LR en la Memoria

jueves 20 ene 2022 | Actualizado a 19:06

Noviembre 2019: Inventario de una transición de gobierno irregular y represiva

En síntesis, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Óscar Ortiz y la propia Jeanine Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo, para derrocar a Evo Morales.

/ 5 de septiembre de 2021 / 00:29

El 10 de noviembre de 2019, el intento de reproducción del poder a la cabeza de Evo Morales terminó de desmoronarse, como todo proceso forzado que se empeña en querer mostrar transparencia en decisiones vinculadas a veredictos inconstitucionales. El voluntarismo con el que el MAS participó de manera antirreglamentaria de las elecciones de octubre de 2019 condujo al país no a un gobierno de transición rutinario y enmarcado en obligaciones específicas de restitución de la voluntad popular para elegir un nuevo gobierno, sino a una presurosa y angurrienta toma del poder azotada por la pandemia, la represión militar y policial, también protagonizada por organizaciones civiles irregulares. El gobierno-bisagra se caracterizó además por continuos actos de corrupción y en el orden simbólico e identitario, en la negación de la existencia del Estado Plurinacional por parte del Ejecutivo formalmente encabezado por Jeanine Áñez, pero fácticamente a cargo del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Militares en la masacre de Sacaba, en noviembre de 2019, durante el gobierno de Áñez.

El actor fundamental de los acontecimientos producidos entre el 21 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 como se ha podido examinar en esta serie periodística, Memoria y archivo, que cerramos hoy en un primer ciclo, se llama Luis Fernando Camacho y es ahora gobernador electo del departamento de Santa Cruz. A la cabeza del Comité Cívico pro Santa Cruz y de los cabildos callejeros organizados alrededor del Cristo Redentor, fueron su determinación y frontalidad en la búsqueda de la renuncia de Evo Morales las que produjeron una suma de acciones táctico-estratégicas —civiles, militares y policiales— de desobediencia al orden constituido. Camacho está orgulloso de lo que hizo. Cada vez que se le pregunta por el tema, dice que el objetivo principal fue cumplido: Sacar del poder a un presidente que quería atornillarse en la silla para siempre. Lo que el ahora jefe de la agrupación Creemos no podía calcular es en qué consistiría el gobierno transitorio. No imaginó que el oscuro y autoritario desempeño de Áñez y los suyos se convertiría en funcional al partido azul que desembocaría en el retorno del MAS al poder en el lapso de 361 días. No estaba en sus manos el manejo del gobierno, aunque en principio contara con actores que se cuadraban ante él (ministros de la Presidencia y Defensa, y presidencia de Entel) y por ello cuando se destapó el escándalo de lavado de dinero y sobreprecios para materiales antidisturbios que tiene privado de libertad a Murillo en Miami (mayo, 2021), Camacho dijo entonces que “la lucha del pueblo boliviano en 2019 fue traicionada por los viejos políticos que se apropiaron del poder” e incluso pidió su extradición y la de sus cómplices.

El momento de la posesión de Jeanine Áñez. Foto: Oscar Ortiz.

Así como Camacho está convencido de que el derrocamiento de Evo sienta un precedente para quienes se animen a violentar las decisiones ciudadanas en las urnas (referéndum de febrero de 2016), Jorge Tuto Quiroga y Óscar Ortiz también actuaron con claridad en la línea para conseguir el objetivo de sacar a Morales de la presidencia. El exmandatario fue clave en tareas de coordinación para acelerar la salida del renunciado presidente fuera del país, y aunque para buscar el aplauso “pitita” le llamara “cobarde que solamente pensaba en escapar”, el criterio de Tuto era estratégico: Mantener a Morales en el país podía dar lugar a la imposibilidad de una exitosa instalación del gobierno transitorio que en términos “procedimentales” se produjo a través de un ardid pensado por su amigo y abogado de confianza Luis Vásquez Villamor, que inventó el ipso facto basado en la sucesión a la que accedió el propio Tuto en 2001 para reemplazar al general Banzer, pero que no figura en la nueva Constitución Política del Estado y tampoco en el reglamento del Senado. A continuación les tocaba operar a los materializadores del artefacto de Vásquez Villamor en forma de comunicado institucional, el trío de senadores conformado por Jeanine Áñez, Óscar Ortiz y Arturo Murillo. De los tres, quien controlaba en esos álgidos momentos los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa con participación civil, militar y policial era Ortiz, que el lunes 11 de noviembre había acompañado a Áñez en helicóptero militar para reunirse en un hotel de la zona Sur de La Paz con el que se constituyó en la encarnación de Banzer de la conspiración: Luis Fernando Camacho.

En síntesis, Camacho, Quiroga, Ortiz y la propia Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo. El primero, gritón y desafiante rodeado de guardaespaldas extranjeros, el segundo muy estructurado y preciso en sus actuaciones, el tercero con el sigilo de la discreción y la que sería presidenta transitoria efectuando una declaración ante la red Unitel el domingo 10 al final de la tarde, desde Trinidad, que anticipaba su llegada a la presidencia, y cuando todavía continuaba como segunda vicepresidenta del Senado, reuniéndose con curas católicos y embajadores, propiciadores de las reuniones en la Universidad Católica, usurpando el despacho de la presidencia de la Cámara Alta. También Arturo Murillo y Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, como indiscutidos protagonistas del derrocamiento, fueron de frente contra Evo y el MAS manejándose bajo el mismo registro de los principales operadores de la conspiración con acciones de hecho caracterizadas por la violencia callejera, y más adelante por las masacres de Sacaba y Senkata, perpetradas contra adeptos a Evo Morales que rechazaban rotundamente su defenestración, que quedaron debidamente registradas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Camacho, cuando era cívico de Santa Cruz y lideró las protestas que derrocaron a Evo Morales en noviembre de 2019.

Hay una segunda fila de personajes de esta conspiración que tiene como al más visible de sus actores de reparto a Carlos Mesa, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) que utilizando la disparatada decisión tomada por el tribunal electoral de interrumpir el conteo rápido no oficial de votos el mismo 20 de octubre de 2019, gritó “fraude monumental” e instigó a la sociedad civil a acudir a los tribunales departamentales que derivaron en incendios y episodios vandálicos. El mismo Mesa, cuando se producían las reuniones del 11 y 12 de noviembre moderadas por la Conferencia Episcopal presidida por monseñor Eugenio Scarpellini, había decidido desconocer el artículo 169 de la Constitución acerca de la sucesión constitucional, oponiéndose a que “alguien del MAS asuma el gobierno transitorio”. En la misma línea secundaria intervino Samuel Doria Medina, el que refirió el Plan B a las representantes del MAS en las reuniones de la Católica (Salvatierra, Rivero, Teresa Morales) que consistía en “Áñez presidenta.” Dicho sea de paso, Doria Medina escribió en su cuenta de Twitter hace siete días que “La Razón publica un artículo (El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales) lleno de imprecisiones y falsificaciones (no argumenta cuáles serían éstas) para defender su posición política a costa de la honra de las personas (lo escrito en dicho artículo lleva mi firma, compromete mi criterio y visión, y no necesariamente la de este diario). Se dice por ejemplo, mintiendo, que traje a un periodista español al país. Pura retórica ‘golpista’ sin asidero de la realidad”. En el artículo aludido por Doria Medina no hay alusión alguna contra “la honra de las personas”, y con respecto del “periodista español” el texto señala: “La armonía ideológica que se había logrado, contaba incluso con la participación de un exmirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS…” Si trajo o no Doria Medina a Entrambasaguas resulta un asunto menor. Lo cierto es que hay fotografías sobre sus encuentros públicos en los que se advierte que congeniaron de maravilla —armonía ideológica—. que entre otras actividades dio lugar a una entrevista que el español le hiciera el 25 de enero de 2020 y que el jefe de la extinta Unidad Nacional (UN) anunciaba: “A las 18:00 estaré en la Utepsa (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz) en el seminario político para ser entrevistado, con público, por el periodista Alejandro Entrambasaguas sobre: Crisis, Transición y nuevo ciclo.” Muy en ese conocido estilo de mirar para otro lado cuando se lo sindica de ciertas responsabilidades en la conspiración de octubre-noviembre de 2019 —“a mí me llamó Héctor Arce para participar de las reuniones de la Católica”—, es necesario recordar que Doria Medina es el propiciador del ingreso de Arturo Murillo a la actividad política como diputado de Unidad Nacional (elecciones de 2005). Y para completar su hoja de vida, queda también para el registro que fuentes confiables aseveran que Samuel ofreció acompañar a Carlos Mesa como candidato a la vicepresidencia. La respuesta inmediata fue no. Pocos días después, quien lo visitó en su oficina para ofrecerle acompañar en binomio a Jeanine Áñez fue nada menos que su criatura política, el mismísimo Arturo Murillo. De ahí en más ya sabemos lo que sucedió, Samuel sumaría un contraste más en su dilatada trayectoria de derrotas políticas, cuando las encuestas le informaban que la candidatura de Jeanine se había desplomado y tocaba emprender la retirada, otro factor que contribuyó al regreso del MAS al poder con nuevos actores en el binomio electoral.

Bolivia, como el resto del mundo, tuvo que someterse a las cuarentenas rígidas como resultado de la llegada del coronavirus que puso en emergencia a un precario sistema de salud pública. Comenzaron los contagios y se empezaron a producir muertos como resultado de la pandemia. El gobierno de Áñez concedió un bono de Bs 500 que con el nombre de Universal beneficiaba a ciudadanos y ciudadanas sin fuente laboral y sin renta estatal alguna, utilizando el mismo argumento que los gobiernos del MAS para hacer del rentismo una fuente de alivio a las carencias económicas de muchas familias en el país. Paralelamente, grupos de fiscales actuaban arrinconando a extrabajadores del Estado a los que se acusaba de hechos de corrupción o a los que se les armaba casos con el propósito de extorsionarlos. Si en el gobierno de Evo hubo persecuciones políticas, en el de Áñez se pasó de una persecución selectiva y muy puntual a la caza indiscriminada de masistas y no masistas, reducidos a las categorías de hordas, sediciosos, narcotraficantes y delincuentes, todo esto en medio de una caótica y opaca gestión institucional con compras de respiradores con sobreprecios que nunca funcionaron y barbijos con costos multiplicados en ocho a 10 veces más que lo señalado por sus precios reales.

Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.
Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.

La persecución practicada por el Ministerio de Gobierno y un aparato de fiscales se había extendido a la sociedad civil. Ciudadanos y ciudadanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz decidieron organizarse para instalar sus pititas en vigilias retribuidas con comida chatarra, con cercanía a viviendas de quienes pudieran haber pensado en ponerse a buen recaudo. Tal cosa sucedió con el apartamento del exministro de Gobierno Carlos Romero en Sopocachi y con la residencia de la Embajada de México en La Paz en La Rinconada, zona Sur, donde se encontraban refugiados expersoneros de alto nivel del depuesto gobierno de Evo Morales. Algo parecido, pero con altos niveles de violencia se suscitó en Vinto, Cochabamba, cuando la Resistencia Juvenil Cochala decidió agredir y humillar públicamente a su alcaldesa Patricia Arce,  así como la Unión Juvenil Cruceñista desencadenó persecuciones desenfrenadas y capturas de militantes del MAS y a quienes aparentaban serlo en Montero y en Yapacaní. En todos estos casos, la Policía que se había amotinado contra el gobierno de Evo Morales, fue permisiva en unos casos y cómplice en otros para instaurar un sistema de interrogatorios en los que además de obligar a los detenidos a incriminar a quienes habrían sido sus jefes, se agredía físicamente y en los casos de varias mujeres, incluso sexualmente, tal como el mismo informe del GIEI lo subraya.

Hay un caso reciente que termina siendo paradigmático en materia de persecución y violencia política. Es el protagonizado por Róger Revuelta, de la Resistencia Juvenil Cochala, que ha sido condenado a 12 años y seis meses de cárcel por tentativa de homicidio contra el periodista Adair Pinto, que recibió tres puñaladas por haber denunciado actos de corrupción cometidos por el gobierno de Áñez. Si hay una historia de conducta paraestatal es ésta. Podrían preocuparse por conocerla a fondo (Periodista se salvó de la muerte a manos de un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, La Razón, 28 de agosto de 2021), quienes intentaron utilizar el término para criminalizar a medios de comunicación supuestamente afines al MAS, esos que de tanto fustigar de paraestatales a medios de supuesta identificación con el partido azul, terminaron convirtiéndose en verdaderos agentes —paraestatales— de persecución política y mediática.

Hay documentos con estatus multilateral y de organizaciones académicas estadounidenses y europeas que han permitido, en las últimas semanas, establecer conclusiones objetivas y concluyentes: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho oficialmente que el derecho a la reelección no puede ser conceptuado como derecho humano, por lo que la candidatura de Evo Morales, basada en ese argumento, no era procedente. La auditoría practicada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ampliamente cuestionada por el MAS y contrastada con otros estudios, sirvió para que las elecciones de octubre de 2019 fueran anuladas, pero no para demostrar categóricamente los alcances precisos del supuesto fraude electoral. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) manejó dos coordenadas fundamentales: la primera, coyuntural, dice que en el gobierno de Jeanine Áñez se perpetraron masacres y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. La segunda, estructural, apunta a que el sistema judicial boliviano está penetrado por la corrupción, la lentitud y la cooptación política, y recomienda una gigantesca tarea de reformas que debiera implicar la incorporación de nuevos actores. El llamado telefónico de un ministro a un fiscal o a un juez para apretar a un adversario que interfiere en sus planes debiera ser una rarísima excepción y no la regla.

Carlos Mesa, el protagonista del discurso del «fraude monumental» que derivó en el asedio y vandalismo contra los tribunales electorales.

En caso de que a Jeanine Áñez le sea otorgada una detención domiciliaria y en el mejor de los casos libertad irrestricta para defenderse, la expresidenta deberá estar consciente de una posible condena que la obligaría a quedar privada de libertad ya no unos meses de manera preventiva, sino varios años, por algunos o todos los delitos por los que ha sido imputada. Acerca del falso debate sobre si lo que se produjo en noviembre de 2019 fue fraude electoral o golpe de Estado, debe quedar claro que un fraude queda plenamente demostrado, como es el caso del que se produjera en 1978 con la candidatura del general Juan Pereda Asbún por la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), cuando aparecieron 50.000 votos que superaban el número de inscritos para votar. Sobre si hubo o no golpe de Estado, el hecho objetivo es que se violó la línea sucesoria estipulada por la Constitución y a ello se suman elementos sobre la inobservancia del procedimiento camaral para convertir en presidenta a Áñez, sin el establecimiento de una sesión formal del Senado y sin la elección de una nueva directiva, requisito previo a la designación presidencial tal como sucediera en las transiciones de Tuto Quiroga (2001), Carlos Mesa (2003) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), quienes juraron al cargo conforme a ley, en el hemiciclo parlamentario.

La fotografía de la coyuntura no podía ser más patética: los mismos que respaldaron el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, salen a protestar en defensa de los derechos de Áñez, quien en su gobierno vulneró derechos a diestra y siniestra: Curas católicos, políticos golpistas, candidatos perdedores y activistas de derechos humanos VIP. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) dirigida por Luis Almagro no se inmuta ante los reclamos bolivianos por la injerencia y las distorsiones generadas en un país enrarecido por una crisis de Estado que debe superarse, en primer de los lugares, con el respeto innegociable de la voluntad ciudadana expresada libremente en las urnas, sin pataleos de última hora tocando puertas de cuarteles para fabricar una nueva aventura civil militar, tal como sucedió luego del triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca en octubre de 2020, a cargo de los grupos más reaccionarios y fascistoides, a los que tragedias como las de Sacaba y Senkata no les provocan ni el más mínimo de los remordimientos.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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Miedo

/ 15 de enero de 2022 / 00:33

Se equivoca el opinador Valverde Bravo cuando dice “ya nos conocen, por eso nos tienen miedo” y a continuación destaca los atributos del llamado modelo cruceño frente al histórico andinocentrismo del que el departamento más extenso de Bolivia ha sido víctima durante la historia republicana. Se equivoca porque el miedo no es a esa visión predominantemente regional que podría catapultar a Santa Cruz hacia la cosmopolitanización de su cultura, su identidad, y para el gusto de los empresarios agroexportadores y ganaderos, a su empuje emprendedor.

Si ese modelo cruceño estuviera transversalizado por una vocación redistributiva del excedente que puede generar con su variedad productiva seguramente estaríamos hablando de un desarrollo distinto, más equitativo y pensado a partir de un juego de palabras que podría servir como gran desafío: Hay que bolivianizar Santa Cruz y hay que cruceñizar Bolivia, esto es, desprejuiciar al conservadurismo cruceño sobre la Bolivia “colla” y hacerle comprender a la Bolivia occidental “anticamba”, que los cruceños son tan cruceños y tan bolivianos como cualquier potosino o paceño.

El opinador se equivoca porque no es el temor a una manera de pensar acerca del lugar en el mundo que debe ocupar la cruceñidad o a sus capacidades competitivas el que podría generar algún miedo. Lo que provoca de Santa Cruz hasta escalofríos es que se trata del departamento sede del fascismo, allá donde el Coronel/General Hugo Banzer Suárez supo construir desde su septenio dictatorial (1971 – 1978) un modelo político que sigue influyendo en el acontecer nacional de manera decisiva tal como sucedió con el derrocamiento de Evo Morales, protagonizado por un puñado de banzeristas que en distintos grados e intensidades mantuvo ligazones con el militar concepcioneño: Tuto, su vicepresidente; Ortiz, su subsecretario; Costas, su compañero en la fraternidad Los Tauras y Camacho, hijo de un empresario falangista que participó en el golpe de 1971.

No es miedo al modelo cruceño visto desde la economía y la competitividad productiva, entonces, es miedo a quienes reducen a categoría de bestias humanas a los indios de las alturas cordilleranas. Es miedo a los que bajan en plan patotero la bandera indígena constitucionalizada luego de ser izada en un aniversario cívico. Es miedo a las “hordas” paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista fundada por el padre del opinador, Carlos Valverde Barbery, en 1957, militante de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y exministro de Salud de la dictadura de Banzer que alguna vez declarara ser camba y no sentirse boliviano. Es miedo a esos facinerosos protegidos por militares y policías que corretearon masistas para hacerlos apresar ilegalmente en Montero los días del golpe de Estado de 2019, por el solo hecho de militar en el partido instrumento de las organizaciones sociales que han luchado por la autodeterminación y la soberanía a lo largo de la historia.

Ese miedo pasa por las masacres que se han producido desde 1921 en Bolivia. A los contubernios cívico-militares en los que en 2019 se añadieron motines policiales. Cuando Valverde define a los movimientos sociales como “militantes para gubernamentales” pone en evidencia su representatividad como escribidor de la Bolivia reaccionaria. Como si la Federación de Mineros, la COB, la CSUTCB, las Bartolinas y todos los gremios de obreros y campesinos de Bolivia estuvieran conformados por unos autómatas sin pensamiento y sin conciencia de clase, sin historia y sin participación en las luchas de un país caracterizado por las masacres, los desmembramientos territoriales y los saqueos a nuestros recursos naturales. Esa es la Bolivia que desprecian por casi ignorancia total los camachistas orgullosos de un modelo con trampa: En lo que siempre les convino, el “modelo cruceño” se ha servido de papá Estado con sus operadores en el poder.

El banzerismo fue tan poderoso que fagocitó al MNR. Con gran lucidez Banzer supo manejar su relación con Paz Estenssoro que primero tuvo a un vicepresidente militar que le dio una patada en el culo (Barrientos, 1964), luego apoyó al Coronel junto a la Falange en el golpe del 71 para recibir otra patada en el culo en 1974 y terminó su carrera respaldado por ese Coronel que ya era General con el Pacto por la Democracia en 1985.

Para superar ese fascismo anticomunista en tiempos en que se acabó el comunismo, es decir, para superar el miedo a los golpes de Estado, al autoritarismo y a las violaciones de los derechos humanos, los bolivianos de Santa Cruz, y de cualquier otro departamento del país, debemos dejar los prejuicios en la puerta de ingreso y empezar a conversar para contarnos quienes somos. Como hicieron los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que se abrazaron en junio de 2021 con los Ponchos Rojos en Achacachi. Era una escena inconcebible para los racistas y fascistoides de siempre: cambas emponchados y con lluchus y aymaras con sombreros de saó.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Democracia interrumpida

/ 31 de diciembre de 2021 / 22:35

Como un cortocircuito que daña la provisión de energía eléctrica a una casa o a un barrio, así fue el gobierno transitorio de Jeanine Áñez con las consecuencias que ya todos conocemos: En lugar de administrar gubernamentalmente el paso hacia una nueva elección de manera expedita, decidió posponer la realización de nuevos comicios lo más que se pudiera hasta que esa dilación se convirtió en la mejor arma de rearticulación del Movimiento Al Socialismo (MAS), que con el bloqueo de carreteras de agosto (2020) y una campaña muy presencial de su binomio Arce-Choquehuanca, a pesar de la pandemia, tuvo al partidoinstrumento liderado por Evo Morales de regreso al Ejecutivo, más pronto que tarde a través de la voluntad popular expresada en las urnas.

Terminamos 2021 y comenzamos 2022 en el proceso de superación del trauma colectivo que generó ese gobierno del virus, en el que una enfermedad de escala planetaria y altamente contagiosa se ha convertido en metáfora expresiva del último brutal autoritarismo soportado por nuestra Bolivia históricamente caracterizada por la expoliación de sus recursos naturales, la explotación de sus mayorías proletarias y campesinas, la violencia política en todas sus expresiones, desde la psicológica hasta la masacre, como método de acallamiento a los de abajo, aquellos que hasta hoy siguen empeñados en creer posible un país con identidades varias y autodeterminación a pesar de tantos terratenientes, empresarios, militares, policías, embajadores con instrucciones injerencistas y curas católicos que a lo largo de la República-Estado Plurinacional supieron ponerse de acuerdo para proscribir las voces mayoritarias y silenciarlas hasta la eliminación física cuando fuera necesario, como ha sucedido con por lo menos una docena de masacres perpetradas en Bolivia entre 1921 y 2019.

Transitando ya la tercera década del siglo XXI me ha quedado grabada la desoladora constatación de que la nueva configuración de las clases medias citadinas, los nuevos estímulos multisensoriales con los que funciona a diario, el surgimiento de una extrema derecha provista de anzuelos religiosos para atrapar a sus desprevenidos seguidores del mundo popular han dado lugar a una terminante insensibilización con respecto de los derechos humanos y de las muertes de ciudadanos como producto represivo político de vigilancia y control social para que los revoltosos no osen pensar nuevamente en catapultar a algún representante suyo hacia las instancias del poder político.

En ese contexto, el ejercicio periodístico al que decidí apostar desde diciembre de 2019 ha desembocado en la publicación de Democracia interrumpida, crisis de Estado y gobierno de facto en Bolivia. Se trata de un libro en el que se registra una historiación de la violencia política y de las masacres a lo largo de nuestra historia, así como de las noticias, las lectoescrituras de los acontecimientos y los reportajes sobre hechos y personajes que caracterizaron el derrocamiento del gobierno de Evo Morales y al gobierno transitorio que encapsuló al país en una suerte de compendio de las peores expresiones que en su momento definieron el perfil represivo de la Revolución de 1952, las dictaduras militares de los años 70- 80, el perfeccionamiento de un aparato extorsivo a través del Ministerio Público e instancias judiciales, y el montaje de un aparato diseñado para armar negocios de distintos calibres que dieron lugar a una corrupción galopante. Investigando, escribiendo, comparando datos, constatando versiones de difícil verificación, he logrado espantar a los espectros de la muerte y a sus secuaces, y a los ladrones de cuello blanco que ahora gritan cínicamente ¡persecución política!

No tengo otra cosa que palabras de agradecimiento para Pedro Brieger, periodista y sociólogo argentino, director de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL), y Claudia Benavente, directora de LA RAZÓN, por haber creído en mi trabajo y haberlo sostenido durante estos últimos dos años con gran convicción. Debo mencionar, además, a Miguel Gómez, jefe de Redacción de LA RAZÓN, y a Álvaro Cuellar, editor del CIS, por haber leído y editado todos los textos con rigurosidad profesional.

Democracia interrumpida consta de cinco partes y será publicado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia del Estado, y es producto, en primer lugar, de la elaboración y edición de productos periodísticos que ha tenido lugar en estos medios de comunicación digitales e impresos en los que he podido expresarme a mis anchas, impugnando desde la recolección de los datos y las lecturas de las conductas públicas de sus protagonistas, lo que fue un gobierno del que sus personeros ahora reclaman debido proceso y respeto a sus derechos, esos que ellos violaron sistemáticamente enceguecidos por una criminalización que terminó convirtiéndose en su tumba política.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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El Presidente discreto

/ 18 de diciembre de 2021 / 01:40

No sabemos si Juan Basilio Catacora, revolucionario ahorcado de la Junta Tuitiva de la Revolución de Julio de 1809 en La Paz, es antepasado de Luis Arce, pero de lo que ya no hay dudas es de su filiación ideológica que pasa por el Partido Socialista 1 fundado por Marcelo Quiroga Santa Cruz y su compromiso como mentor y ministro de Economía de Evo Morales con el proceso político institucional que ha dado lugar al salto cualitativo de Bolivia a su condición de Estado Plurinacional.

Cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas, Arce Catacora, luego de sus extenuantes jornadas de trabajo, llegaba a casa y se quedaba en el escritorio para leer las últimas publicaciones especializadas en su materia, esa en la que estuvo empeñado en generar políticas públicas basadas en el potenciamiento del mercado interno, la equidad y la redistribución de los recursos, y las condiciones para que Bolivia fuera país sudamericano número uno en crecimiento durante por lo menos cuatro años consecutivos.

En un debate que tuve el privilegio de moderar (Televisión Boliviana) en pleno desarrollo de la Asamblea Constituyente, Luchito le dio una lección a Samuel Doria Medina. Lo hizo con la tranquilidad de siempre, sin alterarse y exponiendo datos y argumentos. Ese Arce ministro jugaba básquetbol los fines de semana en una cancha cualquiera de Achumani (zona Sur, La Paz) con los chicos del barrio, bailaba caporales y morenada con gran solvencia, y era capaz de convertirse en alma de la fiesta, además, por su agudo sentido del humor, y también se daba tiempo alguna vez para jugar paleta en algún frontón de Miraflores.

Un cáncer de riñón lo alejó del ministerio en 2017 y con tratamiento oportuno y disciplina pudo superarlo hasta llegar a la candidatura presidencial de 2020, en la que con un equipo de atentos asesores azotó a los prepotentes y sabelotodos estrategas de campaña de las tiendas opositoras, esos que se pavoneaban con sofisticados conocimientos de marketing político y fueron derrotados por una campaña sustentada en algo así como una sociología de la cotidianidad, allá donde vale más compartir una charangueada y un vaso de chicha que discursear desde Zoom.

El presidente Arce no quiere estar hasta en la sopa de los ciudadanos. No le interesa que transmitan en vivo todos sus actos y sus eventuales encuentros deportivos. Es decir, prefiere dejar respirar a los bolivianos su día a día sin cargosear y sin incurrir en saturantes apariciones mediáticas. Eso sí, tiene spots televisivos y gigantografías en calles y plazas poniéndole la firma a su gestión. Que le quede claro a la corporación gagá de opinadores de diarios conservadores: Es él quién gobierna, aunque Evo llame muchas veces al día o se tome la licencia de contactar directamente con algunos ministros.

Y como para que quede clara la consolidación de los niveles de aceptación y popularidad presidencial, una última encuesta ha producido los siguientes resultados de imagen positiva y muy positiva: Luis Arce 40%. David Choquehuanca 29%. Andrónico Rodríguez 27%. Luis Fernando Camacho 26%. Manfred Reyes Villa 24%. Evo Morales 23%. Carlos Mesa 23%. Seguramente los agoreros de la inminente implosión masista quedarán contrariados con semejantes datos, sencillos de comprender en tanto Arce Catacora tiene un capital de credibilidad acumulado en 15 años como mandamás de la economía nacional y da señales de eficiencia y compromiso en materia de cobertura en la vacunación contra el coronavirus.

En los discursos del 6 de agosto y del 8 de noviembre (aniversario patrio y primer año de su gestión), sus adversarios de Comunidad Ciudadana y Creemos chillaban, insultaban, se desgañitaban, mientras Arce Catacora avanzaba imperturbable en la exposición de sus argumentos. Nada lo distraía, ni los peores modales de senadores y diputados opositores, y no le tembló la voz cuando tuvo que decir las cosas por su nombre: golpe de Estado y golpistas, para que les quede grabada en la memoria la forma en que derrocaron a Evo Morales dos años atrás.

Arce Catacora, uno de los pocos exministros de Evo que obtuvo el salvoconducto de la Cancillería encabezada por la arbitraria Karen Longaric, se vio obligado a transitar por una ruta del infierno para llegar al aeropuerto y poder partir hacia México, país que le concedió el asilo político. Fue la embajadora María Teresa Mercado quien lo acompañó hasta la puerta del avión, luego de agresiones verbales y conatos de captura de parte de policías que recibían instrucciones del ministro de la muerte, Arturo Murillo. Arce jamás hizo de su riesgosa situación una bandera personal para promocionarse. Se trata de un hombre que ha hecho de la discreción un estilo. Prudente y de perfil bajo, sabe cuándo debe hablar, pero sobre todo tiene muy claro cuándo y dónde no debe estar. Es por ahí que podría explicarse la popularidad que por hoy lo sitúa en el podio del escenario político boliviano.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Los fantasmas de Santa Cruz

/ 4 de diciembre de 2021 / 01:06

La vegetación húmeda y frondosa — “el monte” que le llaman los cambas que viven en el campo— nos remite invariablemente a los cuentos y a las novelas del gran Gabriel García Márquez, aquel que hizo del clima y del calentamiento global epicentro de sus fantásticas historias sobre patriarcas, coroneles, terratenientes, putas tristes y abuelas desalmadas. Hay que haber vivido en la profunda Chiquitanía o en el Norte Integrado para empaparse de esa Bolivia con 37 a 40 grados de temperatura, y saber de qué van estos otros bolivianos a quienes se mira desde las alturas cordilleranas, tantas veces con el desdén y menosprecio de ese andinocentrismo demodé.

Hace como una década se hablaba en el Beni de carreteras fantasma, esto es, de proyectos de infraestructura vial por los que un puñado de pícaros cobraban puntualmente sin entregar jamás medio kilómetro de obra, pero ahora resulta que lo fantasmal cobra vida —y fortuna mal habida— en la oficina de recursos humanos del municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la que un señor al que le dicen Tony y apellida Parada, en su calidad de mandamás, habría fabricado ochocientas pegas para ciudadanos y ciudadanas que no existen, pero que cobraban salarios puntualmente cada fin de mes durante la gestión de Percy Fernández-Angélica Sosa.

No hay peor negligencia que la de no cerrar como se debe una historia matrimonial y por ello el señor Parada debe estar lamentándose haber terminado de mala manera con Valeria Rodríguez, quien en una mezcla de despecho y sed de justicia habría encontrado profusa documentación en algún lugar secreto de su casa, a lo Breaking bad, en la que su ex guardó papeles que lo señalarían como autor de una maquinaria de cobrar dinero a nombre de ochocientas personas inexistentes, durante por lo menos cuatro a cinco años.

Hay que suponer que esta no es la Santa Cruz y la Bolivia federal que quiere Luis Fernando Camacho, aunque tampoco debería ser esa que convierte a un comité cívico en un ente supraestatal que organiza el tráfico vehicular y el de personas cada vez que se decide un paro al estilo golpista de noviembre de 2019. Y tampoco será la Santa Cruz y la Bolivia federal ideales, la que le franquea las posibilidades a un médico de apellido Amelunge de reabrir una clínica de nombre Santa María, utilizando la figura de su padre muerto, otro verdadero escándalo del macondiano departamento más grande del país.

Santa Cruz es una tierra de oportunidades y hospitalidades, realidad indiscutible, aunque sobre todo la hospitalidad que pasa por el costumbrismo sea más generosa con el blancoide de “buena familia”. Pero es también el lugar en el que el pragmatismo ha roto la barrera del pudor para incursionar en ciertas actividades y eso también se lo debemos al banzerismo, desde el que la actividad del narcotráfico no solo generó nuevas fortunas, sino también nuevos arquetipos del heroísmo popular traducidos en hospitales, plazas y escuelas para olvidadas poblaciones rurales a las que el Estado boliviano jamás tuvo la intención de llegar.

Hay una palabra que se usa en Santa Cruz y no en otros lugares del país: Meleador. Define a la persona que a través de las malas artes, la corrupción o el simple robo consigue bienestar material en desmedro de personas e instituciones de las que se aprovecha circunstancialmente para obtener un beneficio a costa de la desgracia ajena, en el caso de Tony Parada, del municipio cruceño, y en el del doctor Amelunge, pisoteando la tumba de su padre “Que Dios lo Tenga en su Gloria”, ya que hay una efervescencia por la Biblia y la palabra de Dios en la tierra de Rómulo que casi seguro volvería a matar a Remo si este osara resucitar para disputarle las coordenadas y los límites de la ciudad de los anillos.

Como para que la historia quede felizmente completada, el fiscal de distrito de Santa Cruz, Róger Mariaca, ha designado fiscal anticorrupción a Mauricio Toro Flores para que investigue la trama, con el antecedente de haber rechazado en principio la denuncia de la señora Rodríguez. ¿Quién es este fiscal? Nada menos que un exfuncionario municipal cuando ejercía funciones la señorona del pueblo, Ángelica Sosa, a la que el legendario Percy le profesaba una fe ciega. Debe ser una broma dirán muchos horrorizados y la respuesta es no, porque así se manejan justicias e injusticias en la tierra de Melchor Pinto Parada.

Las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de las matemáticas nos enseñan que las formas en que se sumen y multipliquen los números pueden ser variadas, pero que los resultados conducirán necesariamente al mismo lugar. Sirva este paralelismo para comprender la corrupción como sistema, aquel que puede verse liberado de equilibrios y contrapesos en caso de que un modelo estatal federal elimine del espectro al último gran vigilante, el eslabón todavía en condiciones de combatir meleadores: El Estado central.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Izquierdos humanos

/ 20 de noviembre de 2021 / 02:28

La abrumadora mayoría de los caídos entre octubre y noviembre de 2019, perecieron baleados por militares y policías. Si Jeanine Áñez hubiera interceptado los ímpetus represivos para cometer las masacres de Sacaba-Huayllani y Senkata, probablemente su cuadro jurídico no sería tan comprometedor y no la tendría situada muy cerca de una sentencia condenatoria que según expertos bordearía una década de privación de libertad. Si el camino no hubiera sido el del ensañamiento persecutor y criminalizador, incluso el tema de su irregular e inconstitucional llegada al poder podría ser objeto de cierta condescendencia judicial.

El problema central de la discusión política en Bolivia es que los derechos humanos de muertos, heridos, detenidos, perseguidos y extorsionados por fiscales luego del golpe de Estado, se convirtieron en izquierdos humanos, en tanto los autores de ese bodrio al que sus gestores llaman gobierno de transición, padecen de disonancia cognitiva que consiste en el choque de dos creencias, y por ello los derechos humanos en Bolivia fueron convertidos en izquierdos, es decir en derechos para ciudadanos de segunda, esos que no tienen familiares con capacidad de pago para un aviso necrológico en algún diario y por lo tanto no son merecedores de un tratamiento prioritario en los estrados judiciales. El ejemplo más ilustrativo es el del jefe de CC, Carlos Mesa: De acuerdo a los valores inculcados por sus padres, insignes intelectuales, el respeto por la vida y las convicciones políticas no pasan por la militancia partidaria, pero como el excandidato profesa un obsesivo rencor contra el MAS (es feo perder por paliza), entonces opta por el silencio y mirar para otro lado. Conclusión: Vale más el rencor antievista que las convicciones humanitarias.

La disonancia cognitiva se manifiesta en la premeditada decisión de no referirse a los hechos luctuosos desatados a los pocos días en que Áñez-Murillo-Ortiz capturaron el poder. Ninguno de los actores de ese huachafo cambio de gobierno se refiere al dolor y la tragedia que se produjeron apenas lograron consolidar la sustitución de Evo Morales en la presidencia y esto alcanza a candidatos, abogados y asesores de campaña, dirigentes cívicos, embajadores, mandos militares y policiales, activistas paramilitares y parapoliciales, amigos de la Embajada de los Estados Unidos y jerarquía católica.

En este contexto, las movilizaciones producidas en Santa Cruz y en Potosí que derivaron en un paro de características similares al gestado en octubre-noviembre de 2019 sirvieron, por añadidura a la búsqueda de la abrogación de la Ley 1386, como maniobra distractiva para que el país no se enfocara en recordaciones y homenajes a los muertos y a las víctimas de una persecución judicial que todavía tiene consecuencias en quienes las padecieron. De esta manera vamos pasando de largo este noviembre de 2021 sin espacios y tiempos para evaluar como es debido el desastre gubernamental con el que se combatió el prorroguismo de un candidato-presidente.

El dilema fraude/golpe, en consecuencia, pasa a un segundo plano cuando somos testigos de la muerte de esos nadies que ejercían precisamente lo que se llama derecho a la protesta por la manera en que su líder fue defenestrado, ese derecho que ahora se reivindica como incuestionable por las formaciones políticas y cívicas opositoras al gobierno de Arce Catacora. Nadie quería volar la planta de Senkata y en el puente de Huayllani se abrió fuego contra unos manifestantes armados de palos y piedras. Eso es lo terrible e inadmisible de lo hecho por el gobierno de Áñez que creyó ciegamente en sus ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.

La corporación gagá de opinadores principalmente atrincherados en rabiosos diarios y ediciones digitales antimasistas, gran parte los responsables del tráfico informativo radiofónico, los presentadores de programas televisivos con dotes de maestros de ceremonias, los opinadores en redes sociales y alguna prensa transnacional hegemónica, no dirán jamás una palabra acerca de las atrocidades cometidas durante el régimen de facto al que ellos le llaman “gobierno de transición para la pacificación”, que consistió en eliminar físicamente a aymaras y quechuas, perseguir “masistas” en Montero o en Yapacaní, o plantar detenciones preventivas que todavía tienen consecuencias de espanto: Siguen sin llegar los sobreseimientos para las víctimas de un sinnúmero de delitos nunca cometidos.

Derechos humanos son los de la pobre Jeanine Áñez. Esos son verdaderos derechos humanos defendidos a capa y bastón por Amparo Carvajal, la prorroguista mandamás de la Asamblea Permanente fundada por Julio Tumiri que debe estarse revolcando en el más allá de cómo semejante institución ha sido malversada por ella y su guardaespaldas, Manuel Morales, del también malversado Conade. Los otros son izquierdos humanos, esos de menor categoría que corresponden a los desheredados de la tierra.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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