Un grupo de al menos 500 transportistas destruyó el martes con maquinaria pesada un puesto de cobro de peajes de Vías Bolivia en Ivirgarzama, Cochabamba, en medio de protestas vinculadas a la escasez de combustibles.

El viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, anunció que se iniciarán acciones legales contra los responsables bajo el artículo 223 del Código Penal, que sanciona la destrucción de bienes estatales.

Según el funcionario, los atacantes superaron en número a los cinco policías y personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que custodiaban el lugar.

«Condenamos estos actos y llamamos a respetar las leyes que mantienen el orden jurídico», declaró Ponce de León, tras señalar que el incidente se enmarca en convocatorias de algunos sectores del transporte a no pagar peajes ni impuestos.

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Transportistas

El dirigente del Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, había anunciado el lunes que su sector suspendería el pago de tributos y peajes ante la imposibilidad de acceder a divisas para adquirir combustibles, medida que propuso el Gobierno para aliviar la escasez de carburantes.

El viceministro advirtió que tales llamados constituyen «instigación pública a no pagar tributos», delito penado por el Código Tributario.

El Gobierno reiteró que la red vial nacional depende financieramente del cobro de peajes, y que su destrucción afecta la mantención de carreteras, por lo que la medida es contraproducente para el propio sector. Por ello, Ponce de León instó a los transportistas a no seguir consignas que violen la ley, mientras la tensión por la falta de diésel y gasolina agudiza el conflicto entre el sector y el Estado.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció el domingo que esta semana se debe regularizar el suministro de combustible, pero el transporte pesado denuncia que no se cumplió el compromiso, por lo que se declaró en quiebra.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, afirmó en una reciente entrevista que la economía del país no se regulará mediante decretos gubernamentales, sino con políticas estructurales que generen estabilidad y crecimiento. Camacho enfatizó que las medidas anunciadas por el gobierno tienen un impacto marginal y que el empresariado boliviano ha logrado unificar esfuerzos como nunca antes en su historia.

Un empresariado unido ante la crisis

En diálogo con el programa Piedra, Papel y Tinta, Pablo Camacho señaló que más de cincuenta instituciones de distintos sectores se reunieron en torno al comité multisectorial, con el objetivo de defender la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país. Este movimiento, que ha reunido a gremios de diversas regiones, responde a la preocupación por las recientes medidas del gobierno, que afectan el sector productivo.

“Imagínate tener a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), FEAGRO, CANIOP, los sectores de la leche, cárnicos y exportadores, todos unidos. Esto es histórico”, destacó Camacho.

Sin embargo, aún existen divergencias dentro del empresariado. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) no se ha sumado al comité multisectorial, pese a haber sido invitada. Aun así, Camacho subrayó que el espacio sigue abierto para todos los sectores que deseen integrarse.

Decisiones gubernamentales con impacto limitado

Respecto a las recientes medidas económicas del gobierno, Camacho expresó dudas sobre su eficacia. Considera que acciones como la ampliación del horario del teleférico en La Paz o la reducción del parque automotor estatal no tienen un efecto significativo en la reactivación económica. Según camacho no se puede regular la economía con amenazas y decretos»

“Si consideramos que el parque automotor del Estado representa solo el 1.6% del total de vehículos en Bolivia, reducirlo a la mitad no genera un impacto real en la demanda de combustibles”, explicó.

Para el líder empresarial, es fundamental que se impulsen políticas económicas sostenibles, que garanticen la estabilidad del sector productivo y no dependan de medidas transitorias.

Seguridad jurídica y estabilidad económica

Uno de los puntos centrales de la discusión fue la disposición séptima, cuya aplicación fue suspendida tras la admisión de una denuncia en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, Camacho advirtió que esta decisión no desactiva la preocupación empresarial ni las acciones que tenían previstas.

“Este fallo nos da una certeza temporal, pero los problemas persisten. Aún enfrentamos el desabastecimiento de diésel y la incertidumbre sobre el incremento salarial”, sostuvo.

La falta de liquidez también es una preocupación clave para el sector empresarial. Camacho señaló que la aprobación de un crédito de 1.600 millones de dólares en la Asamblea Legislativa no resolverá la crisis si no se garantizan condiciones favorables para la inversión privada.

“La economía no se va a regular con amenazas. No podemos sostener un tipo de cambio artificialmente sin respaldo real”, afirmó.

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El futuro de la movilización empresarial

Tras el fallo del Tribunal Constitucional, el comité multisectorial evaluará la continuidad de la movilización planificada para el próximo lunes. Camacho indicó que la decisión se tomará en una reunión virtual con los distintos sectores.

“Este movimiento no tiene un trasfondo político, como algunos han intentado sugerir. Se trata de proteger la propiedad privada y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo industrial en Bolivia”, enfatizó.

A medida que la situación económica del país evoluciona, el sector privado sigue presionando por soluciones estructurales que permitan la sostenibilidad y el crecimiento económico.

Tras la conclusión de la denominada Cumbre por la Democracia y la Estabilidad a la que convocó el Gobierno, el expresidente Evo Morales calificó al encuentro como un “insulto” y “distracción” diseñado para ocultar el “sufrimiento del pueblo”.

Morales afirmó que el acuerdo alcanzado no resuelve de forma estructural la crisis económica, ya que las largas filas para adquirir combustible, la falta de dólares y la escasez de alimentos seguirán siendo la realidad diaria para los bolivianos. Asimismo, enfatizó que la inflación y el alza de precios continuarán erosionando el poder adquisitivo de la población.

El expresidente subrayó que Bolivia necesita un cambio radical en la gestión económica, orientado al bienestar del pueblo y la patria, y rechazó la dependencia del endeudamiento y la limosna internacional como soluciones paliativas.

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Morales

“El presidente (Luis Arce), sus ministros y otras autoridades deben compartir el dolor del pueblo que sufre hambre, desempleo y recesión”, expresó Morales, denunciando además que las pugnas políticas y los intereses particulares han dejado al país sin una respuesta efectiva ante la crisis.

En el encuentro convocado por el Gobierno en la Casa Grande del Pueblo, representantes de distintos órganos del Estado y fuerzas políticas se reunieron con el objetivo de buscar la estabilidad en medio de la crisis de abastecimiento.

Durante dicho encuentro se rechazó el intento de acortar el mandato del presidente Arce y se reafirmó la realización de las elecciones generales para el 17 de agosto.

Los participantes destacaron que “el diálogo y la democracia son el mejor camino para la convivencia y el desarrollo económico y social”, un mensaje que, según Morales, resulta una maniobra para desviar la atención de los problemas estructurales.

Para Morales, esta situación demuestra el fracaso del actual modelo de gestión económica, que ha llevado al país a enfrentar una severa crisis que afecta a todos los sectores. E

Por ello, el exmandatario hizo un llamado a implementar una política de austeridad real, que ponga fin al “derroche y a la corrupción” y que garantice un cambio profundo en favor de los trabajadores y las familias bolivianas.

Pese a las dificultades para abastecerse de diésel, la cosecha de soya avanza en un 20%, según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). De acuerdo con el presidente de la institución, Klaus Frerking, se logró el levantamiento de unas 250.000 hectáreas de soya de las 1,2 millones que se proyecta cosechar.

“Van siendo cosechadas el 20%, estamos hablando de 200.000, 250.000 hectáreas, esperemos que el diésel oportuno esté. El ciclo de cosecha es innegociable, tenemos que cosechar hasta finales del próximo mes toda la soya para iniciar la siembra de invierno”, afirmó el presidente de agro cruceño este martes.

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Soya

De acuerdo con Frerking, en caso de lograrse la cosecha del 80% restante se pone en riesgo la seguridad alimentaria de todo el país, debido a que de la soya se producen varios alimentos y es esencial para alimentar al ganado y todos sus derivados.

Por ello, lamentó que todavía, pese a la insistencia del sector, todavía no se garantice combustible para realizar el levantamiento de toda la soya que además representa ingresos de $us 2.000 millones en exportaciones.

“La solución la tiene el Estado y es el responsable de dar esta solución a todos los ciudadanos (…), tienen que estar las decisiones a la altura”, señaló.

En criterio de Frerking, el Gobierno ha perdido credibilidad, debido a que se compromete con varios sectores para garantizar el abastecimiento de carburantes, pero las palabras no se traducen en hechos.

En ese sentido, espera que hasta finales de abril las autoridades provean diésel al sector o le permitan, de manera irrestricta, importar el carburante para garantizar la cosecha.

El Gobierno, por su parte, afirmó que los 27 millones de litros de combustible que demanda el agro están garantizados. El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, indicó que la seguridad alimentaria no está en riesgo y que la cosecha dura más de 45 días, por lo que pidió al sector no “alarmar” a la población.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció este martes el reinicio del despacho del 100% de combustibles desde la planta de Senkata hacia La Paz, El Alto y provincias del departamento, tras días de restricciones que redujeron los volúmenes al 50% y generaron largas filas en las estaciones de servicio.

La empresa estatal detalló que su personal trabaja en doble turno y de manera ininterrumpida para cubrir la demanda.

“Esperamos que, en las próximas horas, en los próximos días, las filas reduzcan”, Álvaro Tumiri, gerente de Comercialización de YPFB, desde la planta de Senkata.

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YPFB

La medida busca revertir la crítica escasez de gasolina y diésel que afectó a miles de usuarios, especialmente en el eje metropolitano, donde decenas de vehículos colapsaron vías en busca de combustible.

YPFB aseguró que, aunque la normalización será gradual, se priorizará el flujo continuo hacia las regiones más impactadas.

Tumiri detalló que son 60 cisternas las que realizan los despachos de manera continua las 24 horas del día hacia las diferentes estaciones de servicio.

La reducción del 50% en los despachos, implementada días atrás por problemas logísticos y falta de divisas para importaciones, desencadenó un escenario de desabastecimiento y malestar social. Transportistas, cooperativas y ciudadanos reportaron esperas de hasta 24 horas en estaciones, mientras sectores productivos alertaron sobre pérdidas económicas.

YPFB instó a los sectores sociales que anunciaron protestas a «reflexionar» y contribuir a un «clima de paz». Sobre el paro de transporte en El Alto, donde se encuentra la planta de Senkata, Tumiri señaló que se tomarán las medidas para que la logística de la cisterna no sea afectada.

Sin embargo, invitó a los sectores a analizar las medidas de presión ante este nuevo anuncio que garantizará un normal abastecimiento.

La empresa reiteró que opera de lunes a domingo en todos sus turnos para cumplir con el abastecimiento, aunque no precisó plazos exactos para restablecer el stock nacional.

Además, la estatal se comprometió a informar sobre avances, en un contexto donde la población sigue reportando incertidumbre y desconfianza ante el suministro de combustibles.