El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, aclaró este lunes que suspendió la reunión con la Confederación de Gremiales de Bolivia, del sector de Jesús Cahuana, porque querían tocar temas que no son de su competencia.

La autoridad mostró una carta que cursó el viernes 7 de junio al sector informando de la suspensión y las razones.

Este lunes, representantes gremiales de varios departamentos llegaron a oficinas del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor; para una reunión convocada con anterioridad por Silva. Sin embargo, no pudieron ingresar a la cita; y les comunicaron que había sido suspendida.

Los gremiales se declararon en emergencia y advirtieron con asumir medidas de presión desde la siguiente semana.

“Hemos cursado la invitación al señor Toño Siñani (dirigente gremial de El Alto) para discutir el Decreto Supremo 4732, nos interesaba conocer en qué medida el decreto afecta a la familia gremial; si más protege a la población de compra de bienes inmuebles en preventa para evitar cláusulas abusivas”, indicó Silva.

Remarcó que los gremiales querían aprovechar el encuentro para hablar sobre la falta de dólares y combustible y exigir la renuncia de Autoridades de Aduana e Impuestos; empero ese viceministerio no tiene competencia sobre esos temas.

Lea más: Tras fallida reunión con el Gobierno, gremiales se declaran en emergencia y exigen ‘respeto’

Gremiales

“Ellos (gremiales) advirtieron con abandonar la reunión (si no se tocaban estos temas) y para no perjudicarlos ni perjudicar las actividades del viceministerio cursamos la nota el viernes”, complementó.

Asimismo, la autoridad dijo que hay dirigentes que pretenden usar esas demandas con fines políticos; y no para discutir el DS 4732, en el que sí él puede responderles.

Los gremiales buscan la abrogación de la norma que establece parámetros claros para la certificación de los contratos; incluyendo la identificación del propietario, la verificación de la propiedad del inmueble y la obligación de entregar el título de propiedad una vez finalizado el pago.

Tras la fallida reunión, el sector gremial anunció un ampliado nacional el lunes en Cochabamba; donde definirán las medidas que asumirán ante la falta de atención.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, garantizó este lunes que el presidente Luis Arce se reunirá con el transporte pesado internacional; sin embargo, será una vez que concluyan las mesas técnicas que llevan adelante autoridades del Gobierno con varios sectores del gremio.

“Una vez terminadas las mesas técnicas, el Presidente los va a recibir, cómo no los va a recibir, están usando mentiras para salir a las calles”.

Lamentó la convocatoria a un bloqueo indefinido de carreteras a partir del lunes 17 de junio, empero, aseguró que confía en que el 90% de los transportistas no acatarán esa medida, pues están negociando sus demandas con el Gobierno.

“Hemos visto la resolución que sacó la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), pero está dividida y los señores Héctor Mercado (presidente de la CBT) y Juan Yujra (representante de Santa Cruz) quieren ir a un bloqueo. El 90% no irá porque me he reunido con todos, el transporte no va a parar”, aseguró en Unitel.

Montaño señaló a Mercado y Yujra como actores “tácitos del golpe de Estado” y dijo que actúan con motivaciones políticas. Además, recordó y mostró una carta que envió a Mercado convocándolo al diálogo; sin embargó, éste le respondió que no acudiría porque tenía que asistir a un ampliado nacional.

Lea más: Ampliado del transporte pesado determina paro y bloqueo indefinido de carreteras

Montaño

El ministro insistió en que el Gobierno atiende las demandas del transporte pesado internacional con mesas técnicas que se realizaron la semana pasada en La Paz y arrancaron este lunes en Santa Cruz.

“No pueden hacer caso a dos personas que no quieren venir a dialogar en las mesas técnicas. Estamos analizando caso por caso, si no quieren reunirse con los ministros que hagan una nueva Constitución Política del Estado porque ahí dice que los ministros estamos para atender a la población y sus reclamos”.

Desde la semana pasada, autoridades de la Aduana, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Impuestos Nacionales, la Policía y de varios ministerios se reúnen con sectores del transporte para atender sus demandas. Este lunes empezaron las mesas técnicas con la Cámara del Transporte de Oriente.

A través de un ampliado, la CBT, reunida en Oruro, determinó este lunes ir al bloqueo indefinido de carreteras con cierre de fronteras a partir del 17 de este mes. Exige al Gobierno que dé soluciones a la falta de diésel y dólares, y la abrogación del Decreto Supremo 5146.

Desconoce a Montaño como interlocutor válido y exige, además, su renuncia por “dividir” al sector.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, descartó este lunes que el presidente Luis Arce se reúna con la dirigencia del transporte pesado y dijo que los empresarios del gremio protestan para “proteger sus negociados”.

El transporte pesado determinó este lunes, en un ampliado, un bloqueo indefinido de carreteras y cierre de fronteras, y advirtió que solo negociará con el presidente Arce. El sector pide combustible, dólares y un alto a los “abusos” de la Aduana e Impuestos.

Reclama además la renuncia del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y la derogación del Decreto Supremo 5146, que regula los contratos entre empresas de transporte internacional y transportistas; sin embargo, dos artículos son observados por la Cámara Boliviana del Transporte (CBT).

Torrico indicó, además, que los promotores de la advertencia de más bloqueos es el “sector empresarial” de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) en su intento de proteger sus negocios; al pedir la abrogación del Decreto Supremo 5146, que “les quita, exactamente, este negociado en cadena”.

“Para el traslado de grandes cantidades de carga para el mismo Estado, llámese teleférico o Bulo Bulo (planta de urea), ellos (empresarios) reclutan a conductores propietarios de sus vehículos, les cobran; y les hacen firmar un documento notariado que dice que son parte de su sociedad de ese señor. Ese señor es el que hace el negocio con el Estado; y los otros son los empleados, esos son los que están en la movilización, no el transportista que tiene su camión”, denunció.

Lea más: Ampliado del transporte pesado determina paro y bloqueo indefinido de carreteras

Transporte

Con el Decreto Supremo 5146 se anula ese trámite ante la Cámara y se dispone que estos contratos de incorporación sean registrados ante el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; a través del Viceministerio de Transportes, y de forma gratuita.

“El punto (que ellos exigen) es el de decreto 5146, que les quita exactamente este negociado en cadena; a los propietarios de la famosa Cámara de Transporte”.

Asimismo, el viceministro lamentó la intransigencia de los dirigentes que no acuden a la convocatoria de diálogo realizada por el ministro Montaño.

“El ministro Édgar Montaño los ha convocado dos, tres y cuatro veces, y no quieren asistir, es una doble moral y doble cara al decir ‘sí queremos diálogo, pero no con el ministro’, ¿con quién quieren?, con el Presidente (dicen). El Presidente es la última instancia, todos los que hacemos política lo sabemos”.

Luego de cumplir un bloqueo de caminos por 48 horas, el 3 y 4 de junio, la Cámara de Transporte Pesado determinó este lunes ir a un bloqueo indefinido con cierre de fronteras desde el 17 de junio; si hasta entonces el Luis Arce no los convoca al diálogo para atender sus demandas.

Luego de la reactivación del Comité de Seguridad Alimentaria que intensificó los controles en las fronteras para evitar la salida de productos de contrabando, la Aduana decomisó el domingo dos camiones indocumentadas que transportaban hortalizas y frutas frescas en la localidad de Villazón, frontera con Argentina.

El administrador de Aduana Frontera Villazón, Edwin Rolando Flores, informó que la mercadería decomisada tiene un valor en CIF (costo, seguro y flete) de Bs 109.924.

Flores señaló que se hizo gestión para la certificación que emite la autoridad competente, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag); para la disposición de las hortalizas (arveja y zanahoria) y las 27 cajas de manzana.

Por la tarde del mismo domingo, decomisaron un vehículo “chuto” que operaba de manera ilegal.

Lea más: Para frenar el contrabando, el Gobierno reactiva el Comité de Seguridad Alimentaria

Aduana

La autoridad aduanera enfatizó que el control en las fronteras se intensificó para garantizar la producción, el abastecimiento y el control de precios de los alimentos de la canasta familiar.

Asimismo, explicó que se realizan operativos constantes para luchar contra el contrabando de alimentos y otros productos y potenciar la producción y fomentar la exportación e importación legal.

El Comité es una respuesta al agio, especulación y contrabando de alimentos que generó protestas de las amas de casa en los últimos días.

Además, de la Aduana participan en los controles las Fuerzas Armadas y el Senasag para frenar la salida ilegal de producción nacional.

“El Gobierno tiene varios programas productivos para garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos y bolivianas; y como autoridades de control vamos a proteger estos alimentos que intenten salir como contrabando”, complementó.

La autoridad garantizó que los operativos continuarán durante los siguientes días, principalmente en las fronteras con Argentina y Perú; por donde estarían saliendo varios productos desde Bolivia.

Tras la fallida reunión con el Gobierno, los gremiales del país, del sector de Jesús Cahuana, se declararon este lunes en emergencia y advirtieron con movilizarse. Exigen “respeto” al sector y advierten con buscar alianzas con otros sectores y “convulsionar” el país.

Representantes de varios departamentos llegaron este lunes a oficinas del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor para reunirse con el viceministro Jorge Silva, quien los convocó la semana pasada para escuchar sus demandas.

Sin embargo, no pudieron ingresar pues el guardia de seguridad les dijo que la cita había sido postergada y les entregó una nota.

“Señor Presidente sus ministros no sirven, le están perjudicando, en vez de dar soluciones como usted ha ordenado, nos cierran las puertas. Trajimos propuestas claras para el Régimen Simplificado y Aduana, pero sus ministros no sirven”, dijo molesto el ejecutivo del sector, Jesús Cahuana.

Anunció que el próximo lunes se realizará un ampliado en Cochabamba y tomarán determinaciones. Acotó que buscarán apoyo de otros sectores sociales para hacer alianzas y unir fuerzas contra el Gobierno.

El ejecutivo de los gremiales de El Alto, Toño Siñani, informó que su sector asistirá al diálogo convocado por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor para el lunes 10 de junio.

“Nos hicieron venir de Santa Cruz, de Potosí, de todos los departamentos para que nos cierren la puerta. (…) De aquí para adelante solo tendremos la reunión con el presidente si le da la gana de invitarnos, nos vamos molestos”, complementó.

Lea más: Ampliado del transporte pesado determina paro y bloqueo indefinido de carreteras

Gremiales

Al respecto, Carlos Acarapi, representante de la Federación Departamental de ferias de Potosí, exigió respeto para el sector y anunció que, si es necesario, van a “convulsionar” el país.

“Estamos molestos, no somos muñecos, ni niños para que se haga la burla de nosotros. Vamos a sacar una resolución y posiblemente a nivel nacional vamos a convulsionar; porque no es posible que estos ministros incapaces se estén haciendo la burla de nosotros”, dijo en puerta del viceministerio.

El sector de Jesús Cahuana anunció movilizaciones a partir de este 10 de junio; sin embargo, frenaron las protestas ante la convocatoria al diálogo de parte del viceministro Silva.

El sector busca la abrogación del Decreto Supremo 4732. La norma establece parámetros claros para la certificación de los contratos, incluyendo la identificación del propietario, la verificación de la propiedad del inmueble y la obligación de entregar el título de propiedad una vez finalizado el pago.

Además, demandan soluciones a la escasez de dólares y la destitución de la presidenta de la Aduana, por los cobros abusivos que realiza a los gremiales, y de Impuestos Internos.

La semana pasada, el Gobierno llegó a un acuerdo con otro sector de los gremiales.