Dos brasileños fueron capturados y entregados el jueves a autoridades de su país en la frontera de Bolivia y Brasil. Ambos cuentan con órdenes de aprehensión por narcotráfico.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Beni tras un operativo antinarcóticos en la carretera Cachuela Esperanza – Villa Bella, interceptaron un vehículo de servicio público en el cual lograron identificar y aprehender a los súbditos brasileños.

Ambas personas fueron trasladadas al puerto fronterizo de Guayaramerín y efectivos de la FELCN realizaron la entrega a agentes policiales del Sexto Batallón de Policía de Frontera de Brasil.

Lea más: En una semana, la FELCN afecta al narcotráfico en más de $us 3,1 millones

“Marcos Dos Santos de Lima (es) un peligroso líder del Comando Vermelho; también Jaqueline de Araujo Pereira, misma que es buscada por el delito de tráfico de drogas, en coordinación con autoridades policiales de la República Federativa del Brasil, se pudo validar la identidad de ambas personas que son requeridas en su país para cumplir una condena”, informó la FELCC a través de sus redes sociales.

También a través de sus redes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que no se permitirá “que extranjeros traten de delinquir en nuestro país”.

“Marcos Dos Santos de Lima y Jaqueline de Araujo Pereira… ya fueron llevados a la frontera para responder a la justicia de su país”.

Ante las declaraciones de la diputada por Creemos, María Rene Álvarez, sobre que Piso Firme pertenecería a Santa Cruz luego que el Órgano Electoral ratificara este hecho, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, lamentó las declaraciones de la legisladora e indicó que politiza el caso con “especulaciones”.

“Lamento las declaraciones de la diputada, pese que la hemos convocado a una reunión de información justamente para evitar este tipo de especulaciones o desinformación, claramente no ha entendido lo que consiste el proceso de delimitación. Me extraña que una diputada genere este tipo de comentarios. Ahora, entiendo el afán político, el protagonismo, la falta de visibilización por hacer algo interesante por su región, genera este tipo de declaraciones”, dijo.

El miércoles, Álvarez indicó que tras un cuestionario de preguntas enviado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), éste les respondió sobre una de las preguntas, respecto a “los parámetros que tiene la comunidad de Piso Firme” en San Ignacio de Velasco.

Lea más: Piso Firme: La próxima reunión para solucionar el conflicto territorial será el 29 de abril

“La respuesta fue contundente, ‘la localidad de Piso Firme se tiene registrado bajo los siguientes parámetros, departamento de Santa Cruz, provincia Velasco, municipio San Ignacio de Velasco, comunidad Piso Firme’. El cambio del trazo del límite departamental que surgió de un momento a otro de manera unilateral del Viceministerio de Autonomía entra en discrepancia sobre la identificación o pertenencia, o tuición jurisdiccional en las entidades territoriales implicadas”, cuestionó Álvarez.

La controversia limítrofe en esta comunidad se desencadenó tras la realización del Censo de Población y Vivienda, el 23 de marzo. Los pobladores del lugar reclamaron al ver que iban a ser empadronados por personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la regional Beni.

Desde entonces viene interviniendo el Viceministerio de Autonomías, en su calidad de autoridad conciliatoria entre los departamentos de Beni y Santa Cruz.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla (MAS evista), informó que el equipo técnico de las comisiones mixtas trabaja en una propuesta de ley corta o interpretativa que se enviará al presidente nato de la Asamblea, vicepresidente David Choquehuanca, para que convoque y ponga a consideración del pleno.

“Estamos cumpliendo con el trabajo que nos manda la Constitución, de esa manera  las dos comisiones mixtas vamos a mandar una propuesta de ley corta, una ley interpretativa de la Ley 1549 para que la Asamblea la considere”, dijo.

El martes, el Vicepresidente descartó convocar a sesión del pleno para reencaminar el proceso de las judiciales e indicó que la responsabilidad de continuar con la preselección corresponde a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia.

Ante ello, también el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos insistieron en que Choquehuanca debe llamar a sesión por mandato constitucional, para tal efecto, le dieron un plazo de 72 para así aprobar una ley interpretativa que permita continuar con la preselección.

Padilla reiteró que, en cumplimiento a la Constitución, no les corresponde continuar, esto en razón a que se cumplió el plazo de 80 días para el proceso de preselección y no “cuentan con una base legal”.

Padilla reiteró que, en cumplimiento a la Constitución, como comisión mixta, no les corresponde continuar, esto en razón a que se cumplió el plazo de 80 días para el proceso de preselección y no “cuentan con una base legal”.

Lea más: Comisiones mixtas buscarán la tarde de este miércoles una salida a las judiciales

“Quiero plantear a Choquehuanca que, para no perjudicar al tema de preselección del Órgano Judicial, netamente convoque con el único punto de tratar una ley interpretativa de las elecciones judiciales en la Asamblea. Él tiene miedo de convocar por las críticas que hay por las leyes 073 y 075”, mencionó.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, insistió en que el Vicepresidente convoque a sesión para continuar con el proceso de preselección. Además, dijo que están en la espera que convoque a una mesa de diálogo.  

“Seguimos esperando que el Presidente de la Asamblea convoque otra vez a otra mesa de diálogo y que podamos allanar el camino de manera inmediata, lo que sería una resolución o una ley corta”, señaló Rejas.

La preselección en las comisiones mixtas fue paralizada desde mediados de abril, debido a más de 30 amparos constitucionales y una acción popular presentadas en Salas Constitucionales del país. El proceso se estancó en la fase de exámenes orales, con más 400 candidatos perjudicados.

La semana pasada, la Sala Segunda del TCP revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que anuló el proceso hacia las judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

El Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales instó a los sectores sociales a estar alertas porque pronto se saldrá a las carreteras debido a que el Gobierno no resolvió los problemas estructurales del país como son el económico, político y social.

“En este momento, como Pacto de Unidad, hacemos conocer a todos los sectores sociales, no solamente la confederación única de campesinos, ni interculturales, ni bartolinas, sino mineros y transportistas a ponerse en estado de alerta, ya llega (la hora) de salir a las calles y carreteras, porque no han resuelto los temas estructurales del país, en tema económico, dólar y combustible”, dijo Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala evista.

El dirigente reiteró que aún no se dará hora y fecha, pero, además pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que haga cumplir la ley de organizaciones políticas, esto respecto a la realización del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista, programado para el 11 de julio en el municipio de Villa Tunari, del departamento de Cochabamba.

Lea más: Suspendida la audiencia en Cuatro Cañadas en la que el evismo busca supervisión del TSE

“El Tribunal Supremo Electoral está jugando con el sentimiento de la militancia y de los sectores sociales, especialmente con el movimiento indígena originario. Queremos decir, a los siete vocales supervisen el congreso de Villa Tunari, sino vamos a tener serios problemas con ellos, no vamos a aceptar ninguna intromisión”.

El 18 de mayo, el bloque evista realizó un ampliado en Cochabamba en el que se declararon en “emergencia permanente” y señalaron que están en situación de «apronte», por lo que se pidió a las bases organizarse para “futuras movilizaciones”.

“Si los derechos políticos del movimiento indígena son vulnerados, la respuesta será muy contundente en las carreteras y en las calles”, indicaron entonces.

Además, exigieron el cese inmediato de funciones de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional y Órgano Judicial “que emiten fallos para el Gobierno”.

“Hemos sido claros, porque en 72 horas tenían que tratar la ley 073 y 075, como han incumplido y no ha convocado David Choquehuanca, por lo tanto, nuevamente decimos y como está en la resolución (del 18 de mayo), debe convocar inmediatamente a una sesión ordinaria de la Asamblea para tratar ambas leyes. Caso contrario ya lo veremos”, advirtió Santos.

En un quinto intento de instalar la sesión de la Cámara de Diputados para tratar el Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur), la presidente en ejercicio, Verónica Challco, suspendió el encuentro al no encontrar acuerdos entre los legisladores.

Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista y las bancadas de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos insisten en alterar el orden del día para tratar primero los proyectos de ley 075 y 073 contra la prórroga de mandato de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial. 

En el hemiciclo, debía tratarse además los proyectos de ley del Registro de Deudores de Asistencia Familiar; la declaración de patrimonio nacional, natural y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia al Lago Tumichucua del Municipio de Riberalta del Departamento de Beni;  el Contrato Administrativo Minero suscrito por la Dirección Regional Potosí – Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia – ECEBOL y otros asuntos en mesa.

Lea más: Proyectos de ley antiprórroga frenan la aprobación de la adhesión de Bolivia al Mercosur

“Prácticamente nos hemos traumado con el 073 y 075. En ese sentido creo que no hemos venido a trabajar y solo hacer berrinche o a gritar más fuerte y con eso queremos ganar. No nos traumaremos, trabajaremos, la población está esperando las obras y los proyectos, entonces conforme al artículo 36 se suspende la sesión aplazando el tratamiento de los proyectos de ley para una futura sesión”, dijo Challco.  

La presidenta en ejercicio pidió “reflexionar” a los diputados, esto debido a que pocos legisladores mencionaron los proyectos de ley a tratar y de los demás solo “se escuchó criticas”. “De la mayoría de los diputados he escuchado críticas e insultos, reflexionen hemos venido a trabajar”.

En diciembre del año pasado, en la sesión 63 del Mercosur en Río de Janeiro, Brasil, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, promulgó el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur como miembro pleno. De esta forma se completó el proceso de incorporación plena, toda vez que Argentina, Paraguay y Uruguay ya antes habían dado su visto bueno.

Una vez aprobado el proyecto de ley por Diputados, debe pasar a la Cámara de Senadores para su revisión y posterior sanción, y luego al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Cumplido el trámite, el Órgano Ejecutivo debe “formalizar el Depósito del Instrumento de Ratificación del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur” en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.