Memorándum del proceso
El autor plantea cinco lineamientos básicos de un diagnóstico que perfila tareas del proyecto político vigente en el país.
A esta altura ya es difícil analizar el “proceso de cambio” separado del gobierno del MAS, porque una alternativa de liberación nacional fuera del bloque de poder popular, conformado en más de una década, no es posible. Además está presente una oposición que solo espera el debilitamiento del “proceso de cambio” por factores externos para restablecer un neoliberalismo coyunturalmente inviable en el ámbito planetario.
Todo parece demostrar que los logros fundamentales del Gobierno son la vinculación carretera, explotación e industrialización de hidrocarburos y la redistribución de ingresos a través de los diferentes bonos, desde el punto de vista económico. Desde el social, el empoderamiento de organizaciones sociales, cada una con sus propias reivindicaciones, pero en última instancia unidas por el “proceso de cambio”.
De cualquier forma, los excepcionales recursos del gas y minerales fueron invertidos desproporcionadamente en urgencias de corto plazo. Se atendieron demandas de infraestructura, educación, salud, defensa, deporte, servicios básicos, vivienda y agua potable, pero la agricultura campesina y la pequeña industria, que requieren de inversión con retorno y rédito de largo plazo, son atendidos débilmente.
Sería un despropósito negar que en la última década se mantuvo una estabilidad económica, el menor índice de inflación y el cambio virtualmente fijo del dólar. Del mismo modo, en materia de estrategia nacional, están en proceso de implementación grandes proyectos hidroeléctricos y el fortalecimiento del estudio, programación y ejecución de la explotación e industrialización de litio y hierro. En esta materia queda pendiente, de forma paralela, la exploración de los recursos que suponen una gran inversión.
Postulados universales como los de defensa del medio ambiente, defensa de los derechos humanos, lucha contra la corrupción, equidad de género y la propia democracia política, que no pueden sino ser atendidos por el Estado y la sociedad civil, son políticamente asumidos por los países desarrollados para usarlos como armas, para perpetuar su dominio y liquidar los procesos de liberación nacional. De esto se infiere que es radicalmente distinta la defensa de la Madre Tierra y la democracia a la que quieren imponer los países desarrollados. Solo algunos ingenuos pueden pensar que “de donde vienen nuestros males puedan venir nuestros remedios”.
Finalmente, los planteamientos políticos como las leyes y decretos no pueden satisfacer a todos los grupos sociales. Toda política revolucionaria, patriótica y popular, necesariamente estará dirigida a la gran mayoría de la población en desmedro de una pequeña oligarquía que paradójicamente siempre despreció su base de acumulación: el Estado y los trabajadores.
Sobre la base de estas premisas, se plantean lineamientos de estrategia de cumplimiento inmediato (memorándum):
Primero. Continuar con proyectos de corto, mediano y largo plazo, para la vinculación carretera, ferroviaria y fluvial, nacional e internacional.
Segundo. Atender estratégicamente desde el Estado la explotación e industrialización de los hidrocarburos y minerales, particularmente, la separación de líquidos, producción de urea–amoniaco y explotación y transformación de litio–sulfato de potasio.
Tercero. El desarrollo alternativo de la energía hídrica, eólica, solar y térmica, son otra vez una responsabilidad del Estado que no puede delegar.
Cuarto. La innovación y desarrollo de la pequeña y mediana industria nacional (particularmente textil) metalmecánica, artesanal y agroindustrial, requiere de un sistema de protección que va desde incrementos impositivos a la importación, prohibición de importaciones, erradicación del contrabando y, al contrario, un arancel cero para importar medios de producción modernos. Por otro lado, el Estado debe establecer créditos de fomento y fijación de precios mínimos que permitan a productores reponer capital y tener márgenes de ganancia.
Quinto. El desarrollo agrario con base campesina requiere de cambio estructural en sus tres componentes económicos: tierra, capital y trabajo.
El Estado debe a corto, mediano y largo plazo procurar el asentamiento de por lo menos 80.000 campesinos del área tradicional del altiplano y valles a zonas del trópico y subtrópico bolivianos. Incrementar las hectáreas bajo riego, del promedio actual de 10.000 hectáreas a un promedio de 30.000 hectáreas anuales, para tener en 2025, 300.000 hectáreas adicionales de riego para los campesinos de zonas con deficiencia hídrica.
La asistencia técnica debe privilegiar la recuperación y fertilización de suelos, el uso de semilla mejorada y la asociación de campesinos por rubros fundamentales de producción en sus organizaciones originarias para poder enfrentarse al mercado determinando precios justos al producto campesino.
Los lineamientos trazados están basados en un diagnóstico, no desarrollado aquí por razones de espacio, pero que se resume en el hecho de que Bolivia es aún un país productor de materias primas e importador de productos acabados, que no produce lo que consume y no procura un empleo productivo y digno a su población económicamente activa creciente.
Estos lineamientos, atribuidos a un capitalismo de Estado y políticamente a un nacionalismo revolucionario, son tareas inconclusas y básicas, sin las que no se puede construir un país verdaderamente libre, soberano y de justicia social. Por lo demás, el cumplimiento de estas metas nacionales separará de forma natural el pequeño núcleo de la oligarquía antinacional, de la inmensa mayoría nacional.
Otros fenómenos económicos, sociales y políticos de atención urgente, como la formalización de la economía, particularmente en el comercio, transporte y cooperativas mineras; la plena incorporación de la clase media técnica-profesional al “proceso de cambio”, el fortalecimiento de bloque de poder popular como garantía de la democracia e incluso la demanda marítima, tendrán mejor resultado si el Estado atiende irrenunciablemente la vinculación terrestre, la industrialización de hidrocarburos y minerales, desarrollo de la energía alternativa, la protección de la pequeña industria y el desarrollo agrícola con base campesina.
- Danilo Paz Ballivián es investigador asociado en CESU-UMSS