Sunday 28 Apr 2024 | Actualizado a 20:36 PM

Expediente Camacho: de ‘cerrar’ con militares a acordar ‘tumbar’ a Morales en 2019

Siendo presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho fue uno de los principales actores del derrocamiento del presidente Evo Morales en 2019.

Luis Fernando Camacho, durante la crisis de 2019 y en la actualidad. Fotos: APG-AFP

/ 29 de diciembre de 2022 / 18:11

El proceso por el que Jeanine Áñez fue detenida el 13 de marzo de 2021 estaba signado como “caso Luis Fernando Camacho y otros”, a instancias de la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Es el principal señalado de la refriega que en 2019 derrocó al entonces presidente Evo Morales después de las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019.

El miércoles fue aprehendido en un operativo policial inusual, que terminó trasladándolo a La Paz en un helicóptero Súper Puma, a requerimiento del fiscal del caso, Omar Mejillones.

Es acusado por el delito de terrorismo en grado de autor por los hechos precedentes a la renuncia del presidente Morales, el 10 de noviembre, y la proclamación de Áñez, dos días después.

Entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Camacho lideró las protestas desde el 22 de octubre, dos días después de los comicios generales, hasta la renuncia de Morales, el 10 de noviembre.

Una serie de declaraciones y acciones caracterizó al ahora gobernador de Santa Cruz, que luego de proclamación de Áñez se convirtió en su aliado principal.

El ‘punto final’ contra Morales

En un primer cabildo multitudinario en el Cristo Redentor, el 2 de noviembre, Camacho fue contundente. Consideró que la conminatoria a Morales para renunciar será el “punto final”.

Habían transcurrido 11 días del paro indefinido contra lo que consideró “fraude” en las elecciones generales del 20 de octubre.

“Tomemos decisiones mucho más duras para decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar, porque el lunes (4 de noviembre), a las 19.00, en cumplimiento al compromiso del cabildo y el plazo que estamos dando, (…) vamos a tomar determinaciones de que él se vaya”, arengó.

Lea más: Camacho acordó con un dirigente ‘tumbar a Morales’ en 2019; ‘tenía’ 6.000 mineros

Invocación a las FFAA

En ese mismo acto, Camacho invocó a las Fuerzas Armadas y le agradeció el “no aceptar órdenes de disparar contra su pueblo”.

“En este momento tan dramático y crucial de nuestro país, deben estar al lado de su pueblo; no se dejen amedrentar por ambiciones desmedidas. El que gobierna, pasa; el pueblo perdura y Dios castiga”, invocó.

Sucesión con la ‘decana’ del Tribunal Supremo

Al día siguiente, en otro cabildo, Camacho planteó la sucesión de la decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Queremos que asuma, como tiene que ser, la decana de Tarija de la Corte suprema (María Cristina Díaz Sosa), la única que no es masista”, desafió.

“No pensamos irnos con las manos vacías. Con la carta de renuncia de él (Morales) y de toda la sucesión y de toda la sucesión constitucional no queremos a (Álvaro) García Linera ni a los presidentes del Senado y de Diputados”, reclamó Camacho.

La Constitución actual, promulgada en 2009, establece esta línea de sucesión en caso de la dimisión del Presidente: Vicepresidente, presidente de la Cámara de Senadores y presidente de Diputados.

‘Pliego’ de la Policía

Cuando estuvo en La Paz, entre el 6 y 10 de noviembre, Camacho fue resguardado por efectivos de la Policía Boliviana en su recorrido por la ciudad y un cabildo con los cocaleros.

En el cabildo del 4 de noviembre, el líder cívico propuso a los manifestantes aprobar un pliego de al menos tres puntos a favor de los policías, además de reivindicar a los militares.

“El Gobierno quiso intentar comprar a la Policía con un bono de lealtad de Bs 3.000. Lo intentó con los militares y se lo rechazaron; ellos están con su pueblo”, arengó.

Reclamó “igualdad de condiciones salariales sociales y vivienda al personal, y a la par de las Fuerzas Armadas, jubilación al cien por ciento del haber ganado”.

En el punto 2, sugirió “restituir las unidades tradicionales por su Ley Orgánica de la Policía, la cual es una institución fundamental del Estado”. Se refería al servicio de identificación personal.

Punto 3: “poner en vigencia el plan de carrera de generales de la Policía desde enero de 2020”.

“Solo piden que el pueblo se comprometa en exigir que el próximo gobierno le dé las condiciones a esas dos grandes y nobles instituciones como es nuestra Policía y nuestros militares”, dijo Camacho.

“Decirles a esos policías que su pueblo está con ustedes; a esos militares, agradecerles por esa posición firme de estar con su pueblo, porque ahora es el pueblo el que manda”, insistió.

“Hoy hemos aprobado darle las condiciones a la Policía y eso da la tranquilidad al pueblo, de que sus instituciones están con él”, recordó Camacho al finalizar su discurso en el cabildo.

El 7 de noviembre, cinco unidades policiales del país se amotinaron. Muchos de sus efectivos se quitaron símbolos de la wiphala, emblema nacional, de sus uniformes.

Carta de renuncia de Morales

Desde el primer cabildo, Camacho porfió con la renuncia de Morales, al punto de anunciar una carta con ese fin, para que el mandatario solo la firme.

“Solicitar la renuncia de un presidente no es un acto ilegal, mucho menos inconstitucional, pero aún golpe de Estado”, aclaró en el cabildo del 4 de noviembre.

Ese día leyó una carta que “mandó” a Morales y también la carta de renuncia. “Adjunto el borrador de su carta de renuncia, así, usted, ni siquiera tendrá que redactarla”, comentó.

Prometió a sus seguidores que al volver de La Paz lo haría con la renuncia de Morales. “Dios vuelve a Palacio en los próximos días, eso se los garantizo”, aseguró.

Horas antes de la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, Camacho y su par de Potosí, Marco Pumari, además del abogado Eduardo León, irrumpieron en el Palacio Quemado, donde plantaron la Biblia, la carta y una tricolor.

Toma de instituciones

Desde el 4 de noviembre, las movilizaciones en la ciudad de La Paz se caracterizaron por la toma de instituciones. Varias oficinas del Estado fueron asediadas por los manifestantes.

Es que en el cabildo, Camacho propuso esa medida con el fin de evitar que el Gobierno pueda recaudar recursos para “reprimir al pueblo”.

“Todas nuestras instituciones se toman desde esta noche, se resguardan y garanticemos que no entre un peso a este Estado dictador, tirano, violento y asesino”, afirmó Camacho en el cabildo.

‘Cerrar’ con los militares

En su libro Volveremos y seremos millones, Morales denuncia que días antes de su renuncia el Alto Mando de las Fuerzas Armadas exigió balas para contener las protestas.

“10 días antes del golpe, el mando militar pidió reunirnos a solas para informar que los proyectiles que tenían durarían apenas horas en caso de que tuvieran que defenderme, y pedían comprar más balas. Dije que no íbamos a comprar balas para disparar a ningún boliviano”, contó en agosto de 2021.

Además, el exmandatario contó cómo la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) lo desautorizó para usar el avión presidencial la mañana previa a su renuncia.

A finales de diciembre de 2019, Camacho develó que uno de sus aliados fue las Fuerzas Armadas, cuyo comandante de entonces, William Kaliman, sugirió la renuncia de Morales el 10 de noviembre.

Lo hizo durante un acto de descubrimiento de un mural en su honor, en diciembre de 2019. Contó detalles de su llegada a La Paz, su pacto con las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y un dirigente minero en su afán de buscar la caída Morales.

Entonces circuló un video sobre la develación. “Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan”, se le escucha decir orgulloso el ahora Gobernador cruceño.

“Con la Policía, de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (de plazo)”, insiste.

Fue el 2 de noviembre que, en el primer cabildo, Camacho dio ese plazo para que Morales renuncie.

Lea más: Mesa y Camacho, los protagonistas de 2019 y del destino de Áñez

‘Tumbar’ a dinamitazos a Morales

En una segunda parte del video, difundida por La Razón el 5 de octubre de 2021, el otrora líder del Comité pro Santa Cruz cuenta cómo acordó con un dirigente minero “tumbar” a dinamitazos a Morales.

Según su relato, el minero era un dirigente que el 5 de noviembre impidió su ingreso a La Paz. Contó que con él volvió a santa Cruz.

“Cuando cerramos con todo y el día sábado, antes de que renuncie Evo Morales, dice el tipo ‘júntame a toda la gente, a todos los cívicos en la puerta del hotel, voy a dar la cara’”, dice.

“Hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6.000 mineros llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales”, se le escucha a Camacho en el segundo video.

Camacho cuenta que “la charla fue larga”. “Me dice: ‘Yo te voy a tumbar a Evo Morales, pero prométeme ser presidente’. Yo le dije: ‘Ahorita primero recuperemos la democracia. No, yo te garantizo que lo vamos a tumbar. Pero… Ya, ok, te prometo’”.

Siempre de acuerdo con el video, Camacho recuerda que el minero le pidió “condiciones para trabajar”. “Se le dio las condiciones, se le dio lo que necesitaba y el tipo se fue a trabajar y comenzó a traerme a la gente: llegaron los Ponchos Rojos, los interculturales”, dice.

Pero había un problema: Morales habló antes con el dirigente, al que le pidió resguardar la plaza Murillo debido a que los militares le habían “dado la espalda”.

Camacho le dice que habló “con el general”, que los militares no iban a salir a las calles.

Según el entonces líder cívico, la idea era tumbar a Morales hasta el domingo 10 de noviembre, antes de que actúen el minero. “Se quedó tranquilo, me dice: ‘Te doy hasta el domingo; si el domingo no se va, el lunes le saco yo con dinamita”, cuenta.

“Ese minero, realmente, fue la cereza para que se vaya Morales”, se jacta Camacho en el video.

‘Junta de notables’

La mañana del 10 de noviembre, Camacho, desde su cuartel general del hotel Casa Grande en La Paz, sugirió la renuncia de todos los miembros de los cuatro órganos del Estado, más el Tribunal Constitucional.

Esto permitirá “dar lugar a la conformación de una junta de gobierno transitorio conformada por notables de toda la población”, dijo.

En su criterio, la dos finalidades de dicha junta deberán ser la “conformación de otra junta de notables para integrar el Órgano Electoral Plurinacional y sea este el ente que convoque a nuevas elecciones en un plazo no mayor a 60 días”.

Morales renunció a las 16.52 en Chimoré, conjuntamente el vicepresidente García Linera.

Irrupción en el Palacio Quemado

Junto al presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, y el abogado Eduardo León, Camacho tomó el Palacio Quemado horas antes de la renuncia de Morales.

Con en al aval de militares del Batallón Colorados de Bolivia, que resguarda el edificio republicano, el líder cívico ingresó a las 16.00 al hall y allí plantó la Biblia, una tricolor y la afamada “carta de renuncia” de Morales.

Minutos después, abrazo de un jefe policial y León, Camacho entonó el Himno Nacional junto a decenas de manifestantes afuera del Palacio de Gobierno.

Lea más: Camacho acusado: su papel en la crisis poselectoral de 2019

Reunión en la UCB y proclamación de Áñez

Entre el 10 y 12 noviembre, algunos embajadores, dirigentes de oposición y jerarcas de la Iglesia Católica propiciaron una serie de reuniones con el objetivo de buscar la sucesión presidencial.

De esas reuniones participó Jerjes Justiniano en representación de Camacho.

La decisión política fue respaldar la sucesión la senadora Áñez, entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores.

Áñez se proclamó sucesivamente titular de Senadores y mandataria en sendos actos exprés en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni presencia del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Camacho y Pumari arroparon la proclamación y se mostraron victoriosos en el balcón del Palacio Quemado la noche del 12 noviembre.

Justiniano fue nombrado después ministro de la Presidencia. Con él, otros correligionarios de Camacho ocuparon varios puestos en el nuevo régimen.

Comparte y opina:

Tahuichi sobre el congreso del MAS arcista: ‘Es como casarse sin oficial de registro civil’

El plazo fatal para que las organizaciones políticas presenten sus nuevas directivas ante el TSE se cumple el 5 de mayo.

El congreso del MAS en Lauca Ñ. Foto: RRSS de Evo Morales

/ 28 de abril de 2024 / 18:14

Mientras el mismo presidente Luis Arce se propuso impulsar el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi le recordó dicho encuentro no está validado.

En las últimas horas, el mandatario asiste a congresos partidarios regionales. El sábado estuvo en Tarija y este domingo, el Sapahaqui, donde asistió al congreso de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

En ambos eventos, Arce reivindicó el congreso convocado por el Pacto de Unidad para los días 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto y afirmó que será la oportunidad para “recuperar” al MAS.

Consultado por La Razón sobre el papel del Presidente en la promoción del congreso, el vocal Tahuichi respondió vía WhatsApp. “Es como casarse sin oficial de registro civil”.

La convocatoria a dicho encuentro sufre la ausencia del aval de la dirección nacional del MAS, presidida por Evo Morales, extremo que observó en la solicitud el TSE. Al contrario, el congreso llamado por el MAS evista para el 10 de julio, en Villa Tunari, no cuenta contras las tres organizaciones sociales matrices: las confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CMCIO-BS) y Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIOB).

El TSE considera una respuesta ante las enmiendas planteadas por las dos facciones del MAS. “El trámite sigue su curso legal”, dijo Tahuichi, aunque consideró que en esta semana será resuelta la situación.

Hasta el 5 de mayo tienen plazo las organizaciones políticas para la renovación de sus directorios. Solo cuatro de 11 partidos de alcance nacional cumplieron con la obligación.

Congreso

Consultado sobre si el TSE va a disponer de una quinta ampliación para el trámite, el vocal respondió: “De manera general, tenemos plazo hasta el 5 de mayo. En ese interín habrá novedades”.

A raíz de las diferencias entre las facciones evista y arcista del MAS, sus dirigentes cruzaron de manera sucesiva solicitudes y resoluciones con el TSE. “Ellos (MAS-IPSP) viven intensamente su democracia interna y el TSE solo aplica la legalidad.

Ante el fallido congreso del MAS evista de Lauca Ñ, de octubre de 2023, el TSE amplió el mandato de la dirección nacional presidida por Morales. Se prevé que esa ampliación termina el 5 de mayo.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Rózsa: su célula, su fallido propósito y sus nexos sepultados

Testigos del caso informaron que Eduardo Rózsa Flores se contactó en persona para negociar la compra de armas a intermediarios acusados en la investigación.

Una camioneta de la Policía Boliviana traslada los restos de Rózsa y compañía en 2009.

Por Rubén Atahuichi

/ 28 de abril de 2024 / 06:40

Cerca de las 22.00 del 15 abril de 2009, el entonces director de Régimen Interior, Luis Clavijo, simulaba su hospedaje en el mismo hotel en el que fueran abatidos, horas después, tres extranjeros. Era el episodio previo del ahora sepultado caso Terrorismo.

El funcionario tenía “el objetivo de verificar que los supuestos terroristas extranjeros se encontraban en ese centro hotelero”, describe el informe conclusivo Terrorismo separatista en Bolivia, difundido en noviembre de 2009 por la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados.

“Una vez que comprobó la presencia del grupo, abandonó el hotel, reportando a los organismos de seguridad del Estado”, complementa el documento.

Cerca de las 00.30 de ese día, un atentado con explosivos a la casa del cardenal Julio Terrazas, en la calle Seminario, en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz, había consternado al país.

Entonces, en un comunicado, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) rechazó “vehementemente el atentado criminal” y el gobierno de Evo Morales y la oposición terminaron culpándose de los acontecimientos.

El Gobierno “condena y repudia de manera enfática el ataque terrorista”, afirmó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.

Aunque ese día se informó que la Policía Boliviana no tenía pistas sobre el hecho, informes de Inteligencia apuntaban a la “célula terrorista” de Eduardo Rózsa Flores, ciudadano boliviano-húngarocroata que había llegado al país a mediados de septiembre de 2008.

Sin embargo, algo más complejo ocurrió horas después. Cerca de las 03.30 del 16 de abril, un contingente policial de élite tomó el control del hotel Las Américas con el fin de detener a los sospechosos del atentado.

La intervención violenta terminó con la muerte de Rózsa Flores en la pieza 458, del irlandés Dichael Dwyer en la 457 y del rumano Magyarosi Arpád en la 456. Dos miembros de la célula extranjera, Elód Tóásó (455) y Mario Tadic (454), salvaron la vida, pero fueron aprehendidos.

Los ahora fallecidos, “horas antes del operativo policial que pretendía aprehenderlos por la comisión de los delitos investigados, pero éstos, por la peligrosidad y la gravedad de los delitos cometidos intentan hacer uso de sus armas de fuego y resistir al arresto, viéndose los policías en la necesidad de hacer uso de las armas de reglamento, llegando a abatir a los tres fallecidos lamentablemente”, señalaba el informe del entonces fiscal del caso, Marcelo Soza.

En tanto, el entonces jefe de investigaciones de la Policía Boliviana, mayor Jhonny Aguilera (ahora viceministro de Régimen Interior), según el informe de la Cámara de Diputados, concluyó: “Han estado armados, organizados; han poseído para sí aspectos de cualquier actividad terrorista, planificación, la ejecución y el camino del delito (…) la vía del terrorismo hace conocer que tiene que existir un financiamiento (…)”.

Las portadas clave de La Razón luego de la toma del hotel Las Américas.

La Policía elimina a tres sicarios y advierte que hay blancos políticos, tituló La Razón su reportaje del día siguiente. Hay indicios de que los tres hombres fueron ejecutados, remató en otra nota.

Ante el viaje de Morales a Caracas, Venezuela, el entonces presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, según reportó este diario, afirmó en conferencia de prensa en el Palacio Quemado que los sospechosos están “vinculados, por la documentación que pudimos, observar, a una ideología de extrema derecha fascista”.

Sin embargo, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, se apuró en señalar que el operativo “es un burdo montaje y un show”.

“Realmente, es deplorable que tomen represalias muy bien montadas. Pareciera que (lo hicieron) para que parezca (culpable) la derecha, la oligarquía o el golpe cívico- prefectural”, advirtió.

No hay registro de la llegada de Rózsa a Bolivia, a diferencia de los otros integrantes de su célula, salvo intercambio de comunicación con sus pares o la confesión en una entrevista con el periodista húngaro Adrás Kepes.

Se presume que llegó a Bolivia el 15 de septiembre de 2008, unos días después de la Masacre de Porvenir, que dejó 13 personas fallecidas, la mayoría campesinos, en el conflicto en Pando, cuyo prefecto, Leopoldo Fernández, de oposición al gobierno de Morales, era protagonista. Entonces, la Asamblea Constituyente ingresaba a la recta final de la construcción de la nueva Constitución.

¿Irás como turista?”, preguntó Kepes a Rózsa en esa entrevista del 8 de septiembre de 2008.

Eduardo Rózsa Flores (+) en imágenes de su archivo personal.
Eduardo Rózsa Flores (+) en imágenes de su archivo personal.

También puede leer: Rózsa y su plan: ‘No hay ejército todavía, hay que realizarlo’

“No, no. Sería demasiado evidente, pues, aunque se guarda el secreto, hasta ayer solo sabían cinco personas de mi llegada”, respondió el excombatiente de la Guerra de los Balcanes.

Contó que el “plan” era que le manden el billete de avión, y que lo pagan “ellos”, para llegar a Mato Grosso (Brasil) y de allí cruzar a Bolivia “con personas contrabandistas conocidas por mis contactos” y de allí, en coche, a “un alojamiento preparado”.

“Por ahora ayudo a coordinar la defensa de la ciudad de Santa Cruz, porque piensan que el Gobierno, con la fuerza militar, atacaría esta ciudad”, afirmó Rózsa.

Además, admitió que “los recursos financieros existen” y que el “consejo cruceño” fue el que se hará cargo de sus acciones.

El 22 de abril de 2009, el diario La Razón publicó una entrevista con el periodista húngaro Tomas Seviesqui, quien reveló “sin nombres, que lo buscaron. Quienes le fueron a buscar con fines políticos (le dijeron que), demostrando fuerza, consiguieran la independencia de Santa Cruz”.

Entre el 3 y 14 de abril de 2009, Rózsa estuvo hospedado en el hotel Santa Cruz bajo el nombre de Jorge Hurtado. Ese mismo 14 de abril se trasladó al hotel Las Américas, donde dos días después fue abatido junto con Magyarosi Arpád y Michael Dwyer.

La investigación de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados estableció que quienes pagaron el hospedaje de Rózsa Flores y sus compañeros fueron, a su turno, Luis Alberto Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza y Carlos Guillén (+).

Y quien pagó los pasajes de llegada y vuelta (en algunos casos), fue Alejandro Melgar, entonces prófugo de la Justicia. Coincidentemente, todos llegaron de Madrid (España) a Santa Cruz en aviones de la empresa boliviana AeroSur: Michael Dwyer, Magyarosi Arpád, Elöd Tóásó, Mario Tadic, Gaspar Daniel, Dudor Gabor, Ivan Pistovcak, Révész Tibor y Tamas Lajos Nagy, Révész Tibor y Tamas Lajos Nagy.

La mayoría de ellos llegó a Bolivia en noviembre de noviembre de 2008 y algunos dejaron el país en marzo de 2009.

Cuando el comando de élite de la Policía Boliviana intervino en el hotel Las Américas, la nueva Constitución Política del Estado había pasado la prueba de un referéndum nacional y el país se encontraba en un nuevo debate: la Ley de Régimen Electoral.

La investigación legislativa concluye que Rózsa y su célula, financiados y apoyados logísticamente, coordinaban acciones con el grupo “La Torre”, del “Consejo Cruceño” o “Consejo Supremo”.

COORDINACIÓN.

El mismo Rózsa admite la existencia de ese espacio. “Querido camarada. Mañana, o sea lunes, no estaré todo el día en la ciudad. Voy a preparar el fin de semana ya sabes a donde. No te olvides de hablar a Zvonko sobre mi pedido de ayuda en el lugar. Otra cosa, si mañana quieren hacer la presentación para mi primo y para el guevon de tomaleche, quisiera pedirte que no se haga en la torre, sino en otro lugar menos quemado”, escribió el 8 de marzo de 2009 a su interoluctor [email protected].

Por eso, recomendó al Ministerio Público investigar a Branko Marinkovic, Rubén Costas, Eduardo Paz, Mauricio Roca, Germán Antelo y Guido Nayar.

Luego de la intervención del hotel Las Américas, la Policía Boliviana encontró armas almacenadas en el stand de Cotas en la Feria Exposición de Santa Cruz, atribuidas a la célula “separatista”.

En 2020, en el gobierno de Jeanine Áñez, el caso Terrorismo dio un giro inesperado: el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró a su despacho de la parte acusadora del caso. La Fiscalía y el Órgano Judicial actuaron en consecuencia: cerraron el caso.

Comparte y opina:

Las elecciones judiciales fracasaron en 2023

Una serie de recursos judiciales pretende frenar los comicios de este año.

El presidente del TCP, Paul Franco, brinda una conferencia de prensa.

Por Rubén Atahuichi

/ 27 de abril de 2024 / 09:26

La convocatoria a elecciones judiciales por parte de la Asamblea Legislativa fracasó en 2023 y fue reencaminada por la Declaración Constitucional 049/2023, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Frenado por recursos del ciudadano Miguel Ángel Balcázar —que consideró que los requisitos exigidos violaban la libertada de expresión— y el diputado de Creemos Leonardo Ayala, el proceso recayó en el TCP, que atendió, a instancias de la Cámara de Diputados, una consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley 144, de Elecciones Judiciales, aprobado en la Cámara de Senadores el 31 de agosto de 2023.

El TCP declaró inconstitucional el proyecto de ley a través de la Declaración Constitucional 049/2023, del 11 de diciembre de 2023, que, a su vez prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017, y conminó a la Asamblea Legislativa a la convocatoria inmediata de nuevas elecciones judiciales.

Elecciones judiciales

Los magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y los consejeros del Consejo de la Magistratura fueron elegidos por voto popular en 2017 y asumieron sus funciones el 3 de enero de 2018. Su mandato constitucional de seis años debía terminar el 2 de enero de este año, pero fue prorrogado por el TCP.

Ahora continúan en sus funciones, hasta que las elecciones judiciales arrojen a sus sustitutos.

Los comicios no terminan de reencaminarse en la Asamblea Legislativa debido a otro recurso constitucional, ahora interpuesto por la postulante inhabilitada Margarita Medrano, que frenó el proceso de evaluación oral y escrita de los 404 aspirantes.

Los plazos se acortan. La Ley 1549 prevé 80 días calendario para la preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa; faltan solo ocho días para dicho fin.

Aprobada la lista de 192 postulantes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá 150 días para organizar los comicios judiciales.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La Asamblea Legislativa sufre los efectos de la crisis de sus tres fuerzas

El senador del MAS Rubén Gutiérrez advirtió de parálisis de la agenda de la Asamblea Legislativa.

Los bochornos durante la sesión legislativa

Por Rubén Atahuichi

/ 27 de abril de 2024 / 08:00

La agenda urgente de la Asamblea Legislativa quedó estancada debido a las disputas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), especialmente, y la oposición. Créditos y leyes se encuentran postergados sin fecha en razón de las divergencias.

El miércoles, la Cámara de Senadores rechazó uno de los créditos pendientes de resolución, de $us 62 millones; fue otorgado el 24 de noviembre de 2023 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ampliación de la Línea Café del teleférico hacia la zona de Pampahasi, en La Paz.

De los nueve créditos derivados por la Cámara de Diputados, que hacen un total de $us 970 millones, Senadores aprobó cuatro (vía de ocho carriles Senkata-Apacheta, carretera Faja Norte y dos programas de electrificación rural), dos los devolvió y uno lo rechazó el miércoles.

Algunos proyectos de ley datan de enero de 2023 y tuvieron que ser encaminados, sin mucho éxito, por el acuerdo bicameral y tripartidario del 2 de febrero.

Debate

Dicho acuerdo señalaba que, una vez aprobada la Ley de Elecciones Judiciales (ahora Ley 1549), inmediatamente la Cámara de Diputados debía aprobar “al menos cuatro créditos” antes de “tratar” los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cesación de funciones de los magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados a través de Declaración Constitucional 049/2023, de diciembre de 2023.

Todo ese trámite debió ser resuelto en ambas cámaras hasta el 9 de febrero. Sin embargo, desde esa fecha poco se ha movido, incluso los créditos fueron aprobados en medio de bochorno y escándalo en Diputados.

Otro proyecto de ley que no pasó la prueba de las disputas entre las facciones arcista y evista del MAS fue el de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes, enviado por el presidente Luis Arce el 12 de mayo de 2023 al vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de titular nato de la Asamblea Legislativa.

Asamblea Legislativa

Sin embargo, la decisión más compleja que enfrentó la Asamblea Legislativa fue la convocatoria a elecciones judiciales que, en 2023 fracasó en dos ocasiones debido a sendos recursos y las disputas en el MAS y la oposición. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de la Declaración Constitucional 049/2023, tuvo la palabra final del proceso.

En la Cámara de Diputados, algunos legisladores cuestionaron la parálisis de sus tareas respecto de asuntos complejos. “En casi siete meses ha sesionado siete sesiones; o sea, una sesión por mes.”; denunció Cristina Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Consideramos que no ha sido como anteriores gestiones, que se ha realizado una sesión solamente por una transferencia de terreno; eso no amerita, sino que, viendo el gasto de una sesión que a la Asamblea nos cuesta cada sesión, un promedio de Bs 35.000 arriba; no es conveniente”, justificó el martes el presidente de ese órgano camaral, Israel Huaytari.

Agenda

En esa cámara legislativa se encuentra paralizado el debate de los proyectos de ley 073 y 075; la Comisión de Constitución los había rechazado. El ala evista del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El senador arcista del MAS Rubén Gutiérrez atribuyó el estancamiento de la agenda legislativa a las pugnas internas en su partido y también en la oposición; además, a la temprana “electoralización” del debate político.

“No existen los dos tercios (para llegar a acuerdos); ni siquiera se logra la mayoría absoluta”, lamentó ayer en La Razón Radio.

Bajo esa situación, las elecciones judiciales están de nuevo en vilo debido a los plazos.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Otra vez, los plazos ponen en vilo a las elecciones judiciales

La Ley 1549 dicta 80 días para la preselección, cuyo plazo vence en 10

La sesión de la Cámara de Senadores para tratar el proyecto de ley para las elecciones

Por Rubén Atahuichi

/ 25 de abril de 2024 / 07:16

Cuando se presumía que todo avanzaba con llamativa normalidad, el proceso de calificación de méritos de los postulantes a las elecciones judiciales fue frenado por recursos judiciales que, otra vez, dejaron en vilo los comicios debido a los plazos.

Promulgada el 6 de febrero por el presidente Luis Arce, luego de más de más de un año de incertidumbres, la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, estableció 80 días para el trabajo de la Asamblea Legislativa de preselección de postulantes, luego candidatos, para los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental (TA) y Constitucional Plurinacional (TCP), y el Consejo de la Magistratura.

Ante el freno que impuso al proceso la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ante un amparo presentado por la postulante inhabilitada Margarita Medrano, la evaluación de méritos de 405 postulantes quedó en suspenso sin fecha, hoy mismo a 10 días del límite legal.

Consulte: Comisiones suspenden exámenes a postulantes mientras se resuelven amparos

Elecciones judiciales

El proceso había comenzado el 16 de febrero con la aprobación de la convocatoria y siguió el 19 de ese mismo mes con el inicio del registro de postulantes.

El trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural había avanzado hasta la calificación de méritos, cuando el martes 16 de abril la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz notificó su suspensión ante al amparo constitucional presentado Margarita Medrano, una de las postulantes al Consejo de la Magistratura inhabilitadas.

Al instalarse la audiencia de resolución del caso el lunes 22, fue pospuesta hasta este viernes.

Los plazos corren sin ninguna decisión de la Asamblea Legislativa. El martes, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame dijo a La Razón Radio que, si bien “se ha perdido” una semana en la calificación de méritos, no hay riesgo de paralización de las elecciones judiciales.

Sin embargo, advirtió de la existencia de una “mano negra” en el TPC que busca frenar los comicios judiciales suspendidos.

Entre el y 15 de abril las comisiones debían tomar examen a los postulantes. Esta fase del proceso de preselección quedó en pausa.

Dato

Se prevé que el plazo de 80 días calendario termine el 10 de mayo con la emisión de la resolución de la Asamblea Legislativa, aprobada por dos tercios de votos, de la lista de 192 candidatos. En dos días más, esa lista debería ser enviada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, a su vez, tendría que convocar y organizar las elecciones en un plazo de 150 días.

La situación actual de los comicios es parecida a la ocurrida en 2023, cuando el 12 de abril la Asamblea Legislativa informó de la suspensión del mismo proceso en sujeción al mandato de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, a instancias del ciudadano Miguel Ángel Balcázar.

Otro amparo constitucional, presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, derivó, el 31 de julio del año pasado, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0060/2023 del TCP, que dejó en fojas cero los comicios.

Luego, una consulta sobre la viabilidad de una ley de excepción postergó las elecciones. El 12 de diciembre, a través de la Declaración 0049/2023, el TCP exhortó a una nueva convocatoria y prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017.

(25/04/2024)

Temas Relacionados

Comparte y opina: