En las investigaciones por el caso Narcopolicía, el fiscal antinarcóticos Julio César Porras informó que ocho uniformados que pertenecían a la Unidad de la Diprove en el municipio de Puerto Suárez ya declararon en calidad de testigos.

Marcelo R. C., teniente coronel de la Policía y exdirector de la Diprove (Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos) de Puerto Suárez, es acusado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. En su vehículo, tras un control rutinario por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), se encontraron 40 paquetes de cocaína.

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“Se ha tomado la declaración al equipo que trabaja con él y que ya no está trabajando en Puerto Suárez. (También) al director departamental de Diprove. Son ocho personas que declararon en calidad de testigos. (En su declaración) desconocen lo que él estaba haciendo o que llame la atención”, dijo Porras.

No descartó que se los cite en calidad de investigados, pero eso se determinará una vez culminen con las declaraciones. “Se va a analizar, después de terminar todas las declaraciones se verá qué decidimos”.

El exjefe policial está con detención preventiva por 180 días, en la cárcel de Palmasola, y también fue dado de baja de la Policía.

El abogado Samuel Durán señaló que su defendido manifestó su inocencia por los delitos que se lo acusa y que demostrará que no participó en el hecho que se lo acusa.

“Él no fue encontrado en el vehículo; cuando estaba en el retén, advirtiendo que se le tendió una trampa, él se retira del lugar porque no había garantías de que pueda someterse a una requisa por parte de los efectivos policiales”.

Luego de las declaraciones del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que vinculan al viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, en supuestas extorsiones al narcotráfico, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, calificó estas versiones como “desaprensivas, inapropiadas y fuera de lugar”. Indicó que él habla “como si tuviera contacto con narcotraficantes”.

“Me llama profundamente la atención que vaya a verter este tipo de expresiones… lanza estas palabras desaprensivas manifestando que el narcotráfico lo va a matar, como si él tuviera alguna comunicación, prueba o contacto con gente del narcotráfico para que comenta este crimen. En todo caso, él debería alentar a un viceministro o Viceministerio a luchar contra el narcotráfico”, dijo Novillo.

El domingo, en su programa de radio Kawsachun Coca, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó al viceministro Mamani de “extorsionar y estar implicado” en el narcotráfico. Incluso indicó que los compañeros de su federación le dijeron que “están preocupados por la vida de Jaime Mamani”.

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En conferencia de prensa, el viceministro Mamani calificó el lunes de infundadas las denuncias que hizo Morales, más por el contrario pidió que coadyuve en la lucha contra ese ilícito.

“El señor Morales me acusa de extorsionar a narcos y de perseguir a otros, asimismo indicó que los narcos me matarían cuando deje de ser viceministro, estas aseveraciones totalmente infundadas quiero desmentir categóricamente”, señaló Mamani.

Añadió “me sorprende que el expresidente (Morales) hable como si él conversaría con narcotraficantes o si estaría involucrado en este delito”.

Novillo también indicó que todo hecho de narcotráfico que esté vinculado a alguna o institución “se debe investigar” y estas investigaciones corresponden a las instancias e instituciones que tienen que ver la lucha contra el narcotráfico.

“Quiero lamentar que estas declaraciones hayan sido al calor del discurso político para desgastar al gobierno, pero lanzar ese tipo de amenazas, creo que ha perdido el control de la racionalidad para estar lanzando semejantes versiones desaprensivas”.

Ante la circulación de supuestos documentos y rumores sobre la liberación de Misael Nállar, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, aclaró que el acusado de haber asesinado a tres policías, continúa detenido.

“Es una información falsa que se ha difundido, hoy día debía llevarse a cabo una audiencia, pero fue postergada”, señaló la autoridad a Unitel.

Nállar es sindicado por el delito de asesinato de tres policías acribillados en el municipio de Porongo, en el departamento de Santa Cruz.

La muerte de los uniformados se produjo el 21 junio de 2022, cuando la patrulla con los dos efectivos policiales y el voluntario del GACIP se dirigían a la comunidad Los Cuchis para realizar un patrullaje de rutina, pero en el camino se encontraron con una vagoneta donde descendieron varias personas armadas que los atacaron y les provocaron su muerte.

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Jorge Tamayo, abogado de Nállar, desmintió las publicaciones que circularon en las redes sociales sobre la supuesta libertad de su defendido y aclaró que la audiencia se reanudará el jueves.

Indicó que la orden de libertad que circula en las redes sociales “es totalmente falsa, todavía está pendiente la resolución para el jueves”. 

El jurista indicó que lo llamativo en audiencia fue el excesivo control policial en el piso siete del Palacio de Justicia, en el Tribunal Departamental de Santa Cruz.

“Alrededor de 25 policías de todas las divisiones (había en el piso siete), como nunca en este proceso y a denuncia de la juez incluso ya estaban dentro de las oficinas”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, declaró este martes al Parque Nacional Amboró como territorio libre de cultivos de hoja de coca. Destacó el compromiso asumido por las fuerzas del orden en cuanto a la protección de las áreas naturales y la defensa de la Madre Tierra, logrando erradicar 919 hectáreas de plantaciones ilegales e iniciar labores de reforestación.

“Hoy es un día histórico para nuestro país porque por primera vez se va a declarar al parque Amboró libre de la hoja de coca, de esta manera podemos certificar nacional e internacionalmente que el parque estará libre de cultivos de hoja de coca. Como Gobierno vamos a proteger a nuestra Madre Tierra y haremos todo lo posible para reforestar las áreas protegidas dañadas”.

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Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Chapare, en coordinación con el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, ejecutaron las operaciones de erradicación de cultivos en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró.

Para este fin, se desplegaron ocho campamentos, ubicados en puntos estratégicos del área protegida, con un personal de 502 efectivos entre Fuerzas Armadas, Policía Ecológica, Componente Policial y soldados.

La operación se fundamentó en un trabajo técnico que se realizó a través de reconocimientos aéreos y terrestres de toda la zona, a partir del uso de imágenes satelitales de alta resolución.

Al realizar un rastrillaje, los policías y militares encontraron cultivos de coca en diferente estado, como en plena producción, cultivos de coca nueva, de coca podada, de coca enmalezada, de coca combinada, entre otros.

Tras un análisis sobre la conminatoria del Senado a la Procuraduría General del Estado para que se constituya en “posición de garante” en torno a la resolución constitucional sobre la prórroga de magistrados de las altas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se determinó que esta instancia legislativa “no tiene (y) no reconoce la figura de las conminatorias”.

La Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa emitió una opinión especializada que establece que “las resoluciones camarales constituyen disposiciones obligatorias en el ámbito de la propia Cámara de Senadores, como bien refiere el artículo 163 del citado reglamento… no se tiene la tipología posible para conminatorias sobre interpretación de vinculatoriedad, eficacia o validez de los fallos del Tribunal Constitucional, entre instituciones públicas, puesto que excede los límites impuestos por el legislador reglamentario” (sic). 

El procurador César Siles señaló que la Subprocuraduría realizó una interpretación “normativa exhaustiva” de las facultades del Senado para una comprensión “eficaz del sentido y alcance de dicho acto legislativo”.

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Indicó que este análisis concluyó en que “los actos de gestión de la Cámara de Senadores que están previstos en su normativa, la Constitución (Política del Estado), en el reglamento de las cámaras de Diputados y de Senadores no tienen, no reconocen la figura de las conminatorias. Ellos tienen otros actos de fiscalización a su alcance para poder ejercer sus prerrogativas”.

El procurador hizo referencia a la Resolución Camaral 13/2023-2024, del 1 de febrero de 2024, emitida por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, en la que establece: ”Conminar a la Procuraduría General del Estado, en ejercicio de sus atribuciones se constituya en posición de garante para resguardar los intereses del Estado en virtud a la vulneración de la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado, este último en virtud al principio de separación de poderes (Art. 12-CPE) y la posible responsabilidad internacional del Estado que puede generarse por los efectos jurídicos no vinculantes de la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 de 22 de diciembre de 2023 con la autoprórroga del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional” (sic).

Siles señaló también que ya emitió su posición respecto a la vinculatoriedad, eficacia o validez de los fallos del TCP, es decir, no se puede negar su carácter vinculatorio para todos los servidores públicos, autoridades e incluso particulares. “Una sentencia constitucional, una declaratoria constitucional únicamente puede ser modificada por otra sentencia, por otra declaración constitucional”.