Sunday 28 Apr 2024 | Actualizado a 06:30 AM

En favor de los derechos

Esta es la postura del oficialismo sobre la acción de inconstitucionalidad para que repostulen autoridades.

/ 1 de octubre de 2017 / 04:00

El sistema constitucional de controles y de defensa, no solo de la Constitución Política del Estado, sino esencialmente del resguardo de los derechos fundamentales —objetivo central de todo sistema democrático— conlleva la posibilidad de que los ciudadanos recurran ante las autoridades competentes para que, en defensa de derechos ciudadanos, puedan pedir un juicio de constitucionalidad referente a los derechos que consideran que se vulneraron y que esa instancia pueda realizar el juicio de constitucionalidad y otorgar o no la tutela solicitada o declarar la inconstitucionalidad de la normas y el control de convencionalidad que corresponda.

Con esta medida se busca que se garanticen los derechos, y mejor, los más favorables a los definidos en la ley y la Constitución Política.

Sobre el control de convencionalidad, a través de la acción de inconstitucionalidad en abstracto, que es lo medular de la acción formulada por varios parlamentarios del oficialismo y la oposición, y que fue cuestionado por algunos políticos y abogados de la oposición porque seguramente desconocen de este instituto jurídico —que es relativamente nuevo— del derecho internacional de los derechos humanos debido a su reciente vigencia en el sistema interamericano que data de 2003 y que se profundizó en 2006, mientras que en Bolivia rige desde 2011 y se profundizó en 2014.

Este control de convencionalidad debe darse dentro del recurso de inconstitucionalidad en abstracto presentado, pues de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos éste se da “cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin…”. Así, el Estado boliviano, esta vez, a través del Tribunal Constitucional está obligado a realizar el examen de constitucionalidad de los artículos 52 (numeral 3), 64 (inciso d), 65 (inciso b), 71 (inciso c) y 72 (inciso b) de la Ley del Régimen Electoral y, además del control de convencionalidad de los artículos 156, 168 y 285 (párrafo segundo) y 288 de la Constitución Política del Estado que esencialmente limita, no solo al Presidente y Vicepresidente, sino también a gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales ya electos, a volver a postularse en elecciones populares.

Estas reglas constitucionales restringen derechos también constitucionales y al parecer estamos frente al dilema de confrontar una norma-regla versus los derechos, aún más con valores democráticos y principios constitucionales. Probablemente la pregunta es, ¿una norma-regla está por encima de un derecho y más aún de un derecho favorable bajo el paraguas de la Constitución? ¿Pareciera que, por el límite que establece medularmente los artículos ya citados, respecto a la reelección, se va a vulnerar el derecho que tiene toda autoridad electa de poder participar en una nueva elección sujeta a la decisión del pueblo?

En ese sentido, parece que se intenta limitar un derecho con una regla, poco constitucional, pero cabe resaltar que el espíritu de la Constitución, entre otras cosas, es esencialmente el establecimiento de derechos acompañada de la garantía de su respeto, pues sin derechos una Constitución dejaría de ser tal. De ahí que el objetivo tanto de los sistemas de control constitucional como del control de convencionalidad viene a ser la garantía del resguardo y tutela indetenible de los derechos.

Volviendo al control de convencionalidad y su práctica en Bolivia, a través de la Sentencia Constitucional 1888/2011-R del 7 de noviembre, en la cual se reconoce la institución jurídica del control de convencionalidad emanada del sistema interamericano de derechos humanos y que la misma se consolida en 2014.

No obstante, cable aclarar que en 2013 se dictó la sentencia constitucional 0957/2013, que también es importante porque se establece —según la interpretación conforme a los pactos internacionales sobre Derechos Humanos — que se tiene el deber de, ejerciendo el control de convencionalidad, interpretar el derecho según las normas contenidas en tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados y a los que se hubiera adherido el Estado, siempre y cuando, claro está, que se declare derechos más favorables a los contenidos en la norma suprema.

De esta manera, se consolida el principio de favorabilidad en la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano, que declara derechos más favorables a los contenidos en la Constitución.

En ese marco, la Carta Magna, en su artículo 410 (parágrafo segundo) al establecer una jerarquía normativa los tratados y convenios en materia de Derechos Humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad, quedando únicamente por debajo de la propia Constitución.

Por ello, la Carta Magna es jerárquicamente superior a los tratados y convenios internacionales, empero en el artículo 256 de la misma norma se dispone que en materia de Derechos Humanos se debe aplicar los tratados y convenios internacionales, incluso y categóricamente, de manera preferente a la propia Constitución. Esto quiere decir, de forma diáfana, que la Constitución cede su propia jerarquía en favor de los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y busca que se aplique por parte de los órganos del poder público el mejor derecho que pueda asistirle a cualquier ciudadano, incluidas las autoridades electas por voto ciudadano, pues, ante todo, ellos son ciudadanos y por lo tanto están bajo el resguardo y respaldo de los derechos consagrados en la normativa nacional e internacional. De ahí que las diversas figuras de control de constitucionalidad, de convencionalidad y las acciones tutelares diseñadas por el constituyente, están, en definitiva, para el resguardo de derechos. Derechos que algunos quieren negar bajo la sombra de artificios y mentiras.

  • Milton Barón es senador del Movimiento Al Socialismo

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Tres décadas de descentralización

Una mirada al proceso iniciado con la Participación Popular y que hoy se expresa en el régimen autonómico.

Una sesión anterior del Consejo Nacional de Autonomías.

/ 28 de abril de 2024 / 06:27

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La Participación Popular podría considerarse, luego de la revolución de 1952 , la más profunda e inconmensurable reforma en democracia de vocación descentralizadora y paradójicamente impulsada por un gobierno central, quién asumió la audaz decisión de compartir poder político, ceder responsabilidades administrativas y transferir recursos financieros que hasta ese momento. se hallaban bajo custodia y absoluta decisión del poder central.

Caso curioso el boliviano, originado y agendado fuera del centro y del altiplano, pero anidado en mentes visionarias y con voluntad política desde el llano, para trasladarlas al plan de gobierno de un partido, que eventualmente paso a convertirse en una política pública, de la que hoy nadie reniega o pretende devaluarla, reconociéndola como una de las escasas reformas estatales con mayor trascendencia en los planos político, fiscal, social y territorial de la historia de Bolivia.

El régimen de autonomías incorporado en la constitución del año 2009, se estructuró sobre la base de la descentralización del año 1994 con la participación popular, capitalizada por los actores territoriales en la promoción de liderazgos políticos locales, desarrollo de capacidades administrativas, esfuerzos tributarios, ampliación de servicios públicos sociales y económicos, participación vecinal e indígena en la planificación y destino de los recursos asignados, de naturaleza innovadora para la tradición concentradora del Estado.

Desafortunadamente, uno de los riesgos fue descentralizar un Estado tradicionalmente débil, con un país rural abandonado por la implacable urbanización y astillado en pequeños poblados silenciados por la marginalidad de territorios y sistemas de vida cada vez más vulnerables a fenómenos económicos y medioambientales.

La descentralización de base municipal desnudó al débil Estado capturado por un inmaduro sistema político que, en ausencia de normas y estructura institucional estatal, no puedo conducir ni responder a la impronta municipal desatada.

Con el régimen autonómico, el costo de administrar el Estado creció por la ampliación de dos gobiernos (nacional y municipal) a cinco (más el regional, departamental e indígena), aumentando significativamente la burocracia estatal, congestionando la gestión de servicios, como por ejemplo en salud y educación, que eran competencia exclusiva municipal, y la modificó a concurrente para justificar la presencia del gobierno central en el territorio, propiciando una competencia desleal ; sin ocupar la estructura descentralizada del Estado , creando instituciones paralelas y disponiendo de recursos especiales para llegar al territorio con programas de alcance nacional .

La tensión entre el impulso descentralizador del año 1994 y el ambivalente régimen de autonomías de 2010, no ha facilitado la gestión de municipalidades cada vez más debilitadas por la sobrecarga de competencias (bono discapacitados, fondo de fomento a la educación, sistema nacional de seguridad ciudadana entre otras materias) y asfixiados financieramente por la caída en las trasferencias de un modelo primario y monoproductor; en lo cotidiano, abandonados en un escenario mucho más complejo que el del inicio. Prueba de ello, la mayoría de los municipios que se hallaban en el año 1992 en quintil más pobre, treinta años después, continúan en el mismo sitial sin que nada haya logrado mejorar sus condiciones de exclusión y extrema pobreza.

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Aún existen muchas asignaturas sin la debida atención, tanto en el diseño como en la operación, el tiempo y los gobiernos centrales convirtieron por acción u omisión los conceptos en defectos respecto del modelo original; sin embargo, tres décadas después, a pesar de una nueva Constitución y una Ley Marco de Autonomías, afortunadamente no alcanzaron a modificar su espíritu, el mismo que continua vigente y con mayor arraigo en los actores y sistemas predominantes en el territorio.

Nada podrá revertir el escenario de la descentralización municipal de 1994, más al contrario, además de convertirse en la piedra angular del Estado, es la caja de resonancia del trepidante escenario político nacional y también la redención, especialmente en ciudades grandes e intermedias, a la creciente demanda social, económica y de infraestructura pública en favor de los más vulnerables que hacen posible testimoniar y celebrar hoy aquel visionario modelo de descentralización.

Luego tres décadas, la resistencia a la autonomía y a una mayor descentralización, así como la forma más o menos conflictiva y trabada de su proceso, no es una característica y responsabilidad exclusiva del gobierno central, también responde a la debilidad institucional y falta de liderazgo de los gobiernos municipales para explotar el régimen de autonomías vigente y “jalar” finalmente la auténtica descentralización.

(*)Vladimir Ameller Terrazas es economista

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Daniel Noboa es derrotado en las urnas

El referéndum en Ecuador, del pasado 21 de abril, dijo No en dos preguntas clave para el oficialismo y su política económica.

Daniel Noboa

/ 28 de abril de 2024 / 06:07

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Nadie convoca un referéndum para perderlo. Es una máxima de la ciencia política. Las consultas populares están diseñadas para investir al líder con la legitimidad de un resultado en las urnas, un resultado contra el que ningún opositor tenga réplica.

Y sin embargo Daniel Noboa, el flamante presidente ecuatoriano, el émulo de Bukele, se estrelló contra la realidad.

El pasado domingo 21 de abril el pueblo ecuatoriano se enfrentaba a un referéndum con once preguntas orientadas a reformar la Constitución e impulsar políticas públicas. Lo había convocado meses antes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, siguiendo la estela de sus predecesores, Guillermo Lasso y Lenin Moreno quienes convocaron también sendas consultas. El horizonte político de las tres consultas, al margen del contenido de las preguntas, compartía un mismo objetivo político: relegitimar en las urnas sus precarios gobiernos. Todos ellos, gobiernos logrados en segunda vuelta por escasos márgenes y todos gobiernos con minoría en la Asamblea Legislativa.

De las once preguntas planteadas, nueve referían a reformas judiciales, policiales o militares y tenían una clara orientación securitaria. Respecto a esas nueve preguntas se había creado un cierto consenso nacional, sólo roto en las últimas semanas por el asalto a la embajada mexicana en Quito, un hecho que forzó al partido de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana (RC), a adoptar una posición de rechazo frontal a las propuestas del presidente. Eran por tanto preguntas sobre las que no pesaban dudas acerca del resultado.

Sin embargo, dos de las once preguntas escapaban a este esquema. En dos preguntas fundamentales Noboa consultaba, primero, sobre el retorno de una fórmula precarizadora del mercado laboral -contra la que él mismo se había pronunciado en campaña electoral-, el contrato por horas y, segundo, sobre la sujeción de Ecuador a tribunales internacionales en diferendos económicos. Estas dos eran las únicas preguntas sobre las que existía disputa política, las dos que atañían al modelo económico del presidente, dos preguntas que habían recibido un rechazo frontal desde el primer momento por parte de la oposición politica de la RC. En ambas preguntas la población dijo No. Dos tercios de los ecuatorianos respondieron No al arbitraje internacional (64,9%) y No al regreso al trabajo fijo por horas (68,8%).

En el resto de preguntas, como decimos, todas ellas relacionadas con la seguridad ciudadana y de carácter incuestionable, el presidente Noboa obtuvo el previsible apoyo derivado del clima de inseguridad que vive el país. Lo confirma el hecho de que las preguntas A y F, relacionadas con el papel de las fuerzas armadas en el control de la seguridad, fueran las más respaldadas, con un 75% de apoyo.

Este resultado dual, de un lado apoyo en el refuerzo de las políticas securitarias de Noboa y de otro rechazo al modelo económico del presidente, demuestra que un porcentaje importante de la población ecuatoriana es -como diría George Lakoff- biconceptual, proclive a ubicarse en distintas posiciones en función de las materias, a escapar al molde simplificador que intenta imprimir la polarización política: o con Noboa o contra Noboa, o correísta o anticorreísta.

Efectivamente, hasta un 69% de los ecuatorianos votó en contra de la legalización del trabajo por horas (una cuestión por cierto sobre la que Noboa habría cambiado su posición respecto a la campaña electoral), doblando la base electoral del correísmo (32% en las últimas dos primeras vueltas presidenciales), mientras que por el contrario la base electoral del correísmo -al menos parte- apoyó el refuerzo del papel de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

Noboa fracasa, por tanto, en el objetivo de relegitimarse. Este resultado obliga a un cambio en la estrategia política del presidente si quiere reelegirse en febrero de 2025. A solo 10 meses de las próximas elecciones presidenciales Noboa se enfrenta un dilema clave: mantener o no su política económica.

Con el voto popular en contra, mantener el rumbo económico neoliberal supondría una seria amenaza a sus posibilidades de reelección. Por el contrario, no hacerlo pudiera exponerlo a las críticas de los grandes medios de comunicación, principales exponentes en la presión neoliberalizadora.

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Sobre la escena pende además un elemento añadido. El victorioso rechazo a las dos preguntas de corte económico fue capitaneado por el correísmo, que saldría reforzado de esta disputa. Este apoyo a las tesis correístas llega justo en el momento en el que el gobierno había recrudecido la cacería judicial a la que viene siendo sometido este movimiento político desde la llegada al poder de Lenin Moreno.

De hecho, en cierto modo, en el resultado de la consulta parece latir también un golpe al giro estratégico de Noboa de los últimos meses, cuando dejó de buscar la colaboración del correísmo en el Congreso para emprender una furibunda carga contra éste. Esta carga lo llevó incluso a violar la Convención de Viena sobre inviolabilidad de sedes diplomáticas, con el episodio de asalto a la Embajada de México, el pasado 5 de abril, lo que ha derivado en una grave crisis de credibilidad internacional del país andino.

En definitiva, con un país en grave crisis económica agravada por la decisión presidencial de subir el IVA y el precio de los combustibles, con una crisis eléctrica que comienza a repercutir en las clases medias con graves apagones y con un clima de rechazo al modelo económico negado en las urnas, Noboa se juega todo a una sola carta, a resolver el problema de la inseguridad. De lograrlo tendrá opciones de ser reelegido. De no hacerlo la pregunta en Ecuador volverá a ser la misma que en 2021 y 2023: ¿será el correísmo capaz de agrietar la coalición de anticorreístas que, sin tener nada en común, se unen sólo para votar a cualquier candidato que no sea correísta?

(*)Sergio Pascual es analista político

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América Latina en la mira de EEUU, otra vez

Una conversación con el destacado abogado, intelectual y exministro boliviano, Reymi Ferreira.

/ 21 de abril de 2024 / 06:58

El Punto Sobre la i

Esta semana, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, generó un nuevo incidente diplomático en la región, cuando acusó a Bolivia y Chile de tener en sus territorios a agentes terroristas iraníes. La aseveración motivó la protesta de ambos países. Bullrich presentó sus excusas antes Santiago, pero no ante el gobierno boliviano. Al presente, la referida ministra del país rioplatense anunció que mantiene sus fronteras en el norte y embajadas “con alerta alta”.

Si bien este es el más reciente episodio en el que se gatillan tensiones diplomáticas desde el gobierno de Javier Milei, no es ni por si acaso el primero. El mandatario ya sostuvo controversias y se refirió con adjetivos ofensivos a otros presidentes de América Latina. Tal fue caso con sus pares de Colombia, Brasil y México. Protagonizó además otro entredicho con China. Cabe señalar que Brasil, China, Chile y Colombia están entre los países más importantes en el intercambio comercial argentino.

En el caso de la ministra Bullrich, cabe además recordar que, en 2021, el Gobierno argentino “denunció penalmente el contrabando ilegal de armamento y municiones que el gobierno de (Mauricio) Macri envió a Bolivia el 12 de noviembre de 2019”, según indica una nota oficial del Ministerio de Seguridad. La acusación se dirigió contra la actual titular de esa cartera de Estado, el expresidente Macri y otros funcionarios.

El año pasado, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, se presentó ante una comisión de la Cámara de Representantes de su país e informó en relación al denominado triángulo del litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile. “Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios que se aprovechan de ello, aparentando que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo”, aseveró la militar.

A principios del mes en curso, Milei y Richardson sostuvieron un encuentro en Ushuaia, capital de la provincia Tierra del Fuego. En la cita, acordaron la creación de una “base naval integrada” entre ambos países. Argentina se comprometió en la adquisición de equipo bélico estadounidense, incluyendo cazas F-16 mediante un subsidio de $us 40 millones, según indica una nota oficial de la Embajada de Estados Unidos en el país vecino del pasado jueves.

Conversamos respecto a estos temas con el destacado abogado, intelectual y exministro, Reymi Ferreira. El diálogo recorre diversos aspectos, comenzando por la acusación de Bullrich de la última semana, hasta abordar la situación de la región en un momento de transiciones geopolíticas de gran importancia.

– ¿Cómo se pueden entender estas tensiones diplomáticas que vienen siendo gatilladas desde el actual Gobierno argentino?

Es la nueva derecha, la nueva ola conservadora que está en América Latina, que en realidad llega a ser la segunda. La primera la trajo Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Bolsonaro ha sido en realidad el pionero en América Latina, que trajo esa ola de los ultraconservadores de Estados Unidos, y en la que Javier Milei juega un papel. Un peón más de la estructura neoconservadora que ha llegado a América Latina; que no dejan de ser elementos disociadores que están al servicio de intereses extranjeros, están al servicio de las potencias imperiales. Y lo lamentable es el silencio, prácticamente la falta de condena contra este tipo de exabruptos y este tipo de políticas. Pero yo creo que es parte de una oleada continental que viene desde los grupos más tenebrosamente conservadores de Estados Unidos.

– ¿Cómo se puede entender la racionalidad política de estas controversias?

Milei es muy irracional. Yo creo que está haciendo poses, pininos para la opinión pública internacional. No creo que esté pensando en la Argentina, Él está pensando en la gente de afuera, a los que él sirve. Quiere quedar agradable a los grandes poderes del sionismo, de estos capitales transnacionales, de la ultraderecha norteamericana. Y así repite cosas que no tienen sentido. Ya ha tenido que disculparse con Chile y no lo ha hecho con Bolivia, cosa que es lamentable y terrible. Que, además, debe merecer la protesta del Gobierno boliviano porque es realmente una barbaridad que se vengan a armar ese tipo de acusaciones. Es evidente que no existe ese tipo de situaciones en nuestros países.

–¿Tiene esto alguna racionalidad en el ámbito internacional más grande?

Lamentablemente, no puede haber racionalidad en alguien irracional y en una política irracional. La política a Milei, como la de Trump y de Bolsonaro, son políticas irracionales. Entonces, pedir racionalidad a políticas irracionales no creo que vaya a dar muchos frutos. Básicamente es un actuar instintivo. Hitler no era nada racional, sus políticas eran lo más irracionales que había. Y eso terminó destruyéndolo y, de paso, destruyendo parte del planeta en un determinado momento. Milei es igual, un hombre puro hígado; que ha demostrado tener muy poca racionalidad y mucho hígado. Ese es el gran problema con este tipo de gobernantes. Cuando el cerebro es más chico que el hígado, acaban haciendo lo que está haciendo Milei: inventándose terroristas en Bolivia o en Chile, agrediendo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, entrando en contradicción con el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también con Lula da Silva. Abriéndose enemigos gratuitos en todas partes, para recibir las palmaditas que se le dan a un cachorro por seguir las instrucciones. Declarando su apoyo a que la capital de Israel sea Jerusalén y cosas así. Cosas raras, realmente.

Milei sabe, a ciencia cierta y porque además él predica eso -el no cree en las ayudas ni los subsidios- que para Argentina no a haber ni ayudas ni subsidios de los organismos internacionales. Lo que sí puede haber son créditos leoninos e incluso eso, en su caso, es difícil. Esto es así porque, refiriéndonos a Argentina, el expresidente Mauricio Macri ya endeudó por 100 años a ese país. Hay una deuda intergeneracional enorme. Argentina no es en este momento un sujeto muy serio de crédito por las deudas que dejó Macri. Entonces, creo que lo que está haciendo se enmarca en esa actuación irracional, de una política internacional irracional, como la interna, que no tiene nada de racional.

– ¿Qué dice todo esto sobre la situación de América Latina en relación a un nuevo contexto internacional, con tensiones geopolíticas emergentes y diferentes a las del pasado reciente?

Bueno, no hay una nueva Guerra Fría, todavía. Actualmente hay una guerra, que es económica, con China. El gran enemigo o rival, en este caso, de Estados Unidos y de la Unión Europea, no es Rusia, es China. Ese es el trasfondo de la cuestión. Y en América Latina lo que se está viendo es eso, los intereses comerciales, económicos y financieros, de los norteamericanos y europeos que están en constante disputa de mercados y espacio con China. Eso es lo que hay. Secundariamente está el tema de la alineación que Estados Unidos antes tenía en la Guerra Fría con los países latinoamericanos, que hoy no la tiene.

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Entonces, quizás lo que le interesa a Estados Unidos en el plano geopolítico es tratar de generar un espacio como en el pasado, que permita que los estados de América Latina sigan las instrucciones de Washington. Por ejemplo, romper nexos o bloquear a Rusia; que eso hoy no lo tiene. La inmensa mayoría de los países latinoamericanos, con raras excepciones, no se ha plegado a las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea. Veo que los norteamericanos están trabajando en esas líneas: en la línea geopolítica, en relación al tema ruso, y en la línea económica, en relación al tema chino. Y ese, quizás, es el papel de Milei, haciendo que de alguna forma él trabaje en ese sentido. Aunque, Milei está más preocupado por el tema de Irán. Se ha pronunciado evidentemente a favor de Ucrania y todo eso, pero su principal preocupación, por sus declaraciones últimas, es básicamente Irán. Y en Estados Unidos igual, su conflicto con Rusia está pasando a un segundo plano. Ahora su principal preocupación está empezando a ser Irán.

– ¿Cómo está tensionando esto la relación entre los gobiernos de izquierda progresista en la región con esta segunda ola de gobiernos de derecha?

Yo creo que ahora esto se dará con mucha más fuerza, porque Estados Unidos, mientras hubo el conflicto con los países de Oriente Medio por el tema de Irak, los talibanes, Al Qaeda o del ISIS, había secundarizado su atención hacia la región, al no haber ya la Guerra Fría. Aminoró su atención hacia América Latina; se descuidó, de hecho, y se dedicó a otros lugares del mundo. Priorizó su lucha contra lo que denominó el terrorismo de los grupos islámicos. Ahora, al aparecer estos nuevos fenómenos, como el fenómeno iraní y el ruso, la presencia mayor de China, no como amenaza política y militar, sino económica, entonces está reorientando su mirada hacia América Latina. Un espacio que tenía como patio trasero, que de pronto empezó a tener autonomía y llegó a realizar importantes esfuerzos por su cuenta. Con el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos empezó a dirigir políticas muy bien orientadas para desestabilizar y derrocar gobiernos. Como pasó en Brasil, por ejemplo, como lo que pasó en Bolivia. Con una acción más radical contra Venezuela, al extremo de casi entrar a una invasión. Entonces, ese tipo de presiones, que vienen desde el tiempo del gobierno de Trump, por el cambio de orientación y al haberse aplacado la lucha con los grupos islámicos, hace que los norteamericanos se vuelvan a reorientar acá. Si bien hasta ahora no lo hacen de una forma tan agresiva, como seguramente va a empezar a ocurrir con el tema del nuevo escenario internacional, que ya tiende a convertirse en multipolar y en antagónico. Ya no es el mundo de hace 15 años ha cambiado. Es un mundo que se convierte amenazante y desafiante para Europa y para Estados Unidos. Ahí está el caso de Irán y el caso de Rusia, que son cosas que han movido el tablero. Y está en el fondo también China y está Corea del Norte, que son consideradas como verdaderas amenazas por los países occidentales.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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Riesgos sobre la plurinacionalidad

El autor advierte que, en el país, se está avanzando hacia fragmentar la homogeneización de la corporatividad social y popular.

Jorge Richter

/ 21 de abril de 2024 / 06:43

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¿Está el Proceso de Cambio en agonía? Posiblemente ese cuestionamiento, de compleja respuesta, sea uno de los factores estructurales para comprender en la dimensión correcta los niveles de energía del hecho histórico más importante del tiempo democrático. Juan José Sebrelli, filósofo argentino, observa con acierto y define con sencillez lo que aprecia, “la realidad humana es transformación permanente, pero no hay cambios sin algo que permanezca, ni discontinuidad sin continuidad, ni presente que no esté condicionado -aunque no determinadopor un pasado que limita sus posibilidades. Cada periodo histórico es singular e irreversible, el pasado no se repite nunca en el presente, aunque en toda acción o idea nueva es inevitable partir de lo anterior que se quiere cambiar”. La realidad sociopolítica es una construcción humana y su transformación se produce dentro de, a momentos, ininteligibles procesos sociológicos que tienen una extensión temporal, que, en el caso de nuestro país, suelen girar alrededor de los 18 años.

El agotamiento del orden oligárquico que antecedió a la Revolución Nacional, una sociedad marginal y periférica en relación a la economía nacional y, una representación política signada por castas sociales que convirtieron el Estado en su espacio de natural dominio, fueron, en gran medida, los factores que condujeron a cuestionar y enfrentar posteriormente a la oligarquía dominante. El pueblo triunfante inició el proceso revolucionario que se extendió por 12 años, que removió positivamente las sedimentadas estructuras del conservadurismo excluyente y que empezó a agotarse cuando, como describe Huáscar Cajías, inició la demencial “anulación del sistema jurídico y especialmente de las garantías constitucionales”: «Todo esto se justificaba y practicaba en nombre de la patria, de la justicia social, del progreso económico». A ello se adicionó la obsesiva fijación de Paz Estenssoro por reformar la CPE, algo que hizo en 1961 para permitirse una nueva reelección, dejando de lado el compromiso de alternancia suscrito tácitamente entre los líderes de la Revolución.

Siguieron al hecho histórico 18 años de militarismo no democrático: 1964- 1982, con breves y esforzados intentos por reencauzar el país por los márgenes constitucionales para que, en 1982, finalmente, el horizonte de convivencias democráticas vuelva a escribir su historia. Las debilidades del proceso que se iniciaba abrieron paso a la construcción de las mayorías pactadas. El tiempo de la democracia de coalición, de sumas congresales y consensos construidos sobre el reparto y parcelación del Estado se constituyó en el primer ciclo político de la joven democracia. El Pacto por la Democracia, que fue el pacto Paz Estenssoro/ Hugo Banzer dio inicio a una construcción de alianzas políticas que modelaron sobre el final de su vigencia un Estado de marginalidades, abusos, no representaciones políticas correctas y aprovechamientos económicos, sociales y políticos inaceptables. Construyó un Estado y una sociedad injusta que implosionó en octubre de 2003. Tras 18 años, el ciclo político de la vieja partidocracia o de la democracia pactada se desmoronó.

2006: Bolivia inicia un nuevo ciclo político en esa constante sustitución circular de élites y construcción de sentidos comunes, pero siempre bajo un perfil de hegemonía dominante. El Proceso de Cambio reemplaza a la Democracia Pactada, iniciando el proceso de construcción del Estado Plurinacional y el tiempo histórico más importante de inclusiones sociales y representaciones políticas correctas. Pero hoy, ese proceso del bloque social y popular está resquebrajado, agrietado, hendido y con elementos conductuales y formas políticas que ya lo determinan, -y esta vez vale el casi- casi inexorablemente. Entonces la respuesta a la pregunta inicial es sí, el Proceso de Cambio agoniza.

La esquizofrenia reeleccionista y de poder.

En 2019, de forma inesperada, sucede un hecho que se entendió como el fin de un ciclo, del ciclo masista como se decía con pronunciación peyorativa en aquel momento. Con entusiasmo indisimulado, se repetía incansablemente en los espacios más conservadores y radicales del país “el MAS nunca MAS”. Y el MAS volvió, con sus capacidades de movilización territorial refortalecidas y su conexión con la corporatividad social y popular en estado pleno. Sin embargo, lo que pudo ser un proceso de revitalización y oxigenación se convirtió en un retomar el vicio más antiguo: burocratización de dirigencias matrices, instrumentalización del poder, pensamiento de hegemonía dominante, desconsideración por la institucionalidad y las formas recomendadas de la buena cohabitación democrática. El país había cambiado con el remezón del golpe de Estado, pero el MAS, en sus estamentos cupulares, leyó el apoyo obtenido en el proceso electoral como un “vale todo”, un forzado entender que los ciudadanos pueden aceptar lo que venga si la prensa les entrega titulares de optimismo. A ello, la esquizofrenia reeleccionista incluso a costo de pulverizar el proceso histórico y entregar el Estado Plurinacional a la posibilidad de un regresionismo involutivo que nos retraiga a las injusticias sociales y políticas de los años ´90. Inaceptable.

Con una interna de daños irreparables y con el olvido de la razón, esa que posibilite recuperar la sensatez, se avanza a fragmentar la homogeneización de la corporatividad social y popular que hizo invencible en tiempos electorales al proyecto social popular. Siendo esta una realidad, se suman a ello, otros factores que exponen el final de ciclo. Las formas de hacer política en el movimiento popular exteriorizan hoy conductas de odio, de posibilidades evidentes de la intención de destruir al otro, así sea este de la misma familia política; muestran que la repetida unidad es solo una palabra de ocasión, no un fin irrenunciable. Unidad es la palabra dicha, destrucción del otro es la acción cotidiana. La unidad de convicción en el proyecto político de horizontes posibles, de sueños y utopías ya prácticamente no es factible. Solo queda una unidad, pobre, disminuida, recortada, una unidad de circunstancia para el momento electoral. Esa unidad es sinónimo de crisis política, ingobernabilidad y caída económica. En los tiempos que hoy condicionan al Proceso de Cambio, es el preludio del final. Algo así como el tiempo que tomó al militarismo no democrático el perder definitivamente el poder. Algo así también como el tiempo transcurrido entre octubre de 2003 y enero de 2006. El tiempo último de la crisis.

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La candidatura única no salva tampoco el final de ciclo, pues son las prácticas políticas del rutinario vivir, que no son tolerantes, incluyentes y día lógicas lo que han deteriorado la paciencia social. La ortodoxia sobre el trato conferido a los actores políticos y también al modelo económico excluye la posibilidad de construcción de unanimidades imprescindibles. En un escenario de futuras y previsibles debilidades legislativas, la ausencia de adhesiones despedaza las legitimidades obtenidas en lo electoral. El resultado en consecuencia es la permanencia de un escenario de crisis.

Sin la unidad que construya un proyecto utópico de horizontes de expectativas, sin que la codiciada candidatura única revolucione y aleje las formas desagradables de hacer política, irritantes para la sociedad toda, y que revelan una manera ya distintiva de concebir la política y porque lo discursivo carece de visión de país, proyecto de Estado y sociedad hasta reducirse a meras construcciones de relatos sin fondo; sin todo ello, el final de ciclo ya resuena en el país.

(*)Jorge Richter Ramírez es politólogo

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Apuntes para una historia sanitaria de Bolivia

Reseña sobre un artículo que rastrea el episodio pandémico de la gripe española entre 1918 y 1920.

/ 21 de abril de 2024 / 06:20

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El historiador Nigel Caspa presentó un artículo interesante que merece ser leído. Si te gusta los temas sanitarios o te preocupa la situación de la salud en el país, que mejor que partir de la historia misma. Caspa es egresado de la Universidad Mayor de San Andrés y es magíster de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Quito, Ecuador. Investigador de los relatos históricos, es profesor universitario de la UMSA, en la Casa Montes, donde se deposita la Carrera de Historia de dicha casa superior de estudios. Su artículo en clave académico se titula “La gripe española en Bolivia, 1918 – 1920. El caso de la ciudad de La Paz”, y fue seleccionado entre once artículos con temática histórica sanitaria por el Colegio de Michoacán, prestigiosa casa de estudios superiores en Ciencias Sociales de los Estados Unidos Mexicanos.

Su artículo empieza detallando la situación de las aguas sanitarias de la ciudad de La Paz. Parte por datos de 1880 y se adentra hacia ese 1918 y 1920, enfoque temporal de dicho historiador. Tiene lógica, si partimos que las aguas que consumimos son muy importantes, y también si no se tiene un justo cuidado, puede ser un vector importante de infecciones. Eso lo hemos visto en meses recientes cuando la urbe paceña tenía problemas de agua potable. Problemáticas con la calidad del agua. Pues Caspa, te dice que la “historia se repite”, y ello pasa porque esta ciudad tuvo siempre problemas de aguas, de temas de alcantarillado. Recoge datos de 1884, de los problemas que tuvo la urbe del Illimani en su precario sistema de distribución hidráulica. Menciona que con la construcción de la Represa de Milluni, en vez de que pueda surtirse de agua hacia la urbe paceña de una manera responsable, esta empezó a provocar problemas. Hablamos del año 1908 y el historiador nos adentra de a poco al clima de una epidemia, de aquella peste llamada “Gripe Española”.

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Luego el autor utiliza estadísticas sobre la tasa de mortandad local paceña. Conjuga dichos datos con los reportes hemerográficos. Me consternó la parte donde menciona que una madre tuvo que llevar a su hijo por todo el entonces Prado paceño en busca de asistencia sanitaria. Al final, la madre vio morir a su hijo en brazos ya que no había camas para su pequeño. Esto hace un eco a la pandemia por Covid que vivimos en años recientes, donde la falta de unidades de terapia intensiva, asociado a la falta de personal médico, llevaron a que se de lo inevitable, lo trágico, lo lamentable, que muchos fallezcan en sus casas o en la puerta de las unidades de emergencia sin recibir atención médica alguna. Nuevamente Caspa te dice que esto ya pasó antes. Era 1918 y la gente vio morir a muchos de sus seres queridos tras la gripe ibérica que se depositaba en la ciudad paceña.

El autor describe que la gripe, o “Grippe” como la llamaban en la época, entró al país por sus diversas fronteras. Menciona que el principal foco de ingreso fue el ferrocarril mismo, como el tramo ferroviario del F.C. Arica – La Paz que fue concluido en 1913. Nuestra conexión con el mundo a través de dicho tramo ferrocarrilero nos llevó a que suframos las calamidades de la costa. Si, otra vez el eco de la dinámica social de la historia se hace presente. Fueron precisamente los puntos de entrada fronteriza los que hicieron que el Covid provoque desolación en la población boliviana. Primero fue Desaguadero, luego Puerto Suárez. Finalmente, otros pasos fronterizos. Pues Caspa, en los años de 1918 y 1920 te menciona que la línea férrea del F.C. Arica – La Paz fue el vector principal de la entrada de la denominada “Grippe”. Advierte que también hubo casos de entradas de dicha enfermedad por la Amazonia, tal vez, por los focos de explotación del caucho.

Otro factor que toca, es el de lo mitos. Recuerdo que muchos y muchas aquí en La Paz y El Alto decían que el Covid no nos afectaría, fruto de la alimentación vernácula de las tierras altiplánicas o la altura misma, como un escudo contra las calamidades biológicas. Pues dicho historiador nos remonta a los mismos mitos, pero en el año 1918 y 1920. Interesante ya que la gente de la época creía que, por la altura misma, por las condiciones geográficas de la puna altiplánica, la “Grippe” no azotaría a las urbes bolivianas, ni mucho menos a La Paz. El autor describe que ya había otras enfermedades en rúas paceñas como la tosferina o la tifoidea, y que no había motivo para que no entre la temida “Grippe”. Pues dicho vector bacteriológico entró con mucha fuerza.

Algo que me gustó mucho de la investigación de dicho historiador es que considere a las “chifleras” como la solución de las problemáticas sanitarias de la ciudad del Illimani. Pues, según sus investigaciones históricas, relata que muchos enfermos y enfermas acudían a las chifleras o los médicos kallawayas para curarse o tratar de curarse de dicha dolencia que afectaba al sistema respiratorio. El autor describe que los hospitales tenían una carga racializada donde muchos eran vistos como “indeseables”. Aquí hay mucha tela por cortar gracias a las indagaciones del investigador, ya que te inmersa en la problemática social de los hospitales paceños.

Finalmente, el autor se atreve a una hipótesis con su artículo compuesto por 28 páginas, con fuentes bibliográficas y hemerográficas incluidas. Se atreve a mencionar la posibilidad de una correlación entre las políticas sanitarias de los liberales y el descontento popular. Buen punto ahí, ya que tal vez la crisis de la Guerra del Chaco de 1932 no fue el único desenlace fatal para el modelo liberal. Los liberales te vendían una imagen de espejismo de “modernidad”, pero cuando se presentaban factores históricos adversos, puede que esa ilusión se fraccionase en miles de pedazos irreales.

Por todo lo demás, el artículo merece ser leído y considerado para volverse un texto completo sobre la historia sanitaria de Bolivia.

 (*)Juan Pablo de Rada Suárez es historiador

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