El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió este miércoles la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y convocó nuevamente a los sectores que observan la propuesta a sumarse a la elaboración de la reglamentación.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

“Les hemos ofrecido que la reglamentación pueda ser en conjunto con el sector pues ellos conocen muy bien”, indicó la autoridad.

El martes en Santa Cruz, Montenegro explicó a los productores que la disposición no está dirigida a ellos. Sin embargo, ese sector, además de empresarios e industriales objetan la propuesta y exigen su eliminación.

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Disposición

Montenegro argumenta que la disposición es para hacer frente al contrabando, al agio y la especulación. Señaló que se apunta, principalmente, a los intermediarios que serían los que más se benefician.

“¿O nos vamos a inventar que estaban saliendo productos alimenticios por las fronteras? ¿O es un invento del Gobierno que tanto arroz, huevo y carne salen de las fronteras?”, afirmó.

Asimismo, Montenegro aseguró que “se requiere una normativa con rango de ley” y subrayó que “este pedido no es para estigmatizar a los productores”.

El proyecto de ley, actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.

Este miércoles, las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras descartaron participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima y solicitan la eliminación total de ese texto.

El secretario del Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, Juan José Huanca, informó que, en esa instancia analizan propuestas para optimizar el sistema de subvención de combustible.

El objetivo es garantizar una distribución más equitativa y sostenible de los recursos. Huanca, de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló la necesidad de clasificar a los beneficiarios por sectores.

“Existen vehículos con altas cilindradas y deberán asumir el costo total de los combustibles; mientras que los sectores estratégicos; como la agricultura, tendrán prioridad para beneficiarse”, explicó.

Asimismo, destacó que está coordinando con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para poner en marcha un sistema tecnológico; que permita identificar a los beneficiarios y garantizar el suministro continuo para los productores.

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Combustible

El legislador subrayó la importancia de elaborar un proyecto de ley consensuado con los sectores afectados.

Respecto a las filas en las estaciones de servicio que persisten en algunas regiones del país, dijo que se convocará a autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que expliquen las acciones que están asumiendo y el plan para agilizar el normal suministro de carburantes.

En noviembre, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, explicó que la subvención de combustibles le representa al Estado un gasto de aproximadamente $us 56 millones semanalmente.

La subvención de combustible en Bolivia es una política que permite abastecer al mercado interno con gasolina y diésel a precios más bajos. Sin embargo, según autoridades de Gobierno, debido a que el 50% de la gasolina es importada y el 86% del diésel se trae del mercado exterior, los costos son mucho más elevados.

En Bolivia, el litro de gasolina se comercializa a Bs 3,74, mientras que el litro de diésel cuesta Bs 3,72.

En un comunicado conjunto, las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras descartaron participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y solicitan la eliminación total de ese texto.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Las cámaras manifiestan este miércoles “su firme y categórico rechazo” a esa disposición que “dispone la confiscación y decomiso de producto a las empresas”.

“El sector privado, en ejercicio de su compromiso con el desarrollo económico del país; anuncia que no participará en procesos de reglamentación relacionados con la citada disposición”, dice la nota.

Asimismo, le piden al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa no aprobar esa normativa; que “vulnera los derechos fundamentales como libertad de producción y comercialización”.

Alertan que, de aprobarse la norma, se profundizará el clima de inseguridad jurídica, “ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras; en detrimento de la economía nacional, en un escenario en que urge aumentar la producción y exportar”.

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Cámaras

Además, las cámaras advierten que la aplicación de esa disposición generará un entorno propenso a la arbitrariedad; y a la extorsión de funcionarios públicos e incentivará la informalidad. Advierten que también podría generar efectos negativos como el desabastecimiento de productos alimenticios.

El documento está firmado por la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y la de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Industria; la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y del resto de los departamentos.

El Gobierno defiende la disposición y asegura que todos los niveles del Estado contarán con el respaldo legal para realizar los operativos de control y los productos que sean decomisados serán comercializados a precio justo.

Este miércoles, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió la propuesta y convocó a los sectores a sumarse al diseño de la reglamentación.

La Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz, señala que el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, es “una carta blanca para la emisión, endeudamiento y desinstitucionalización”.

Mediante un comunicado, indica que la actual situación económica del país demanda ajustes que respondan de manera efectiva a las necesidades urgentes del país.

“El Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo a la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) refleja, una vez más, la decisión irresponsable de continuar con un modelo agotado; y que, además, atenta de manera contundente contra la institucionalidad del país”.

La entidad cruceña considera que el Legislativo debería rechazar el proyecto y le plantea cinco argumentos:

El primero es que se trata de un atentado directo a la estabilidad macroeconómica, pues contempla un déficit fiscal de Bs 35.000 millones; lo que equivale al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB), que “solo puede financiarse por dos alternativas, ambas altamente nocivas”.

La primera-explica-es el financiamiento interno provisto por el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Gestora Pública de Pensiones (GPP), «según el presupuesto, por Bs 60.000 millones bajo la línea de endeudamiento interno”.

“Esto implicaría tomar Bs 10.000 millones de los aportes de los trabajadores a las pensiones y otros Bs 50.000 millones como crédito del BCB. En términos sencillos, esto constituye emisión inorgánica, cuya consecuencia directa es mayor inflación”.

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Argumentos

El segundo argumento es la insostenibilidad. La Cainco explica que la segunda forma de financiar el déficit fiscal es mediante endeudamiento externo. “Según el proyecto del PGE, este será de Bs 14.000millones; equivalente a $us 2.000 millones, solo mediante títulos de deuda con el sector privado”.

La entidad reconoce que temporalmente y dentro de límites prudenciales, se puede usar el endeudamiento externo, principalmente para la importación de combustibles, dice que la estrategia del Estado no puede concentrarse “únicamente en el endeudamiento como única fuente de divisas”.

El tercer argumento es la transgresión a la institucionalidad y explica que en “los últimos años, el Ejecutivo ha seguido prácticas nocivas, incorporando artículos específicos en la Ley Financial para dejar sin efecto otras leyes. Un ejemplo de ello ha sido la constante vulneración de la Ley del Banco Central para obtener financiamiento más allá de los límites prudentes”.

El argumento cuarto es la represión y distorsión del mercado. El documento dice que los controles de precios son medidas represivas, distorsionan el mercado e incentivan la creación de mercados negros. Además, dice “son vehículo para la imposición de multas y medidas arbitrarias a las empresas formales”.

Crisis

Según la Cainco si se quiere controlar la inflación las herramientas son las políticas monetaria, fiscal y cambiaria. Además, justifica, el PGE excede sus atribuciones.

El quinto argumento es la desconexión de la realidad nacional y de la crisis y explica que el documento desconoce “la profunda crisis que enfrenta el país desde 2023. En esencia, es una paráfrasis del proyecto de 2024, casi una copia en términos de estructura y fundamentos”.

En los últimos días, varios sectores y actores políticos critican el PGE 2025, tildándolo de centralista y reclaman el gasto público, el déficit fiscal y una disposición sobre el decomiso de productos, la que califican como atentatoria contra las actividades comerciales y la economía.

El proyecto fue entregado a fines de octubre y está en tratamiento en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. En caso de no ser analizado en 90 días por el Legislativo, será aprobado por decreto.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invierte aproximadamente $us 78,3 millones en la perforación del pozo Iñau-X3D (IÑA-X3D), en Chuquisaca, proyecto en el que se estima un potencial de 1,05 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de gas natural.

El monto total de inversión está asociado a la construcción del camino, planchada y la perforación del pozo exploratorio; según un comunicado institucional. El tiempo estimado de las operaciones de perforación es de 330 días.

“Las operaciones de perforación del pozo se iniciaron este martes, lo que permitirá explorar el potencial hidrocarburífero existente en los reservorios de las formaciones Huamampampa; Icla y Santa Rosa. Este proyecto se encuentra en la Cuenca del Subandino Sur y tiene un gran potencial gasífero”; indicó Fernando Arteaga Pinto, gerente nacional de Exploración y Explotación de YPFB.

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La perforación del pozo tiene como meta alcanzar una profundidad de 5.750 metros y el objetivo de investigar el potencial hidrocarburífero de las areniscas devónicas en las formaciones mencionadas.

El pozo Iñau-X3D está ubicado en la provincia Luis Calvo, en el área Iñau, desplegada en la zona tradicional petrolera del país. El prospecto exploratorio está ubicado en el departamento de Chuquisaca; y forma parte del Plan de Reactivación del Upstream (PRU), estrategia de la estatal petrolera que apunta a reponer e incrementar reservas hidrocarburíferas.

El prospecto exploratorio es operado por la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación de YPFB; pero YPFB Andina S.A., empresa subsidiaria de la estatal petrolera, realiza la perforación mediante un servicio integrado.