. Y seguirá en agenda la cada vez más urgente reforma estructural del sistema.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Un asunto oscuro

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años

Por La Razón

/ 25 de abril de 2024 / 06:59

La todavía incipiente industria del litio en Bolivia no puede salir de las sombras. Al violento arresto del exministro de Minería y exresponsable de la planta en la región de Lípez en Potosí, Luis Alberto Echazú, se ha sumado, ayer, la muerte del exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El tema se ha politizado y, ahora, judicializado, pero del negocio no hay más que promesas.

Los contornos del caso, la actuación presuntamente arbitraria e irregular de la Fiscalía el lunes, según denuncia del abogado de Echazú, así como las declaraciones de jerarcas y portavoces del ala evista del MAS, hacen pensar en intereses políticos ligados a la sorda pelea por el poder en el partido gobernante antes que en aquellos ligados al efectivo despegue de la industria del litio en el país. El intercambio de acusaciones, con y sin fundamento, en nada ayuda a reactivar el proyecto.

Lea también: Ley ‘antihombres’

El tono y el contenido de una “carta abierta” firmada por el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, otro de los imputados, antes de morir (incluyendo una última línea en la que pide perdón a sus seres queridos por el “dolor” que les causará “esta mi decisión”), hace pensar en que detrás de la acusación hecha el jueves de la semana pasada por la actual gerente del proyecto y el procurador del Estado, además de la sorprendentemente rápida actuación del Ministerio Público, hay mucho más que la búsqueda de justicia o de castigo a la corrupción.

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años, asunto del cual ni ella ni su antecesor habían dicho nada anteriormente. Al ser conducido a celdas policiales, el exministro, ahora en detención domiciliaria, afirmó que “el Gobierno quiere ocultar tres años y medio” de parálisis en el que debería ser el proyecto más importante del Estado Plurinacional en los últimos años.

Coincidiendo con la denuncia de YLB contra exfuncionarios de la institución, el mismo día, el Presidente del Estado acusó a “potencias mundiales” y un “país vecino” de pretender controlar los recursos naturales del país, especialmente el litio, bloqueando las exportaciones y excluyendo a Bolivia en procesos estratégicos de comunicación. A la luz de lo sucedido en los últimos años, es evidente que el principal obstáculo está en el Estado y no fuera de las fronteras.

Mientras Chile se abre a las inversiones de riesgo compartido y se propone recuperar el sitial de primer exportador de litio en el mundo en los próximos dos años, y el presidente de Argentina busca entregar las reservas de su país a las transnacionales del sector, Bolivia todavía no ha mostrado cuál es su estrategia de industrialización y comercialización del preciado mineral, al extremo que ni siquiera ha transparentado los acuerdos (no contratos) que tiene con empresas chinas y rusas. Así, es imposible tener optimismo en el futuro del litio.

Comparte y opina:

Ley ‘antihombres’

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta.

Por La Razón

/ 21 de abril de 2024 / 00:27

La penosa declaración del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en sentido de que la Ley 348 es una ley “antihombres” (sic), puso en agenda la cuestión irresuelta de la violencia contra las mujeres. Rodríguez recibió fuertes críticas, pero también adhesiones. Lo preocupante es que fomenta a grupos antiderechos y pone en riesgo una norma que protege a las mujeres.

 La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348) fue promulgada por el presidente Morales en marzo de 2013. Su objeto es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. Se trata de una ley avanzada, resultado de muchos años de lucha de las mujeres por sus derechos en una sociedad patriarcal y machista como la boliviana.

En 11 años de vigencia, la Ley 348 permitió el registro de centenas de miles de denuncias de violencia contra mujeres en el país. Según datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, el año pasado hubo casi 52.000 denuncias. Los casos de violencia familiar o doméstica, que son la mayoría, se incrementaron en 193% entre 2013 y 2023. Cada día, en promedio, hay 142 denuncias de violencia contra mujeres, 30 agresiones sexuales, 104 embarazos de niñas y adolescentes. En 2023 se registraron 81 feminicidios.

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta. Por ello son deplorables afirmaciones tan ligeras como que la Ley 348 es una “ley antihombres” o, peor, que “la violencia no tiene género”. Si bien existen acusaciones falsas contra hombres, e incluso detenciones arbitrarias presumiendo culpabilidad, ello no atenúa ni menos niega la abrumadora evidencia de que las mujeres son las victimas sistemáticas de actos de violencia en todas sus formas.

En su capítulo de derechos fundamentales, la Constitución señala con claridad que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica”. Y establece que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género.

Con ese mandato constitucional, la Ley 348 define mecanismos para proteger a las mujeres. Y traza la ruta para la denuncia, persecución y sanción penal de los agresores.

Es evidente que se requiere una reforma normativa y hay valiosas propuestas para el efecto. Pero sobre todo fallan los operadores del sistema judicial. Claro que debe evitarse que haya hombres inocentes en prisión, pero sobre todo que los feminicidas y violentos estén libres. Las polémicas palabras del presidente del Senado tendrían que servir para debatir el tema, mejorar la ley, garantizar en serio para las mujeres una vida libre de violencia y frenar las muy peligrosas campañas antiderechos.

También puede leer: Un vecino conflictivo

Temas Relacionados

Comparte y opina: