La Asociación de Productores de Oleaginosa y Trigo (Anapo) denunció este lunes que el Gobierno no está entregando el Certificado de Abastecimiento Interno, principal requisito para autorizar la exportación de soya.

Los productores se mantienen en alerta y temen la pérdida de mercados en el exterior debido a que este año no fue expedido el documento.

El gerente de Anapo, Jaime Hernández, explicó que el Decreto Supremo 3920, de 2019, establece que cada gestión, a principios de enero; se debe liberar el equivalente a un 60% de la producción de soya del año anterior.

“Se autoriza la exportación de grano de soya equivalente al sesenta por ciento (60%) de la producción nacional de la gestión anterior según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística–INE; previa verificación de suficiencia y abastecimiento en el mercado interno a precio justo”, dice el artículo 1 del mencionado decreto.

Según los soyeros, el certificado debía emitirse hasta el 10 de enero; sin embargo, hasta este 17 de febrero aún no se ha emitido.

Soya

“Debido a esa situación desde enero de 2025 no se ha exportado ni un solo grano de soya; causando un gran perjuicio a los productores que ven en este mecanismo la posibilidad de poder negociar mejor sus precios con los compradores, es el reclamo que haremos”, indicó Hernández en Unitel.

El gerente de la entidad productiva dijo que se hicieron las gestiones con el Ministerio de Desarrollo Rural y con el de Desarrollo Productivo, pero aún no tienen ninguna respuesta.

“Entendemos que el Viceministerio de Comercio Interno que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo es la instancia que no está dando cumplimiento a la emisión del certificado de abastecimiento interno para el grano de soya”, denunció.

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Perjuicio

Los soyeros están en emergencia, pues temen perder la credibilidad de los compradores en mercados del exterior. Indicó que les preocupa es que el precio vaya a disminuir en plena cosecha de la campaña de soya de verano.

Temen, además, que al no exportar no podrán cubrir los costos de producción y que el Gobierno asuma la misma decisión con otros granos como el sorgo, maíz y trigo.

Hernández indicó que en el país hay más de 14.000 productores, entre pequeños, medianos y grandes; que están siendo perjudicados con el incumplimiento de Gobierno.

En noviembre de 2024, La Razón informó que a septiembre de ese año las exportaciones de soya y sus derivados cayeron drásticamente en el país, con una reducción de $us 523 millones y 708.000 toneladas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los soyeros esperan recuperar este 2025 las ventas y acercarse a las cifras de 2023, cuando la soya generó divisas por más de $us 1.750 millones; gracias a la exportación de 3,2 millones de toneladas, consolidándose como “la reina de las exportaciones” en Bolivia.

La reunión multisectorial que analizará nuevas medidas para exigir la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) se instaló la mañana de este lunes en instalaciones del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

En el encuentro participarán también dirigentes de Comcipo que reclaman contra dos contratos de litio firmados con una empresa china y otra rusa y que están en revisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El presidente de Comcipo, Alberto Pérez, criticó que el Gobierno por tomar decisiones en solitario, sin consultar a las instituciones. 

“Queremos ser más estratégicos y queremos ir juntos con nuestras demandas para hacer fuerza. Entonces, el día lunes (por hoy) vamos a tratar ambos temas: la Disposición Séptima y el tema del litio”, confirmó el dirigente.

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Más de 45 gremios participan del encuentro, además de industriales y empresarios que reclaman contra la disposición séptima sobre confiscaciones.

Los sectores protagonizaron la semana pasada un paro de 24 horas; sin embargo, éste tuvo fuerza solo en Santa Cruz.  Luego de esa medida, anunciaron que realizarán movilizaciones escalonadas hasta conseguir la derogación de esa norma.

Los sectores productor, empresarial, industrial y gremial consideran que la norma atenta contra la propiedad privada y se puede aplicar de manera arbitraria.

La disposición séptima de la Ley 1613, del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, faculta realizar “confiscación y/o decomiso de productos”. Esto en relación a “los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

El Gobierno convocó a varios sectores a dialogar sobre la norma observada y garantizó que ésta está en pausa hasta que sea consensuada con todos los sectores.

La empresa argentina Ferromutún importará 900.000 toneladas de hierro de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) de Bolivia durante dos años. El domingo, un convoy de 12 barcazas cargó 25.000 toneladas con destino a ese país, informó el presidente de la estatal, Jorge Alvarado.

“Nuestro cliente a quien hemos vendido el mineral se llama Ferromutún y vamos a seguir sacando esta cantidad de mineral en los meses siguientes. Tenemos un contrato con esta empresa para poder sacar 900.000 toneladas, eso lo vamos a hacer en el transcurso de unos 2 años”, informó Alvarado.

Las 12 barcazas partieron el domingo de la terminal de Puerto Busch, en Santa Cruz, cada una llevando entre 2.000 a 2.300 toneladas del mineral rumbo a Argentina. En el acto participó también el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos.

Asimismo, asistió el presidente de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, Pedro Dorado López; y el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún visitaron la terminal de carga de Puerto Busch.

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Toneladas

“Están haciendo el carguío a las barcazas para sacar los 25.000 (toneladas) y seguiremos exportando el material hierro que tenemos y eso va a ser para el bien de todos los municipios de este sector tan importante para el bien del departamento de Santa Cruz y para el bien de todo el pueblo boliviano”, resaltó Santos.

Alvarado, indicó también que por día cargan entre 6.000 a 8.000 toneladas por día, un récord en la región “gracias a la destreza y experticia de sus trabajadores”.

La ESM es administradora de la terminal de carga de Puerto Busch.

El Complejo Siderúrgico del Mutún está conformado por siete plantas: Concentración, Peletización, Reducción Directa del Hierro (DRI), Acería, Laminación, Central Eléctrica y Auxiliares. Las primeras cinco son parte de la cadena productiva.

En la etapa de pruebas con carga, el Complejo Siderúrgico del Mutún produjo en enero de este año sus primeras barras corrugadas para la construcción y alambrón.

Hace unos días, el ministro Santos informó se tiene previsto inaugurar el Complejo Siderúrgico del Mutún este próximo 24 de febrero.

El viceministro de Turismo, Hiver Flores, proyecta un movimiento económico superior a los Bs 380 millones durante el Carnaval de Oruro en el año del Bicentenario.

“Pretendemos superar, en cuanto al turismo interno y receptivo, los 380 millones de bolivianos para la gestión 2025”, aseguró el domingo.

Recordó que la actividad reúne a miles de turistas extranjeros y nacionales; y en esta época del año el turismo “se fortalece y hace que la economía se diversifique”.

Asimismo, Flores dijo que el Gobierno realiza varias actividades para potenciar la cultura y el turismo en el país; y en el caso del carnaval se invitó al grupo infantil Nansana Kids Foundation de Uganda. Los jóvenes y niños arribarán el 27 de febrero; estarán en el Carnaval de Oruro y visitarán el Salar de Uyuni, en Potosí.

“Tenemos contactos a diario (con Nansana Kids) a través de videollamadas y están muy emocionados de venir. El alcance que tienen permitirá que Bolivia tenga una mayor visibilidad a nivel mundial; porque tienen seguidores en todo el mundo”, explicó.

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Carnaval

El Ministerio de Culturas oficializó el sábado el lanzamiento del Carnaval boliviano y la Vendimia del Bicentenario con la reafirmación de la defensa de la riqueza cultural. La actividad contó con la representación de las danzas de los 22 carnavales de nuestro país.

En el acto, la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Esperanza Guevara, informó que el ministerio que preside trabaja en la proyección, recuperación, conservación: revitalización y difusión del patrimonio material e inmaterial”, que se constituye en una tarea principal en el año del Bicentenario de Bolivia.

En año pasado, el Carnaval de Oruro generó un movimiento económico de Bs 280 millones; debido al bloqueo de carreteras.

El Carnaval de Oruro fue declarado por la Unesco como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” el 18 de mayo de 2001.

La producción de gas natural y petróleo ha caído a niveles alarmantes en los últimos 11 años y no se prevé que esta situación vaya a cambiar en los próximos años debido a la declinación en los campos hidrocarburíferos.

La Razón hizo un análisis de los datos publicados en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y pudo evidenciar que la caída es sostenida desde 2015, un año después de que se registrará un récord histórico de producción.

La información preliminar de la oficina estatal muestra que, en 2014, la producción de petróleo y condensado fue de 18,6 millones de barriles, pero en casi 11 años cayó en 62,4%. Entre enero y noviembre de 2024, Bolivia produjo 7,0 millones de barriles. (Ver infografía).

Ese mismo año (2014), se registró una producción de 22.188 millones de metros cúbicos de gas y entre enero y noviembre de 2024 esta cifra mermó en 50,6% y se anotó una producción de 10.962 millones de metros cúbicos.

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El país, actualmente, solo produce el 15% de diésel y el 30% de la gasolina que consume.

Bolivia, en sus mejores tiempos, producía más del 85% de carburantes y solo importaba un 15%. Ahora, la situación se volcó.

La causa fue el agotamiento de los pozos petroleros y la falta de exploración de nuevos yacimientos. La disminución de ambos recursos estratégicos de Bolivia generó la caída de las exportaciones de hidrocarburos y en consecuencia un menor ingreso de divisas.

PROYECTO DE LEY

En ese marco, y con el objetivo de fortalecer la reactivación del sector de hidrocarburos, generando las condiciones necesarias para captar inversiones en el corto plazo, el Gobierno presentó en noviembre de 2024 un proyecto de ley de modificación de la Ley 767, que fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su discusión y aprobación.

“Estamos creando una oportunidad muy grande para atraer capital extranjero que permita incrementar la producción de hidrocarburos y reducir la dependencia de importaciones, lo que beneficiará a toda la economía nacional”, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, quien detalló los alcances de la norma.

La autoridad se refirió a los esfuerzos estructurales del Gobierno para abordar los desafíos del sector hidrocarburífero en Bolivia, destacando la importancia para que se apruebe este proyecto de ley que regula los incentivos a la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

Gallardo señaló que la modificación de la Ley 767 es un paso fundamental para solucionar la actual baja producción de hidrocarburos, que ha llevado a Bolivia a depender de importaciones para satisfacer la demanda interna.

Asimismo, la autoridad aclaró que “este proyecto de ley ha sido trabajado de manera consensuada con todos los sectores involucrados, buscando no solo aumentar la producción interna, sino también abrir nuevas oportunidades para la inversión extranjera”.

Entre los actores involucrados figuran empresas clave como Repsol, Petrobras, Total Energies, YPFB Chaco y otras, quienes destacaron el trabajo coordinado entre el ministerio y el sector privado.

INCENTIVOS PARA SUBIR LA PRODUCCIÓN

Gallardo resaltó que el proyecto de ley incluye incentivos tanto para la producción de combustibles líquidos y gaseosos como para la exploración de nuevos yacimientos. “El objetivo es crear un marco normativo que permita a las operadoras, tanto nacionales como extranjeras, aumentar su participación en la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que a su vez contribuiría a la expansión de la producción de gas y petróleo en el país”, afirmó.

El ministro subrayó que, a diferencia de iniciativas previas, el proyecto de ley fue elaborado con una amplia consulta a los diferentes actores del sector, lo que garantiza que los cambios respondan a las necesidades reales del sector y contribuyan al fortalecimiento de la industria hidrocarburífera en Bolivia.

Con la presentación de esta ley, el Gobierno busca enfrentar de manera estructural los retos de la producción de hidrocarburos y asegurar un suministro estable y sostenible para el mercado interno.

PLAN DE REACTIVACIÓN DEL UPSTREAM

Paralelamente a estas acciones, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos puso en marcha en julio de 2021 el Plan de Reactivación del Upstream (PRU), con el objetivo de realizar inversiones en la exploración y explotación de gas y petróleo en el país.

Producto de este trabajo, en julio de 2024, el presidente Luis Arce reveló el hallazgo de 1,7 Trillones de Pies Cúbicos (TCF por su sigla en inglés) de gas natural en el campo Mayaya, ubicado en la provincia Caranavi de La Paz.

Con el hallazgo, luego de la perforación del pozo Mayaya Centro-X1 Investigación Estratigráfica (MYC-X1 IE), éste se convierte en el tercer mayor campo productor de hidrocarburos del país y en el primero del departamento de La Paz.

Arce anunció en esa oportunidad que el proyecto contempla el desarrollo inicial de tres pozos y la construcción del ducto de interconexión para la producción de hasta 10 millones de metros cúbicos (MMm3) de gas natural y de 500 a 1.000 barriles de petróleo por día.

Se prevé que el campo Mayaya Centro X1 podría comenzar a producir hidrocarburos de tres a cuatro años, entre 2027 y 2028.