Dos exejecutivos de AeroSur se declaran inocentes
Díaz y Rocabado fueron detenidos en Santa Cruz y trasladados a La Paz.
Hugo Ernesto Díaz y Freddy Rocabado Rodríguez, exgerentes de la empresa AeroSur, negaron haber cometido los delitos de organización criminal y favorecimiento y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, en su declaración ante el fiscal asignado al caso, Marco Rodríguez.
La autoridad explicó que ambos imputados negaron las acusaciones ayer (sábado) mientras brindaban sus declaraciones informativas en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz. “Ellos afirman no tener ninguna responsabilidad, pero nosotros tenemos elementos que nos demuestran lo contrario”, dijo.
Díaz y Rocabado fueron detenidos el viernes en Santa Cruz acusados de estafa con víctimas múltiples entre otros delitos y pasaron la noche en celdas de la división policial; como resultado de una querella presentada por la Autoridad de Fiscalización y Regularización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
Ese delito también traspasó las fronteras. La Razón informó el 18 de mayo que la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT) de Argentina inició un proceso legal, por la venta de 1.250 pasajes para vuelos internacionales que fueron cancelados desde hace un mes. La acción jurídica fue planteada por 13 agencias.
El fiscal adelantó que el Ministerio Público estaba presentando una resolución ante el juez cautelar solicitando la aplicación de medidas cautelares para los acusados.
Consultado por el número de pasajes que los exejecutivos de la empresa vendieron aún sabiendo que no se llevarían a cabo los vuelos, Rodríguez indicó que extraoficialmente se conoce que fueron más de 10 mil. Señaló que para cuantificar los daños económicos que implica la venta ilícita, se deben esperar los resultados del análisis contable en proceso.
El jefe de Inteligencia de la División Corrupción Pública, mayor Fabricio Ormachea, al respecto indicó que se cree que los daños ascienden a más de $us 20 millones.
El caso está en el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal y para conocer si existirá imputación de parte de los acusados se debía esperar que las declaraciones concluyan, lo que no ocurrió hasta las 15.30, hora del cierre de la presente edición.