LR en la Memoria

lunes 27 sep 2021 | Actualizado a 21:13

Noviembre 2019-Noviembre 2020: Una transición de persecuciones y masacres

Más allá de lo inconstitucional de su mandato, de no haber observado la sucesión constitucional, a Jeanine Áñez le será dificultoso enarbolar la bandera de sus derechos.

15 de noviembre de 2019, un operativo armado dejó una decena de fallecidos en Sacaba, Cochabamba.

/ 25 de julio de 2021 / 00:48

La discusión acerca de si se produjo o no un golpe de Estado entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 se ha hecho bizantina. Se ha convertido en una cortina de humo con la que “los transitorios” eluden la discusión de fondo acerca de la naturaleza ideológica y las acciones desplegadas por el gobierno de Jeanine Áñez, sobre todo a partir de la administración del aparato coercitivo del Estado con resultados trágicos en materia de respeto a la ciudadanía y a los derechos humanos.

En el contexto en el que se maneja, Áñez debería estar bien enterada de la historia de la persecución política en Bolivia. Debería saber cuáles fueron los motivos para el descuartizamiento de Túpac Katari durante la colonia, cómo los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de 1952 a 1964 del pasado siglo persiguieron, encarcelaron, torturaron y mataron, por izquierda y por derecha, a dirigentes mineros con militancia en el trotskismo y en el Partido Comunista de Bolivia (PCB), y a militantes de la Falange Socialista Boliviana (FSB).

Jeanine Áñez se encuentra encarcelada por el caso Golpe de Estado.

Como exsenadora, expresidenta, y excandidata a la presidencia, está en la obligación de saber en qué consistió esa persecución política como instrumento de control del poder que se caracterizó por el encarcelamiento, la desaparición y el asesinato de bolivianos en las dictaduras militares que rigieron Bolivia entre 1964 y 1980. También debería estar enterada de que ya en democracia, a partir de 1982, los métodos de violencia política a través de la vejación y la eliminación física del adversario dieron paso a una judicialización de la política o a una politización de la justicia. Esto significaba dejar atrás la policía política —el Control Político de Claudio San Román, mastín de oscuros ministros de gobierno—, los campos de concentración y los centros de confinamiento, para circunscribir las persecuciones de unos contra otros a procedimientos operados por el Ministerio Público y un aparato judicial cooptado por el poder político, métodos lamentablemente utilizados en la llamada democracia pactada (MNR-ADN-MIR), por jerarcas del Movimiento Al Socialismo (MAS) especialmente a partir de 2015, pero también, y sin modificar un ápice su modus operandi, por su propio gobierno, ese que debió circunscribir sus acciones al llamamiento a nuevas elecciones en el lapso de tres meses luego de la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019. 

Ahora que Áñez reclama por considerarse víctima de persecución política, tiene que saber, si hasta ahora no hay quién se lo haga notar, que en menos de un año, tratando de dirigir el país desde el viejo Palacio Quemado, los índices de la persecución política en sus variadas formas superaron los de sus antecesores.

Cacería ejecutada

Sin contar los 37 muertos de Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal, la cacería anunciada y ejecutada por su principal colaborador, aquel que corregía sus palabras al oído en actos públicos sin pudor alguno, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, generó resultados de criminalización de exfuncionarios con montajes sobre presuntos casos de corrupción, encarcelamientos en los que se utilizó la tortura física y psicológica, agresiones físicas callejeras contra supuestos simpatizantes y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) a cargo de grupos civiles de choque secundados por uniformados de la Policía Boliviana, agresiones, amenazas y acallamiento de medios de comunicación vinculados a organizaciones sociales que salieron a las calles levantando wiphalas. La cifra no confirmada es de 1.500 personas, desde perseguidas hasta encarceladas y procesadas, hasta aquellas con detenciones preventivas y detenciones domiciliarias.

Arturo Murillo, el exministro de Áñez fue detenido en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero.

Quien se declara perseguida política y hace menos de un año presidía un gobierno en el que la persecución y la violencia política se instalaron en la cotidianidad, tendrá que encontrar en algún momento alguna explicación congruente de lo que hicieron sus fieles colaboradores que consumaron, entre muchos otros hechos de corrupción, un grosero negociado con la adquisición de materiales antidisturbios que dieron lugar a que su ministro del horror terminara encarcelado en Miami. ¿Será posible admitir que Áñez no sabía a dónde se metía cuando declaró desde Trinidad a la red televisiva Unitel, al final de la tarde del 10 de noviembre de 2019, que llegaría a La Paz a asumir la presidencia del Estado porque le correspondía? ¿Nunca se enteró la presidenta accidental cómo en realidad hacía, pero sobre todo deshacía Bolivia uno de los auspiciadores de su llegada a la silla, el exsenador Arturo Murillo? ¿Será que Áñez nunca ordenó la detención de algún poderoso del MAS, lastimada por la suerte que corrieron parientes suyos de San Joaquín, Beni, acusados de narcotráfico?

Áñez tiene que saber que en 1921 se produjo la primera masacre de la historia republicana en Jesús de Machaca (1) por explotación, expropiación de tierras y abusos del corregidor Luis Estrada. Que en aquella ocasión 1.500 militares asesinaron a 119 pobladores, incendiaron 130 viviendas, robaron ganado y encarcelaron a muchos pobladores. Tendrá que enterarse también que en 1923, en la masacre de Uncía la Federación Obrera se movilizó para pedir la liberación de dos dirigentes sindicales abusados por la Patiño Mines. Otra vez los militares abrieron fuego y se las arreglaron para desaparecer a algunos de los muertos en los hornos de fundición de minerales, que según datos oficiales fueron nueve. Áñez tiene que saber que en 1942 se produjo la matanza de Catavi en el campo María Barzola con 20 muertos y 200 heridos a manos de 200 efectivos militares, tiempos del gobierno de Enrique Peñaranda en que la Patiño Mines pretendía comercializar el estaño, el wólfram y la quinina para involucrar a Bolivia en el bloque de aliados en la Segunda Guerra Mundial, y los trabajadores protestaban por los bajos costos en el mercado internacional de lo que producían.

Áñez tiene que saber que en 1947 se produjo la masacre de Potosí cuando el sindicato de metalurgistas de la empresa Unificada de Mauricio Hochschild movilizó al comando de la Policía de la ciudad que reclamaba por la liberación de dos de sus compañeros, detenidos por órdenes de la Junta de Gobierno presidida por Tomás Monje Gutiérrez. En esta circunstancia, los muertos de los que tampoco se tienen números cayeron del lado minero y también del policial. En 1949, los mineros de Siglo XX se movilizaron por incrementos salariales, cumplimiento de un laudo arbitral, pago por desahucios e indemnización por despidos. La Patiño Mines, respaldada por el gobierno de Mamerto Urriolagoitia, derivó en la detención y el exilio a Chile de la dirigencia minera, lo que provocó una asamblea con toma de rehenes para exigir la liberación de los dirigentes detenidos. Resultado: 1.500 militares intervinieron el campamento minero, lo que produjo un combate y los rehenes terminaron muertos. El 29 de mayo fueron masacrados 40 trabajadores y quedaron heridas 80 personas, entre ellas, mujeres y niños, y el 30 de mayo fueron fusilados entre 200 y 300 trabajadores, y destrozadas sus viviendas.

Áñez tiene que saber que en 1967 se produjo la masacre de San Juan en los centros mineros de Catavi y Siglo XX, ordenada por el dictador René Barrientos cuando los trabajadores celebraban junto a sus familias alrededor de fogatas: 20 muertos, entre 70 y 80 heridos y aproximadamente 200 desaparecidos. Se trataba de reprimir el intento de los mineros de reproducir un movimiento parecido al de la guerrilla del Che Guevara. Trece años después, durante la dictadura de Hugo Banzer, en 1974, se produjeron las masacres de Tolata (16 muertos y 42 desaparecidos) y Epizana (15 muertos y 20 desaparecidos), luego de la devaluación de la moneda de 12 a 20 pesos bolivianos en el tipo de cambio al dólar estadounidense y la generación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Áñez tiene que saber que en 1996 se produjo la llamada masacre de Navidad que comprende las localidades de Amayapampa, Capasirca y Llallagua, debido a la oposición de los trabajadores mineros a inversionistas extranjeros, a la defensa de los recursos naturales y sus fuentes de trabajo, y al repudio al nuevo código de minería favorable a los empresarios. La respuesta del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue la movilización de 1.000 efectivos militares y policiales que generó 11 muertos y 50 heridos. Según el general Hernán Aguilera, el presidente de la República ordenó la intervención con arsenal de guerra. Más adelante se producirían la “guerra del agua” (2000) en el gobierno democrático del general Banzer por la adjudicación de Aguas del Tunari a manos privadas, y la “guerra del gas” (2003), originada en el gobierno de Jorge Tuto Quiroga, quien planteó la venta de gas a otros mercados a través de Chile, intención que trató de concretar el segundo gobierno de Sánchez de Lozada con empresas transnacionales y que desató movilizaciones ciudadanas que fueron respondidas con el Plan República encarado de manera conjunta entre militares y policías, que dio lugar a la muerte de 65 personas. Ese hecho provocó la instauración de un juicio civil en Fort Lauderdale, estado de Florida, Estados Unidos, por parte de los familiares de las víctimas, cuya sentencia condenatoria conmina a pagar al expresidente la suma de $us 10 millones.

Luego de haber estudiado la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de Trinidad es muy probable que Áñez haya tomado algún conocimiento de las guerras del agua y del gas, y por supuesto de la masacre de Porvenir (2008), acaecida en el departamento de Pando, donde murieron 20 campesinos y quedaron heridos 40. Los trabajadores rurales marchaban hacia Cobija, capital del departamento, francamente opuestos a que el prefecto Leopoldo Fernández controlara las instituciones públicas y se impusiera el estatuto autonómico, cuando corría el tercer año de gobierno de Evo Morales.

19 de noviembre de 2019, otros 10 fallecidos por el operativo militar-policial en la zona de Senkata, en El Alto.

Las masacres de las que sí tiene conocimiento Áñez son las de Sacaba y Senkata, más las muertes producidas en El Pedregal de la zona Sur de La Paz y en Montero, Santa Cruz. En aquella oportunidad ella y su equipo de ministros firmaron un decreto (4078) que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en caso de que las circunstancias exigieran abrir fuego contra ciudadanos que se movilizaban defendiendo al gobierno y a la permanencia de Evo Morales hasta el final de su mandato previsto para enero de 2020. Con solamente 14 días de vigencia, el 28 de noviembre de 2019, la presidenta transitoria abrogó el decreto “en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación”, declaró y justificó su dictación afirmando que fue aprobado porque “el gobierno tuvo que asumir la medida porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto”… a cargo de esas facinerosas hordas masistas, como diría alguno de sus colaboradores.

La expresidenta Áñez, constitucional para las clases medias urbanas antievistas, de facto para las organizaciones populares, guarda detención preventiva en el recinto penitenciario de Miraflores de La Paz, como presunta responsable de genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Se trata de dos tipos de delitos necesarios de diferenciación a partir del antes y el después de asumida la presidencia del Estado Plurinacional. Las contravenciones al ordenamiento jurídico se refieren a cómo Áñez, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, accedió a la presidencia del Estado, es decir, a partir de un comunicado emanado del Tribunal Constitucional sin carácter vinculante, sin pasar por los requisitos que la Asamblea Legislativa Plurinacional exige, no sujetos a interpretación alguna. Los delitos que habría cometido ya como presidenta en materia de derechos humanos, están relacionados con las muertes de 37 personas y agresiones por parte de efectivos militares y policiales en localidades de los departamentos de Cochabamba, Potosí, La Paz y Santa Cruz.

Este es el cuadro de situación objetivo de la señora Áñez que aduce persecución judicial en una carta enviada a la alta comisionada para los Derechos Humanos de NNUU, Michelle Bachelet. Para decirlo en términos coloquiales, la exsenadora y expresidenta de Bolivia se considera una perseguida política. Por “pensar distinto”, agregarían los adeptos a los lugares comunes, que difícilmente logran explicar qué significa ese “pensar distinto” más allá de un abierto y rabioso antimasismo, y todo lo que signifiquen organizaciones sociales de indígenas, campesinos, obreros y trabajadores agremiados y no agremiados a los que se estigmatiza de corporativistas y autoritarios.

Habrá que esperar la reacción de Áñez ante el informe que ya entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de noviembre de 2020, y sobre el que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con el sentido de oportunidad y el descaro que le dicta su experiencia, ya se manifestó el pasado 14 de julio: “un minuto de silencio por los caídos de Sacaba y Senkata”.

Los defensores del ‘fraude no golpe’

Los defensores del “fraude no golpe” encabezados por Áñez, Mesa, Tuto Quiroga, Ortiz, Camacho, Doria Medina ya deben saber que el GIEI incluye en su informe presentado al gobierno constitucional de Luis Arce, y que será vinculante, el resarcimiento a las víctimas (a los familiares de éstas), observaciones a las actuaciones de la Justicia boliviana y a las responsabilidades estatales por la violencia de 2019. Si bien Sacaba y Senkata serán referencias fundamentales, figuran observaciones a los hechos posteriores de las elecciones anuladas del 20 de octubre y a los acuerdos firmados por el gobierno de Áñez para “pacificar el país” hacia la mitad de diciembre de 2019.

La Resistencia Juvenil Cochala, uno de los brazos operativos de la represión en el gobierno transitorio.

Las muertes irreparables, producto de la resistencia popular en defensa de convicciones y valores democráticos son nodales en el informe y por el ello el GIEI considera necesario un plan de reparación integral con fuerte énfasis en el aspecto psicológico e indemnización para los familiares de los caídos, víctimas de la bala militar, así como en los aspectos judiciales con recomendaciones de juicios penales, civiles y administrativos. Quienes vulneraron derechos humanos quedarán mencionados con nombres y apellidos en el informe a partir de distintos grados de responsabilidad penal, así como en materia de preceptos internacionales en la materia, dependiendo de los  grados violatorios a la vida, la libertad, la expresión del pensamiento, el voto e incluso la sucesión constitucional.

Si el viejo lobo Almagro se adelantó a homenajear a las víctimas de Sacaba y Senkata, admitiendo que hubo masacres, la exsenadora, expresidenta y excandidata presidencial Jeanine Áñez ya sabe que su nombre quedará inscrito en la historia de la docena de hechos luctuosos que segaron la vida de bolivianos y bolivianas desde 1921 (masacre de Jesús de Machaca) por defender sus ideales y sus convicciones políticas armados de piedras y palos frente a la bala asesina sobre la que nuestro libertador y fundador Simón Bolívar dijo: “Maldito sea el soldado que apunte sus armas contra su propio pueblo” (grafiti que puede leerse en una esquina de la calle René Moreno de Santa Cruz de la Sierra, a una cuadra de la plaza principal).

Más allá de lo inconstitucional de su mandato, de no haber observado la sucesión constitucional, a Jeanine Áñez le tendrá que ser dificultoso seguir enarbolando la bandera de sus derechos, cuando ya no hay dudas acerca de cómo su gobierno violó los derechos de bolivianas y bolivianos durante su ejercicio del poder con muertos, heridos, perseguidos, encarcelados y torturados. Persecución y violencia política son las marcas fundamentales del régimen que presidió.

(1) Con información obtenida por Mayra Navarro, politóloga e investigadora académica.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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Comunistas

/ 25 de septiembre de 2021 / 01:22

Hace algunos días, luego de superar una intervención quirúrgica de colon, el papa Francisco declaró que lo habían tachado de comunista. Tan temeraria calificación fue respondida con la astucia de un buen jesuita: “Yo hago lo que creo que debo hacer”. Revisando el archivo encontré una declaración del entonces vicepresidente Álvaro García Linera (2017), a través de la que se autodefinió como “comunista, guerrillero y conspirador, así me voy a morir”. Tan desafiantes declaraciones terminan costándoles caro a quienes abrazan las ideas del progresismo, la igualdad social y la inclusión democrática y que para pesadilla de los neoliberales de los 90, han sido representados por exitosos gobiernos populistas que han gestionado con astucia y eficacia las políticas económicas, por ejemplo, de Bolivia (Morales), Ecuador (Correa), Brasil (Lula) y Uruguay (Mujica-Vázquez).

Hasta la llegada del MAS al poder, la izquierda tenía como último referente a la hiperinflacionaria e inepta UDP del 1982-1985 de Siles Zuazo, pero el día en que esa otra izquierda nacional con visión de lo multiétnico boliviano empezó a obtener resultados nunca vistos en la redistribución del ingreso que permitieron salir de la pobreza extrema a miles de bolivianos como nunca antes había sucedido, las cosas empezaron a tornarse peligrosas, en la medida en que el nuevo marketing político aplicado por los representantes de las corporaciones transnacionales y los capitales privados criollos, decidió que se necesitaba trabajar en el sistema de creencias del ciudadano y ya no más en las plataformas de los programas de gobierno en todas las materias de la gestión pública.

Así que hoy ser comunista parece que podría resultar peor que cuando uno lo era en tiempos de las dictaduras militares de los años 70 y 80, aunque el comunismo haya quedado superado hace por lo menos tres décadas. De eso saben, y mucho, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vox en España y aquí, Luis Fernando Camacho, el hijo espiritual del dictador Banzer, perteneciente a la extrema derecha civil militar. Hoy el ciudadano que no crea en Dios, en la tradición familiar, en la propiedad privada, en la libertad pregonada por las iglesias antiaborto y provida, en la heterosexualidad como única opción en que la reproducción de la especie y el placer se encuentran embutidos en la misma bolsa y el que no se adscriba a este modelo humano y ciudadano, puede ser pasible a persecuciones de consecuencias sangrientas y terminales.

Para decirlo desde los estigmas y los pecados: No serás comunista. No defenderás el aborto, aunque la mujer de turno haya sido víctima de una violación o de un embarazo no deseado. No nacionalizarás nada, porque eso es para comisarios que administran el Estado a través de policías de control político. No serás gay. No serás lesbiana. No serás chica trans. Y por supuesto que si se aspira a una ciudadanía modélica, no serás “masiburro”, no izarás la bandera de colores ajedrezada y si pasas cerca a los blancoides del Comité Cívico pro Santa Cruz, tendrás que aceptar que su presidente prehistórico, Rómulo Calvo, te dé la espalda y el culo y a continuación gire 90 grados para desinfectar el ambiente con alcohol medicinal, a segundos de haber desfilado por allí esos collas mugrosos que aman el autoritarismo de Evo y aceptan esa que ellos llaman persecución política, cuando se trata de perseguir judicialmente a los golpistas, a los masacradores de Sacaba y Senkata, o a los facinerosos de la Resistencia Juvenil Cochala que acuchillaron a un periodista y que tan entusiastamente defiende un exjefe de la Juventud Comunista de los 80 y exviceministro de Evo Morales, descendiente del lúcido Sergio Almaraz.

Hay que preguntarles a los estrategas. Lo saben muy bien. Para combatir al pueblo organizado, hay que tacharlo de comunista, autoritario, dedicado a la persecución política, que te va a quitar tu casa, se hará un pícnic con tu libertad, sustituirá tus símbolos republicanos y no te dejará leer la Biblia. Hay que tacharlos de castrochavistas que quieren una Bolivia como Cuba y Venezuela. Ya quisiéramos una educación y una salud como las que administran ellos o unas políticas de equidad de género como las alentadas y cristalizadas por los gobiernos de Hugo Chávez. En ese sentido sería muy bueno imitar las decisiones que históricamente se fueron tomando en La Habana y en Caracas, así como los cubanos y venezolanos quisieran una economía muy capitalista y pragmática, pero administrada desde el Estado, como la que manejó Luis Arce Catacora durante más de una década.

Así que estamos prevenidos. Si no quieres que te saquen fotos sin permiso en un aeropuerto, si no quieres que te amenacen en la sucursal de un banco, si no quieres que te persigan y te disparen porque llevas una wiphala… no seamos comunistas, ni siquiera lo aparentemos, porque ahora sí está muy claro que podemos morir en el intento: No somos lo que somos. Somos lo que creen.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Tiempos perversos

/ 11 de septiembre de 2021 / 02:23

Todo fluía en Bolivia con los códigos instalados por la democracia pactada, hasta que los pactos y su sistema de partidos terminaron en astillas cuando el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) produjo en 2005 la primera victoria electoral por mayoría absoluta que inauguraba el tiempo de la irrupción de todos los actores sociales que hasta entonces eran ciudadanos solamente en breves lapsos de legalización y legitimación de candidatos y candidatas pertenecientes al Estado monocultural, al pensamiento económico único y excluyente, neoliberal de arriba a abajo, y a la utilización de lo indígena y campesino para la funcionalidad casi esclavizante de la producción de alimentos que pudiera satisfacer las necesidades de las urbes civilizadas, acostumbradas a la subordinación de todas las expresiones étnicas originarias a tareas menores, sin incidencia alguna en la determinación de las políticas públicas y en el destino del país.

Cuando aymaras, quechuas, guaraníes y todos los bolivianos originarios de las tierras bajas comenzaron a ser visualizados en las coberturas televisivas, pero sobre todo a partir de la Asamblea Constituyente (2006-2009), es decir, cuando los indios comenzaron a sentar presencia en todas las instancias de la vida pública, la siempre apoltronada clase media sintió que se rompía ese orden cotidiano en el que los Mamani, Quispe o Tomichá empezaban a opinar y a intervenir sobre su presencia en el mundo, a partir de una fuerte presencia étnico geográfica que terminó haciendo de Bolivia un Estado Plurinacional a partir de febrero de 2009.

Un presidente de orígenes indígenas, un canciller y un ministro de Educación, aymaras, y así sucesivamente, representantes, hombres y mujeres de la plurinación empezaban a marcar las pautas de la visibilización del país escondido, hasta entonces enterrado en sus saberes ancestrales solo útiles para la arqueología y la antropología, lo que produjo el hartazgo y el pretexto ideales cuando Evo Morales decidió desconocer un referéndum con el propósito de ser candidato por cuarta vez consecutiva, craso error finalmente neutralizado con la anulación de las elecciones de 2019, pero que hoy día sigue siendo coartada para unas prácticas sectarias con dosis concentradas de odio y de impotencia ante un nuevo tiempo político en el que el MAS-IPSP supo demostrar que había otro camino en la búsqueda del tamaño exacto de lo estatal para una vida más equitativa e incluyente de la sociedad.

No son 14 los años que una izquierda nacional con fuerte acento identitario de sus expresiones étnico culturales gobierna Bolivia. Ya son 15, sin contar la interrupción de facto cometida por Jeanine Áñez y su banda, que nada más necesitaron 11 meses para demostrar cómo se puede retroceder al país incompleto de ayer, desde los erróneos enfoques de qué hacer con la economía hasta las prácticas más execrables de conculcación de las libertades ciudadanas. Ya son 15 los años que en Bolivia manda el Estado sobre el Mercado, y cuando la gestión Arce-Choquehuanca concluya, serán 19, con la posibilidad de que se extiendan a 24, si los números de la economía y la búsqueda de mejores niveles de calidad de vida convencen a la ciudadanía.

Los agentes opositores con auspicios internacionales, multi y bilaterales, creyeron que el proyecto político de las organizaciones sociales moriría con Evo. Resulta que no, y por ello tenemos un mapa de la conspiración cotidiana basado en el racismo y en la discriminación neocolonial que señala como inadmisible que los indios estén mandando en varias zonas de Bolivia, como sucede por ejemplo con los gobernadores Santos Quispe en La Paz, Jhonny Mamani en Potosí o Damián Condori en Chuquisaca.

En ese contexto, los desplazados actores de la política tradicional, muchos de ellos progresistas de los 70 y 80, han mutado y se han hecho conversos hacia la derecha. Por eso vivimos tiempos perversos por obsesividad contra la figura de Evo y el masismo, y contamos con personajes como Amparo Carvajal en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), indebidamente prorrogada en sus funciones, que reconoce en la Resistencia Juvenil Cochala a una “resistencia necesaria”.

La Carvajal es la representación paradigmática de quien se acomoda a los nuevos tiempos. Es la mejor expresión de la conversión de la defensa de los derechos humanos hacia territorios de exclusividad para privilegiados por su color de piel y estatus social, en el caso de Jeanine Áñez, violadora de esos mismos derechos por los que ahora se retuerce en su reclusión por considerarse estupenda e intocable. La perversidad racista, como se puede comprobar, ha llegado hasta extremos nauseabundos y por si fuera poco aplaudidos por tantos reaccionarios y reaccionarias que habitan Bolivia, que por si acaso, no son pocos y están siempre dispuestos a volver a la carga.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Noviembre 2019: Inventario de una transición de gobierno irregular y represiva

En síntesis, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Óscar Ortiz y la propia Jeanine Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo, para derrocar a Evo Morales.

Foto: ABI

/ 5 de septiembre de 2021 / 00:29

El 10 de noviembre de 2019, el intento de reproducción del poder a la cabeza de Evo Morales terminó de desmoronarse, como todo proceso forzado que se empeña en querer mostrar transparencia en decisiones vinculadas a veredictos inconstitucionales. El voluntarismo con el que el MAS participó de manera antirreglamentaria de las elecciones de octubre de 2019 condujo al país no a un gobierno de transición rutinario y enmarcado en obligaciones específicas de restitución de la voluntad popular para elegir un nuevo gobierno, sino a una presurosa y angurrienta toma del poder azotada por la pandemia, la represión militar y policial, también protagonizada por organizaciones civiles irregulares. El gobierno-bisagra se caracterizó además por continuos actos de corrupción y en el orden simbólico e identitario, en la negación de la existencia del Estado Plurinacional por parte del Ejecutivo formalmente encabezado por Jeanine Áñez, pero fácticamente a cargo del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Militares en la masacre de Sacaba, en noviembre de 2019, durante el gobierno de Áñez.

El actor fundamental de los acontecimientos producidos entre el 21 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 como se ha podido examinar en esta serie periodística, Memoria y archivo, que cerramos hoy en un primer ciclo, se llama Luis Fernando Camacho y es ahora gobernador electo del departamento de Santa Cruz. A la cabeza del Comité Cívico pro Santa Cruz y de los cabildos callejeros organizados alrededor del Cristo Redentor, fueron su determinación y frontalidad en la búsqueda de la renuncia de Evo Morales las que produjeron una suma de acciones táctico-estratégicas —civiles, militares y policiales— de desobediencia al orden constituido. Camacho está orgulloso de lo que hizo. Cada vez que se le pregunta por el tema, dice que el objetivo principal fue cumplido: Sacar del poder a un presidente que quería atornillarse en la silla para siempre. Lo que el ahora jefe de la agrupación Creemos no podía calcular es en qué consistiría el gobierno transitorio. No imaginó que el oscuro y autoritario desempeño de Áñez y los suyos se convertiría en funcional al partido azul que desembocaría en el retorno del MAS al poder en el lapso de 361 días. No estaba en sus manos el manejo del gobierno, aunque en principio contara con actores que se cuadraban ante él (ministros de la Presidencia y Defensa, y presidencia de Entel) y por ello cuando se destapó el escándalo de lavado de dinero y sobreprecios para materiales antidisturbios que tiene privado de libertad a Murillo en Miami (mayo, 2021), Camacho dijo entonces que “la lucha del pueblo boliviano en 2019 fue traicionada por los viejos políticos que se apropiaron del poder” e incluso pidió su extradición y la de sus cómplices.

El momento de la posesión de Jeanine Áñez. Foto: Oscar Ortiz.

Así como Camacho está convencido de que el derrocamiento de Evo sienta un precedente para quienes se animen a violentar las decisiones ciudadanas en las urnas (referéndum de febrero de 2016), Jorge Tuto Quiroga y Óscar Ortiz también actuaron con claridad en la línea para conseguir el objetivo de sacar a Morales de la presidencia. El exmandatario fue clave en tareas de coordinación para acelerar la salida del renunciado presidente fuera del país, y aunque para buscar el aplauso “pitita” le llamara “cobarde que solamente pensaba en escapar”, el criterio de Tuto era estratégico: Mantener a Morales en el país podía dar lugar a la imposibilidad de una exitosa instalación del gobierno transitorio que en términos “procedimentales” se produjo a través de un ardid pensado por su amigo y abogado de confianza Luis Vásquez Villamor, que inventó el ipso facto basado en la sucesión a la que accedió el propio Tuto en 2001 para reemplazar al general Banzer, pero que no figura en la nueva Constitución Política del Estado y tampoco en el reglamento del Senado. A continuación les tocaba operar a los materializadores del artefacto de Vásquez Villamor en forma de comunicado institucional, el trío de senadores conformado por Jeanine Áñez, Óscar Ortiz y Arturo Murillo. De los tres, quien controlaba en esos álgidos momentos los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa con participación civil, militar y policial era Ortiz, que el lunes 11 de noviembre había acompañado a Áñez en helicóptero militar para reunirse en un hotel de la zona Sur de La Paz con el que se constituyó en la encarnación de Banzer de la conspiración: Luis Fernando Camacho.

En síntesis, Camacho, Quiroga, Ortiz y la propia Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo. El primero, gritón y desafiante rodeado de guardaespaldas extranjeros, el segundo muy estructurado y preciso en sus actuaciones, el tercero con el sigilo de la discreción y la que sería presidenta transitoria efectuando una declaración ante la red Unitel el domingo 10 al final de la tarde, desde Trinidad, que anticipaba su llegada a la presidencia, y cuando todavía continuaba como segunda vicepresidenta del Senado, reuniéndose con curas católicos y embajadores, propiciadores de las reuniones en la Universidad Católica, usurpando el despacho de la presidencia de la Cámara Alta. También Arturo Murillo y Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, como indiscutidos protagonistas del derrocamiento, fueron de frente contra Evo y el MAS manejándose bajo el mismo registro de los principales operadores de la conspiración con acciones de hecho caracterizadas por la violencia callejera, y más adelante por las masacres de Sacaba y Senkata, perpetradas contra adeptos a Evo Morales que rechazaban rotundamente su defenestración, que quedaron debidamente registradas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Camacho, cuando era cívico de Santa Cruz y lideró las protestas que derrocaron a Evo Morales en noviembre de 2019.

Hay una segunda fila de personajes de esta conspiración que tiene como al más visible de sus actores de reparto a Carlos Mesa, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) que utilizando la disparatada decisión tomada por el tribunal electoral de interrumpir el conteo rápido no oficial de votos el mismo 20 de octubre de 2019, gritó “fraude monumental” e instigó a la sociedad civil a acudir a los tribunales departamentales que derivaron en incendios y episodios vandálicos. El mismo Mesa, cuando se producían las reuniones del 11 y 12 de noviembre moderadas por la Conferencia Episcopal presidida por monseñor Eugenio Scarpellini, había decidido desconocer el artículo 169 de la Constitución acerca de la sucesión constitucional, oponiéndose a que “alguien del MAS asuma el gobierno transitorio”. En la misma línea secundaria intervino Samuel Doria Medina, el que refirió el Plan B a las representantes del MAS en las reuniones de la Católica (Salvatierra, Rivero, Teresa Morales) que consistía en “Áñez presidenta.” Dicho sea de paso, Doria Medina escribió en su cuenta de Twitter hace siete días que “La Razón publica un artículo (El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales) lleno de imprecisiones y falsificaciones (no argumenta cuáles serían éstas) para defender su posición política a costa de la honra de las personas (lo escrito en dicho artículo lleva mi firma, compromete mi criterio y visión, y no necesariamente la de este diario). Se dice por ejemplo, mintiendo, que traje a un periodista español al país. Pura retórica ‘golpista’ sin asidero de la realidad”. En el artículo aludido por Doria Medina no hay alusión alguna contra “la honra de las personas”, y con respecto del “periodista español” el texto señala: “La armonía ideológica que se había logrado, contaba incluso con la participación de un exmirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS…” Si trajo o no Doria Medina a Entrambasaguas resulta un asunto menor. Lo cierto es que hay fotografías sobre sus encuentros públicos en los que se advierte que congeniaron de maravilla —armonía ideológica—. que entre otras actividades dio lugar a una entrevista que el español le hiciera el 25 de enero de 2020 y que el jefe de la extinta Unidad Nacional (UN) anunciaba: “A las 18:00 estaré en la Utepsa (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz) en el seminario político para ser entrevistado, con público, por el periodista Alejandro Entrambasaguas sobre: Crisis, Transición y nuevo ciclo.” Muy en ese conocido estilo de mirar para otro lado cuando se lo sindica de ciertas responsabilidades en la conspiración de octubre-noviembre de 2019 —“a mí me llamó Héctor Arce para participar de las reuniones de la Católica”—, es necesario recordar que Doria Medina es el propiciador del ingreso de Arturo Murillo a la actividad política como diputado de Unidad Nacional (elecciones de 2005). Y para completar su hoja de vida, queda también para el registro que fuentes confiables aseveran que Samuel ofreció acompañar a Carlos Mesa como candidato a la vicepresidencia. La respuesta inmediata fue no. Pocos días después, quien lo visitó en su oficina para ofrecerle acompañar en binomio a Jeanine Áñez fue nada menos que su criatura política, el mismísimo Arturo Murillo. De ahí en más ya sabemos lo que sucedió, Samuel sumaría un contraste más en su dilatada trayectoria de derrotas políticas, cuando las encuestas le informaban que la candidatura de Jeanine se había desplomado y tocaba emprender la retirada, otro factor que contribuyó al regreso del MAS al poder con nuevos actores en el binomio electoral.

Bolivia, como el resto del mundo, tuvo que someterse a las cuarentenas rígidas como resultado de la llegada del coronavirus que puso en emergencia a un precario sistema de salud pública. Comenzaron los contagios y se empezaron a producir muertos como resultado de la pandemia. El gobierno de Áñez concedió un bono de Bs 500 que con el nombre de Universal beneficiaba a ciudadanos y ciudadanas sin fuente laboral y sin renta estatal alguna, utilizando el mismo argumento que los gobiernos del MAS para hacer del rentismo una fuente de alivio a las carencias económicas de muchas familias en el país. Paralelamente, grupos de fiscales actuaban arrinconando a extrabajadores del Estado a los que se acusaba de hechos de corrupción o a los que se les armaba casos con el propósito de extorsionarlos. Si en el gobierno de Evo hubo persecuciones políticas, en el de Áñez se pasó de una persecución selectiva y muy puntual a la caza indiscriminada de masistas y no masistas, reducidos a las categorías de hordas, sediciosos, narcotraficantes y delincuentes, todo esto en medio de una caótica y opaca gestión institucional con compras de respiradores con sobreprecios que nunca funcionaron y barbijos con costos multiplicados en ocho a 10 veces más que lo señalado por sus precios reales.

Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.
Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.

La persecución practicada por el Ministerio de Gobierno y un aparato de fiscales se había extendido a la sociedad civil. Ciudadanos y ciudadanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz decidieron organizarse para instalar sus pititas en vigilias retribuidas con comida chatarra, con cercanía a viviendas de quienes pudieran haber pensado en ponerse a buen recaudo. Tal cosa sucedió con el apartamento del exministro de Gobierno Carlos Romero en Sopocachi y con la residencia de la Embajada de México en La Paz en La Rinconada, zona Sur, donde se encontraban refugiados expersoneros de alto nivel del depuesto gobierno de Evo Morales. Algo parecido, pero con altos niveles de violencia se suscitó en Vinto, Cochabamba, cuando la Resistencia Juvenil Cochala decidió agredir y humillar públicamente a su alcaldesa Patricia Arce,  así como la Unión Juvenil Cruceñista desencadenó persecuciones desenfrenadas y capturas de militantes del MAS y a quienes aparentaban serlo en Montero y en Yapacaní. En todos estos casos, la Policía que se había amotinado contra el gobierno de Evo Morales, fue permisiva en unos casos y cómplice en otros para instaurar un sistema de interrogatorios en los que además de obligar a los detenidos a incriminar a quienes habrían sido sus jefes, se agredía físicamente y en los casos de varias mujeres, incluso sexualmente, tal como el mismo informe del GIEI lo subraya.

Hay un caso reciente que termina siendo paradigmático en materia de persecución y violencia política. Es el protagonizado por Róger Revuelta, de la Resistencia Juvenil Cochala, que ha sido condenado a 12 años y seis meses de cárcel por tentativa de homicidio contra el periodista Adair Pinto, que recibió tres puñaladas por haber denunciado actos de corrupción cometidos por el gobierno de Áñez. Si hay una historia de conducta paraestatal es ésta. Podrían preocuparse por conocerla a fondo (Periodista se salvó de la muerte a manos de un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, La Razón, 28 de agosto de 2021), quienes intentaron utilizar el término para criminalizar a medios de comunicación supuestamente afines al MAS, esos que de tanto fustigar de paraestatales a medios de supuesta identificación con el partido azul, terminaron convirtiéndose en verdaderos agentes —paraestatales— de persecución política y mediática.

Hay documentos con estatus multilateral y de organizaciones académicas estadounidenses y europeas que han permitido, en las últimas semanas, establecer conclusiones objetivas y concluyentes: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho oficialmente que el derecho a la reelección no puede ser conceptuado como derecho humano, por lo que la candidatura de Evo Morales, basada en ese argumento, no era procedente. La auditoría practicada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ampliamente cuestionada por el MAS y contrastada con otros estudios, sirvió para que las elecciones de octubre de 2019 fueran anuladas, pero no para demostrar categóricamente los alcances precisos del supuesto fraude electoral. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) manejó dos coordenadas fundamentales: la primera, coyuntural, dice que en el gobierno de Jeanine Áñez se perpetraron masacres y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. La segunda, estructural, apunta a que el sistema judicial boliviano está penetrado por la corrupción, la lentitud y la cooptación política, y recomienda una gigantesca tarea de reformas que debiera implicar la incorporación de nuevos actores. El llamado telefónico de un ministro a un fiscal o a un juez para apretar a un adversario que interfiere en sus planes debiera ser una rarísima excepción y no la regla.

Carlos Mesa, el protagonista del discurso del «fraude monumental» que derivó en el asedio y vandalismo contra los tribunales electorales.

En caso de que a Jeanine Áñez le sea otorgada una detención domiciliaria y en el mejor de los casos libertad irrestricta para defenderse, la expresidenta deberá estar consciente de una posible condena que la obligaría a quedar privada de libertad ya no unos meses de manera preventiva, sino varios años, por algunos o todos los delitos por los que ha sido imputada. Acerca del falso debate sobre si lo que se produjo en noviembre de 2019 fue fraude electoral o golpe de Estado, debe quedar claro que un fraude queda plenamente demostrado, como es el caso del que se produjera en 1978 con la candidatura del general Juan Pereda Asbún por la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), cuando aparecieron 50.000 votos que superaban el número de inscritos para votar. Sobre si hubo o no golpe de Estado, el hecho objetivo es que se violó la línea sucesoria estipulada por la Constitución y a ello se suman elementos sobre la inobservancia del procedimiento camaral para convertir en presidenta a Áñez, sin el establecimiento de una sesión formal del Senado y sin la elección de una nueva directiva, requisito previo a la designación presidencial tal como sucediera en las transiciones de Tuto Quiroga (2001), Carlos Mesa (2003) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), quienes juraron al cargo conforme a ley, en el hemiciclo parlamentario.

La fotografía de la coyuntura no podía ser más patética: los mismos que respaldaron el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, salen a protestar en defensa de los derechos de Áñez, quien en su gobierno vulneró derechos a diestra y siniestra: Curas católicos, políticos golpistas, candidatos perdedores y activistas de derechos humanos VIP. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) dirigida por Luis Almagro no se inmuta ante los reclamos bolivianos por la injerencia y las distorsiones generadas en un país enrarecido por una crisis de Estado que debe superarse, en primer de los lugares, con el respeto innegociable de la voluntad ciudadana expresada libremente en las urnas, sin pataleos de última hora tocando puertas de cuarteles para fabricar una nueva aventura civil militar, tal como sucedió luego del triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca en octubre de 2020, a cargo de los grupos más reaccionarios y fascistoides, a los que tragedias como las de Sacaba y Senkata no les provocan ni el más mínimo de los remordimientos.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales

El legado de Banzer sigue vigente, tal como pudo comprobarse de manera rotunda en el golpe de Estado que llevó a la presidencia a Jeanine Áñez el 12 de noviembre de 2019.

Opositores. Jorge Quiroga, Óscar Ortiz, Rubén Costas y Luis Fernando Camacho, políticos opositores al MAS marcados por el banzerismo. Foto: APG

/ 29 de agosto de 2021 / 06:34

Los admiradores del mítico Víctor Paz Estenssoro, líder de la Revolución de 1952, cuatro veces presidente de la República, ya deberán resignarse ante las evidencias históricas que dan cuenta de la impronta del general Hugo Banzer Suárez en la política boliviana del último medio siglo. El día en que el doctor Paz decidió apoyar el golpe de agosto de 1971 (98 muertos, medio millar de heridos) hipotecó para siempre al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que se fragmentó en varios “emenerres” y cavó su tumba, que lo tiene como cadáver insepulto desde 2003, año en que Goni se derrumbó por sus crasos errores de apreciación sobre un país que estaba a punto de cambiar. El principal propiciador de la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa y la instalación del voto universal que había renunciado a la presidencia en 1964, producto de la conspiración de su vicepresidente, el general René Barrientos Ortuño, regresaba del exilio de Lima para subordinar a su partido al militarismo bien conectado con el poder hegemónico imperial. Dicho y hecho, una vez que las Fuerzas Armadas se consolidaron en el poder, en 1974, Banzer, luego de haber utilizado a movimientistas y falangistas para pasarle un barniz de legitimidad a su dictadura, se deshizo de ellos, para armar un gabinete exclusivo de generales, coroneles, almirantes y contraalmirantes.

A partir de entonces, Banzer no dejó de ser más importante y decisivo en la agenda política boliviana que Paz Estenssoro. Tan evidente fue la visión estratégica del dictador de los años 70, que en 1985 se acercó nuevamente al MNR, ya en igualdad de condiciones partidarias al haber fundado Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1979. Banzer había pasado de su septenio autoritario, con terrorismo de Estado incluido, al escenario democrático en el que a través del Pacto por la Democracia se recomponía su relación con el MNR pazestenssorista, ofreciéndole apoyo desde el parlamento, sin condicionamientos, y valiéndose de los contactos de un par de tecnócratas de su partido para facilitar la llegada al país del economista Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, que escribió los lineamientos inaugurales del neoliberalismo, que adquirió carta de ciudadanía con el Decreto 21060, que rigió la política económica boliviana durante 20 años. De esta manera, el MNR, la ADN, el empresariado privado y las fuerzas militares sometidas al poder civil democrático iniciaban un nuevo período en la historia de Bolivia.

PACTO. Banzer había combinado el aceite con el vinagre, amigando al MNR con sus antiguas víctimas de la Falange Socialista Boliviana (FSB). En pacto civil-militar se repartieron el primer gabinete de ministros el 21 de agosto de 1971. Veintidós años más tarde, el mismo general asoció a su ADN con quienes fueran activistas en la clandestinidad que lo combatieron, encabezados por Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), poniéndole la firma al Acuerdo Patriótico entre 1989 y 1993. Dos conciliaciones partidarias de apariencia imposible fueron gestadas por este militar, único en América Latina entre sus camaradas del Plan Cóndor, por haber sido capaz de regresar al poder por la puerta democrática: solo en Bolivia podía suceder semejante cosa, dice el lugar común. Banzer se metió al bolsillo a Paz Estenssoro en 1971, se lo sacó de encima en 1974 y se abuenó con él en 1985. En buenas cuentas, hizo lo que le dio la gana con quien alguna vez definiera el poder como un maravilloso instrumento. También lo hizo con los miristas de Paz Zamora, a quienes persiguió en su dictadura por comunistas que querían “sustituir la gloriosa tricolor por el trapo rojo con la hoz y el martillo” para en 1989, a través de un impensado acuerdo entre la derecha y la izquierda con perfil social-demócrata (ADN-MIR), sacar otra vez de en medio al MNR, y le cerró el paso a la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada, que había ganado las elecciones de ese año.

En 1995 entrevisté al general Banzer en su oficina de la calle Hermanos Manchego (Fundemos) y en el piso 10 del edificio Gloria de la avenida Arce, apartamento en el que residía. En las dos entrevistas me hizo un par de revelaciones que explican su dimensión: “Decidí romper las negociaciones con Sánchez de Lozada para definir la presidencia de la República porque me ofreció dinero a cambio de mi respaldo. Me ofendió de tal manera que nunca más quise saber de él. Creyó que con su fortuna todo era posible y conmigo se equivocó, por eso al final nos sentamos a conversar con el MIR y decidimos apoyar a Jaime que había sido tercero en las elecciones para que asumiera la presidencia.” En el segundo encuentro le pregunté si era cierto que le había sacado la pistola a Max Fernández, el empresario cervecero, jefe de Unidad Cívica Solidaridad (UCS): “Lo encañoné porque había ofendido mi honor en una nota periodística, lo conminé a que se retractara exactamente en el mismo espacio y con la misma extensión en el mismo medio de comunicación”. Estas confesiones, que forman parte de varias de las confidencias que Banzer me hizo, nos permiten, a 20 años de su muerte, extraer conclusiones acerca del temperamento y la determinación de este militar nacido en Concepción, Santa Cruz, bien entrenado por la Escuela de las Américas en tiempos de la guerra fría contra ese enemigo interno, el comunismo, que tenía su epicentro en Moscú y su satélite latinoamericano y caribeño en La Habana.

GOLPE. Banzer, en el balcón del Palacio Quemado en 1971, junto a sus aliados, entre ellos Víctor Paz Estenssoro (MNR) y Mario Gutiérrez (FSB). Foto: Archivo La Razón

Banzer hizo posible el Pacto por la Democracia en 1985. Generó el Acuerdo Patriótico en 1989. Y para completar su protagonismo en la construcción del Estado de derecho en el país, fabricó una megacoalición para su presidencia democrática (1997-2002), en la que entraron como en una bolsa de gatos, además del MIR de Paz Zamora-Oscar Eid, la UCS ya entonces comandada por Jhonny Fernández luego de la muerte de su padre Max, Conciencia de Patria (Condepa) de Carlos Palenque, Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes Villa y hasta el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) del que en sus orígenes fuera jefe del maoísta Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), Oscar Zamora Medinacelli, quien había sido su candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 1989. En su obsesión por pasar a la historia como un auténtico demócrata, Banzer pactó con ángeles y demonios de los años 80 y los 90, y su legado sigue vigente tal como pudo comprobarse de manera rotunda en el golpe de Estado que llevó a la presidencia a Jeanine Áñez el 12 de noviembre de 2019.

Las operaciones psicológicas de la derecha boliviana tuvieron éxito indiscutible con la instalación de matrices del miedo que conducen a la conspiración como extrema necesidad de sobrevivencia: “Nosotros o los indios”. Así tenemos que Evo Morales es un comunista. Evo Morales nos va a quitar nuestras casas y eliminará la propiedad privada. Evo Morales hará de nuestros hijos unos ateos al abolir la religión católica. Evo Morales quiere que Bolivia sea como Cuba y Venezuela. De esta manera, la acumulación de tensiones y el odio al indio, convertido y funcionalizado en campesino desde la Revolución del 52, que gobernaba Bolivia desde 2006, se hacían cada vez más evidentes hasta que llegó el 28 de noviembre de 2017, día en que el Tribunal Constitucional habilitó una nueva candidatura con un argumento recientemente rebatido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decisión que sirvió para cuajar la idea fuerza clave que exigió dos años de trabajo conspirativo: Evo Morales, a título de derecho humano a una nueva reelección, quiere eternizarse en el poder.

Plenamente posicionada la imagen de un autoritario y prorroguista ante la clase media urbana “apolítica”, Evo Morales creyó que podía capear aguas turbulentas hasta conseguir un nuevo triunfo en octubre de 2019. No cayó en cuenta, y menos sus asesores en contrainteligencia, que al haber enfatizado un discurso antiimperialista y antinorteamericano durante sus tres mandatos consecutivos, efectivamente quedaba demostrado que era un comunista, cuando el comunismo en los hechos de la geopolítica mundial había dejado de existir. De esta manera, el banzerismo empezó a funcionar con toda su carga ideológica, y sus matrices culturales de pacto entre civiles, militares y policías, para dar lugar al derrocamiento del primer gobierno popular con identidad indígena y campesina que había tenido Bolivia desde 1825.

MOTOR. El poder del espíritu del general Banzer fue el nervio motor para que la conspiración fuera exitosa. Tuto Quiroga, su exvicepresidente, coordinaba la salida de Evo Morales de Bolivia con el comandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros. Óscar Ortiz, que había sido subsecretario en su gobierno democrático (1997-2002), operaba desde el Senado una sucesión presidencial inconstitucional. Desde Santa Cruz, el gobernador Rubén Costas, compañero de Banzer en la fraternidad Los Tauras, hizo de su aparente pasividad personal un arma de control de la capital cruceña en esos días en que no volaba ni una mosca sin el permiso del comité cívico. Luis Fernando Camacho, sin tener profunda conciencia de que el banzerismo podía ser hereditario, usó a su papá, falangista armado en el golpe del 71, para transar con militares y policías que “se pusieran al lado del pueblo”, entendiéndose por pueblo en dicho contexto al ciudadano movilizado con la tricolor, católico, anticomunista, odiador del indio, nada que ver con el nacionalismo popular de los inicios de Paz Estenssoro en los años 50, que en gran medida fue heredado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que es nacionalista revolucionario antes que comunista o socialista, aunque el discurso antiyanqui confunda.

MÉXICO. El expresidente Evo Morales, tras ser derrocado en 2019. Foto: AFP

Los pocos falangistas de los años 70 que quedan, sus hijos y hasta nietos, los militares de esa misma generación, empresarios, agroindustriales y ganaderos, y hasta la sociedad civil a través de grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista fundada en 1957 por el que fuera ministro de Salud de la dictadura banzerista, otro falangista, Carlos Valverde Barbery, ingresaron en una especie de máquina del tiempo, para que 48 años después de llamar al golpe de Estado “revolución” Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, fuera portador de la herencia del Frente Popular Nacionalista (FPN) —militares, movimientistas y falangistas, autores del golpe del 71— para derrocar a Evo Morales de la presidencia, recibiendo además el apoyo de la jerarquía católica y de embajadores como el de la Unión Europea, el franquista León de la Torre. La armonía ideológica que se había logrado contaba incluso con la participación de un exmirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS, tal como lo había hecho en Madrid, acosando a Pablo Iglesias, entonces líder del izquierdista Unidas Podemos. Y como actor de reparto completaba el cuadro el nostálgico pazestenssorista Carlos D. Mesa Gisbert, exvicepresidente del MNR de Sánchez de Lozada, que sin otra prueba que una interrupción de un conteo no oficial de votos instaló la matriz “fraude” para iniciar el tramo final de la conspiración.

Aviones de combate sobrevolando rasantes en El Alto o en Challapata, lo mismo que sucediera con Laikakota en La Paz en 1971. Y días después, como en el septenio del banzerato, masacres en Sacaba-Huayllani y Senkata, para eliminar masistas ondeando wiphalas, tal como sucedió en Tolata y Epizana en 1974, arremetiendo contra indígenas quechuas a los que se condenó por subversivos. “Si encuentran un comunista, mátenlo, yo me hago responsable”, dijo Banzer en esa trágica oportunidad que ofrecía recompensa por la caza de estos revoltosos, que en la actualidad formarían parte de las “hordas masistas” criminalizadas por un aventajado alumno de los métodos represivos de las dictaduras militares, el ministro de la muerte, Arturo Murillo.

Los dilemas ideológicos acerca de una Bolivia neoliberal, nacional popular, nacionalista revolucionaria o de izquierda nacional excluyen del análisis al militarismo desarrollista y capitalista de Estado en dictadura y del neoliberalismo en democracia con el que el general Hugo Banzer Suárez se manejó como actor decisivo de la política boliviana. Fue presidente de facto, iniciador de los pactos partidarios en 1985 y en 1989, apoyando a Paz Estenssoro y a Paz Zamora, y en reciprocidad éste último respaldó su presidencia democrática iniciada en 1997 con algo más del 20% de la votación cuando el presidente era elegido de entre los tres primeros en el Parlamento nacional.

DEFINICIÓN. Jeanine Áñez, en la reunión previa a su autoproclamación, con representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica. Foto: Senado de Bolivia

Banzer evitó en 1971 que un soviet boliviano se consolidara con la Asamblea del Pueblo que otro histórico del MNR, el legendario secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Lechín Oquendo dirigía con la venia de ese otro general de Ejército, Juan José Torres Gonzales, que presidía el país, y que el 2 de junio de 1976 fuera asesinado bajo las coordenadas del Plan Cóndor, cinco años después de haber sido derrocado por su camarada del Ejército, el en ese momento coronel Banzer. Aquellos episodios caracterizados por la violencia política y la eliminación del enemigo me provocaron la siguiente pregunta: ¿Cuál era el objetivo del general Terceros al ordenar que el avión en el que Evo Morales aterrizaba en Chimoré fuera llevado al hangar militar del aeropuerto el 10 de noviembre de 2019?

Los fascistas de los años 70 y los fascistoides del nuevo siglo han establecido conexiones que forman parte de una manera de hacer política. Cuando no es por el camino de la formalidad democrática de acuerdo con sus conveniencias y con las exigencias de sus estructuras de poder, queda el recurso de la fuerza y del trastocamiento de las obligaciones institucionales en democracia. Así tenemos un país con médicos que hacen paros como arma desestabilizadora. Curas católicos que arman reuniones paralelas a la formalidad democrática para definir el destino de la presidencia del Estado. Embajadores que meten sus narices hasta en las habitaciones de los refugiados políticos, tal como hacía León de la Torre en la residencia de la Embajada de México entre el 11 y 12 de noviembre de 2019. Conversos e impostores disfrazados de defensores de los Derechos Humanos que aborrecen a los “izquierdos humanos” y por eso nada más defienden a Jeanine Áñez y hacen silencio acerca de los masacrados y humillados, aymaras y quechuas, de Sacaba-Huayllani y Senkata.

LEGADO. Este es el legado que Banzer le ha dejado a Bolivia. Luchar contra los enemigos y ponerles la etiqueta que convenga a cada coyuntura para sacarlos de en medio. Lo que el General ya no sabe es que las indias y los indios bolivianos aprendieron a ganar elecciones. Superaron el miedo a que uno de los suyos, iletrado, sin estudios universitarios, pudiera ser presidente del país “para gobernarnos a nosotros mismos”, como ha afirmado recién el vicepresidente David Choquehuanca. Lo que el dictador de los años 70 tampoco puede ya saber, pero sus herederos sí, es que los instrumentos político- sindicales de las mayorías bolivianas han funcionado 14 años con un gobierno que demostró que era posible ser pragmáticos —“nosotros hablamos y negociamos con todos”, me dijo alguna vez el exvicepresidente Álvaro García Linera—, pero con sujeción a la identidad plural de un Estado que ahora tiene visibilizados a todos sus actores étnicos, fundamentalmente a aquellos que hasta hace dos décadas se avergonzaban por sus apellidos y ahora los llevan con orgullo pronunciándolos a voz en cuello.

Incluido el golpe del que fuera su ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, general Alberto Natusch Busch, en 1979, otra vez, con la complicidad del MNR (Bedregal Gutiérrrez-Fellman Velarde, con Paz Estenssoro por detrás), que derivara en la Masacre de Todos Santos, Hugo Banzer Suárez pasó de la brutalidad de las dictaduras militares, con la suya como la más importante por duración, a los pactos en democracia para regresar al poder “de a buenas”. Pero la historia lo enseña, cuando un indio desobediente no entiende, hay siempre la posibilidad de volver a tomar el poder a la mala, tal como sucedió en 1971, cuando los obreros comunistas y trotskistas pretendían ejercer poder. Sin la salvadora presencia de Banzer o su nefasto legado, según desde donde se lo mire, las Bolivias de los últimos 50 años no podrían comprenderse si no seguimos con rigurosidad crítica el trayecto de este general nacido en un pueblo chiquitano, al que los cruceños que saben de historia le llaman el pueblo de los gatillos fáciles.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

DATOS

1971 – tomó el poder el dictador Hugo Banzer Suárez

1997 – fue designado Banzer presidente, en la era Democrática

10 de noviembre de 2019 – fue derrocado Evo Morales

12 de noviembre de 2019 – se autoproclamó Áñez

20 muertos en las masacres de Sacaba y Senkata

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El melodrama de Jeanine

/ 28 de agosto de 2021 / 02:40

Los géneros literarios, musicales y audiovisuales pertenecientes a la cultura popular, se encuentran fuertemente conectados con el relato político al que algunos analistas de coyuntura suelen no otorgarle importancia “categorial”, para decirlo pronto y en difícil, como corresponde hacerlo en el caso de Jeanine Áñez, la expresidenta accidental, transitoria o de facto de la “República” de Bolivia que decidió trasladar su despacho al original de la vieja casona o Palacio Quemado en actitud negacionista de las transformaciones constitucionales operadas en Bolivia desde 2006. Así, Áñez negó la existencia del Estado Plurinacional, negó a la wiphala como símbolo patrio oficial, negó que la Casa Grande del Pueblo fuera simplemente un edificio con oficinas para el trabajo y de ninguna manera un palacete de lujos asiáticos, negó que los masistas fueran ciudadanos bolivianos y por eso no le tembló la mano para firmar el Decreto 4078 que liberaba de posibles culpas a militares que fueran a abrir fuego contra los facinerosos que no admitían el derrocamiento de Evo Morales.

Las lenguas viperinas dicen que Jeanine Áñez era vendedora de cosméticos y productos de belleza, actividad comercial que le permitía algo así como un refuerzo salarial a su dieta parlamentaria. Existe también mucha información acerca de su parentesco con benianos de San Joaquín presuntamente vinculados al tráfico de cocaína. Se sabe que la captura de varios de ellos le habría generado un gran rencor contra quien habría ordenado algunas pesquisas y apresamientos, el que fuera ministro de Gobierno, Carlos Romero. En las redes sociales, cuando Áñez era senadora, fue objeto de memes y malos tratos publicados en la banda ancha de su filiación política, alguna frase disparatada y sus relaciones personales.

Jeanine Áñez ha traído de retorno el melodrama latinoamericano a nuestras pantallas, ediciones digitales y testimonios orales. Su antecesora había sido Gabriela Zapata, la mediática exnovia de Evo Morales que de la noche a la mañana quiso que su dinero la llevara a la fama con estilo muy erótico y a las páginas glamorosas de revistas y portales donde la cursilería y la frivolidad generan felicidad e ilusión a miles y miles de mujeres que soñarían con ser iguales a su heroína de la telenovela noticiosa. Ahora reside en el mismo recinto penitenciario, con detención preventiva, una expresidenta del país que presenta la imagen de una pobre mujer gobernada por la hipertensión arterial, la gastritis aguda y la depresión, agobiada por presuntas vulneraciones a sus derechos ciudadanos. A la hora en que sus coterráneos pudieron expresarle su confianza cuando se postuló a gobernadora del Beni, éstos decidieron que había mejores opciones y apenas le concedieron un miserable 13% de la votación. Si quería evitar todas las incomodidades y el calvario actuales, debió pensar que con su tercer lugar en las subnacionales, el camino a seguir era el de sus exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López: la huida. Si así hubiera sido, es probable que ya estaría en condiciones de exhibir un envidiable bronceado conseguido en playas de South Beach.

Dicen que a Jeanine Áñez la pillaron con las maletas hechas para rajar de Bolivia cuando fue detenida en un apartamento en Trinidad. Y a partir de entonces se ha instalado esta historieta que para unos será bolero y para otros solamente una balada cursi. El engreimiento del personaje, a estas alturas más cercano a la ficción que a la realidad, ha dado lugar a un supuesto intento de suicidio, a una victimización que siempre tiene buena prensa e interlocutoras activas y muy escénicas como Amparo Carvajal, que debería ser llamada Desamparo por quienes le pidieron auxilio y a los que nunca escuchó, que con el bastón de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, sentada en la calle en postura de indefensión, llora a moco tendido por la pobre expresidenta violada en sus derechos y nueva perseguida política de los vengativos masistas.

El mediocre guion de la historieta de la señora Áñez, divorciada, madre de una niña y un niño, podría tornarse en novela con desenlace trágico, luego de haber ingerido de su propia medicina en dosis muy distintas y tolerables, que las que dio a probar a través de su aparato represivo cuando era presidenta, a varias mujeres vinculadas y no vinculadas al MAS, detenidas, torturadas, encadenadas y traumatizadas para siempre. Si el desenlace es fatal, los culpables serán Evo Morales, Luis Arce y todos los endemoniados masistas, incluidos los monigotes del Órgano Judicial, que no se apiadaron de su comprometida condición anímica y de salud, por lo que sería sensato otorgarle detención domiciliaria para que pueda ver tele en su casa y no tenga problemas de correr al refrigerador para tomarse un jugo de acerola o copoazú. De esta manera, concluiría otro episodio del melodrama nacional y ya no habría lugar, hasta la próxima vez, para más tribulaciones en nuestro valle de lágrimas.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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