LR en la Memoria

Tuesday 19 Mar 2024 | Actualizado a 04:39 AM

Noviembre 2019-Noviembre 2020: Una transición de persecuciones y masacres

Más allá de lo inconstitucional de su mandato, de no haber observado la sucesión constitucional, a Jeanine Áñez le será dificultoso enarbolar la bandera de sus derechos.

/ 25 de julio de 2021 / 00:48

La discusión acerca de si se produjo o no un golpe de Estado entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 se ha hecho bizantina. Se ha convertido en una cortina de humo con la que “los transitorios” eluden la discusión de fondo acerca de la naturaleza ideológica y las acciones desplegadas por el gobierno de Jeanine Áñez, sobre todo a partir de la administración del aparato coercitivo del Estado con resultados trágicos en materia de respeto a la ciudadanía y a los derechos humanos.

En el contexto en el que se maneja, Áñez debería estar bien enterada de la historia de la persecución política en Bolivia. Debería saber cuáles fueron los motivos para el descuartizamiento de Túpac Katari durante la colonia, cómo los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de 1952 a 1964 del pasado siglo persiguieron, encarcelaron, torturaron y mataron, por izquierda y por derecha, a dirigentes mineros con militancia en el trotskismo y en el Partido Comunista de Bolivia (PCB), y a militantes de la Falange Socialista Boliviana (FSB).

Jeanine Áñez se encuentra encarcelada por el caso Golpe de Estado.

Como exsenadora, expresidenta, y excandidata a la presidencia, está en la obligación de saber en qué consistió esa persecución política como instrumento de control del poder que se caracterizó por el encarcelamiento, la desaparición y el asesinato de bolivianos en las dictaduras militares que rigieron Bolivia entre 1964 y 1980. También debería estar enterada de que ya en democracia, a partir de 1982, los métodos de violencia política a través de la vejación y la eliminación física del adversario dieron paso a una judicialización de la política o a una politización de la justicia. Esto significaba dejar atrás la policía política —el Control Político de Claudio San Román, mastín de oscuros ministros de gobierno—, los campos de concentración y los centros de confinamiento, para circunscribir las persecuciones de unos contra otros a procedimientos operados por el Ministerio Público y un aparato judicial cooptado por el poder político, métodos lamentablemente utilizados en la llamada democracia pactada (MNR-ADN-MIR), por jerarcas del Movimiento Al Socialismo (MAS) especialmente a partir de 2015, pero también, y sin modificar un ápice su modus operandi, por su propio gobierno, ese que debió circunscribir sus acciones al llamamiento a nuevas elecciones en el lapso de tres meses luego de la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019. 

Ahora que Áñez reclama por considerarse víctima de persecución política, tiene que saber, si hasta ahora no hay quién se lo haga notar, que en menos de un año, tratando de dirigir el país desde el viejo Palacio Quemado, los índices de la persecución política en sus variadas formas superaron los de sus antecesores.

Cacería ejecutada

Sin contar los 37 muertos de Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal, la cacería anunciada y ejecutada por su principal colaborador, aquel que corregía sus palabras al oído en actos públicos sin pudor alguno, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, generó resultados de criminalización de exfuncionarios con montajes sobre presuntos casos de corrupción, encarcelamientos en los que se utilizó la tortura física y psicológica, agresiones físicas callejeras contra supuestos simpatizantes y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) a cargo de grupos civiles de choque secundados por uniformados de la Policía Boliviana, agresiones, amenazas y acallamiento de medios de comunicación vinculados a organizaciones sociales que salieron a las calles levantando wiphalas. La cifra no confirmada es de 1.500 personas, desde perseguidas hasta encarceladas y procesadas, hasta aquellas con detenciones preventivas y detenciones domiciliarias.

Arturo Murillo, el exministro de Áñez fue detenido en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero.

Quien se declara perseguida política y hace menos de un año presidía un gobierno en el que la persecución y la violencia política se instalaron en la cotidianidad, tendrá que encontrar en algún momento alguna explicación congruente de lo que hicieron sus fieles colaboradores que consumaron, entre muchos otros hechos de corrupción, un grosero negociado con la adquisición de materiales antidisturbios que dieron lugar a que su ministro del horror terminara encarcelado en Miami. ¿Será posible admitir que Áñez no sabía a dónde se metía cuando declaró desde Trinidad a la red televisiva Unitel, al final de la tarde del 10 de noviembre de 2019, que llegaría a La Paz a asumir la presidencia del Estado porque le correspondía? ¿Nunca se enteró la presidenta accidental cómo en realidad hacía, pero sobre todo deshacía Bolivia uno de los auspiciadores de su llegada a la silla, el exsenador Arturo Murillo? ¿Será que Áñez nunca ordenó la detención de algún poderoso del MAS, lastimada por la suerte que corrieron parientes suyos de San Joaquín, Beni, acusados de narcotráfico?

Áñez tiene que saber que en 1921 se produjo la primera masacre de la historia republicana en Jesús de Machaca (1) por explotación, expropiación de tierras y abusos del corregidor Luis Estrada. Que en aquella ocasión 1.500 militares asesinaron a 119 pobladores, incendiaron 130 viviendas, robaron ganado y encarcelaron a muchos pobladores. Tendrá que enterarse también que en 1923, en la masacre de Uncía la Federación Obrera se movilizó para pedir la liberación de dos dirigentes sindicales abusados por la Patiño Mines. Otra vez los militares abrieron fuego y se las arreglaron para desaparecer a algunos de los muertos en los hornos de fundición de minerales, que según datos oficiales fueron nueve. Áñez tiene que saber que en 1942 se produjo la matanza de Catavi en el campo María Barzola con 20 muertos y 200 heridos a manos de 200 efectivos militares, tiempos del gobierno de Enrique Peñaranda en que la Patiño Mines pretendía comercializar el estaño, el wólfram y la quinina para involucrar a Bolivia en el bloque de aliados en la Segunda Guerra Mundial, y los trabajadores protestaban por los bajos costos en el mercado internacional de lo que producían.

Áñez tiene que saber que en 1947 se produjo la masacre de Potosí cuando el sindicato de metalurgistas de la empresa Unificada de Mauricio Hochschild movilizó al comando de la Policía de la ciudad que reclamaba por la liberación de dos de sus compañeros, detenidos por órdenes de la Junta de Gobierno presidida por Tomás Monje Gutiérrez. En esta circunstancia, los muertos de los que tampoco se tienen números cayeron del lado minero y también del policial. En 1949, los mineros de Siglo XX se movilizaron por incrementos salariales, cumplimiento de un laudo arbitral, pago por desahucios e indemnización por despidos. La Patiño Mines, respaldada por el gobierno de Mamerto Urriolagoitia, derivó en la detención y el exilio a Chile de la dirigencia minera, lo que provocó una asamblea con toma de rehenes para exigir la liberación de los dirigentes detenidos. Resultado: 1.500 militares intervinieron el campamento minero, lo que produjo un combate y los rehenes terminaron muertos. El 29 de mayo fueron masacrados 40 trabajadores y quedaron heridas 80 personas, entre ellas, mujeres y niños, y el 30 de mayo fueron fusilados entre 200 y 300 trabajadores, y destrozadas sus viviendas.

Áñez tiene que saber que en 1967 se produjo la masacre de San Juan en los centros mineros de Catavi y Siglo XX, ordenada por el dictador René Barrientos cuando los trabajadores celebraban junto a sus familias alrededor de fogatas: 20 muertos, entre 70 y 80 heridos y aproximadamente 200 desaparecidos. Se trataba de reprimir el intento de los mineros de reproducir un movimiento parecido al de la guerrilla del Che Guevara. Trece años después, durante la dictadura de Hugo Banzer, en 1974, se produjeron las masacres de Tolata (16 muertos y 42 desaparecidos) y Epizana (15 muertos y 20 desaparecidos), luego de la devaluación de la moneda de 12 a 20 pesos bolivianos en el tipo de cambio al dólar estadounidense y la generación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Áñez tiene que saber que en 1996 se produjo la llamada masacre de Navidad que comprende las localidades de Amayapampa, Capasirca y Llallagua, debido a la oposición de los trabajadores mineros a inversionistas extranjeros, a la defensa de los recursos naturales y sus fuentes de trabajo, y al repudio al nuevo código de minería favorable a los empresarios. La respuesta del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue la movilización de 1.000 efectivos militares y policiales que generó 11 muertos y 50 heridos. Según el general Hernán Aguilera, el presidente de la República ordenó la intervención con arsenal de guerra. Más adelante se producirían la “guerra del agua” (2000) en el gobierno democrático del general Banzer por la adjudicación de Aguas del Tunari a manos privadas, y la “guerra del gas” (2003), originada en el gobierno de Jorge Tuto Quiroga, quien planteó la venta de gas a otros mercados a través de Chile, intención que trató de concretar el segundo gobierno de Sánchez de Lozada con empresas transnacionales y que desató movilizaciones ciudadanas que fueron respondidas con el Plan República encarado de manera conjunta entre militares y policías, que dio lugar a la muerte de 65 personas. Ese hecho provocó la instauración de un juicio civil en Fort Lauderdale, estado de Florida, Estados Unidos, por parte de los familiares de las víctimas, cuya sentencia condenatoria conmina a pagar al expresidente la suma de $us 10 millones.

Luego de haber estudiado la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de Trinidad es muy probable que Áñez haya tomado algún conocimiento de las guerras del agua y del gas, y por supuesto de la masacre de Porvenir (2008), acaecida en el departamento de Pando, donde murieron 20 campesinos y quedaron heridos 40. Los trabajadores rurales marchaban hacia Cobija, capital del departamento, francamente opuestos a que el prefecto Leopoldo Fernández controlara las instituciones públicas y se impusiera el estatuto autonómico, cuando corría el tercer año de gobierno de Evo Morales.

19 de noviembre de 2019, otros 10 fallecidos por el operativo militar-policial en la zona de Senkata, en El Alto.

Las masacres de las que sí tiene conocimiento Áñez son las de Sacaba y Senkata, más las muertes producidas en El Pedregal de la zona Sur de La Paz y en Montero, Santa Cruz. En aquella oportunidad ella y su equipo de ministros firmaron un decreto (4078) que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en caso de que las circunstancias exigieran abrir fuego contra ciudadanos que se movilizaban defendiendo al gobierno y a la permanencia de Evo Morales hasta el final de su mandato previsto para enero de 2020. Con solamente 14 días de vigencia, el 28 de noviembre de 2019, la presidenta transitoria abrogó el decreto “en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación”, declaró y justificó su dictación afirmando que fue aprobado porque “el gobierno tuvo que asumir la medida porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto”… a cargo de esas facinerosas hordas masistas, como diría alguno de sus colaboradores.

La expresidenta Áñez, constitucional para las clases medias urbanas antievistas, de facto para las organizaciones populares, guarda detención preventiva en el recinto penitenciario de Miraflores de La Paz, como presunta responsable de genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Se trata de dos tipos de delitos necesarios de diferenciación a partir del antes y el después de asumida la presidencia del Estado Plurinacional. Las contravenciones al ordenamiento jurídico se refieren a cómo Áñez, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, accedió a la presidencia del Estado, es decir, a partir de un comunicado emanado del Tribunal Constitucional sin carácter vinculante, sin pasar por los requisitos que la Asamblea Legislativa Plurinacional exige, no sujetos a interpretación alguna. Los delitos que habría cometido ya como presidenta en materia de derechos humanos, están relacionados con las muertes de 37 personas y agresiones por parte de efectivos militares y policiales en localidades de los departamentos de Cochabamba, Potosí, La Paz y Santa Cruz.

Este es el cuadro de situación objetivo de la señora Áñez que aduce persecución judicial en una carta enviada a la alta comisionada para los Derechos Humanos de NNUU, Michelle Bachelet. Para decirlo en términos coloquiales, la exsenadora y expresidenta de Bolivia se considera una perseguida política. Por “pensar distinto”, agregarían los adeptos a los lugares comunes, que difícilmente logran explicar qué significa ese “pensar distinto” más allá de un abierto y rabioso antimasismo, y todo lo que signifiquen organizaciones sociales de indígenas, campesinos, obreros y trabajadores agremiados y no agremiados a los que se estigmatiza de corporativistas y autoritarios.

Habrá que esperar la reacción de Áñez ante el informe que ya entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de noviembre de 2020, y sobre el que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con el sentido de oportunidad y el descaro que le dicta su experiencia, ya se manifestó el pasado 14 de julio: “un minuto de silencio por los caídos de Sacaba y Senkata”.

Los defensores del ‘fraude no golpe’

Los defensores del “fraude no golpe” encabezados por Áñez, Mesa, Tuto Quiroga, Ortiz, Camacho, Doria Medina ya deben saber que el GIEI incluye en su informe presentado al gobierno constitucional de Luis Arce, y que será vinculante, el resarcimiento a las víctimas (a los familiares de éstas), observaciones a las actuaciones de la Justicia boliviana y a las responsabilidades estatales por la violencia de 2019. Si bien Sacaba y Senkata serán referencias fundamentales, figuran observaciones a los hechos posteriores de las elecciones anuladas del 20 de octubre y a los acuerdos firmados por el gobierno de Áñez para “pacificar el país” hacia la mitad de diciembre de 2019.

La Resistencia Juvenil Cochala, uno de los brazos operativos de la represión en el gobierno transitorio.

Las muertes irreparables, producto de la resistencia popular en defensa de convicciones y valores democráticos son nodales en el informe y por el ello el GIEI considera necesario un plan de reparación integral con fuerte énfasis en el aspecto psicológico e indemnización para los familiares de los caídos, víctimas de la bala militar, así como en los aspectos judiciales con recomendaciones de juicios penales, civiles y administrativos. Quienes vulneraron derechos humanos quedarán mencionados con nombres y apellidos en el informe a partir de distintos grados de responsabilidad penal, así como en materia de preceptos internacionales en la materia, dependiendo de los  grados violatorios a la vida, la libertad, la expresión del pensamiento, el voto e incluso la sucesión constitucional.

Si el viejo lobo Almagro se adelantó a homenajear a las víctimas de Sacaba y Senkata, admitiendo que hubo masacres, la exsenadora, expresidenta y excandidata presidencial Jeanine Áñez ya sabe que su nombre quedará inscrito en la historia de la docena de hechos luctuosos que segaron la vida de bolivianos y bolivianas desde 1921 (masacre de Jesús de Machaca) por defender sus ideales y sus convicciones políticas armados de piedras y palos frente a la bala asesina sobre la que nuestro libertador y fundador Simón Bolívar dijo: “Maldito sea el soldado que apunte sus armas contra su propio pueblo” (grafiti que puede leerse en una esquina de la calle René Moreno de Santa Cruz de la Sierra, a una cuadra de la plaza principal).

Más allá de lo inconstitucional de su mandato, de no haber observado la sucesión constitucional, a Jeanine Áñez le tendrá que ser dificultoso seguir enarbolando la bandera de sus derechos, cuando ya no hay dudas acerca de cómo su gobierno violó los derechos de bolivianas y bolivianos durante su ejercicio del poder con muertos, heridos, perseguidos, encarcelados y torturados. Persecución y violencia política son las marcas fundamentales del régimen que presidió.

(1) Con información obtenida por Mayra Navarro, politóloga e investigadora académica.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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El periodista Julio Peñaloza agrega sexta parte a edición de su libro

La primera edición de “Democracia interrumpida” quedó agotada y conforme transcurría el año 2023, el periodista, autor del libro, fue añadiendo nuevos capítulos (un total de veinte).

El Centro de Investigaciones Sociocomunitarias (CIS) publicó el libro en su segunda edición.

/ 17 de marzo de 2024 / 19:16

“Este libro es en gran medida producto de mi trabajo en La Razón en los últimos cuatro años, sin su respaldo difícilmente habría sido posible” dice Julio Peñaloza Bretel, habitual columnista de este diario, acerca de la publicación de este libro que el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias (CIS) acaba de publicar en su segunda edición y que forma parte de la oferta del stand de la Vicepresidencia del Estado en la primera feria del libro que se desa-rrolla en la ciudad de El Alto.

El momento mismo en que se produjo el derrocamiento de Evo Morales, Peñaloza Bretel decidió construir un relato que contemplara una visión estructural acerca de la violencia política, las violaciones a los derechos humanos y las masacres sufridas por bolivianas y bolivianos a lo largo de la historia del país. Con este espíritu, la primera edición organizada en cinco partes fue presentada en abril de 2022 por el vicepresidente David Choquehuanca, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y la entonces embajadora de México, María Teresa Mercado, que tuvo refugiados en su residencia a varios personeros del defenestrado gobierno del MAS durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

EDICIÓN

La primera edición de “Democracia interrumpida” quedó agotada y conforme transcurría el año 2023, el periodista, autor del libro, fue añadiendo nuevos capítulos (un total de veinte) acerca de personajes, víctimas y actuaciones que permitieron esta nueva edición en la que figuran, por ejemplo, “La coartada del fraude/golpe”, “Cierre de filas contra el golpismo”, “El asesinato político de Sebastián Moro”, “Operadores mediáticos ad nauseam”, “Un libro que Luis Fernando Camacho debería leer” (acerca de las masacres de Sacaba y Senkata), “La canciller”, “La Embajadora”, “El paramilitar” “¿Por qué se enjuició a Jeanine Áñez por la vía ordinaria?”, “El antimasismo de Página Siete y su fase terminal” y “La sentenciada”.

En términos temáticos, la parte 1 se refiere a la historia política de Bolivia, la parte 2 a las noticias sobre el gobierno de facto, la parte 3 a la interpretación y contextualización de los acontecimientos y protagonistas durante el gobierno de Áñez.

PARTES 4 Y 5

La parte 4 a la recapitulación de las masacres sufridas por el pueblo boliviano desde la República en el siglo XX hasta el vigente Estado Plurinacional, en la parte 5 se abordan a través de reportajes periodísticos, los hechos y los personajes que dieron lugar a la interrupción del Estado de Derecho a partir del 10–12 de noviembre de 2019.

Finalmente, en la parte 6, incorporada en esta segunda edición, se abordan aspectos que quedaron en el tintero y que repercutieron en términos de noticias y generaron opinión entre 2021 y 2023.

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Nación Osage

/ 9 de marzo de 2024 / 03:21

La historia de los Estados Unidos de América, el portaestandarte indiscutido de la democracia occidental, el paradigmático país que se ufana de exhibir el catálogo más amplio de derechos y libertades en todo el planeta, es nuevamente puesta en entredicho y en evidencia acerca de cómo se construyó está nación especializada en tutelar e imponerse sobre otras naciones a partir de su expansión imperial y su lucha a brazo partido contra el comunismo de la Unión Soviética durante la llamada Guerra Fría, continuación del triunfo en la Segunda Guerra Mundial contra el delirio nazi.  En efecto, Martin Scorsese ha echado mano del libro del escritor David Grann —Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la Nación Osage y el nacimiento del FBI (2017)— para entregarnos la película más lúcida que haya podido verse en las últimas décadas acerca de esa otra historia, aquella labrada por los pueblos indígenas que en el caso norteamericano fueron reducidos a reservas de cualidades “semisoberanas”.

El actor John Wayne, y todos los agentes del orden establecido formateados desde la industria cinematográfica, atiborraron una filmografía (películas del far west) de por lo menos medio siglo en la que los indios nacidos antes de que se plantara la bandera de barras y estrellas eran unos facinerosos pieles rojas que asaltaban diligencias de familias como la Ingalls, conformada por el papá patriarca, la mamá abnegada y los hijos rubiecitos y luminosos, paradigmas de la belleza y la inocencia humanas. Así, a través del cine y la televisión, se fue construyendo en el imaginario colectivo de la modernidad urbana de la Indoamérica colonizada por España y sus piratas del Caribe y territorios aledaños, la idea de que lo indio era feo, salvaje, peligroso, violento y asesino, tal como sucedió en la zona Sur de La Paz en 2019, aterrorizada ante la posibilidad de que unos campesinos violentos se descolgaran de sus cerros para atacar las casas de los blancos, saquearlas y matar a sus habitantes para finalmente apropiarse de lo ajeno, digamos que coronando el triunfo de la barbarie sobre la civilización.

Gracias a la investigación periodística convertida en literatura y más tarde en película, nos encontramos con que la historia se había producido exactamente al revés: Que unos pérfidos hombres blancos tramaron un macabro plan de exterminio de los indios Osage, propietarios de tierras en Oklahoma de las que salía petróleo a borbotones y de las que por supuesto eran dueños originarios. Para tal cometido, entre otras estratagemas y trampas, William Hale (Robert de Niro) y su sobrino Ernest Burkhart (Leonardo Di Caprio) deciden que hay que conquistar, en el sentido más colonial de la palabra, a Molly Kyle, impresionantemente interpretada por Lily Gladstone, con la que éste debe casarse para ir eliminando del camino a esos indios que con el dinero que les provee el oro negro se dan el lujo de tener choferes blancos y de mandar con la soberanía que les asiste.

La película de Scorsese, que involucra al FBI de Edgar Hoover frente al desafío del esclarecimiento de los hechos, está nominada para 10 estatuillas Oscar. Como antecedente importa el hecho de que Lily Gladstone obtuvo el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores, y los de las asociaciones de críticos norteamericanos y de Boston. Si la academia hollywoodense le entrega el premio a mejor actuación protagónica, significará que a 51 años del rechazo de Marlon Brando a recibir el premio por su interpretación como Vito Corleone (El Padrino de Francis Ford Coppola, 1973), en protesta por la discriminación practicada por la industria cinematográfica contra los indígenas, quedará simbólicamente reparada; pero no nos hagamos ilusiones, hay una gran probabilidad de que ese Oscar no será para Lilly Gladstone, actriz indígena lo mismo que Sacheen Littlefeather, quién subió al escenario para leer el discurso-protesta de Brando por “el trato vejatorio contra los indios”… se trataba de Brando, el más grande actor que se haya podido ver en la pantalla grande en la historia del cine, según lo dicta mi recuerdo agradecido.

Los asesinos de la luna llena es un peliculón de tres horas y media para mirar con detenimiento y ejercitar nuestra memoria audiovisual con admiración hacia el italoneoyorkino Martin Scorsese, sabio narrador de historias cinematográficas que a sus 81 años sigue dirigiendo a grandes actores con la misma lucidez con la que guiara al mismísimo De Niro en Taxi Driver (1976) y dirigirá otra vez a Di Caprio en su próxima película The wager (La apuesta), también basada en un libro de David Grann, “una historia de un naufragio, motín y asesinato”.

Ya se sabe: el Oscar es el Oscar. Tiene para premiar una película sobre el genio de la bomba atómica, otra sobre un asesinato enigmático en un lugar nevado, la Zona de interés sobre la normalidad con la que habitan el mundo unos criminales genocidas y ésta sobre los Osage que nos conduce a comprobar que la gran historia humana puede estar debajo de la alfombra roja de Hollywood. Venga el diablo o el Tío Sam y escoja.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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El anverso del horror

/ 24 de febrero de 2024 / 07:01

Ha sucedido en distintas latitudes que varios creadores audiovisuales fueron advertidos a través de preguntas formuladas por la crítica especializada, acerca de ciertas consecuencias perceptivas que no habían considerado a la hora de escribir con la cámara. Me visita la sensación de que el director británico Jonathan Glazer todavía no sabe del tamaño de la incidencia de su película, la más lúcida y esclarecedora acerca del Holocausto (La zona de interés, 2023) que hayamos podido visionar por lo menos en medio siglo y que ya se ha llevado los premios mayores en el Reino Unido (Bafta) y en Francia (Cannes).

Alguna vez, algún cineasta consagrado comentó que algo que un crítico le estaba preguntando y que había advertido en alguna de sus grandes obras, no lo había considerado, pero ya que lo mencionaba, efectivamente se podía leer de la manera en que el entrevistador se lo señalaba. Algo parecido tiene que suceder con Glazer en tanto su película multipremiada, inspirada en la novela del recientemente fallecido escritor, también inglés, Martin Amis (“su escritura es un triunfo de la inteligencia”, dice el periodista Eduardo Lago), es una portentosa explicación acerca de la estructura mental del poderoso que ha alcanzado el macabro privilegio de decidir quién vive y quién debe morir, quién sobrevive y quién debe ser incinerado, a quién se somete —por más judía que sea la joven de turno— si lo que va a ocurrir es vaciar la necesidad fálica propia del mandato patriarcal: El racismo exterminador es lo de menos si lo que viene es el entretenimiento de cualquier macho depredador y para insinuar tal situación, Glazer sitúa al Comandante del campo de concentración de Auschwitz reclinado en su escritorio de ejecutivo de la muerte con las botas debidamente relucientes, mientras la chica en cuestión aparece en una silla con una falda larga, abriendo discretamente las piernas como abandonándose descalza: la ley de cierre según la psicología de la Gestalt decide en cada cabeza de espectador cómo pudo haber evolucionado y culminado el momento sin necesidad de mostrar, exhibiendo sin exhibir.

Dicho esto, la crítica que apunta a destacar el fuera de campo o fuera de encuadre de La zona de interés, está diciendo que los ruidos de lo que sucede del otro lado de la confortable residencia del Comandante, con algunas referencias fugaces de judíos que ayudan en las tareas domésticas de la casita perfecta habitada por su preciosa familia, le dan sentido al discurso cinematográfico, cuando la auténtica y más profunda connotación reside en lo que muestra para develar todo un perfil humano caracterizado por la más absoluta normalidad, la más encantadora de las cotidianidades, el más amoroso de los comportamientos con el jefe de familia leyéndoles a sus rubias niñas cuentos cual si fueran canciones de cuna para que duerman plácidamente y que son expuestos con imágenes en negativo como en la fotografía analógica, en las que se conservaban los registros en caso de necesitarse nuevas reproducciones en papel.

La zona de interés es en primer lugar lo que muestra, no lo que sugiere con los sonidos en off y si se lee así, estamos ante una normalidad que arropa a los psicópatas como palomas inofensivas en tanto consideran que su transcurrir por la vida les exige obligaciones funcionarias por las que no hay que alarmarse, y de ninguna manera sentir remordimiento si de lo que se trata es de limpiar el mundo de la escoria, de la bestialidad racial mal nacida, de la desventaja física, o las inventadas imperfecciones mentales del otro. Por ello los planos que en grandes tramos sugieren álbumes fotográficos con cámara estática, nos dejan unas postales de esa gente que a la hora de la reunión ejecutiva están decidiendo el mejoramiento de la tecnología para la incineración y la cremación como si se tratara de la planimetría del próximo condominio exclusivo para millonarios.

El horror no estará, por tanto, en los escombros de los exterminados que podríamos imaginar o haber visto en tantísimas películas, sino en la pulcra conducta familiar en que la señora de la casa recibe a la abuela de sus hijos y le va explicando cómo su jardín precioso y cuidado hasta el mínimo detalle es una pequeña huerta trabajada con amor, sin que se le mueva un pelo acerca de la barda color cemento que separa el verdor del campo aquél del otro lado en el que para ella nunca pasa nada, salvo la estabilidad laboral de su señor esposo que por nada del mundo debiera ser transferido a otra misión porque es allí donde se ha construido la felicidad.

El comportamiento de los personajes de Amis-Glazer explica por qué nunca escucharemos un acto de contrición de estos fascistas felices conmovidos por la ternura de la tradición, la propiedad y la familia donde la palabra perdón no cabe, simple y llanamente porque sienten que no hay motivo alguno por el cual arrepentirse. Se trata del lado A del horror, la cara de una normalidad en la que la eliminación del otro no es otra cosa que un asunto de eficiencia militar y gerencial.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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El devaneo cruceñista

/ 10 de febrero de 2024 / 04:22

“Santa Cruz toca la puerta” (La cuestión cruceña, FES, 2023) y quiere hacer política a partir de su clase media propietaria, liberal y republicana, en contrastación con el nacionalismo popular del MAS, dice Manuel Suárez, diputado del MNR y presidente de la Comisión de Ética que propició la expulsión de Evo Morales de la Cámara de Diputados (2002), secretario privado del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), vicecanciller y responsable de estudios de opinión de la presidenta Jeanine Áñez (2019-2020). También asesor de Branko Marinkovic, alguna vez pensó que el gran acuerdo entre lo nacional popular y el inversionismo empresarial, ente occidente y oriente,  debía darse entre Evo y Branko, en su momento presidente del Comité pro Santa Cruz, acusado de conspiración en el primer tramo gubernamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que forzó al cruceño croata a refugiarse en Brasil por casi una década para luego retornar como ministro de Economía del gobierno de Áñez.

Suárez escribe su lectura-propuesta acerca de una pretendida Santa Cruz de nuevo siglo desde la experiencia de la militancia partidaria y el asesoramiento a poderosos empresarios, por lo que pensar que nos encontramos con un texto resultante de una vocacional vida académica sería una inexactitud. En buenas cuentas se trata del texto de un operador político que ha formado parte de la estructura de la democracia de pactos en la que el jefe histórico del MNR, Víctor Paz Estenssoro, se sometió a las condiciones puestas por el Gral. Hugo Banzer Suárez para cogobernar en dictadura primero (Frente Popular Nacionalista, FPN) y luego recibir el apoyo del mismo Banzer con el Pacto por la Democracia (1985) a través de un incondicional apoyo de su partido fundando, en 1979, Acción Democrática Nacionalista (ADN), lo que permite concluir que estamos frente a un político de adscripción Paz Estenssorista-Banzerista y no otra cosa: Los hijos y nietos de los jerarcas de las dictaduras y el neoliberalismo provenientes del MNR, FSB y más tarde de ADN y el MIR, son predominantemente herederos de una cultura política basada en el supremacismo y el anticomunismo construido durante la Guerra Fría, clasificando al colla y al indio como “bestia humana”, tal como lo afirmara en su momento Rómulo Calvo, el muy clasemediero y anterior presidente del Comité pro Santa Cruz, lo que significa que intenta clasificar a una clase media sin olores ni colores ideológicos solamente como republicanas y liberales de la expansión inmobiliaria y agroexportadora, significa presentarlas como desprovistas de memoria con antecedentes históricos, político partidarios y orígenes hacendales y terratenientes.

Si no se examinan las rutas críticas de dos cruceños fundamentales de nuestra historia contemporánea como Banzer y Percy Fernández (MNR), el hacedor de la Santa Cruz de la Sierra moderna (seis gestiones, 15 años como alcalde), significa incurrir en una notoria omisión en el análisis riguroso de lo histórico político de la “locomotora de la economía boliviana”, y eso es lo que precisamente hace con su texto Suárez, en el que cita muy al pasar a varios personajes de la vida pública, pero no ejercita una imprescindible mirada profunda acerca del banzerismo y el movimientismo Paz Estenssorista y el de varios de sus actores de última data, comenzando por Luis Fernando Camacho, al que algún lambiscón calificó en tiempos de campaña electoral como el “nuevo Banzer”, cuando a estas alturas se puede afirmar que el General es una figura de dimensión histórica participando e influyendo en la política boliviana durante medio siglo, y Camacho es apenas un agitador de rotondas con una fijación de odio antimasista que manipuló astutamente con la Biblia en mano una movilización de esas clases medias propietarias y de “sus cambas” para manifestarse contra el prorroguismo evista. Suárez opone el republicanismo liberal al nacionalismo centralista, cuando en realidad Paz Estenssoro (Revolución del 52) y Banzer (Golpe de Estado del 71) fueron nacionalistas de derecha en la política, y capitalistas de Estado y neoliberales privatizadores en la economía, en las distintas fases de sus carreras políticas.

Las categorizaciones de Suárez en su tocada de puerta para que las clases medias cruceñas ingresen a la política boliviana como si no estuvieran adentro, son esquemáticas y no contienen elementos informativos acerca de las mutaciones temporales de sus actores. La política se hace con políticos, con estructuras partidarias que contemplen, por ejemplo, esa Alianza de Clases propugnada por Guevara Arce en la tesis de Ayopaya (1946) que el autor cita, y fundamentalmente con liderazgos como el de Banzer o Percy Fernández. Santa Cruz necesita líderes  de carne y hueso con el necesario talento político y visión de mundo para armonizar la patria chica con la plurinación, como lo hiciera el General, padre espiritual del golpismo alentado por las clases medias republicanas y liberales de Santa Cruz en 2019, a las que seguramente Suárez considera pertenecer.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Kaliman, el hombre increíble

/ 27 de enero de 2024 / 01:51

Hasta el día en que asumió la comandancia de las Fuerzas Armadas, al único Kalimán que conocíamos era el de las coloridas aventuras radiofónicas e historietas mexicanas, descendiente de egipcios y formado en el Tíbet con características de superhéroe y poderes sobrenaturales como los de entrar en hipnosis y simular muerte por suspensión de los latidos del corazón, o de ejercitar viajes astrales o desdoblamientos que le facilitaban la lucha contra las fuerzas del mal terrenales y extramundanas, todo ello con la compañía del pequeño Solín, un niño también salido de una familia real y que iba de la mano de este príncipe de la justicia vestido todo de blanco, desde el turbante hasta los pies, portando una daga y bien entrenado en artes marciales. Kalimán luchaba por igual contra los nazis y los extraterrestres, y nos activaba la imaginación de lunes a viernes a través de la radio Nueva América de Raúl Salmón, durante la década de los 70 dominada por la dictadura de Banzer.

Transcurridas varias décadas, los recuerdos sobre la fantástica radionovela se hicieron más vagos y difusos, hasta que nos enteramos que el presidente Evo Morales había nombrado a un general con  ese apellido —Kaliman había sido un apellido— como Comandante de unas Fuerzas Armadas en las que los jefes del Ejército, fuerzas Aérea y Naval eran tratados por la administración gubernamental del MAS con deferencia y exagerados privilegios, política seguramente explicable por ese itinerario cultural vivido por el propio Evo en el que la prestación del servicio militar era el pasaje de ingreso a la ciudadanía boliviana. Los conscriptos de nuestro mundo rural consideran que servir a la patria a través de una pasantía por las instituciones de las armas, implica una catapulta de ascenso social.

De las esferas académicas de las ciencias sociales y políticas no ha surgido una investigación abarcante y sistemática que nos ayude a comprender el rol que jugaron los militares en Bolivia, especialmente entre 1964 y 1982, que gobernaron al país de facto con suspensión de libertades y derechos democráticos con personajes como los generales Barrientos, Banzer y García Meza. Williams Kaliman, especializado en la Escuela de las Américas igual que Banzer, definió en 2018 a los opositores al gobierno como antipatrias, lo que le significó juicios en su contra, la simpatía presidencial y su nombramiento como comandante el 24 de diciembre de 2018.

Quienes vivimos nuestra infancia y adolescencia bajo el yugo de las dictaduras, tenemos animadversión contra los militares. Recordamos chistes como ese de que el general Celso Torrelio había sufrido un atentado terrorista debido a que le habían puesto un libro en el auto presidencial o ese otro que dice que los hombres de uniforme tenían un inexplicable y casi mágico problema geométrico debido a que se las arreglaban para ponerse gorras ovaladas en cabezas cuadradas. Los militares bolivianos fueron el brazo represivo y exterminador en defensa de los intereses de la oligarquía hasta que se recuperó la democracia para que terminaran sometiéndose, como lo mandan las leyes y la Constitución, al poder civil democrático hasta que Williams Kaliman irrumpió en el crispado escenario de noviembre de 2019 y 37 años después de que un militar ocupara por última vez la presidencia de facto (Guido Vildoso, 1982), “sugiriera” al presidente Evo Morales renunciar al cargo, incurriendo en una flagrante contravención a los dispuesto por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que dice expresamente que los militares no pueden emitir opiniones acerca de asuntos políticos y partidarios, debiendo subordinarse invariablemente al poder constituido en el ejercicio de sus funciones.

Recién ahora lo sabemos, el general Kaliman, en aquella oportunidad ataviado con traje de combate, rodeado por los miembros del Alto Mando de las tres fuerzas y los jefes de Estado Mayor, había entablado contacto vía celular días previos a la caída de Evo, e incluso habría recibido en su despacho de la zona de Obrajes de La Paz a Luis Fernando López Julio, principal operador y nexo con los militares del esquema golpista timoneado por Luis Fernando Camacho desde el Comité Cívico pro Santa Cruz. Días después, Jeanine Áñez posesionaba a López, exmilitar de profesión, como ministro de Defensa del gobierno transitorio inconstitucional.

El 10 de noviembre de 2019 me quedó claro que Williams Kaliman había sido tan increíble como el héroe de la radionovela y la historieta gráfica. Su exhortación, que olía a ultimátum camuflado, nos enseñaba que retirado el respaldo militar y policial al gobierno de Evo, el derrocamiento quedaba consumado. Si las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana no hubieran jugado a los pedidos de renuncia y los motines antigubernamentales, el golpe era inviable. Con la desobediencia al poder civil por delante y con el pedido a cargo del Comandante en Jefe, la renuncia de Evo se concretaría al final de la tarde gracias a Kaliman, el hombre increíble, hoy con paradero desconocido.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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