Hay que reivindicar la Resolución de la OEA de 1983
El conflicto marítimo y la OEA
Las resoluciones de los organismos internacionales referidas a conflictos entre naciones son menciones de apoyo moral, resultan como una suerte de regaño permisivo con una de las partes. Como ejemplo, basta observar las numerosas y poco efectivas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que condenan alguna acción violenta de Israel contra Palestina.
Al menos en cuanto al conflicto marítimo entre Bolivia y Chile, para las 11 Resoluciones aprobadas al respecto en distintas asambleas generales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desde 1979 hasta 1989, no ha sido otra la historia.
Sea cual haya sido el impacto específico de cada una de estas 11 declaraciones del organismo interamericano, Bolivia sólo ha blandido como emblema la Resolución 426 de la IX Asamblea, la primera que una institución internacional realizara sobre el conflicto. Chile siempre rechazó la declaración por considerar que ésta condicionaba las negociaciones bilaterales con Bolivia al referirse a “la inclusión de una zona portuaria” y “tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales.
“La razón por la que Chile censura el documento de 1979 es porque señala que Bolivia quiere una salida libre y soberana sin compensaciones territoriales; precisamente, es ése el motivo por el que fracasó la negociación de Charaña años antes. Además, Chile, desde ese acercamiento, ha exigido una compensación territorial”, dice el excanciller Armando Loayza.
Ya se puntualizó en el artículo precedente sobre qué hace que la Resolución 426 sea tan importante para el país. Es de notar que lo que rescatan los exdiplomáticos entrevistados es que el documento caracterice al problema marítimo chileno-boliviano como de “interés hemisférico” y que se manifieste la necesidad de que “se inicien las negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión libre y soberana con el Océano Pacífico”; por ningún lado puede observarse que tal resolución sea considerada significativa por el tema de la zona portuaria o la no compensación territorial a Chile (aunque, seguramente, esta última posición se mantendría para cualquier negociación) que es precisamente lo que ese país rechaza.
El diplomático e historiador Ramiro Prudencio sostiene que la importancia de la resolución de 1979 es que haya sido la primera en que el continente reconocía el problema marítimo de Bolivia y llamaba a buscar una solución. “Sin embargo, ésta no compromete a Chile, ni siquiera moralmente, porque nunca la aceptó, mientras que la declaración de 1983 sí lo hace porque Chile la auspició y aprobó. Hay que rescatarla”, dice. En efecto, la Resolución 686 de 1983, aprobada en Washington (Estados Unidos) fue redactada y presentada conjuntamente con Chile.
“La de 1983 no dice nada de la zona portuaria, solamente sostiene que las dos partes deben ponerse de acuerdo para negociar y solucionar el problema con la entrega de un territorio con soberanía para Bolivia, que es lo importante”, coteja Prudencio. Sin embargo, la declaración 686 hecha en Washington no es la única que contó con el consentimiento chileno, sino que también lo tuvieron la del 1980 y 1981.
Las resoluciones 481 y 560 corresponden a las señaladas. Ambas son escuetas. Reiteran respectivamente el apoyo al contenido de las declaraciones previas respecto de la cuestión marítima y exhortan, una vez más, al diálogo entre los “países involucrados”.
Éstos últimos términos, que ya figuran en la de 1979, por su no especificidad, hacen suponer que Perú también puede participar en las negociaciones al ser parte del conflicto. Ni la 481 ni la 560 se mencionan “territorio con soberanía para Bolivia”, por lo que no sorprende que Chile las aceptara; sin embargo, hay que subrayar que la resolución de 1983 sí lo hace y fue aceptada por Chile.
“Bolivia debería propugnar la resolución de 1983 porque Chile no sólo que la aceptó, sino que la propuso. Ésta es muy importante porque fue aceptada por unanimidad y con un aplauso general. Lograr que Chile vuelva a reconocerla sería fundamental, pues, siempre rechazó la resolución de 1979. Sin embargo, sí reconoció las tres resoluciones de 1981, 1982 y 1983”, propone Prudencio.
Incluso plantea que se rinda un homenaje a los cancilleres que redactaron la resolución de 1983 y “superaron el reto; si Chile acepta que se dé la mención a su excanciller, entonces estaría volviendo a aceptar la declaración, lo cual sería importantísimo”.
Para Loayza, todas las resoluciones de la OEA sobre el tema son importantes, porque son la demostración de que la comunidad interamericana ha aceptado la temática y le ha dado relieve, sostiene.
Según dice, la resolución de 1979 fue una victoria diplomática multilateral muy importante. “Aunque yo vería el conjunto de las mismas como la base para que Bolivia y Chile lleguen a un acuerdo para retomar una negociación y mejorar la gestión de la agenda de los 13 puntos”, la cual fue una gestión “muy exitosa” del Gobierno actual al lograr realizar el seguimiento de las problemáticas con Chile durante cuatro años.
Resolución 686, Asamblea de 1983
La Asamblea General […]
Resuelve:
1. Tomar nota del informe del Gobierno de Bolivia en relación con el problema marítimo de dicho país, de las observaciones formuladas por los Gobiernos de Chile y Bolivia sobre las decisiones adoptadas al respecto por esta organización, así como del espíritu constructivo que anima a ambos países.
2. Exhortar a Bolivia y chile a que, en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento y de reforzamiento de la amistad de los pueblos boliviano y chileno orientado a una normalidad de sus relaciones tendiente a superar las dificultades que los separan, incluyendo en especial una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de las partes involucradas.
3. Cualquiera de las partes puede solicitar la inclusión del tema “informe sobre el problema marítimo de Bolivia” en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.