El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, brindó mayores detalles sobre el complejo industrial avícola que se construirá en La Paz para producir carne de pollo que cubrirá hasta un 8% de la demanda nacional y un 23% de la demanda en el departamento paceño.

“Se va a llegar tranquilamente a un 8% de toda la demanda nacional que pude incrementarse hasta un 10%. En el caso de La Paz, vamos a llegar al 23% de la capacidad; entonces, en el occidente del país vamos a ser un proveedor importante”, explicó en entrevista con Bolivia Tv.

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Pollo

De acuerdo con el viceministro, el consumo anual de carne de pollo por persona es de 46 kilogramos aproximadamente. La planta que anunció el Gobierno prevé producir al menos 11 millones de unidades de pollo en un año.

El complejo, en el cual se invertirá Bs 608 millones, constará de un frigorífero en El Alto, un matadero y procesador de carne de pollo en Caranavi y granjas e incubadoras en Ixiamas.

Por ello, Siles destacó que “va a haber un desarrollo económico local grande en el norte de La Paz”. En su criterio, la construcción de la planta permitirá que los productores de soya y maíz, para alimentar a los pollos, también incrementen su productividad al tener un mercado fijo.

Sin embargo, aclaró que durante la primera etapa de funcionamiento el alimento provendrá de Santa Cruz.

De acuerdo con la autoridad, el complejo permitirá que exista un “equilibrio productivo” entre el occidente y oriente boliviano, para que no se genere tanta “dependencia”.

Al no ser productor de carne de pollo, el occidente del país sufre desabastecimiento a causa de bloqueos de carreteras o fenómenos climáticos adversos.

Según el viceministro, Bolivia es uno de los países con mayor consumo de carne de pollo. La diferencia de consumo con la carne de pescado (2,2 kilogramos per cápita al año), por ejemplo, es de más de 40 kilogramos por año.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió este miércoles la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y convocó nuevamente a los sectores que observan la propuesta a sumarse a la elaboración de la reglamentación.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

“Les hemos ofrecido que la reglamentación pueda ser en conjunto con el sector pues ellos conocen muy bien”, indicó la autoridad.

El martes en Santa Cruz, Montenegro explicó a los productores que la disposición no está dirigida a ellos. Sin embargo, ese sector, además de empresarios e industriales objetan la propuesta y exigen su eliminación.

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Disposición

Montenegro argumenta que la disposición es para hacer frente al contrabando, al agio y la especulación. Señaló que se apunta, principalmente, a los intermediarios que serían los que más se benefician.

“¿O nos vamos a inventar que estaban saliendo productos alimenticios por las fronteras? ¿O es un invento del Gobierno que tanto arroz, huevo y carne salen de las fronteras?”, afirmó.

Asimismo, Montenegro aseguró que “se requiere una normativa con rango de ley” y subrayó que “este pedido no es para estigmatizar a los productores”.

El proyecto de ley, actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.

Este miércoles, las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras descartaron participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima y solicitan la eliminación total de ese texto.

El secretario del Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, Juan José Huanca, informó que, en esa instancia analizan propuestas para optimizar el sistema de subvención de combustible.

El objetivo es garantizar una distribución más equitativa y sostenible de los recursos. Huanca, de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló la necesidad de clasificar a los beneficiarios por sectores.

“Existen vehículos con altas cilindradas y deberán asumir el costo total de los combustibles; mientras que los sectores estratégicos; como la agricultura, tendrán prioridad para beneficiarse”, explicó.

Asimismo, destacó que está coordinando con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para poner en marcha un sistema tecnológico; que permita identificar a los beneficiarios y garantizar el suministro continuo para los productores.

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Combustible

El legislador subrayó la importancia de elaborar un proyecto de ley consensuado con los sectores afectados.

Respecto a las filas en las estaciones de servicio que persisten en algunas regiones del país, dijo que se convocará a autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que expliquen las acciones que están asumiendo y el plan para agilizar el normal suministro de carburantes.

En noviembre, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, explicó que la subvención de combustibles le representa al Estado un gasto de aproximadamente $us 56 millones semanalmente.

La subvención de combustible en Bolivia es una política que permite abastecer al mercado interno con gasolina y diésel a precios más bajos. Sin embargo, según autoridades de Gobierno, debido a que el 50% de la gasolina es importada y el 86% del diésel se trae del mercado exterior, los costos son mucho más elevados.

En Bolivia, el litro de gasolina se comercializa a Bs 3,74, mientras que el litro de diésel cuesta Bs 3,72.

En un comunicado conjunto, las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras descartaron participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y solicitan la eliminación total de ese texto.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Las cámaras manifiestan este miércoles “su firme y categórico rechazo” a esa disposición que “dispone la confiscación y decomiso de producto a las empresas”.

“El sector privado, en ejercicio de su compromiso con el desarrollo económico del país; anuncia que no participará en procesos de reglamentación relacionados con la citada disposición”, dice la nota.

Asimismo, le piden al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa no aprobar esa normativa; que “vulnera los derechos fundamentales como libertad de producción y comercialización”.

Alertan que, de aprobarse la norma, se profundizará el clima de inseguridad jurídica, “ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras; en detrimento de la economía nacional, en un escenario en que urge aumentar la producción y exportar”.

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Cámaras

Además, las cámaras advierten que la aplicación de esa disposición generará un entorno propenso a la arbitrariedad; y a la extorsión de funcionarios públicos e incentivará la informalidad. Advierten que también podría generar efectos negativos como el desabastecimiento de productos alimenticios.

El documento está firmado por la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y la de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Industria; la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y del resto de los departamentos.

El Gobierno defiende la disposición y asegura que todos los niveles del Estado contarán con el respaldo legal para realizar los operativos de control y los productos que sean decomisados serán comercializados a precio justo.

Este miércoles, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió la propuesta y convocó a los sectores a sumarse al diseño de la reglamentación.

La Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz, señala que el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, es “una carta blanca para la emisión, endeudamiento y desinstitucionalización”.

Mediante un comunicado, indica que la actual situación económica del país demanda ajustes que respondan de manera efectiva a las necesidades urgentes del país.

“El Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo a la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) refleja, una vez más, la decisión irresponsable de continuar con un modelo agotado; y que, además, atenta de manera contundente contra la institucionalidad del país”.

La entidad cruceña considera que el Legislativo debería rechazar el proyecto y le plantea cinco argumentos:

El primero es que se trata de un atentado directo a la estabilidad macroeconómica, pues contempla un déficit fiscal de Bs 35.000 millones; lo que equivale al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB), que “solo puede financiarse por dos alternativas, ambas altamente nocivas”.

La primera-explica-es el financiamiento interno provisto por el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Gestora Pública de Pensiones (GPP), «según el presupuesto, por Bs 60.000 millones bajo la línea de endeudamiento interno”.

“Esto implicaría tomar Bs 10.000 millones de los aportes de los trabajadores a las pensiones y otros Bs 50.000 millones como crédito del BCB. En términos sencillos, esto constituye emisión inorgánica, cuya consecuencia directa es mayor inflación”.

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Argumentos

El segundo argumento es la insostenibilidad. La Cainco explica que la segunda forma de financiar el déficit fiscal es mediante endeudamiento externo. “Según el proyecto del PGE, este será de Bs 14.000millones; equivalente a $us 2.000 millones, solo mediante títulos de deuda con el sector privado”.

La entidad reconoce que temporalmente y dentro de límites prudenciales, se puede usar el endeudamiento externo, principalmente para la importación de combustibles, dice que la estrategia del Estado no puede concentrarse “únicamente en el endeudamiento como única fuente de divisas”.

El tercer argumento es la transgresión a la institucionalidad y explica que en “los últimos años, el Ejecutivo ha seguido prácticas nocivas, incorporando artículos específicos en la Ley Financial para dejar sin efecto otras leyes. Un ejemplo de ello ha sido la constante vulneración de la Ley del Banco Central para obtener financiamiento más allá de los límites prudentes”.

El argumento cuarto es la represión y distorsión del mercado. El documento dice que los controles de precios son medidas represivas, distorsionan el mercado e incentivan la creación de mercados negros. Además, dice “son vehículo para la imposición de multas y medidas arbitrarias a las empresas formales”.

Crisis

Según la Cainco si se quiere controlar la inflación las herramientas son las políticas monetaria, fiscal y cambiaria. Además, justifica, el PGE excede sus atribuciones.

El quinto argumento es la desconexión de la realidad nacional y de la crisis y explica que el documento desconoce “la profunda crisis que enfrenta el país desde 2023. En esencia, es una paráfrasis del proyecto de 2024, casi una copia en términos de estructura y fundamentos”.

En los últimos días, varios sectores y actores políticos critican el PGE 2025, tildándolo de centralista y reclaman el gasto público, el déficit fiscal y una disposición sobre el decomiso de productos, la que califican como atentatoria contra las actividades comerciales y la economía.

El proyecto fue entregado a fines de octubre y está en tratamiento en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. En caso de no ser analizado en 90 días por el Legislativo, será aprobado por decreto.