lunes 19 abr 2021 | Actualizado a 12:09

Importancia de las alianzas público-privadas

/ 8 de octubre de 2017 / 04:00

Bolivia es una tierra bendecida con oportunidades: recursos naturales que el mundo quiere comprar y una ubicación privilegiada donde se podrá ver algún día trenes rápidos y modernos transitando a toda velocidad por la vía férrea bioceánica. Este gran potencial ha sido ampliamente reconocido a lo largo de la historia económica del país y mucho más en tiempos recientes pero —como decimos en el Reino Unido— “la clave está en el detalle”. El detalle en este caso está en cómo embarcarse en proyectos muy grandes, costosos y complejos de una forma responsable usando los recursos públicos y asegurando un mayor bienestar para el pueblo boliviano.

Una forma en la que el Reino Unido ha encarado estos desafíos es recurriendo a las asociaciones público-privadas (APP). Las APP son modelos de negocio que se utilizan para grandes proyectos de inversión en los que cualquier riqueza o activo público involucrado será siempre de propiedad del Estado, mientras que las tareas de inversión y operación eficiente son encaradas por la empresa privada, bajo un acuerdo que establece que ambas partes comparten de manera justa los riesgos y beneficios emergentes de la actividad.

Esta motivación por combinar el valor público con la eficiencia privada llevó al Gobierno británico a invertir de manera significativa en las alianzas entre ambos sectores. De hecho, la visión del Reino Unido es que una buena parte de los servicios públicos en el futuro no serán entregados por el Gobierno directamente sino mediante modelos de asociaciones público-privadas, ya sea con mutuales dirigidas por empleados, empresas sociales, de beneficencia o proveedores comerciales, dependiendo de lo que funcione mejor.

Es importante destacar que las APP no significan privatización. Por el contrario, pueden ser de interés para quienes se preocupan por preservar la soberanía de un país. Más aún, son una buena manera de atraer capital privado en caso de que el gobierno estuviera encarando tantos proyectos que se produce una presión excesiva sobre las finanzas públicas.

Un ejemplo ilustrativo de este tipo de asociaciones sería aquel en el cual los privados invierten para construir la infraestructura y operan la misma por un tiempo determinado, bajo estrictos estándares de calidad acordados con el gobierno, generando ingresos que aseguren un retorno justo por su inversión. Por su parte, el sector público cumple su mandato ante la población, genera ahorros fiscales importantes y asegura la propiedad de dicha infraestructura a favor del Estado a la conclusión del contrato de APP.

Por supuesto, nada es fácil. En los primeros días de estas sociedades, el Reino Unido se encontró con que algunos modelos eran ineficientes, inflexibles y carecían de transparencia. Hemos aprendido las lecciones y ahora tenemos una experiencia importante sobre cómo hacer que las APP funcionen bien.

Los nuevos enfoques aseguran que el sector público obtenga una buena relación calidad-precio y que los contribuyentes consigan un acuerdo justo ahora y en el largo plazo. El desempeño financiero de los proyectos se difunde ampliamente para su escrutinio, incluyendo las ganancias de los inversionistas privados, porque la percepción pública es clave. Un proyecto lento y costoso crea tensión y puede tornarse en políticamente tóxico con el tiempo. Aprender estas lecciones de otros puede resultar extremadamente valioso.

Las ventajas de la APP bien lograda pueden superar de lejos a los modelos del sector público. Alianzas correctamente manejadas pueden conducir a una mayor eficiencia, asegurar que los proyectos se concreten en tiempo y presupuesto y crear disciplinas correctas e incentivos para que el sector privado maneje los riesgos de manera efectiva.  

El Reino Unido ha recurrido a las asociaciones público-privadas en una variedad de sectores, desde hospitales hasta embajadas. Hemos llevado adelante más de 700 proyectos durante más de 20 años y hemos asesorado a gobiernos de todo el mundo sobre cómo desarrollar sus propios modelos de APP. Los contratos para implementarlas son con frecuencia complejos y toman tiempo para ser negociados, por lo que si se está incursionando en este campo a veces es mejor comenzar con proyectos pequeños.

Me complació saber que el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, planteó en la I Reunión Plenaria del Grupo Operativo Bioceánico la creación de una asociación público-privada de inversores para el proyecto del tren bioceánico. El informe del encuentro señala que las APP “se han convertido en una herramienta exitosa común para diseñar, construir, financiar, operar y mantener proyectos de infraestructura pública”, y se acordó trabajar en un modelo de asociación diseñado específicamente para el proyecto.

La idea de un diseño especial es importante. El modelo de las APP es flexible y Bolivia podría adaptarlo de acuerdo con sus necesidades. Ya sea con trenes, minas u hospitales, no puedo menos que alentar al Estado Plurinacional a considerar su propio modelo de asociaciones público-privadas. La experiencia británica está a su disposición.

  • James Thornton es embajador del Reino Unido en Bolivia

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¿CENSO PARA 2024? Polémica y debate sobre más recursos regionales

Decisión. El Gobierno desautoriza al director del INE y aclara que no hay definición sobre año del censo. Surgen críticas por la falta de coordinación

/ 18 de abril de 2021 / 19:28

ECONOMÍA

Una nueva fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda puede postergar las demandas regionales para una nueva distribución de recursos. Analistas critican “contradicciones” en el Gobierno y observan que por la falta de datos, el país “camina a oscuras”.

Cambiar la fecha del operativo censal previsto para 2022 postergaría la posibilidad de conocer cómo está el país en materia de salud, educación, vivienda, acceso a servicios básicos y tecnología, así como sobre el uso de energía, empleo y migración regional; información necesaria para la “toma de decisiones en materia económica y social”, aseguró a LARAZÓN el analista económico José Luis Carvajal.

Mientras que el economista Jimmy Osorio acotó que “posterga la aplicación de políticas adecuadas que puedan generar las autoridades nacionales y departamentales, porque estamos caminando a oscuras y con datos de 2012 (último censo efectuado en el país)”.

También identificó el “incumplimiento de la normativa vigente en el país, que plantea que los censos nacionales de población y vivienda deben ser efectuados cada 10 años”.

POLÉMICA. La discusión surgió a raíz de un anunció del director general ejecutivo del INE, Humberto Arandia, quién la pasada semana afirmó que “en la medida que se tenga todas las condiciones técnicas financieras y logísticas, cumplidas a cabalidad, este proyecto puede tardar tres años y medio. Entonces estamos hablando de manera optimista; si se cumple todos estos requisitos, mínimamente el censo poblacional se realizaría en 2024”.

Esta declaración fue criticada por Osorio, al señalar que la población requiere “niveles de certeza” porque con los datos del censo “no solo se ve el tema poblacional para la distribución de recursos o escaños (legisladores por departamento), sino también se obtiene información concreta sobre pobreza, vivienda, educación, salud, ingresos, trabajo con precisión sobre algunas proyecciones que se pueden dar”.

De igual manera, Carvajal expresó su preocupación por que esta postergación de dos años del nuevo operativo censal responda a decisiones políticas del Gobierno antes que a razones técnicas. “Están retrasando la posibilidad de contar con información” clave para asumir medidas económicas y sociales, además postergan las aspiraciones regionales para acceder a más recursos, dijo.

Así como los analistas, surgieron críticas regionales que se concentraron en Santa Cruz y el anuncio de articular acciones cívicas para la realización del censo. Por ejemplo, el electo gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho advirtió que el aplazamiento del censo “puede generar confrontación e inestabilidad en el país; Luis Arce debe actuar responsablemente, tiene un año para organizar el censo”.

Ante esa situación, el viernes pasado el Gobierno salió a aclarar que por el momento no hay ninguna definición sobre el año de realización del Censo de Población.

A través de un comunicado, el Ministerio de Planificación del Desarrollo señaló: “Se tiene a bien aclarar que el Gobierno Nacional no ha definido el año en el que se realizará el censo. Por tanto, el planteamiento efectuado por el INE es una sugerencia”.

COORDINACIÓN. Para Osorio la aclaración del Gobierno no sólo puso al descubierto “contradicciones”, sino también una falta de coordinación entre las autoridades del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del INE, en un tema delicado como es dar “certidumbre” a la población sobre la situación del país y la información de sus principales indicadores económicos.

Asimismo calificó de “loable” la decisión del Gobierno de “desautorizar y desmentir” a Arandía, precisando que el operativo censal “no es una cuestión exclusiva del INE sino es un tema de Estado, porque a través de este proceso se definirá políticas y el destino del país. Deben poner sus barbas en remojo”, parafraseó.

No obstante insisitió que “nunca coordinaron en el nivel central y secundario”, sobre la importancia del censo para la toma de decisiones.

Respecto a las demandas regionales, el 8 de abril pasado, el INE informó que en esta gestión Bolivia alcanzará los 11.842.000 habitantes, es decir, se proyecta un crecimiento del 11,3% con relación a los resultados del censo de 2012 cuando la población sumó 10.027.254.

Con estos datos oficiales comenzó a debatirse en niveles políticos sobre la posibilidad de llevar adelante en el país una nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria para las regiones con mayor población, sobre todo en departamentos como Santa Cruz y La Paz.

En el primer caso se estimó que en esta gestión los habitantes cruceños llegarán a 3.363.400, lo que representa un crecimiento del 21,1% comparado con los datos censales de hace nueve años, cuando alcanzó a los 2.655.084 habitantes.

DECISIÓN. En tanto, en La Paz se observa un crecimiento del 11,3% que, comparado con la medición de 2012, la población de este departamento llegó a 2.706.000 habitantes y la proyección para este año es de 3.023.800.

Esta proyección “preocupa al Gobierno, porque tendrá que quitar recursos a algunos (departamentos o municipios) y probablemente subir a otros”, según análisis de Carvajal, quien consideró que técnicamente una nueva distribución se puede efectuar al inicio de cada año. “No se necesita un censo”, sostuvo.

En tanto, el analista de presupuestos públicos y fiscalidad de la Fundación Jubileo, René Martínez, dijo que las proyecciones de población del INE no cambian los factores de distribución de recursos en Bolivia, como son los de coparticipación tributaria para municipios, “porque la Ley Marco de Autonomías (Ley 031) establece en su disposición transitoria tercera que las transferencias de coparticipación se realizarán en función de los datos del último Censo de Población, entonces tiene que ser con los resultados oficiales del nuevo censo”.

Reiteró que las proyecciones no afectan los recursos y que se debería esperar los resultados del próximo censo poblacional.

Observan la falta de datos de 2020

CRISIS. Los datos del censo son claves para definir políticas para salud, educación, empleo e ingresos que requiere la población

Según evaluación del analista económico José Luis Carvajal, existe “hermetismo” en el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los datos del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) a diciembre de 2020, así como del desempeño del PIB al tercer y cuarto trimestre del pasado año.

“Llama mucho la atención porque la metodología no se ha modificado y no se ha hecho un cambio del año base de las cuentas nacionales, que podrían provocar estas demoras, pero no hay nada de eso”, indicó.

Consultado a qué atribuye las demoras en la difusión de este tipo de información que procesa el INE, Carvajal no dudó en señalar que existe “una decisión desde algún nivel del Ministerio de Planificación del Desarrollo o del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su caso, de otro nivel más alto que ha pedido que las cifras del desempeño de la economía no sean publicadas”.

Conforme al calendario estadístico del INE, en enero de este año, debía presentar la información del PIB trimestral a septiembre de 2020 y a la fecha no se cumplió con la programación.

Y el IGAE a diciembre del pasado año debía publicarse en febrero y este mes debería conocerse el PIB al cuarto trimestre de 2020 pero “no hay nada”, observó el analista.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en la “Rendición pública de cuentas final-2020” efectuada en febrero, con datos al primer semestre de la gestión pasada, mencionó que el PIB de Bolivia se contrajo en el segundo trimestre de 2020 hasta en un -11,1%, y que la economía nacional se situó en el antepenúltimo lugar de crecimiento en Sudamérica, siguiéndole Argentina (-12,5%) y Perú (- 17,1%). Y en marzo, en la presentación del Programa Fiscal Financiero 2021 se anunció de forma directa un crecimiento de 4,4% y una inflación controlada de 2,6% para esta gestión.

POBLACIÓN. Conforme a los datos del INE, la esperanza de vida de los bolivianos subió un 6,2% entre 2012 y 2021. Hace nueve años, este indicador llegaba a 69 años y la proyección para esa gestión es de 73 años.

“Esto demuestra que debido a la esperanza de vida hay más personas adultas en el país, lo cual obviamente tiene sus efectos económicos, al haber más personas de 60 años, la Renta Dignidad que se tiene que pagar cada año va creciendo también y todos los beneficios a los adultos mayores”, dijo el analista.

Asimismo, Carvajal destacó que en Bolivia los adultos llegan a 1,3 millones de habitantes, a diferencia de hace 10 o 15 años, cuando este grupo poblacional no pasaba del millón, datos que se obtiene a partir de proyecciones, concluyó.

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Jaime Ascarrunz: ‘Hay acciones adecuadas pero insuficientes’ ante la crisis

El reelecto presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) evalúa el impacto de la recesión económica en ese gremio a consecuencia del COVID-19, el cierre de empresas, la pérdida de empleos, así como las acciones para superar la crisis

Jaime Ascarrunz, Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz.

Por Marco A. Ibañez

/ 18 de abril de 2021 / 19:15

ENTREVISTA

Las medidas aplicadas por el Gobierno para superar la crisis no son suficientes para el líder de los empresarios paceños, Jaime Ascarrunz. Considera importante la participación privada en ese proceso pero rechaza un incremento salarial para los trabajadores.

—¿Cuál es el balance que hace del impacto de la crisis sanitaria y económica en el gremio empresarial de La Paz?

—Los empresarios paceños estamos bastante preocupados porque estamos sufriendo el impacto recesivo de la pandemia, por un lado, y por otro, por la desaceleración de la economía. Es un problema que está afectando al conjunto de los empresarios y de forma más aguda a sectores como el turismo y hotelería, existen negocios que tuvieron que cerrar sus puertas porque no tuvieron la oportunidad de volver a operar de forma normal. Adicionalmente, se enfrentan complicaciones en el comercio internacional como cuarentenas, cierres de frontera y requisitos como pruebas PCR dentro de las 24 horas. A lo cual se ha suma retrasos e incumplimiento de itinerarios (transporte marítimo), falta de contenedores o rezago. Otro factor es el decrecimiento del mercado, debido a que la población prefiere ahorrar y gasta estrictamente lo necesario. (…). Otro sector que preocupa es la construcción, debido a que muchas empresas no han recibido sus pagos por obras concluidas pero tienen que cumplir con sus créditos y están con imposibilidad. También preocupa que en el leasing (arrendamiento financiero) se esté devolviendo equipos y maquinaria a los bancos porque no están encontrando la forma de utilizarlos con trabajo sostenido. Por ello, el panorama no es sencillo, no es halagador.

—¿Se tiene cuantificada las pérdidas en el sector empresarial?

—Indudablemente que las pérdidas son muy grandes, se habla que han cerrado más de 1.300 empresas con pérdidas de fuentes de empleo. La demanda se ha reducido y, por lo tanto, la oferta también. Por otro lado, hubo una subida en los precios de muchos insumos y materiales que son necesarios para diversos sectores. Tal es el caso de la construcción, donde el fierro subió entre un 38% y 40%, y no volverá a bajar en el corto plazo. Esto nos está restando competitividad porque van a incrementarse los precios y todo redunda en el mercado.

—Para superar la crisis, el Gobierno está aplicando medidas económicas, ¿éstas van por el camino correcto?

—Tengo la impresión de que hay algunas acciones que son adecuadas pero insuficientes, es decir, la situación está llegando a un punto tan crítico que algunas acciones que por muy buenas que sean tienen muy poco impacto.

—¿Qué medidas?

—Por ejemplo, el Gobierno aplicó un programa para sustitución de importaciones que ha servido a muchos sectores sobre todo de la pequeña empresa, así como la emisión de Bonos Soberanos; sin embargo, nos preocupa si esos bonos se podrán colocar por la imagen que estamos transmitiendo hacia afuera y si el costo de la colocación o el interés que se le debe poner para hacerlos atractivos no vaya a ser muy alto. Entonces vemos que se está haciendo esfuerzos pero creemos que se deben hacer otros adicionales. Nosotros pensamos que es necesario contraer deuda externa porque no hay otra forma de reactivar la economía y de invertir adecuadamente estos fondos para que estén en áreas productivas y que haya un retorno. En esto, la inversión pública es necesaria porque es un motor del crecimiento económico y, por supuesto, la inversión privada que necesita incentivos para que fluya hacia el país y se reactive la economía.

—¿Qué tipo de incentivos?

—Por lo menos dos tipos de incentivos, el primero relacionado a la seguridad jurídica a fin de que las empresas tengan la certeza de que cuando inviertan en Bolivia no sufrirán modificaciones, a medio camino, las reglas del juego. Y el segundo se refiere a incentivos tributarios para que anime a los inversionistas extranjeros.

—En ese contexto, ¿se puede hablar de un incremento salarial para este año?

—Nosotros consideramos que en una situación recesiva en la cual la economía está en una franca desaceleración y con riesgo de pérdida de fuentes de trabajo, no estamos en condiciones de hacer unos pagos adicionales, como un incremento salarial. Pero además, técnicamente estos incrementos tienen que compensar la pérdida del valor adquisitivo que se hubiera producido en la gestión pasada y en este caso de acuerdo a los datos del INE (Instituto nacional de Estadística), tenemos que en 2020 se registró 0,67% de inflación, es decir que no llega ni al 1%. Por lo tanto, no hay un monto importante que compensar. En esta situación creemos que la prioridad no es el incremento salarial, la prioridad es no perder fuentes de empleo. Por ello, recomendamos que entre todos nos pongamos de acuerdo y tratemos de conservar las fuentes de empleo, que en el corto y mediano plazo es mucho más importante que un 5% de incremento en el bolsillo porque ese 5%, en una condición como la que vivimos, puede tener un impacto en la reducción de personal.

—Se habla de un diálogo tripartito para tratar este tema.

—Tenemos la esperanza de poder participar, por primera vez, en reuniones tripartitas, como ha manifestado el Ministerio de Trabajo y creemos que entre todos: Gobierno, trabajadores y, por supuesto, empresarios tenemos que empujar el carro en una misma dirección.

PERFIL

Nombre: Jaime Ascarrunz Eduardo

Cargo: Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz

EMPRESARIO

Es ingeniero industrial, cuenta con cursos de alta gerencia, marketing, procesos industriales y administración. Es empresario agroindustrial, exportador de café y productor de té, importador de insumos para industria y construcción. También está relacionado con la construcción e inmobiliaria. Lidera a los empresarios paceños desde 2019 y fue reelecto para el periodo 2021-2023.

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Ventas de las mañaneras bajan un 70% por la crisis y por la ropa china

Producción. Las confeccionistas piden apoyar lo ‘Hecho en Bolivia’

VENTAS. En la calle Tumusla y la plaza Eguino de La Paz, desde tempranas horas del día, las mañaneras venden sus confecciones para superar la crisis

Por Sheila Olivarez

/ 18 de abril de 2021 / 19:10

ECONOMÍA

Las mañaneras, tradicionales confeccionistas que comercializan sus productos en las calles Tumusla y la plaza Eguino en La Paz, sufren las secuelas de la crisis económica ocasionada por el COVID-19 y la importación de ropa china. Sus ventas bajaron hasta un 70%.

La emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus afectó duramente a este sector productor, provocando el cierre de talleres, desempleo y una reducción considerable de su capacidad de producción. Una situación que se agravó en los últimos meses por la importación de ropa china de muy bajo costo que compite con las prendas que confeccionan.

LA RAZÓN efectuó un recorrido por la calle Tumusla y la plaza Eguino de La Paz, zonas donde a muy tempranas horas del día, hasta antes de las 10.00, ubican sus puestos de venta las productoras de ropa nacional denominadas “las mañaneras”.

En esa ruta la oferta es variada así como los precios de los productos, sin embargo la afluencia de los compradores bajó.

Según relato de Sonia Pérez, una productora de este gremio, las ventas bajaron en un 70% debido a factores como la crisis económica ocasionada por la pandemia y el bajo costo de las prendas chinas que se importan al país sin control de las autoridades.

“Hay afiliadas que fallecieron por el COVID-19, por ello algunas tienen problemas físicos que no están relacionados al coronavirus, pero por miedo a ser contagiadas ya no salen a vender, ya no producen”, comentó a este medio.

Para apoyar a las mujeres confeccionistas que tienen problemas de salud, se realizan colectas entre las afiliadas para colaborar con los gastos médicos o el sepelio en caso de fallecimiento de alguna productora, dijo Pérez.

De igual manera para Angélica Mamani, productora afiliada a la Asociación de Trabajadores Comerciantes Minoristas y Artesanos Tumusla-Eguino, “las prendas chinas están en todos los mercados y galerías, nadie controla el ingreso de estas ropas al país”.

Esta productora confecciona y vende chompas en tela polar y algodón, en diversas tallas y colores para varón desde Bs 40.

“La venta bajó demasiado, yo tenía seis y hasta ocho costureros; ahora solo costuramos con mis hijos”, lamentó.

A Mamani le preocupa que el Estado no cuente con medidas de control para regular la llegada de ropa china a Bolivia y recordó que estas mercancías continuaron ingresando al país a pesar del confinamiento el pasado año.

“La producción nacional está desapareciendo, no tenemos un mercado para exportar nuestra producción, nos hemos llenado de ropa china”, advirtió.

Foto: Sheila Olivarez

APOYO. Celia Mamani, afiliada a la Asociación de Vestuarios Illampu, explicó que antes de la pandemia confeccionaba entre 10 y 20 docenas por mes y que a la fecha solo produce una a dos docenas.

“Vivimos al día, estamos totalmente fregados (…) ya no tenemos trabajo los costureros”, dijo.

Mamani explicó que su asociación tiene 300 afiliados y a pesar de la crisis siguen produciendo ropa, pero en menor cantidad.

Como tercer factor que afecta a la producción de ropa nacional identificó a la venta de ropa usada.

Por ello pidió a la población apoyar la producción nacional comprando abrigos, chompas y pantalones confeccionados por productores bolivianos. “No busquen prendas extranjeras, apóyennos en esta crisis”, enfatizó.

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ECOFUTURO impulsa créditos por más de $us 20 MM

Créditos. Esta banca apoya negocios agropecuarios, de producción y turismo en Tarija

PRODUCCIÓN. El sector agropecuario de Tarija es el principal beneficiario de créditos productivos

Por Marco A. Ibañez

/ 18 de abril de 2021 / 19:02

EMPRESA

En medio de la pandemia del COVID- 19, entre abril de 2020 y marzo de 2021, Banco PYME Ecofuturo atendió 1.140 solicitudes de créditos en Tarija, logrando desembolsar $us 6.301.950 para negocios agropecuarios, producción y turismo en la región.

“Para nosotros es un honor acompañar a nuestros clientes con créditos y promoviendo el ahorro, especialmente durante la pandemia. Hasta marzo 2021 contamos con una cartera de créditos que llega a $us 32.186.797, de los cuales $us 20.807.954 pertenecen a créditos productivos favoreciendo a emprendimientos agropecuarios, pecuarios, producción y apoyo al sector turismo en este departamento”, destacó Marcos Dennis Cortez, gerente de la Sucursal Tarija de Banco Ecofuturo.

Explicó que las operaciones vigentes en Tarija suman 6.187 y la mora total alcanza el 0,80%, que muestra que los clientes tarijeños, principalmente productores microempresarios, están cumpliendo con sus obligaciones bancarias. “Cabe destacar que durante la pandemia, Banco Ecofuturo desembolsó $us 6.301.950, otorgando a 1.140 créditos entre abril 2020 y marzo 2021”, reiteró.

El ejecutivo también destacó el crecimiento de la cultura del ahorro en Tarija, permitiendo mayores captaciones a esa banca, siendo EcoAguinaldo una de las solicitadas, al tratarse de una cuenta de ahorro programada en la que el cliente establece un plan de ahorro fijando un monto de depósito mínimo mensual, en un plazo entre 12 y 24 meses y definiendo la frecuencia de sus pagos, y cumplido el plazo, obtiene el total de sus ahorros y el doble del interés acumulado. Entre diciembre 2020 y marzo 2021 se realizó la apertura de 1.529 cuentas, apuntó.

Asimismo, el Súper DPF se ha convertido en un producto estrella de Ecofuturo porque entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 la apertura de depósitos a plazo fijo llegaron a un monto de $us 1.007.000.

“Estamos cerca de nuestros clientes en la capital y en las provincias donde no llegan otras entidades financieras”, relievó Cortez.

CRECIMIENTO. Ecofuturo cuenta con cinco agencias en Tarija, dos de las cuales están en la capital (Central Tarija y Mercado Campesino) y las otras tres en los municipios de Entre Ríos, Yacuiba y Bermejo, en la frontera con Argentina. También ofrece a sus clientes tres puntos de atención en los municipios de Padcaya, Valle de la Concepción y Villamontes.

En 2018, Ecofuturo inició su proceso de transformación, orientado a mejorar la eficiencia y con el propósito de alinearse a las nuevas tendencias y mejores prácticas bancarias a nivel nacional.

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Yanbal, la empresa con mayor reputación

ALCANCE. En Bolivia cuenta con 15.000 consultoras de belleza

PRODUCTOS. La oferta es variada en cosméticos, fragancias y joyería

Por Marco A. Ibañez

/ 18 de abril de 2021 / 18:58

EMPRESA

Por su constante esfuerzo y sostenida visión, Yanbal Bolivia se consolidó como una de las empresas de mayor reputación en el país, situación que fue reconocida por Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).

Esta compañía que inspira a mujeres y hombres en el mundo, en Bolivia cuenta con más de 15.000 consultoras de belleza. Es una empresa que se compromete con sus clientes y también con sus consultores y directores independientes. Sus productos están en constante innovación y se ubican a la vanguardia de las tendencias del sector.

En 2020 aceleró su proceso de transformación digital e incorporó un catálogo en versión digital que permite interactuar, con videos y enlaces, lista de compra para enviar por WhatsApp o correo para una experiencia de usuario mucho más entretenida y segura.

Complementando esta nueva forma de comprar, incorporó el servicio Yanbal Delivery, que permite llegar a la casa del cliente con un servicio de entrega de primer nivel, cuidando todos los protocolos de seguridad.

Por todos estos avances, Yanbal Bolivia fue reconocida como una de las empresas de mayor reputación en el país por Merco, un instrumento de evaluación reputacional lanzado en el año 2000, basado en una metodología multi- stakeholders compuesta por seis evaluaciones y 25 fuentes de información.

MERCADOS. Fundada en Lima, Perú, la compañía empodera a más de 600.000 consultores de belleza en 9 mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa. Vende productos cosméticos, fragancias y joyería.

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