¿El arte puede desinformar?
Una marea de críticas de diferentes sectores de la cultura derivó en la derogación del Decreto Supremo 4231
Desinformación” fue la palabra que toda la semana recorrió las redes sociales en pronunciamientos públicos de diferentes sectores de la cultura que veían cómo el arte estaba siendo considerado como una forma de dar información.
El jueves, el gabinete aprobó el Decreto 4236 que deja sin efecto la disposición 4231 que indicaba que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
La inclusión de los artistas como posibles generadores de desinformación provocó una marea de reclamos, poniendo en alerta a un sector que paradójicamente no ha sido considerado en las medidas de emergencia por la pandemia mundial del COVID-19.
A continuación, compartimos algunos puntos de vista por parte de creadores de artes visuales, cine, música y artes escénicas.
Pensamiento divergente para salvar el futuro
Galo Coca Soto – artista, docente y gestor cultural
Esta es la primera vez que nos toca vivir una situación tan compleja como la pandemia global por el COVID-19 y una cuarentena como respuesta, donde cada país evidenció, en el momento mas difícil, sus carencias y miserias, entre ellas la política. El encierro obligado, la falta de recursos en salud, y ahora una postura autoritaria falaz, afectan a los más débiles de nuestra población, es ahora cuando más necesitamos voces que promuevan la reflexión y busquen diferentes caminos a tomar.
Parece necesario recordar las responsabilidades que conllevan los logros sociales y los derechos naturales, que respetan y enaltecen las libertades como el pensamiento y la expresión, elementos básicos de cualquier régimen democrático.
El parágrafo II del artículo 106 de la Constitución Política del Estado indica que “el Estado garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
Un Estado que resta derechos a su pueblo está condenado, un pueblo que calla no tiene futuro. Nuestra historia ha demostrado que tuvimos que llegar a extremos de malestar para reaccionar y revolucionar. Hoy, en la aparente madurez de la democracia, donde también la corrupción se ha sofisticado, el diálogo y respeto por los derechos humanos pueden evitar desastres, salvar vidas y conservar un estado saludable.
En la disposición adicional única del Decreto 4231 se coarta la posibilidad del disentimiento como si la solución fuera unívoca. La desinformación debe combatirse con acceso a información pública y libre opinión, no amenazando el trabajo de artistas y periodistas. Tengamos presente que está vigente la Ley de Imprenta y somos firmantes de la Declaratoria de los Derechos Humanos.
Las artes encarnan expresión de pensamiento y libertad, son agentes de cambios sociales, y sus creadores son responsables de ello. Hoy necesitamos de ciencia, arte y sobre todo pensamiento crítico, que contribuyan a la construcción del Estado que está en emergencia. No solo porque durante la crisis sanitaria todos volcaron su atención a éstos para sobrellevarla, sino en perspectiva, porque debemos prepararnos para el mundo que quedará como consecuencia del presente.
Defendamos la libertad de expresión y de pensamiento divergente, esto podría salvar nuestro futuro.
El objeto visual no se somete a criterios de verdad
Sergio Zapata – crítico de cine y comunicador
Los cuerpos jurídicos, en la forma de ley, norma, código u otros pueden ser reconocibles como contenedores del espíritu de su tiempo. La ampliación del Decreto 4231 quizás se constituya en una de las herencias del Gobierno de transición o bien cultural para futuros análisis, ya sea como reflejo de su tiempo o como eslabón de su temporalidad transitoria. En el terreno de la cinematografía las normativas, ya sea de 1953, 1991 y 2018, son enunciados que otorgan a la imagen cinematográfica diversas funciones, incompatibles entre sí, como la noción misma de cine. En el primer caso se reconoce al cine como aparato ideológico, en el segundo como mercancía y en el tercero y vigente como un bien artístico y que a su vez contiene un fin comercial.
En este sentido, si la cualidad jurídica del objeto cine y su materialidad, la imagen en movimiento, no pueden ser definidos como un objeto universal, difícilmente puede ser reconocido en sus atributos o finalidad como supone el ser transmisor y contenedor de información.
Pero, en vista de la amenaza de sancionar la desinformación contenida en obras artísticas, como suscribe la ley, con las aclaraciones por parte de autoridades en referencia a que la amenaza excluye a periodistas y solo atenderá desinformación producida por usuarios de redes sociales, habría que identificar el tipo de contenidos que circulan en redes, para lo cual existen tantos especialistas como usuarios en nuestro medio. Sin embargo, en redes sociales circulan objetos visuales, sean éstos videos, fotografías, ilustraciones, caricaturas, memes, entre tantos, que podríamos aglutinar bajo la denominación de objetos visuales. La creación de los mismos, en tanto materialidad y/o puesta en imagen de una idea, sensibilidad, invención o descubrimiento —dependiendo de la teoría estética que te agrade— no responde, como la construcción de la noticia exige: reducir la incertidumbre entre los ciudadanos, sobre temas de interés social.
El elemento referido a la reducción de incertidumbre no disminuye con obras artísticas sino con información, la misma que es una invención o construcción social a partir del uso de fuentes concretas que gozan de criterios de verdad y validez, mientras que las obras artísticas, no. A decir de la cultura visual y ese universo inconmensurable de visualidades que nos rodean, éstas no se encuentran sometidas a pruebas o criterios de verdad ni validez.
Pretender regular no solo los soportes donde circulan mensajes como las redes que se constituyen en un espacio de exhibición y distribución de contenidos que a su vez muta a escenario creativo, pues a partir de sus códigos e interacciones entre usuarios se crean nuevas formas (medios) de transmisión de mensajes fundados en visualidades. Es un exabrupto grosero, cuando menos, o la evidencia pueril de una voluntad autoritaria que pretenda monitorear, evaluar y establecer gradaciones de verdad y validez de las imágenes para judicializar la opinión con el eufemismo de desinformación. Y que un suplemento cultural divulgue argumentos con la finalidad de explicar al gentil lector que los bienes artísticos no son aparatos de sedición o, en su defecto, no responden al noble acto de informar o producir noticias, es el síntoma más alarmante de la fascistización de la sociedad.
El arte ante la enfermedad del poder
Marisol Díaz Vedia – música y comunicadora
Imposible referirse al polémico artículo que penalizaba la libre expresión a la sociedad civil (y los artistas) sin considerar el panorama pandémico en el que se halla sumido el mundo y la difícil coyuntura de nuestro país. Cada mañana los medios de comunicación nos despiertan con cifras de nuevos contagiados y muertos. Nos enseñan a lavarnos las manos y caritas bonitas nos piden con mucho tino que nos quedemos en casa. En el mundo entero, pocos son quienes se atreven a cuestionar este poderoso y fatídico experimento llamado COVID-19. Y la cortina del miedo y el encierro de cada uno de nosotros se ha vuelto un cheque en blanco para quienes están en el poder.
Luego de 14 años de gobierno de Evo Morales; que inició con grandes esperanzas y terminó cada vez más como desastre; entró la presidenta transitoria de Bolivia, cuya principal atribución constitucional era llamar a elecciones presidenciales a la brevedad posible. Ella tuvo la oportunidad de canalizar el cansancio de las mayorías que acabaron expulsando del poder al Movimiento Al Socialismo. Lo mismo que le pasó a Evo cuando expulsamos a Sánchez de Lozada. Pero ambos despreciaron este regalo de ser nombrados en la historia como “un ejemplo a seguir”. Áñez, con un poco de suerte y buen asesoramiento, habría logrado otros 14 años de buena racha, tal vez sí, tal vez no; lo más probable es que no. Pero, al menos, habría sido ¡la mujer! que sacó a Bolivia de la crisis política del 2019.
Sin embargo, la vieja derecha necesitaba con urgencia una inyección de poder. Así que rápidamente fueron tomadas por asalto las oficinas del Estado y no les importó que muera gente inocente. Áñez y Evo no dudaron en sacrificar a su propia gente, gente de a pie en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. El maldito bicho encontró un país supuestamente dividido, cuando en realidad dos fuerzas políticas con intereses mezquinos se enfrentaron a nombre de los bolivianos. En eso estábamos cuando se conoció su llegada a Bolivia.
Sería saludable para el ejercicio de su carrera que los políticos y las políticas entendieran que la gente no es tonta; podrá ser simpatizante de uno u otro. Pero en su mayoría, los bolivianos y las bolivianas, viven y trabajan de su propio sacrificio. Ellos y ellas han tenido que aprender a prescindir de un Estado para solucionar su día a día. Y cuando esta gente se cansa de la arrogancia de los enfermos de poder, ¡se cansa!
Sin pies ni cabeza
Y quienes se cansan, no se dejan callar. Mucho menos por decretos inconstitucionales que arriesgan la tan embanderada “democracia”. El pasado mes de abril, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como Human Rights Watch habían expresado al Gobierno transitorio su preocupación por la ambigüedad del Decreto 4200 que sanciona la desinformación, en sentido de que pareciera dirigido a callar a sectores de la sociedad civil que critican las políticas de gobierno en general y de salud, si es que hay políticas de salud en particular, referente al COVID-19. ¿Qué hace el Gobierno transitorio? Amplía las sanciones con un nuevo decreto y nos pone en el saco a los artistas.
Yerko Núñez, ministro de la Presidencia, se pone en primera fila para aclarar, de palabra, que los y las periodistas están amparados en la Ley de Imprenta y que esta disposición sería para algunos grupos que quieren causar daño a la población. No es de extrañar que enfermos de poder violen el instrumento que dizque rige para vivir en “democracia”, la Constitución Política de Estado Plurinacional. Vamos a suponer que el Gobierno tenía la intención de cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales. ¿Acaso tampoco leyeron el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce el derecho de todas y todos a la libertad de opinión y expresión?
El polémico Decreto 4231 amplía la restricciones contenidas en los decretos 4199 y 4200, señalando que las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión e delitos tipificados en el Código Penal. Sorpresa, aquí aparecemos los artistas, esos seres invisibles que viven del aire, de la poesía, que no tienen necesidades. De revisar sus leyes incostitucionales, ¡nada!
Al fin de cuentas aprietan los zapatos, el tiempo pasa y hay muchas promesas que hay que cumplir con el 5% de los bolivianos que votaron por ellos en las últimas elecciones: Por ejemplo, dejar bien quemados los bosques para que los nuevos eventos de soya, algodón y maíz transgénicos que ya han sido introducidos en Bolivia con “procesos abreviados” tengan las sabanas listas para envenenar el suelo y nuestros cuerpos a nombre de la seguridad alimentaria. En todo caso, las muestras de desesperación son varias, se le escapa una bala más al Gobierno y esto estalla.
Como artistas no podemos callar frente a la violación de nuestros derechos constitucionales.
Nosotros nos debemos a la sociedad, sobre todo a los sectores que sufren las desigualdades que provoca la mercantilización de los bienes comunes, de un capitalismo salvaje que ve en nuestro legado ancestral, en nuestras autonomías, una amenaza. La tarea del arte no es complacer a los enfermos de poder; el arte es visionario, tiene consigo la poética de la transformación y como ellos, no vamos a ir contra nuestra naturaleza.
Verbos transitivos
Percy Jiménez – autor y director de teatro
En estos días, el Gobierno transitorio ha emitido un Decreto Supremo con el No. 4231, levantando polvo allá por donde ha pasado; es que su carácter incierto y oscuro, casi indescifrable, lo hace peligroso. Su objetivo pareciera ser ocultar aquello que quiere decir, o peor aún, dejarlo fuera del texto. En términos dramatúrgicos, un texto que procediera de esta manera trasladaría el sentido desde las palabras que lo componen al gesto que lo acompaña. Como si uno dijera “te amo” con un cuchillo en la mano.
Tomemos este texto —recurriendo a una licencia poética— como si fuera una obra de teatro. En ésta, el personaje (todos los habitantes del territorio nacional), lleva adelante una acción que afecta o pone en riesgo la salud pública. Por ella, el personaje será castigado —penalmente—. Bien, pero, ¿cuál es esta acción? Dos verbos nos la ilustran: incitar (al incumplimiento de la cuarentena) y difundir (información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística…). Ambos verbos son transitivos, lo cual, por un lado, deja la acción en suspenso porque no alcanza para completar su sentido; es muy distinto decir, “él escribe”, a decir “él incita o él difunde”, en el primer caso, la acción queda clara, pero en el segundo, no.
Porque no hay nadie que pueda decir claramente a qué se refiere el decreto al postular: “serás acusado penalmente por difundir información de cualquier índole, de forma artística”. Por el otro, como bien sabemos, al utilizarse verbos transitivos deja en el complemento la tarea de precisarlos, pero en este caso el complemento nos aleja más aún, no aclara, no precisa, no describe. Así, el corazón de nuestra obra, la acción y su efecto —en teatro diríamos “el conflicto”— quedan enrarecidos por una generalización donde cualquier cosa puede entrar. Constantemente hay algo que se escapa: no se especifica cómo se lleva a cabo tal incitación o de qué información se trata, ni tampoco sus motivos o efectos, es decir, todo queda al buen criterio de Dios y ¿quién funge de Dios en este caso?
Ahora bien, dado que el texto mismo no nos da ninguna pista sobre su sentido, busquémoslo en el gesto, ¿cuál es el gesto? Si seguimos la historia hacia atrás del decreto, nos damos cuenta de que se retrotrae primero al 4199 y al 4200, cuyo objetivo es claramente la declaratoria de “emergencia sanitaria”. Con esta intervención, quirúrgica, en la que solo un artículo es modificado, cabe señalar que es el de las sanciones, el objeto de ambos decretos se desvirtúa sufre una metamorfosis, pasan de herramientas para el cuidado de la salud del pueblo boliviano a ser herramientas para la persecución de ciudadanos bolivianos, cuya aplicación queda en las manos de la subjetividad de este Dios transitorio. Es decir, en definitiva, se convierten en una amenaza.
