En agosto de 2010, cuando hubo el paro de 21 días en Potosí, el gobierno de Evo Morales comprometió la construcción de dos refinerías de zinc en los departamentos de Oruro y Potosí. Su importancia era clara: se exportan $us 1.500 millones en concentrados de zinc al año y el costo de realización en el exterior absorbe el 50% de este valor, reduciendo al mínimo las utilidades de las empresas mineras en Bolivia; además, más allá de esto existe una fuga de otros metales valiosos que no se declaran: indio, cadmio, galio, germanio y los conocidos: plata, estaño, plomo, cobre, azufre, por un valor de $us 1.200 millones. Tal es la amplitud de la naturaleza de los complejos de zinc.

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Con la urgencia del compromiso se promulgó, el 9 de octubre, la Ley 050, que permitía a la Comibol ejecutar el proyecto sin que esté programado en su presupuesto, condicionado al financiamiento del proponente. Inmediatamente se lanzó la convocatoria en el marco del convenio con la China que disponía de $us 7.000 millones. La convocatoria fue adjudicada en agosto de 2011, pero lamentablemente se anuló por cuanto la empresa ganadora no presentó la documentación requerida. Luego hubo otros tres procesos de contratación, que cayeron por problemas administrativos y legales, mostrando las deficiencias de una empresa que no ha cambiado su estructura, impuesta por el neoliberalismo, dedicada solo a arrendar yacimientos mineros.

En 2014 se inició otro proceso, el cual concluyó con la adjudicación a la empresa Henan Yuguang Internacional por un monto de $us 520 millones para la construcción de dos plantas hidrometalúrgicas con capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas de concentrados de zinc por año. Esta adjudicación no se concretó por cuanto el proponente propuso el 100% de financiamiento, mientras el banco estatal de China solo garantizaba el 85%; la oferta de utilizar la boleta del 15% de seriedad de la propuesta, como garantía del financiamiento, no fue aceptada por la Comibol. También se conoció la denuncia de la empresa Henan Complan Mechanical sobre una suplantación de propiedad en las plantas que visitó la comisión de inspección en China. Este proceso también quedó trunco.

El problema para la Comibol era que estaba amarrada a los financiadores, en este caso el gobierno chino, que exigía el 15% de participación de la parte boliviana, al igual que el pago de la supervisión que significaba otro 10% del monto global, lo que hacía un total de $us 130 millones, cifra que le era imposible financiar. Entonces buscó un proyecto más pequeño y menos costoso, con financiamiento interno. Así se recibió la oferta del proceso Metalox, con un costo de $us 40 millones, con capacidad de 45.000 toneladas de concentrados y la recuperación de la inversión en dos años; la propuesta elevada en 2017 al Ministerio de Minería fue rechazada, para favorecer el proyecto Ausmelt para el zinc, presentado por la fundidora Vinto, que no tenía financiamiento y con grandes observaciones medioambientales.

La importancia de las refinerías de zinc es transcendental, así lo establece la Ley 625 del 14 de diciembre de 2014, la Agenda Patriótica al 2025, el Plan de Desarrollo Nacional y Social 2016-2020. Para su concreción se han manifestado las cumbres productivas de La Paz, Oruro y Potosí. El Gobierno ha buscado dar respuestas a estos pedidos al ofrecer la construcción de una refinería de zinc en Oruro, proceso de adjudicación que comenzó a principios de 2022, cuando el ministro de entonces anunció la tecnología y el financiamiento, y concluyó en octubre de 2023, beneficiando a la empresa ENFI-CRIG Consorcio, por un monto de $us 350 millones. En enero de este año, el Eximbank de China aceptó el financiamiento, sin embargo, el contrato no ha sido remitido a la Asamblea Legislativa para su aprobación, ¿por qué? De por medio surge la denuncia que la adjudicación fue incorrecta por cuanto en el pliego de especificaciones se establece que debe usarse la tecnología “Lixiviación a Alta Presión con Oxigeno”, cuya patente la tiene otra empresa, Sinosteel, que participó de la competencia, a la que había que favorecer y fue subestimada. En otras palabras, la licitación estaba direccionada.

Entre la incompetencia y los intereses particulares se va frustrando un anhelo nacional. Dejar de ser exportadores de materias primas y exportar productos con valor agregado es el único camino para la industrialización.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

“Hegel observa en una de sus obras que todos los personajes de gran importancia en la historia del mundo ocurren por así decirlo dos veces. Se olvidó agregar la primera vez como tragedia y la segunda como farsa”. Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte.

Es maravilloso verificar cómo se cumple la cita que precede este artículo en nuestra realidad, rememorando la historia una vez más.

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El 6 de agosto de 1956, se produciría el primer cambio de mando en el orden político del MNR. El presidente Víctor Paz transfirió el gobierno a Hernán Siles, quien tendría que lidiar con graves desequilibrios macroeconómicos. En esas circunstancias, Paz era el presidente inflacionista y Siles, el deflacionista. Veintinueve años después, en 1985, justamente un 6 de agosto, nuevamente ambos personajes se encontrarían, pero con los papeles intercambiados. En esa época, Siles era el inflacionista y Paz, el deflacionista.

La historia mira irónicamente a ambos personajes. El drama estuvo a cargo del presidente Siles, quien tuvo que aceptar muchas imposiciones de los poderes fácticos, que precipitarían la división del MNR con el mundo sindical y minero. Marcaría el fin del MNR como fuerza detrás del nacionalismo revolucionario. A Víctor Paz le tocó la farsa dicha con acento provinciano de sur del país: “Bolivia se nos muere”, y que ahora está siendo repetida para crear pánico económico por los voceros de la derecha.

Nuevos personajes de la política boliviana representarán escenas análogas: Andrónico Rodríguez y Jorge Quiroga. El tema no es la inflación. Ahora el asunto es el endeudamiento externo.

El presidente del Senado, Rodríguez, con los senadores de derecha y los de la corriente evista del MAS están en la antesala de la escena. Andrónico juega un papel importante para bloquear los créditos externos, porque es moneda de intercambio en la política boliviana.

Quiroga es un referente de peso en la oposición; pero claro, insignificante electoralmente. En un programa de TV argentina y boliviana planteó una visión geoestratégica global. Asocia a Corina Machado, la líder opositora venezolana en el norte, y a Javier Milei, en el sur, como los nuevos libertadores que terminarán con los gobiernos de orientación de izquierda en América Latina. Con relación a nuestro país, afirma que Bolivia debe tocar las puertas del FMI para obtener un crédito de $us 12.000 millones para salvar su macroeconomía.

En este caso, la tragedia está representada por Rodríguez. Quedará grabada en piedra en la biografía del titular del Senado el bloqueo de los recursos externos. Los efectos económicos los sentirá el nuevo gobierno que asuma el poder en 2025, el cual independientemente de su orientación política, estará sin recursos financieros externos. Los organismos internacionales de financiamiento —conscientes que están siendo utilizados como instrumentos de la política boliviana— serán extremadamente conservadores para asumir riesgos en el futuro de Bolivia. Frente a problemas de pagos en 2025, en la búsqueda de culpables, el dedo índice apuntará en dirección de Andrónico. Rédito doble para Evo Morales, bloquea al actual Gobierno y manda al tacho de basura a un potencial competidor dentro del MAS.

A Quiroga le corresponde la farsa. Entra abiertamente en contradicción con los senadores de derecha. Es evidente que tiene otras lealtades que van más allá de las fronteras del país. La lucha del poder por la súper estructura jurídica es irrelevante frente al trasfondo económico. Por eso la institucionalidad que construye la derecha es siempre frágil y desechable. En similares proyectos se mostró exitoso, en Argentina, el dilecto amigo de Quiroga, Mauricio Macri. En el gobierno de Macri, Argentina contrató un crédito de $us 47.000 millones con el FMI, que creó importantes restricciones de ese país para seguir políticas soberanistas en el gobierno peronista de Alberto Fernández.

Pero en esta obra falta un personaje muy importante, el pueblo de Bolivia, que, a través de sus organizaciones políticas, sociales y sindicales, lucha por un proyecto soberanista. La victoria de este proyecto depende de la lucidez de sus líderes para conducir con generosidad un proyecto de unidad, como fue desde 2006 en adelante.

(*) Jaime Jordán Costantini es doctor en Economía y docente universitario

En una conversación entre los filósofos Gilles Deleuze y Michel Foucault, sucedida a comienzos de los años 70, Foucault señalaba que, en los grandes momentos de crisis de la justicia —es decir de crisis de credibilidad en los jueces, corrupción en los tribunales y abusos en las prisiones—, lo que se percibe no es el pedido de mejora del funcionamiento de la institución judicial, sino la denuncia de un ejercicio abusivo del poder, a través de un dispositivo que debería frenar el abuso, es decir, a través del dispositivo llamado derecho. Y no es que antes de esta visibilidad de este ejercicio abusivo existiera un ejercicio no abusivo del poder, sino que, hasta antes de ese momento, el derecho y sus instituciones hacían pasar ese ejercicio abusivo como algo normal, es decir, que se justificaba el ejercicio del poder a través de una discursividad institucional legitima —algo así como que esto es bueno en teoría, pero estamos fallando en la práctica—, y con ello se hacía tolerable el mismo. No debe olvidarse que cuando Foucault protagoniza esta conversación estaba por crear un grupo de información sobre las prisiones y preparaba una de sus obras más importantes sobre el derecho titulada Vigilar y castigar.

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Pero, volvamos al tema de la conversación entre Deleuze y Foucault. La crisis de justicia no es una crisis de las instituciones jurídicas, sino una crisis del ejercicio de poder, el cual se vuelve visible porque el mismo es escandalosamente abusivo y cínico, imposible de ser contenido por el discurso del derecho. Si bien se pensará que el problema trata sobre la necesaria reforma del discurso jurídico, lo que se pone en cuestión no son en sí las instituciones jurídicas, sino las prácticas y las maneras en las que se desarrolla el poder. No es el derecho lo que está novedosamente mal —que en realidad tal vez siempre lo estuvo—, sino son las prácticas las que visibilizan lo irracional del sistema jurídico.

Tanto para Deleuze como para Foucault, el poder es algo relacional, algo que fluye. Nadie, hablando con propiedad, es su dueño. El poder, si existe, es en acto. Dicho de otra manera: el poder se ejerce. Por ello el ejercicio de poder puede rebasar el camino predeterminado de su práctica institucional y, en ese rebalse puede volverse obsceno y visible. Eso trae una vez más la reflexión hecha antes. No es que el ejercicio de poder alguna vez haya sido amable, sino que la predeterminación de su flujo desde lo institucional lo hacía tolerable —o justificadamente legal—, pero cuando el ejercicio de poder sobrepasa esta predeterminación y, en consecuencia, se vuelve obscenamente visible, la resistencia al mismo tendrá como punto de partida una denuncia al sistema judicial, pero seguidamente la necesidad de una reforma al sistema político.

(*) Farit Rojas es abogado y filósofo

Aún no desaparecía el olor a pólvora de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, luego de la masacre de estudiantes ese 2 de octubre de 1968, cuando Annie Pardo y otros militantes de la rebelión juvenil mexicana salieron a las calles a repartir volantes denunciando la represión ordenada por el gobierno. Ella y su marido, Carlos Sheinbaum, habían logrado escapar de las balas del ejército, pero no de las represalias, pues días después les quitaron el trabajo, los expulsaron de la universidad y fueron perseguidos durante varios meses. Claudia, la hija de ambos, tenía entonces seis años de edad. Dentro de cuatro meses, será la primera presidenta en la historia de este país.

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Claudia Sheinbaum Pardo creció oyendo discursos y proclamas desde el desayuno hasta la cena; leyendo periódicos y libros que sus padres le dosificaban: ella, bióloga, maestra y doctora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y él, ingeniero químico de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara. La ideología de izquierda vino en su torrente sanguíneo, pues su abuelo paterno, un judío asquenazi inmigrado, fue un destacado militante del Partido Comunista Mexicano en los años 20.

De la mano, sus padres la llevaban a sus clases de francés y ballet, pero también a la cárcel de Lecumberri a visitar a dirigentes obreros y campesinos presos. Su primaria y secundaria las cursó en una de las llamadas escuelas activas, de esas donde la enseñanza, a diferencia de la escuela tradicional, es horizontal, democrática y donde el alumno aprende a través de la observación, experimentación y pensamiento crítico. En 1977, ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y, cuando no estaba en clases, asistía a marchas sindicales y apoyaba huelgas. Hace unos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recordó cómo ayudó a la guerrilla M-19 cuando estaban de clandestinos en México.

En 1986, durante un conflicto en la UNAM y a punto de egresar de la carrera de Licenciatura en Física, conoció al que iba a ser su esposo durante 29 años, Carlos Imaz, un académico con el que procreó una hija y crio a otro solo de él. Juntos, echaron abajo una reforma que las autoridades pretendieron imponer.

En 1992, hizo la maestría en ingeniería energética, en 1995 el doctorado en ingeniería ambiental y se afilió por primera vez a un partido que había sido fundado cinco años antes por un grupo de políticos de izquierda, entre ellos Andrés Manuel López Obrador; un amor ideológico a primera vista y para siempre. Cuando AMLO fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal en 2000, la incluyó en su gabinete; después la impulsó a una alcaldía y finalmente a jefa de gobierno de la Ciudad de México, una gigantesca urbe de cerca de 10 millones de habitantes. Recibió varios premios, entre ellos, el Nobel de la Paz en 2007, concedido a un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, del que formó parte.

En 2004, Sheinbaum vivió quizás el peor momento de su vida. Su esposo fue videograbado recibiendo dinero de Carlos Ahumada, un empresario argentino. Según se investigó después, habría sido para apoyar campañas políticas. Los señalamientos de corrupción la mancharon, tanto, que buscó a López Obrador para presentarle su renuncia, pues formaba parte de su gabinete. AMLO no se la  aceptó, porque sabía que ella no tenía nada que ver. Le reafirmó su confianza y la convenció de seguir adelante. Claudia eligió y tiempo después, se divorció. Y así permaneció durante varios años, hasta que por Facebook se reencontró con Jesús María Tarriba, un viejo amor estudiantil con el que se casó en segundas nupcias, en 2023.

El próximo 24 de junio cumplirá 61 años de edad. Se le ve feliz. A primera vista, da la impresión de que es una mujer demasiado seria, fría, hermética; sus opositores la motejaron como «la mujer de hielo», pero los que la conocen dicen que es cautivadora, amable hasta casi la ternura, pero firme y de decisiones indiscutibles. Más racional que emocional; más a la izquierda que el propio AMLO; una científica, que sin embargo y sin decir agua va, agarra un día su guitarra y se pone a cantar canciones de amor, como esa que dice: Gracias a la vida, que me ha dado tanto…

(*) Javier Bustillos Zamorano es periodista

Esta semana, Breitbart entrevistó al exfuncionario de Trump Peter Navarro, uno de los muchos criminales en la órbita del expresidente, desde la prisión de Miami donde cumple cuatro meses por desacato al Congreso. Si bien la vida tras las rejas es difícil, Navarro se jactó de que su periodo se ha visto suavizado por sus vínculos con Donald Trump, que lo convierten en una especie de hombre hecho. El expresidente, dijo Navarro, es querido no solo por los guardias sino también por la “gran mayoría” de los reclusos. “Si fuera un bidenista, las cosas serían mucho más difíciles aquí, y sí, saben exactamente quién soy y respetan el hecho de que defendí un principio y no me doblegué ante el gobierno”.

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Una de las cosas más inquietantes de nuestra política en este momento es la aceptación cada vez más abierta de la anarquía por parte del Partido Republicano. Incluso mientras proclaman la inocencia de Trump, Trump y sus aliados se deleitan en el escalofrío de la criminalidad. En su mitin en el Bronx el mes pasado, por ejemplo, Trump invitó al escenario a dos raperos, Sheff G y Sleepy Hallow, quienes actualmente enfrentan cargos de conspiración para cometer asesinato y posesión de armas. (Se han declarado inocentes). Durante el reciente juicio penal de Trump, su séquito en la sala del tribunal incluyó a Chuck Zito, quien ayudó a fundar el capítulo de Nueva York de la pandilla de motociclistas Hells Angels y pasó seis años en prisión por cargos de conspiración de drogas. (El Departamento de Justicia ha vinculado su capítulo Hells Angels con la familia criminal Gambino). Trump, que tiene su propio historial de vínculos con la mafia, se ha comparado repetidamente con Al Capone. Los comerciantes de MAGA venden camisetas (y, curiosamente, salsa picante ) que muestran a Trump como Vito o Michael Corleone de las películas El Padrino, con la leyenda «El Donpadre».

Tanto los liberales como los conservadores anti-Trump han tenido en ocasiones dificultades para entender este fenómeno. A menudo lo que se hace es señalar la hipocresía: ¡hasta aquí la ley y el orden! Pero lo inquietante del giro ilegal del movimiento MAGA no es que no esté a la altura de sus propios valores conservadores. Es que está adoptando un conjunto siniestro de nuevos o recién resucitados.

Existe una dicotomía entre Trump y sus enemigos: él representa una autoridad personal carismática en contraposición a los dictados burocráticos de la ley. Bajo su gobierno, el Partido Republicano, que durante mucho tiempo se sintió incómodo con la modernidad, se entregó a la Gemeinschaft. La Organización Trump siempre fue dirigida como una empresa familiar, y ahora que Trump ha nombrado a su diletante nuera vicepresidenta del Comité Nacional Republicano, el Partido Republicano también se está convirtiendo en una. Para imponer un régimen similar de gobierno personal en el país en general, Trump tiene que destruir la ya de por sí frágil legitimidad del sistema existente.

Las sociedades fetichizan a los mafiosos hasta el punto de que pierden la fe en sí mismas. Al escribir sobre la ideología inherente a las películas policíacas clásicas de los años 1930, el crítico social marxista Fredric Jameson señaló que los gánsteres “eran dramatizados como psicópatas, enfermos solitarios que atacaban una sociedad compuesta esencialmente de gente sana (el arquetipo democrático ‘hombre común’ del populismo del New Deal)”. Cuando, en la década de 1970, los gánsteres representaban una fantasía de cohesión familiar, era una respuesta a un clima más amplio de disolución social. Es una señal de que una cultura está presa de un profundo nihilismo y desesperación cuando figuras mafiosas se convierten en héroes románticos, o peor aún, en presidentes.

(*) Michelle Goldberg es columnista de The New York Times