En pocas ocasiones del pasado la situación internacional fue tan compleja como en esta época de predominio de la geopolítica en las relaciones internacionales, profundas innovaciones tecnológicas con impactos relevantes en los modos de producir, consumir, entretenerse y también de hacer la guerra, y todo eso en medio de graves repercusiones del calentamiento global y sus efectos devastadores en varias zonas del mundo.

Además de todo eso, también es preciso mencionar, por una parte, la situación de endeudamiento extremo que registran algunos países como consecuencia de la pandemia del COVID- 19, así como la nueva intensidad que adquieren las migraciones internacionales, por otro.

Pero quizás la mayor novedad de esta época consista en que todas las calamidades mencionadas se difunden todos los días en tiempo real a una gran mayoría de la población del planeta, por los diferentes medios de comunicación o por las redes sociales. En efecto, nunca en la historia pasada la gente en los diferentes países ha compartido la misma información proporcionada por las grandes cadenas mediáticas o intermediada por megamonopolios tecnológicos tales como Apple, Google, Amazon, Meta (ex Twitter), Microsoft y TikTok.

Así vistas las cosas, se comprende la necesidad de que exista una regulación internacional relacionada al menos con los propios contenidos de la información que se difunde, así como respecto de la tributación efectiva y justa de las enormes ganancias de los monopolios tecnológicos y comunicacionales.

Ningún país por sí solo está en condiciones de regular con eficacia este conjunto de aspectos que caracterizan la situación global hoy. Es imprescindible por consiguiente que existan instancias multilaterales con potestades efectivas para generar las respectivas normas y acuerdos sobre el financiamiento destinado a combatir el calentamiento global, la atención humanitaria de las migraciones y la renegociación de la deuda de los países altamente endeudados, entre otros temas.

Están programados para este año varios eventos internacionales que tratarán los temas del financiamiento global con participación de los bancos multilaterales de desarrollo, las reformas del sistema de las Naciones Unidas y el desbloqueo en que se encuentra por el momento el Consejo de Seguridad.

En tal contexto, resulta totalmente inconveniente que los países latinoamericanos carezcan de una posición compartida sobre dichas materias. La transición hacia un nuevo orden internacional será probablemente larga y superará con creces los usuales períodos presidenciales entre cuatro y seis años, motivo por el cual sería recomendable que se establezcan mecanismos con mandatos largos para que los países de América Latina puedan presentar sus posiciones comunes y defender sus intereses compartidos en las negociaciones que se avecinan.

Las circunstancias políticas vigentes en los países de América Latina y el Caribe no permiten abrigar demasiadas esperanzas en materia de sólidos acuerdos en temas globales. Las diferentes expectativas sobre el resultado de las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos forman parte ciertamente de los obstáculos que entorpecen los consensos sobre iniciativas diplomáticas efectivas en temas internacionales.

Sin embargo, se podrían avanzar ciertas iniciativas relevantes en América del Sur, cuyos recursos naturales agregados constituyen una formidable base de negociación frente a actores globales que los tienen en su mira. Se trata por supuesto, en primer lugar, de la Amazonía, pero también de los minerales necesarios para la transición global hacia las fuentes renovables de energía.

Lo mínimo a que se podría aspirar en las actuales circunstancias es a la adopción de algunos principios comunes respecto a la negociación sobre las actividades extractivas y las que se llevan a cabo en los bosques amazónicos.

 Horst Grebe es economista.

Con motivo de las disposiciones salariales anunciadas el pasado 1 de mayo, me parece oportuno presentar las siguientes reflexiones. En primer lugar, es imprescindible tomar en cuenta que el país destaca por un enorme nivel de informalidad laboral y por un importante contingente de trabajadores emigrados al exterior.

En segundo lugar, hace años que no se cumple con la consulta tripartita entre los trabajadores, los empresarios y el Gobierno, tal como está previsto en el Convenio 144 de la OIT, que ha sido ratificado por Bolivia. En ausencia de dichas consultas formales, las disposiciones anuales que adopta el Gobierno se convierten en imperativos políticos pactados con la cúpula sindical, que traen consigo severos inconvenientes respecto de la calidad del mercado laboral y un evidente desincentivo para la creación de empleos formales.

En tercer lugar, entre las distorsiones del mercado laboral cabe mencionar el hecho de que el salario mínimo nacional se ha incrementado desde Bs 500 en 2006 a Bs 2.500 en 2024, muy por encima de la inflación acumulada en ese lapso, igualmente por encima del crecimiento de la economía y ciertamente por encima del aumento de la productividad, que ha sido prácticamente nulo.

En cuarto lugar, los incrementos salariales de cada año y la administración de las políticas laborales ampliamente sesgada en favor de los trabajadores, tengan o no tengan justificativos racionales y legales, constituyen en conjunto uno de los principales obstáculos para el despliegue de inversiones reproductivas por parte de empresas privadas y públicas.

Quinto: las normativas laborales tienen por supuesto la obligación de proteger a los trabajadores, a todos, pero dicha orientación protectiva debe combinarse con un catálogo de incentivos reales para la generación de nuevos empleos de calidad, puesto que cada año se incorporan al mercado laboral nuevas cohortes de jóvenes en busca de trabajo, pero solo muy pocos consiguen un empleo que satisfaga sus expectativas de acuerdo con sus destrezas y conocimientos.

Sexto: vale la pena recordar en este contexto que la Ley General del Trabajo todavía vigente data de diciembre de 1942, y que con el transcurrir de los años ha sido distorsionada con miles de disposiciones particulares, muchas de las cuales se contradicen entre sí. Resulta en consecuencia de una enorme importancia la actualización de las normativas laborales, con miras a su adecuación a las transformaciones sociolaborales y tecnológicas ocurridas desde entonces en el país y en el mundo, muchas de las cuales ya están contempladas en los convenios de la OIT.

Séptimo: en años pasados, los miembros de La Mesa Laboral elaboraron y difundieron una interesante propuesta de ley general del empleo y del trabajo, la cual debidamente actualizada podría servir para llevar a cabo una serie de consultas con parlamentarios, trabajadores, empresarios, expertos, académicos y otras instancias interesadas de la sociedad civil.

Dicha iniciativa podría contemplar que, con miras al Bicentenario del próximo año, una serie de propuestas normativas para el ámbito sociolaboral se articulen dentro del marco conceptual de un Estado de Bienestar moderno, en el que el sistema integral de protección social se concibe asociado al sistema de derechos ciudadanos, y cumple simultáneamente con las condiciones de equidad social, eficacia operativa y sustentabilidad fiscal.

Por último, la actualización normativa de la esfera sociolaboral así descrita tendría que ir de la mano con una batería de planteamientos robustos referidos a la transformación de las estructuras productivas, idóneas para establecer trayectorias dinámicas de desarrollo sostenible, impulsado por aumentos sistemáticos de la productividad y pautas justas de redistribución de los beneficios derivados del crecimiento económico.

Horst Grebe es economista. 

El mundo está cambiando desde un orden internacional hegemónico con predominio del enfoque neoliberal y su correlato de la eficiencia como prioridad, en dirección hacia nuevos acomodos impulsados por la primacía de la seguridad de los abastecimientos tecnológicos y militares en general.

Todavía no se ha instalado en forma un orden multipolar, pero ya se manifiestan algunos rasgos que señalan en esa dirección. El sistema multilateral de las Naciones Unidas está visiblemente debilitado, en particular debido a la incapacidad del Consejo de Seguridad de influir positivamente en el cese de las guerras en Ucrania y en el Cercano Oriente, y en el cumplimiento de las normativas internacionales en cuanto a la protección efectiva de la población civil. Las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra que ya se han perpetrado no cuentan con instancias de juzgamiento y castigo efectivo.

Las dos grandes potencias están en bandos diferentes en cuanto a los conflictos geopolíticos, lo que no les impide buscar entendimientos en lo que se refiere a sus relaciones económicas, comerciales y financieras.

En ese mundo desordenado al extremo, impulsado por transformaciones tecnológicas de alcance estratégico, económico e informático, ningún país por sí solo está en condiciones de proteger sus intereses nacionales de manera efectiva. Ocurre, sin embargo, que el orden mundial bipolar no es lo que se está configurando en esta coyuntura, ni tampoco se trata de un sistema Centro-Periferia como el que caracterizó la división internacional del trabajo en un largo trecho del siglo pasado.

Existen hoy varios países que pueden considerarse centrales por constituir polos de dominio tecnológico, innovación y apropiación de excedentes por encima del que se genera en sus propios territorios, así como existen países claramente periféricos en términos de que no retienen para sí el excedente que se genera en sus territorios.

Lo característico de la época estriba sin embargo en que entre medio está colocada una gran cantidad de países con características de semiperiferias, ubicados en América Latina, Asia y África. Lo que quiere decir que la división del mundo en un Norte Global y un Sur Global no es apropiada para ningún tipo de análisis riguroso, ni tampoco por supuesto la división Occidente y Oriente. Y obviamente mucho menos pertinente es considerar que la verdadera división del mundo corresponde a la separación entre países democráticos y países autoritarios.

Ningún esquema binario da cuenta cabal de las diversas relaciones en que se encuentran los 193 países que forman el mundo de hoy, que han establecido entre ellos una diversidad de agrupamientos regionales, militares, comerciales, por el tipo de producto que exportan, por aspectos religiosos y por muchas otras razones más.

Existen también algunos mecanismos de integración que se han construido sistemáticamente después de la Segunda Guerra Mundial y cuya membresía se ha ampliado por etapas, como es el caso de la Unión Europea. Tres aspectos explican el éxito de esta experiencia: la decisión de poner fin a las cruentas guerras del pasado; el liderazgo estable entre Alemania y Francia, así como la existencia de fondos de compensación para los países con menor grado de capacidad económica. Esto ha permitido cerrar las brechas de desarrollo internas en una magnitud notable.

La integración regional persigue, entre otros objetivos, aumentar la capacidad de negociación internacional del grupo. Es de lamentar que en América Latina fuerzas centrífugas de todo tipo hayan debilitado los mecanismos de integración regional y subregional que se han intentado en el pasado. Más allá de las diferencias existentes, algunos temas críticos justifican hoy en día un nuevo esfuerzo: la defensa eficaz de la Amazonía es uno de ellos.

Horst Grebe es economista.

El Censo de Población y Vivienda realizado ayer constituye el primer elemento del necesario proceso de autoconocimiento de nuestra sociedad, que debe ser completado en el futuro por una interpretación teórica desde las disciplinas demográficas, sociológicas y culturales. Las cifras censales constituyen en efecto la materia prima del trabajo científico de un amplio número de profesionales del sector público, de la academia y de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción social.

En ese sentido, los datos del Censo constituyen el más valioso instrumento de evaluación de los resultados de las políticas públicas ejecutadas desde el Censo anterior en materia de educación, salud y vivienda, pero asimismo de comparación con los respectivos indicadores de los países vecinos.

El Censo proporciona información estadística que le pertenece a los ciudadanos pero administra el Estado. Esa información necesita ser estructurada en términos de indicadores y agregados estadísticos que constituyen los vectores estratégicos sobre los cuales deben operar las políticas en los niveles nacional, departamental y municipal.

Además de su utilidad intrínseca respecto del conocimiento del nivel actual del desarrollo humano agregado en el país, la información censal es extremadamente útil para corroborar diversas hipótesis que han circulado recientemente en la opinión pública respecto de cuestiones como la migración interna, la concentración de la población urbana en pocas ciudades y la reducción consiguiente de la población rural.

Más allá de la constatación empírica de tales procesos, se requieren explicaciones razonables que proporcionen los lineamientos de una planificación integrada de las necesidades diferenciadas de servicios básicos, equipamientos educativos e instalaciones de salubridad, en los niveles departamentales y municipales.

Las cifras censales permitirán asimismo llevar a cabo una evaluación verificable de los resultados de las transferencias condicionadas en materia de niveles de pobreza y desigualdades en los ámbitos de la educación y la salud, así como el acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad, y la infraestructura relacionada con las tecnologías informáticas y comunicacionales.

Todo esto se podría estructurar en un catálogo de brechas que será necesario atender ordenadamente en el futuro, tomando en cuenta que la reducción de las brechas requiere servicios, instituciones y recursos económicos, así como aptitudes y calificaciones profesionales pertinentes, lo que obviamente no puede ser llevado a cabo con eficacia por la acción del mercado, pero tampoco en exclusiva por entidades públicas. En cambio, la matriz de variables e indicadores que se estructure con los datos del Censo podría traducirse en un sistema estratégico de incentivos destinados a la promoción de diversos acuerdos y pactos sectoriales, en los que participe una combinación sinérgica de actores público, privados y sociales.

A tal efecto, es preciso redefinir y completar los alcances del pacto fiscal, que quedó pendiente de ejecutarse a continuación del Censo de 2012. La evidencia de las ineficiencias distributivas del centralismo debería dar lugar a una reasignación de competencias entre los diferentes niveles territoriales, en estricta concordancia con los recursos fiscales asignados de manera obligatoria y transparente. De esta manera podría adquirir un sentido renovado la definición constitucional de la organización territorial en términos de autonomías con potestades y competencias claramente establecidas.

Por último, a partir de los resultados censales será evidente la necesidad de adoptar una nueva distribución de escaños parlamentarios entre los departamentos, contemplando por supuesto el imprescindible rediseño de las circunscripciones electorales.

Horst Grebe es economista. 

A comienzos de año se podía afirmar que el país tenía tres grandes desafíos por delante: las elecciones judiciales, el Censo de Población y Vivienda y las elecciones primarias para definir los candidatos que participarán en las elecciones previstas para 2025. También estaba claro que la economía requería atención especial para enfrentar con eficacia la escasez de dólares y los problemas del abastecimiento de diésel y gasolina.

Las elecciones judiciales deberían haberse llevado a cabo en 2023, antes de que concluya el mandato constitucional de seis años de los altos magistrados del Órgano Judicial. La opinión pública sabía perfectamente que las elecciones de jueces mediante el voto popular no solucionarían la profunda crisis del sistema judicial, pero no había otra opción en vista del fracaso de las propuestas alternativas de reforma integral de la justicia. Había que conformarse por tanto con la realización de elecciones antes de fin de año. Es sabido que la preparación de la correspondiente ley de convocatoria fue demorada una y otra vez mediante innecesarias consultas que impidieron la convocatoria en el momento oportuno para cumplir con el reemplazo de los altos magistrados del Órgano Judicial. Antes de que concluya el año ocurrió sin embargo el hecho insólito de que los propios magistrados decidieron autoprorrogarse en franca violación de la Constitución Política del Estado y del principio universal de que un juez no puede fallar en favor de sí mismo.

En el curso de las semanas siguientes quedó demostrado que la disputa interna del MAS por la candidatura a las elecciones de 2025 no sería resuelta por procedimientos internos de esa organización política, sino que se trasladaría al ámbito de la justicia, y es por eso que la Asamblea Legislativa se enredó en una compleja negociación parlamentaria en que están involucradas: (i) la destitución de los magistrados autoprorrogados, (ii) la aprobación de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales y (iii) la aprobación de créditos del Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fonplata, Japón y Corea del Sur, por un monto de $us 795 millones.

La disputa respectiva se ha centrado a la postre alrededor de la secuencia en que se aprobaría cada uno de los tres aspectos, y esto en vista de que, para el Gobierno la prioridad son los créditos y la anulación de la destitución de los autoprorrogados, mientras que las bancadas de la oposición y de la fracción evista han hecho lo imposible por evitar la aprobación de los créditos antes de que se resuelva la destitución de los autoprorrogados y se convoque debidamente a las elecciones judiciales.

A la hora de escribir esta columna no está en absoluto resuelta la disputa en la Asamblea Legislativa, que tiene una composición política diferente en ambas cámaras, ni tampoco se han suspendido definitivamente los bloqueos de carreteras relacionados con demandas que favorecen a la fracción de Evo Morales en el MAS y a su correspondiente postulación como candidato en las elecciones de 2025.

La polarización política dentro del partido de gobierno ha alcanzado también a las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana y Creemos, y eso no sería tan grave si es que no hubieran ocurrido los hechos bochornosos de todos conocidos. Por eso, no es exagerado afirmar que la Asamblea Legislativa ha quedado severamente dañada en su imagen pública y en su función primordial de primer poder del Estado y foro central de la deliberación política del país.

Es un resultado que despierta malos presagios respecto de las expectativas frustradas que se manifestarán cuando se entreguen los resultados del Censo el próximo 31 de agosto. No es probable que para entonces el Gobierno cuente con las capacidades institucionales suficientes para gestionar las discordias derivadas del Censo y de la insatisfacción económica creciente.

 Horst Grebe es economista