Un cuestionado Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), bajo la sombra de la prórroga de mandato, tiene nuevamente la llave para revivir o sepultar el nuevo proceso de las elecciones judiciales en la Asamblea. Se espera su fallo hasta mañana.

El jueves 16 se dio el último portazo a los comicios, cuando fracasó la convocatoria al diálogo del presidente nato del Legislativo, el vicepresidente David Choquehuanca. Una cita que contó con representantes de los dos bloques (arcistas y evistas) del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Las posiciones encontradas afloraron. Por un lado, el ala del MAS que respalda al expresidente Evo Morales y las alianzas opositoras, que apuntaron a Choquehuanca y lo acusaron de no tener la voluntad para llamar a una sesión de la Asamblea que defina el camino a seguir para reencauzar la preselección de postulantes al TCP, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.

Por el otro, Choquehuanca y los asambleístas que apoyan al presidente Luis Arce, que ratificaron su posición de esperar el pronunciamiento del TCP sobre la tutela solicitada por el Legislativo para que se pueda proseguir el proceso de las judiciales, que quedó truncado en la fase de los exámenes orales a los aspirantes.

TCP

La brújula de las judiciales está sin norte al igual que el año pasado, cuando debían realizarse pero fueron bloqueadas por recursos judiciales. Ahora, una acción popular admitida por la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, dejó en foja cero la preselección y declaró inaplicables la ley y la convocatoria de los comicios.

Así, sigue en curso la prórroga de mandato de las autoridades judiciales dictada por el Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado, lo cual es objetado por evistas y opositores, por lo cual también demandan el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075 para que estos magistrados sean retirados de sus cargos.  

Ayer, en Bolivia Tv, el presidente de la bancada del MAS en la Cámara Baja, Jerges Mercado, del bloque arcista, ratificó que la llave jurídica para destrabar las elecciones está en el TCP. “Inmediatamente el Tribunal Constitucional nos asigne la tutela, retomamos todo el proceso de preselección. Estábamos ya en la recta final”. Y admitió que los plazos están al límite, ya que para este año están previstas igual las primarias en las organizaciones políticas y la elección del nuevo Fiscal General.

Judiciales

La anterior semana se supo que el TCP ya sorteó el recurso presentado por la Asamblea y que se designó al Tribunal de Garantías del departamento de Pando para que asuma una determinación. Mercado complementó que se espera entre hoy y mañana si las judiciales son reencaminadas.

PRÓRROGA. Así, el TCP, cuestionado sobre todo por su resolución para la prórroga de mandato de los magistrados ante la no realización de las judiciales en 2023, y por otras deciciones como la “inhabilitación de Evo Morales” para las presidenciales de 2025, y la orden al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que supervise el congreso del MAS arcista en El Alto, tendrá de nuevo a su cargo una sentencia clave.

Y en ello no hay que olvidar que el año pasado fue precisamente el Constitucional que enterró los comicios, cuando se intentó impulsar el proceso mediante el proyecto de Ley 144 aprobado por la Cámara de Senadores. En diciembre, declaró inconstitucionales ocho artículos del documento y prorrogó a los magistrados. Ahora tiene la llave para el proceso, o el candado para cerrarlo de nuevo.

Román Loayza, uno de los fundadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó este viernes que, en caso de una eventual proscripción de ese partido, la facción arcista de esa organización política puede presentarse a las elecciones presidenciales de 2025 con la sigla del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

“Por ejemplo, nosotros somos de IPSP, el instrumento político que como florero ha manejado (Evo) Morales; con eso podemos unificar a todos los bolivianos y hacer un proyecto con el que podemos entrar a la arena política (en) 2025”, dijo el dirigente en Sucre, citado en una nota de Correo del Sur.

MAS

Las declaraciones de Loayza ocurren a nueve días de conocerse la primera amonestación al MAS de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por haber incumplido la disposición relativa a la renovación de su dirección nacional.

Según la Ley de Organizaciones Políticas, las organizaciones registradas ante el Órgano Electoral pueden acumular hasta dos infracciones de ese tipo; una tercera implicaría la pérdida de su personería jurídica.

“Sería mejor si se anula (la sigla)”, agregó Loayza y acusó al jefe nacional del MAS, Evo Morales, de “sabotear” a ese partido y velar por interés personales.

Elecciones

“Evo tiene que cambiar de actitud, tomar conciencia y respetar la democracia, eso no respeta, por eso hay que unificar al país y coordinar para llegar a las elecciones 2025 con nuevos elementos o con Lucho y David si es que ellos responden a los bolivianos”, remarcó.

Si bien la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) se declaró en emergencia por la amonestación y anunció una “lucha legal” para revertirla, el bloque arcista está a la espera de la decisión de la Sala Plena respecto del congreso celebrado a principios de mes en El Alto.

Sobre el tema, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) debe remitir este viernes su informe de supervisión al cónclave.

Aldo Morales, fiscal departamental de Oruro, informó que, en los últimos seis meses, al menos 10 policías están privados de libertad en el penal de San Pedro por su presunta vinculación con delitos relacionados a la Ley 1008.

“En los últimos seis meses, desde noviembre del año 2023, hasta la fecha, tenemos una decena de policías que están siendo investigados con delitos relacionados a la ley 1008. Están detenidos en el penal de San Pedro”, dijo la autoridad judicial a la red Uno.

Explicó que la mayoría de los efectivos implicados en esos casos tiene “rango bajo”, es decir, suboficiales. La Fiscalía, agregó, solicitó las fotocopias de las investigaciones para conocer si los investigados fueron dados de baja.

Policías

Morales consideró que Oruro “se ha convertido en una ciudad de paso” en el transporte de droga. Indicó que, diariamente, al menos una o dos personas son detenidas por transportar ese tipo de sustancias controladas, ya sea en vehículos particulares o, en algunos casos, oficiales.

“Se ha podido verificar mucho de esa droga, un 50% es producción nacional, existe droga que ingresa de Perú y su destino sería Chile”, explicó el fiscal.

El dato cobró relevancia en los últimos días con la aprehensión de un jefe policial que llevaba al menos 57 kilos de cocaína camuflados en los compartimentos de su vehículo. Sometido a una audiencia de medidas cautelares, el uniformado deberá cumplir detención preventiva de 30 días, informó el comandante de la Policía Boliviana, general Álvaro Álvarez. Además, el investigado será sometido a un proceso disciplinario.

Hace menos de dos semanas, otro jefe policial quedó aprehendido en Santa Cruz, también investigado por llevar sustancias controladas en su motorizado.

El presidente Luis Arce llamó ‘maq’agastos’ (persona que come sin trabajar) a los senadores que no aprobaron los créditos externos destinados a obras y que aún “duermen” en la Cámara Alta.

“El pueblo necesita obras, y para ello tenemos que avanzar aprobando esas leyes que ellos, egoístamente, los guardan bajo sus escritorios; estos ‘manq’agastos’ que no están haciendo nada por el pueblo boliviano e incumpliendo el mandato popular”, dijo el mandatario en la entrega de la Unidad Educativa San Andrés de Poroma, en el municipio del mismo nombre, en Chuquisaca.

El Mandatario se refirió a los proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados y que, hasta ahora, no fueron sancionados por el Senado. Todos ellos están destinados a infraestructura, salud, electrificación y preinversión.

Luis Arce

El principal escollo, desde febrero, es la condición de la oposición y el evismo del Movimiento Al Socialismo (MAS), que exigen, primero, abordar los proyectos de ley 073 y 075. Con estas dos normas se busca definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Arce atribuyó el retraso de esa aprobación al “egoísmo” de muchos asambleístas.

“Debemos lamentar esa actitud. Hay una intención de que el Gobierno no avance mejorando la economía, haciendo obras para el pueblo boliviano, no quieren que (las) hagamos, para decir después que la economía se cae por nuestra culpa, cuando son ellos los que paralizan y ahogan la economía”, protestó.

También dijo que los mismos legisladores que “bloquean” esos créditos pedirán a esa y otras regiones el “voto y apoyo a sus intereses” electorales.

Además de la infraestructura educativa, Arce entregó 60 viviendas y anunció la construcción de otras 130, con una inversión de Bs 15 millones. “Vamos a duplicar la construcción de viviendas”, comprometió.

Anunció también una inversión destinada a electrificación rural y carreteras para la integración de ese sector y fortalecer sus destinos turísticos, por ejemplo, en Toro Toro (Potosí).

El expresidente Evo Morales afirmó este viernes que el proyecto de ley para que los vocales electorales tengan un juicio de responsabilidades es un reconocimiento de indefensión y sumisión ante el Gobierno.

“La solicitud de parte de los vocales del TSE (Tribunal Supremo Electoral) de incorporarse al juicio de responsabilidades es el reconocimiento de la actual situación de indefensión y sumisión frente al Gobierno Nacional y al Órgano Judicial”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Así, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) se refirió a la solicitud presentada por el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, para que los vocales sean incorporados a Ley 044 de Juicio de Responsabilidades. El fin es que puedan acceder a un juicio de responsabilidades y no a un proceso penal; pues considera que son autoridades iguales a las de los demás órganos.

Evo Morales

“El país y la comunidad internacional cuestionan cómo sus decisiones cambian por sentencias judiciales manipuladas e impulsadas por el gobierno pasando por encima de la legalidad e imparcialidad”, consideró Morales en su misma publicación.

En las últimas semanas, Morales lanzó fuertes acusaciones contra los miembros de la Sala Plena y la Secretaría de Cámara del TSE; aunque sus cuestionamientos estaban enmarcados en el congreso del MAS.

Este viernes se cumple el plazo de 10 días para que la Sala Plena del TSE defina si registra o no las resoluciones del congreso arcista del MAS, del 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

TSE

Asimismo, esa instancia aún no emitió criterio respecto de la convocatoria del evismo, para el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

“Bolivia vive un serio riesgo democrático, donde las decisiones ya no las toman los electores, sino los jueces por mandato político”, complementó el exjefe de Estado.

Además de todas sus críticas, Morales puso en duda la independencia del TSE y sus miembros; según dijo, responden a órdenes del Palacio de Gobierno.