Con las judiciales en vilo y el pedido del oficialismo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que revise el fallo de la Sala Constitucional en Pando, que detuvo todo el proceso de preselección, el TCP pidió a las demás salas constitucionales que le remitan todas las acciones que paralizaron el proceso de preselección de las judiciales.

El TCP informó a Correo del Sur que pidió a los magistrados que le hagan llegar todos los amparos constitucionales que presentaron los postulantes inhabilitados y que fueron aceptados por algún tribunal departamental.

Amparos

El proceso de preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial se detuvo parcialmente el 16 de abril. Esa vez, una Sala Constitucional en Santa Cruz aceptó un amparo constitucional presentado por una postulante inhabilitada.

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Desde entonces, se registraron al menos ocho amparos que imposibilitaron que el proceso se renueve, cuando se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes.

Acción popular

Sin embargo, el golpe definitivo llegó el 30 de abril, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Pando falló en favor de una acción popular que denunciaba que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, violaba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.

La ley quedó inaplicable y el proceso desahuciado. Diversos actores políticos presentaron opciones para retomar lo avanzado. Así, el oficialismo, a la cabeza del presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, pidió al TCP que revise el fallo de la Sala en Pando.

El TCP priorizó el pedido sobre otras acciones que debía tramitar, pero todavía no dio su veredicto. El oficialismo presiona a esta instancia, pues existe la posibilidad de que las judiciales coincidan con las elecciones primarias. Si así fuese, no habría elecciones judiciales, ya que el Órgano Electoral no puede realizar dos procesos electorales en simultaneo.

Este martes, los legisladores arcistas Jerges Mercado y Froilán Mamani insistieron al TCP para que dé una respuesta a la brevedad posible. Le piden determinar el devenir de las judiciales. En tanto, la oposición y el ala evista consideran que la solución está en la Asamblea Legislativa.

Pese a la tensa situación que atraviesa el Movimiento Al Socialismo (MAS), el jefe nacional del partido y expresidente, Evo Morales, afirmó que se decidió no expulsar al presidente Luis Arce ni al vicepresidente David Choquehuanca, luego de un ampliado del ala evista.

“Después del ampliado, en una reunión de la Dirección Nacional y el Pacto de Unidad, procedimos a hacer una revisión de las resoluciones. En ese sentido, hemos decidido, con disculpas a los asistentes, evitar que figure en las conclusiones la expulsión de Luis Arce y David Choquehuanca de las filas del MAS-IPSP”, escribió este martes en su cuenta de X.

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El pasado sábado, el ala evista del MAS celebró un ampliado en el que se trataron diversos temas. Entre ellos, se ratificó a Morales como único candidato del partido. Además, se exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que apruebe la convocatoria para el congreso evista, fijado para el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

Pese al pedido de las bases que apoyan a Morales, se decidió que Arce y Choquehuanca todavía son militantes del MAS.

‘Aprobación de créditos’

“Asimismo, dar continuidad a la aprobación de créditos con la debida fiscalización e interpelación”, pidió adicionalmente Morales a sus legisladores.

El lunes, en conferencia de prensa, el exmandatario pidió que los créditos pendientes sean aprobados para no perjudicar a la población.

Ocho proyectos de ley fueron aprobados en la Cámara de Diputados, pero el Senado no los sancionó. Pese a que el presidente de esta instancia, el evista Andrónico Rodríguez, sostuvo que la no aprobación se debía a detalles técnicos, los senadores evistas y de oposición afirmaron que no aprobarán ningún crédito hasta que no se traten los proyectos de ley 073 y 075, respecto a los plazos de los magistrados prorrogados.

Los proyectos suman un total de $us 645 millones que deben ser destinados a áreas que beneficiarán a la población. Como la infraestructura, salud o electrificación.

Inicialmente, en el ampliado, Morales ratificó la no aprobación de créditos. Sin embargo, desde el lunes cambió de postura y ahora pide aprobar créditos, pero controlando lo que se hace con los mismos.

Conocido el Tribunal que se encargará del caso en contra del vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez denunció que existió “manipulación informática” para que el caso sea sorteado a la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

«Tenemos certeza de que hubo manipulación informática para una vez más dirigir este caso a conocimiento de esta funesta Sala; la Sala Constitucional Primera (de La Paz)», afirmó. Adicionalmente, advirtió que no dudarán en presentar acciones penales en contra de los presuntos responsables.

El caso fue sorteado para la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acción que criticó Torrez.

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Sala Constitucional Primera

La Sala Constitucional Primera fue la que instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a supervisar el congreso arcista del MAS, pese a que el TSE había ratificado que el evento era contrario al estatuto orgánico del partido.

Desde entonces, en el evismo existe la susceptibilidad de que los tribunales intervienen en el funcionamiento de los demás órganos del Estado.

Torrez informó que se realizó una solicitud de excusa contra el vocal Israel Campero, para que se mantenga alejado del proceso en contra de Choquehuanca.

“Estoy convencido de que Israel Campero es totalmente funcional al Gobierno. Es operador del ministro de Justicia, Iván Lima”, afirmó el senador y le pidió que “por un mínimo de respeto” a la democracia se allane a la petición de excusa.

Choquehuanca

El pasado 6 de mayo, Torrez y la senadora Lucy Escobar interpusieron una acción contra Choquehuanca por incumplir con sus deberes de convocar al pleno de la Asamblea. Denunciaron que cinco meses pasaron desde la última sesión del pleno. En todo ese tiempo, critican, la Asamblea no trato los proyectos de ley 073 y 075, respecto al plazo de los magistrados y consejeros prorrogados.

Este martes, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de La Paz informó que la audiencia contra Choquehuanca está programada para las 16.00 de este miércoles.

Luego que la Procuraduría General del Estado ratificara que la reelección no es un derecho humano, Leonardo Loza, senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que no existe un documento en el que figure que Evo Morales está inhabilitado para las presidenciales de 2025.

“Es totalmente falso (la inhabilitación de Morales), no hay un documento expreso que nos diga que Evo Morales esté inhabilitado (…), en nuestro país no deciden fallos internacionales qué es lo que debemos hacer internamente”, indicó, en conferencia de prensa.

Convención Americana

Las declaraciones del senador van en sentido contrario a lo que expresó el procurador César Siles. Ratificó la postura que su entidad dio a conocer el lunes. En esa oportunidad, presentó y explicó el Análisis Especializado 04/2024, que enfatiza en que la reelección no es un derecho protegido por la Convención Americana.

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A través de la Opinión Consultiva 28/21, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho que pueda ser protegido. Concluye que la Corte tiene el deber “de evitar que una persona se perpetúe en el poder”.

De esta manera, la CIDH dio respuesta al polémico artículo 23 de la Convención Americana. Éste se reinterpretó como un reconocimiento del “derecho a la repostulación”.

Inclusive, a raíz de este artículo, Morales logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita la Sentencia Constitucional 084/2017, con la que fue a una tercera repostulación en 2019, contrariamente a los dos mandatos que establece la Constitución.

“Pueden sugerir, pueden plantear, pero no toman una decisión expresa”, criticó el legislador evista.

Sin embargo, la Procuraduría recalcó que Bolivia ratificó la Convención Americana, por lo que su cumplimiento es obligatorio.

Sentencia 1010/2023

“Yo no he visto ninguna sentencia, recalco, que pueda expresamente inhabilitarlo a Evo. Posiblemente alguna sentencia en la parte considerativa, en la parte declarativa. Pero no en la parte resolutiva y eso está de conocimiento”, respondió Loza, cuando le preguntaron sobre la Sentencia Constitucional 1010/23.

Efectivamente, dicha sentencia no falla expresamente sobre una inhabilitación a Morales, pese a que el Movimiento Al Socialismo (MAS) que respalda al presidente Luis Arce y la oposición lo hayan interpretado de esa manera.

La 1010/23 se trata de un fallo del TCP para que se realice una nueva convocatoria de candidatos a las elecciones judiciales. Sin embargo, el dictamen enfatiza, en su parte considerativa, que algunos magistrados no podían ser reelectos o continuar en sus funciones, porque la CIDH dictaminó que la reelección no es un derecho humano.

El lunes, la Procuraduría explicó que como el TCP emitió la sentencia 1010/23, eso la convierte en un “control de convencionalidad”, reconociendo lo establecido por la CIDH, por lo que su cumplimiento es obligatorio y vinculante, aunque se trate de otros actores y de otra materia.

Por ello, Siles consideró que la discusión en relación al tema de la repostulación de Morales “está cerrada”. Ante esas palabras, Loza pidió al procurador “proteger la democracia” y no opinar sobre Morales

Con un análisis jurídico especializado de una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General del Estado ratificó que la reelección indefinida no es un derecho humano.

“Se ha podido establecer de manera clara y precisa que la reelección presidencial indefinida no se encuentra expresamente protegida como un derecho autónomo dentro de la Convención Americana”, informó este lunes el subprocurador Manuel Medina en conferencia de prensa.

La Procuraduría informó a los medios algunos análisis especializados, que hicieron énfasis en la relección indefinida.

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El subprocurador presentó el Análisis Jurídico Especializado 04/2024, a través del cual enfatizó en que no existe en la Convención Americana ningún derecho a la reelección.

Sentencia 1010/23

“Con la Sentencia Constitucional 1010/23 se ha realizado el control de convencionalidad, que no es otra cosa que compatibilizar la Convención Americana de Derechos Humanos con las normas internas de nuestro país”, afirmó.

La Sentencia Constitucional 1010/23 se trata de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre las elecciones judiciales. En su parte resolutiva, concluye que es necesaria una nueva convocatoria para elegir a los altos cargos del Órgano Judicial.

Si bien la sentencia aborda teorías y derecho comparado sobre la reelección indefinida, no emite ningún fallo respecto de la materia.

Morales

Morales ganó las elecciones, bajo el Estado Plurinacional, en 2009 y 2014. En 2019 se presentó como candidato, pese a que la Constitución establece un máximo de dos mandatos. Lo hizo al amparo de una sentencia del TCP de 2017 que reivindicó la reelección como un derecho humano.

Aunque ganó las elecciones, la oposición denunció esos comicios como fraudulentos y Morales tuvo que renunciar ante la crisis política que se vivía.

Uno de los argumentos que utilizó Morales para su repostulación fue el artículo 23 de la Convención Americana. Éste establece que todos los ciudadanos tienen el derecho “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

De acuerdo con Medina, se interpretó que el artículo promovía un “derecho humano a la repostulación”. Entonces, a través de un fallo del TCP, Morales se presentó como candidato a las elecciones del 2019.

“Con la Sentencia 084/2017 se disponía la inaplicabilidad de una parte de la Constitución. Con el argumento de que la Convención Americana, en su artículo 23, reconocía la relección indefinida”, criticó Medina.

Sin embargo, en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretaría este artículo, ante su ambigüedad y el pedido de otros países.

Reelección

Es así que emitió la Opinión Consultiva 28/21. En ella, la Corte-IDH determinó que la reelección presidencial no es un derecho que pueda ser protegido. Concluye que la Corte tiene el deber “de evitar que una persona se perpetúe en el poder”.

Medina enfatizó en el cumplimiento obligatorio de lo que establece la Convención.

“Nuestro país, al haber ratificado, mediante una ley, la Convención Americana de Derechos Humanos, este instrumento internacional ya forma parte de nuestra normativa interna y es de cumplimiento obligatorio y vinculante”, insistió.

Pese a que la Sentencia 1010/2023 falla sobre las elecciones judiciales y no explícitamente sobre la reelección, toma en consideración la Opinión Consultiva de la CIDH. Por lo tanto, al haber sido emitida por el TCP, se reconoce como legítima la postura de la Corte-IDH respecto a la reelección, dijo.

Debido a que, en criterio de Medina, se podría interpretar que el rechazo a la reelección indefinida solo aplica para cargos de magistrados, el Análisis Especializado 04/2024 señala que la prohibición de la reelección es “contra todos o referente a todos”.