Paralizada desde hace varias semanas, la Asamblea Legislativa sufre una crisis de gobernabilidad a raíz de varios factores: división entre fuerzas políticas, escasa producción, falta de incidencia política, ausencia de consensos y descrédito institucional.

Hace más de un año, la Asamblea Legislativa no logra encaminar las elecciones judiciales y, ahora, cuando se aprestaba por segundo año a reencauzar el proceso, otro órgano del Estado, a través de una sala constitucional de Pando, frenó la fase de evaluación de méritos de 404 postulantes a los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional y Agroambiental, y al Consejo de la Magistratura.

No solo las elecciones judiciales se encuentran en vilo, también leyes, créditos y programas, que no pasan a consideración legislativa debido a la división que sufren las fuerzas con representación parlamentaria: el Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Revise: División, poca producción y descrédito: la Asamblea sufre una de las peores crisis

División

Un último intento por buscar consensos, reencaminar la agenda legislativa y destrabar las elecciones judiciales fracasó el jueves 16 de mayo, cuando el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó a un diálogo a los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, y a legisladores de las tres bancadas políticas. Los condicionamientos previos a cualquier debate entramparon el encuentro.

No hay salida posible al empantanamiento. Si bien el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debe absolver una acción de tutela para la continuidad del proceso de evaluación de postulantes, las elecciones judiciales se encuentran en vilo.

La transmisión Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, analizó ayer la situación con el diputado de CC Saúl Lara, el senador arcista del MAS Rubén Gutiérrez y la exdiputada del MAS Valeria Silva.

La calificación sobre la Asamblea Legislativa es negativa.

En criterio de Lara, el Órgano Legislativo, actualmente, no goza de buena salud por “factores internos y externos”. Indicó que su modelo instaurado desde 2006 (bajo el mandato de Evo Morales) fue “funcional al gobierno” debido a que contaba con amplia mayoría y los dos tercios de votos. Sin embargo, admitió, esa situación permitía una dinámica más ágil.

Consideró que, ahora, la Asamblea Legislativa perdió atribuciones como su condición de ser el “contrapeso’ ante los órganos Judicial y Ejecutivo.

En su criterio, gran parte de la responsabilidad recae sobre la fractura del MAS. “La crisis del MAS ha perdido el control desde 2016 por los problemas internos (y eso repercutió) en las cámaras de la Asamblea”, analizó. 

Crisis

No obstante, esa crisis no es exclusiva del MAS. “Existen tendencias en Creemos y nosotros (en CC) también tenemos nuestras dificultades”, reconoció Lara.

En tanto, desde México y a través de Zoom, Silva atribuyó tres factores a la crisis legislativa: inoperancia, falta de credibilidad y escasa incidencia política.

Respecto al primer factor, dijo que la Asamblea no muestra resultados de su trabajo. Hay muchas leyes pendientes de aprobación, como el mismo proceso de las elecciones judiciales.

Sobre la falta de credibilidad, la exlegisladora lamentó que ésta se encuentre por “los suelos”.

Según el último informe Delphi de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-Bolivia), el 65,1% de los encuestados tiene una perspectiva negativa sobre la labor de la Asamblea Legislativa.

Dato

Acerca del tercer factor, Silva afirmó que la Asamblea Legislativa está inmiscuida en sus divergencias, sin posibilidad de incidencia nacional e internacional.

El senador Gutiérrez coincidió con los dos entrevistados y admitió que la Asamblea atraviesa “momentos difíciles”. Recordó que, en el periodo anterior del MAS, el Órgano Legislativo tenía un promedio de aprobación de 100 leyes en cada gestión. “Luego bajó el nivel de operatividad”.

Silva acotó que, en las gestiones pasadas de la Asamblea Legislativa, en tiempos de los dos tercios, tenía la capacidad de marcar agenda mediática y, además, era capaz de incidir en la economía y la política exterior.

“Esto tiene que ver con la debilidad de la constitución de las bancadas. Antes había una bancada hegemónica. Con esos dos tercios podía sentarse con los tres poderes sin condiciones de por medio”, evaluó la exdiputada.

En concordancia, Gutiérrez afirmó que cuando existen divisiones en las bancadas, la resolución de problemas es compleja. “Pero la oposición y (el ala evista) tienen los dos tercios y lo han utilizado para obstruir y dilatar los procesos”, cuestionó el senador.

Iniciativa

Entretanto, Lara sugirió al Órgano Ejecutivo intentar armar “una nueva correlación de fuerzas para una agenda parlamentaria” y, así, destrabar importantes proyectos de ley que están en cola, como la adhesión de Bolivia al Mercosur, la ley de asistencia familiar o la ley reforzada para niños víctimas de abuso sexual.

Desde comienzos de 2023, la Asamblea Legislativa sufre la división y la atomización de sus tres fuerzas políticas, que degeneran en retraso de leyes, violencia, bochornos, ausencia de acuerdos y crisis de gobernabilidad.

Según Gutiérrez, no reportó problemas en los dos primeros años de gestión del presidente Luis Arce, entre 2021 y 2022. Sin embargo, sus situación se complicó con la crisis del MAS.

El MAS ganó las elecciones generales del 18 de octubre de 2020 con el 55,1% de los votos y consiguió 21 de los 36 escaños en la Cámara de Senadores; CC, 11, y Creemos, cuatro. En Diputados, el MAS logró 75 escaños de 130; CC, 39 y Creemos, 16.

(23/05/2024)

La Justicia concedió este miércoles una acción de libertad para los jueces del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz que denunciaron amedrentamiento policial durante una audiencia de cesación a la detención preventiva de Misael Nállar.

“Han concedido la acción de libertad en el entendido que se pueda investigar a la fiscal que evidentemente estaba su nombre en el mandamiento de aprehensión como a los policías que vinieron hacer una persecución indebida, se los va a procesar. (Eso) ha dispuesto la autoridad convertida en juez de garantías constitucionales”, dijo el juez Freddy Coronel, del Tribunal Séptimo de Sentencia, a la red DTV.

Investigación

El juez Coronel indicó que en este caso se remitirán antecedentes al Ministerio Público y ellos, anticorrupción, serán los que investigarán este hecho, pero; también se enviarán los antecedentes al Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana de los uniformados involucrados.

El miércoles, durante la audiencia del caso Nállar, los jueces denunciaron la presencia de uniformados policiales y civiles armados que intentaron amedrentarlos, tomando fotografías y preguntando sus nombres, sin justificación alguna.

Lea más: Magistrados de Santa Cruz denuncian ‘amedrentamiento’ durante audiencia del caso Nállar

De acuerdo con la autoridad, lo que ocurrió en miércoles en la audiencia del Tribunal Séptimo de Sentencia fue una “persecución ilegal”. Señaló que en audiencia de acción de libertad la Policía Boliviana negó este aspecto

Dijo que la Policía Boliviana se maneja por subordinación; por lo que ningún policía puede actuar a criterio personal y que “todos los policías que vinieron a Palacio de Justicia y se supone; se sobre entiende que han sido dirigidos por su comandante, en este caso es el comandante departamental” de la Policía, Erick Holguín. 

Jueces

La Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz denunció también el “amedrentamiento” en el Tribunal Séptimo de Sentencia por parte de la Policía y expresó su rechazo y “profunda preocupación” ante los acontecimientos ocurridos duranta la audiencia de Misael Nállar.

“Exige el cese inmediato de cualquier tipo de amedrentamiento y la garantía de un entorno seguro y libre de presiones externas para los jueces en el ejercicio de sus funciones”, señala el pronunciamiento.

La juez Claret Llanos, del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, también pidió sanción contra quienes están buscando amedrentarlos; y que no acudan a las audiencias si no existe una solicitud de las autoridades.

 “Eso se tendría que hacer y prohibir que estén ejerciendo injerencia en el Órgano judicial”, dijo la autoridad.

La Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz denunció este miércoles el amedrentamiento en el Tribunal Séptimo de Sentencia por parte de la Policía, durante una audiencia de cesación a la detención preventiva de Misael Nállar.

Nállar es sindicado por el delito de asesinato de tres policías acribillados en el municipio de Porongo, en el departamento de Santa Cruz.

“La Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz expresa su enérgico rechazo y profunda preocupación ante los acontecimientos ocurridos durante la audiencia del Tribunal Séptimo de Sentencia. Exige el cese inmediato de cualquier tipo de amedrentamiento y la garantía de un entorno seguro y libre de presiones externas para los jueces en el ejercicio de sus funciones”, señala el pronunciamiento.

Reclamo

Gladys Alba, presidenta de la organización, indicó que durante la audiencia de Nállar, “los jueces denunciaron la presencia de numerosos uniformados policiales y civiles armados que intentaron amedrentarlos, tomando fotografías y preguntando sus nombres”.

Lea más: Fiscalía de Santa Cruz inicia investigación por orden de aprehensión falsa contra jueces

“Esta clara intimidación fue seguida por difusión de mandamientos de aprehensión cuya veracidad aún se desconoce, pero que ya han generado zozobra y amedrentamiento psicológico contra los jueces Yanet Paniagua, Freddy Coronel y Claret Llanos, sin justificación alguna”.

Garantía

Ante ello, exigió el cese inmediato de cualquier tipo de amedrentamiento y “la garantía de un entorno seguro” y libre “de presiones externas para los jueces” en el ejercicio de sus funciones.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz inició una investigación de oficio por la orden de aprehensión falsa que circuló en redes sociales contra los miembros del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, indicó que la investigación está en curso para dar con los autores que realizaron y filtraron el mandamiento falso, que generó desinformación en la población e incluso incertidumbre en las autoridades judiciales.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles que se dispuso que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz inicie una investigación de oficio por la orden de aprehensión falsa que circuló en redes sociales en contra de los miembros del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, quienes analizan el pedido de cesación a la detención preventiva de Misael Nállar.

Dijo que está en curso la investigación para dar con los autores que realizaron y filtraron la orden de aprehensión falsa y generó desinformación en la población e incluso incertidumbre en las autoridades judiciales.

“La información se generó a través de las redes sociales y no a través de una fuente oficial como es el Ministerio Público. No hemos desplegado ninguna actividad investigativa relacionada o en contra de esas autoridades judiciales, ese mandamiento de aprehensión supuestamente liberado por un fiscal del departamento de La Paz no es evidente”, dijo Lanchipa.

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La autoridad dijo desconocer el trabajo que realizaban los efectivos policiales que se encontraban en el Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz, durante la audiencia de cesación a la detención preventiva de Nállar, que fue suspendida para el jueves 23 de mayo.

Jorge Tamayo, abogado de Nállar, señaló que lo llamativo en la audiencia fue el excesivo control policial en el piso siete del Palacio de Justicia. “Alrededor de 25 policías de todas las divisiones (había en el piso siete), como nunca en este proceso y a denuncia de la juez incluso ya estaban dentro de las oficinas”.

Nállar es sindicado por el delito de asesinato de tres policías acribillados en el municipio de Porongo, en el departamento de Santa Cruz.

La muerte de los uniformados se produjo el 21 junio de 2022, cuando la patrulla con los dos efectivos policiales y el voluntario del GACIP se dirigían a la comunidad Los Cuchis para realizar un patrullaje de rutina, pero en el camino se encontraron con una vagoneta de donde descendieron varias personas armadas que los atacaron y les provocaron su muerte.

El vicepresidente David Choquehuanca se sumó este miércoles al pedido de justicia por los campesinos que sufrieron vejámenes en la ciudad de Sucre, en mayo de 2008. Además, expresó su respeto y subrayó la necesidad de desterrar el racismo.

La autoridad saludó “la valentía, el coraje, el compromiso de nuestros hermanos que han sufrido vejámenes un 24 de mayo de 2008. Se han organizado, no solamente reclamando sus derechos, no solamente para que se haga justicia, sino para que nadie más pueda sufrir lo que ellos han sufrido. Todos tenemos que acabar la discriminación y del racismo”.

Añadió que “no puede quedar en la impunidad (los hechos de 2008), se han violado derechos humanos, derechos de los pueblos, ese día, y pedimos a los que administran justicia celeridad. No han contado que los citan, ellos (administrados de justicia) no van, viajan, los postergas, son 16 años que han pasado. Todos merecemos respeto”.

En 2008, Sucre vivió una jornada de violencia marcada por la humillación a un grupo de campesinos capturados que fueron obligados a marchar semidesnudos en medio de agresiones físicas y verbales, a arrodillarse y besar el suelo frente a la Casa de Libertad.

La postura de Choquehuanca fue expresada durante el primer conversatorio de Tiempos de Diálogo desde las Mujeres hacia el Bicentenario por el Vivir Bien, que se celebró en la Vicepresidencia con la presencia de María Luz Moscoso y Mario Ramírez Carballo, expresidenta y presidente de la Asociación de Víctimas del 24 de mayo de 2008.

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En su intervención, Carballo pidió a las autoridades judiciales retomar el caso y sancionar ejemplarmente a los autores de hechos violentos protagonizados en 2008 contra más de 50 campesinos.

“El 2019, con el gobierno de facto, se archivan obrados y desapareció el proceso. Nosotros hemos interpuesto algunos recursos que vemos pertinentes para mantener la esperanza de que la justicia pueda reconsiderar este hecho y nos dieron la espalda. Para las víctimas del 24 de mayo, en Bolivia no hay justicia”, denunció.

Choquehuanca señaló que se debe desterrar el racismo “de nuestra cabeza, en el que el hombre no es superior a la mujer e inferior a ella. Donde los que viven en la ciudad no son superiores a los que viven en el campo, somos iguales, tenemos los mismos derechos y todos podemos enseñar y aprehender”, resaltó.

La autoridad también recordó que en el marco normativo se tiene leyes importantes destinadas a exterminar este mal, como la Ley 139 de 2011, que establece que cada 24 de mayo se recuerde el Día Nacional Contra el Racismo y toda forma de Discriminación; al igual que la Ley 045, cuyo objetivo central es combatir y erradicar el racismo y la discriminación en el país.

Aprovechó ese espacio de diálogo para llamar a la reflexión al pueblo boliviano, ante intentos constantes de grupos radicales que promueven la confrontación y alimentan divisiones entre bolivianos.