El Madidi está a un paso de convertirse en ‘tierra de nadie’
Imagen: La razón archivo, marco uzquiano
El parque y reserva natural está a un paso de convertirse en ‘tierra de nadie’. No hay presencia del Estado
Imagen: La razón archivo, marco uzquiano
Impacto. Sin presencia del Estado, mineras explotan oro usando mercurio, que afecta al ecosistema de esa reserva.
ECONOMÍA
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi se encuentra a un paso de convertirse en “tierra de nadie”. Empresas mineras explotan oro utilizando mercurio sin control, que pone en riesgo la biodiversidad de esa reserva.
Desde el pasado año hasta la fecha, actividades mineras se han asentado a orillas del río Tuichi en zonas como Charopampa, Santa Rosa, Glorioso, San José, Santa Clara, Pintata Mohima, Suyo Suyo Pavo Real, Suyo Suyo Ubito, Asariama Recina, entre otras, denunciaron a LA RAZÓN comunarios y guardaparques.
Lo preocupante de esta situación es que las cooperativas y empresas abren caminos, en la reserva natural protegida, para que a través de estos ingresen diferentes tipos de maquinaria.
Y además para la obtención del metal precioso se utiliza de manera ilegal el mercurio para separar el oro de la tierra.
En las zonas mencionadas, las actividades mineras se llevan adelante, sin descanso, 24 horas al día y los siete días a la semana.
Grandes empresas, fuertes inversiones e intereses familiares están detrás de estas actividades mineras, que evitan el pago de impuestos y regalías.
Los Quispes, Montalván y Virreira son algunos apellidos de los cuales se habla de boca en boca, entre los comunarios, para identificar a las familias que se adjudicaron concesiones o áreas para la explotación del oro en el Madidi.
Las cooperativas y empresas tienen el control de las zonas, impiden el trabajo de los guardaparques y en algunos casos no permiten el ingreso de los comunarios. Sus actividades mineras y el daño observado al medio ambiente fueron sancionados, pero continúan con sus operaciones.
En síntesis o como coincidieron en señalar los comunarios y guardaparques, “la cosa está jodida” en este Parque Nacional que está ubicado en los municipios de Apolo, San Buenaventura, Ixiamas, Pelechuco y Guanay, de las provincias Franz Tamayo, Abel Iturralde y Larecaja del departamento de La Paz.
ALERTA.
“El Madidi se está convirtiendo en tierra de nadie, donde no hay autoridad, no hay presencia del Estado, no se siente la presencia de una autoridad ambiental competente. Lastimosamente, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua no cumple su misión de fiscalización en el terreno o acompañando a los guardaparques”, alertó a este medio Marcos Uzquiano, exjefe de Protección del Parque Nacional, quien el pasado año hizo conocer las primeras denuncias sobre la actividad minera en esa reserva natural.
Uzquiano confirmó las denuncias de comunarios y guardaparques sobre las concesiones mineras en el Madidi. “Todo el río Tuichi, desde su cabecera hasta su desembocadura al río Beni, está cuadriculado, incluso el río Quendeque, cerca al puesto de control El Bala, donde están los guardaparques así como el río Madidi y el Tequeje. También en la frontera con el Perú, el río Tambopata también esta concesionado”, dijo.
Y siguió. “No sé qué se pretende, parecería que la estrategia (del Gobierno) es convertir el Madidi en un megacampo minero, sin autoridad, sin Estado, donde se extrae oro sin medir las consecuencias para las comunidades que están aguas abajo por la contaminación del río y su impacto en la biodiversidad”.
Según Uzquiano, los guardaparques fueron rebasados y su ingreso a las zonas auríferas es condicionado. “Es decir, les permiten ingresar siempre y cuando no paralicen y no ejecuten acciones en contra de esas actividades mineras”.
Agregó que estas actividades tienen procesos administrativos sancionatorios por parte de la administración del Parque Madidi. No obstante, “han pagados sus multas por el deterioro o daño ambiental, pero ninguna ha paralizado sus actividades”.
“Han vulnerado, han infringido, han destruido lo que es el bosque, generando sedimentos, están contaminando con mercurio. Pagan su multa, pero siguen en operación sin implementar ninguna medida o adaptarse a las normas ambientales”, lamentó.
ACCIONES.
En febrero pasado, la directora ejecutiva de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, informó que la entidad que dirige no otorgó ningún derecho para trabajar en áreas protegidas ni tampoco ningún permiso para que se pueda explotar minerales.
“A la fecha hemos rechazado 97 solicitudes nuevas de trámite que pretendían trabajar en áreas protegidas debido a que el certificado de compatibilidad de usos estableció que es una zona incompatible con la actividad minera”. Asimismo, la autoridad de la AJAM mencionó que existen trámites en curso que están supeditados a la emisión de certificados de compatibilidad de usos, que es el instrumento que determinará si es procedente la actividad minera.
Ese mismo mes la Coordinadora en Defensa de la Madre Tierra (Codma), junto a centenares de activistas, efectuó movilizaciones en La Paz advirtiendo que hay al menos nueve puntos nuevos de explotación minera ilegal en esta reserva y ratificaron la denuncia del ingreso de maquinaria pesada al parque y el establecimiento de más campamentos mineros.
Y el 22 de marzo pasado, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores evidenció que la minería ilegal en el Madidi está “fuera de control”, tras conocer un informe oral la directora de la AJAM, Brenda Lafuente, quien en esa oportunidad reveló la presencia de grupos armados en esa reserva natural.
“Es peligroso entrar al Parque Madidi (…), tenemos un informe que indica que las personas estarían armadas y yo no podría ser irresponsable para autorizar e instruir el operativo y tengamos alguna baja que sería lamentable para nuestro Gobierno y nuestro país. Independientemente del color político que tengamos, todos debemos preservar la vida del ser humano”, dijo Lafuente ante esa instancia legislativa.
Tras esos antecedentes y las nuevas denuncias, Uzquiano consideró la necesidad de una “intervención multisectorial e interinstitucional” en el Madidi, a nivel del Ministerio de Minería y la AJAM, pero que en materia ambiental debería involucrarse más el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).
“Si los guardaparques fueron rebasados, se puede convocar el auxilio de la fuerza pública”, porque ante el estado de “indefensión” de la reserva se debe generar un nuevo mecanismo de protección más efectivo, concluyó.
Minería ilegal: ‘No podemos sacarlos’, dice Sernap
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) tomó acciones en contra de las actividades mineras en el Parque Nacional Madidi, sin embargo no cuenta con las atribuciones para el desalojo. Los guardaparques son contados y afrontan limitaciones financieras.
“Han sido sancionadas y de acuerdo a la norma hemos tomado acciones para sancionar estas actividades ilegales que hacen en nuestra área protegida, pero no podemos sacarlos porque al final nosotros no tenemos esa atribución de hacer eso y tampoco tenemos una norma o ley que nos instruya que tenemos que sacar o desalojarlos. No se puede. Ahí está la AJAM, es su competencia”, comentó a La Razón el director ejecutivo de esta entidad estatal, Teodoro Mamani.
Según el funcionario, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) es la entidad estatal responsable de “fiscalizar y sacar a la minería que está trabajando en las áreas protegidas”, como en el Madidi.
“Nosotros (Sernap) hemos hecho conocer, hemos denunciado en su momento, hay notas que hemos mandado, más allá no podemos hacer nada porque no es nuestra competencia”, insistió Mamani al explicar que la entidad que dirige en su momento llevó adelante procesos administrativos sancionatorios a las mineras.
Asimismo, reconoció que en algunos lugares de la reserva natural, “los comunarios quizá hacen algún pacto con algunas empresas para que hagan ingresar maquinarias a las áreas protegidas”, pero que ahí está la AJAM para tomar las acciones inmediatas.
“Son varias (empresas), puedo decir que son cinco que están trabajando, pero al día siguiente son menos o pueden ser más porque es así. Hay movimiento”, dijo y agregó que se han “identificado siete u ocho entre cooperativas y empresas que están haciendo minería ilegal”.
LIMITACIONES.
A la falta de atribuciones o competencias del Sernap se suman limitaciones financieras y de personal para llevar adelante el control en las áreas protegidas del país.
Los parques nacionales y áreas protegidas representan el 17% del territorio boliviano; para su cuidado, control y protección, esta entidad cuenta con apenas 400 guardaparques.
“Apenas con esa cantidad de guardaparques no se puede hacer el control. En el Madidi se tiene dos zonas, A y B: la primera comprende Ixiamas y San Buenaventura, donde están 14 guardaparques, y la segunda está en Apolo con otra cantidad. No es suficiente para que hagan el patrullaje de todo el territorio”, dijo Mamani a este medio.
Ante esa situación, el director del Sernap consideró importante que el Gobierno central destine más recursos para proteger las reservas naturales.
“Necesitamos más recursos, más ítems para guardaparques, quizás lo que tenemos no es suficiente. Deberíamos tener para todo el territorio 800 o 1.000 para cubrir todo el territorio de los parques”, sostuvo.
El presupuesto de la entidad no llega ni a Bs 15 millones, el mayor porcentaje se destina al pago de salarios y beneficios.
“Estamos sobre los Bs 14 millones que son para sueldos y salarios para la gente que tenemos en las áreas protegidas y eso a veces no nos alcanza. Y se tiene que ver combustible, apoyo logístico, los vehículos de transporte. Es mucha la necesidad y no es suficiente lo que tenemos”, remarcó.
