La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este viernes la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de sancionarla por sus acciones contra dirigentes israelíes, calificándola de «ataques graves» al orden internacional, y se comprometió a seguir «impartiendo justicia» en el mundo.

«La CPI condena la publicación por parte de Estados Unidos de un decreto destinado a sancionar a sus funcionarios y perjudicar su trabajo judicial independiente e imparcial», declaró en un comunicado la corte con sede en La Haya.

«La Corte apoya firmemente a su personal, y se compromete a seguir impartiendo justicia y a darle esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas aquellas situaciones en que se recurra a ella», añadió la CPI.

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CPI

En otro comunicado, la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, calificó las sanciones de «ataques graves» contra los Estados miembros y el orden internacional. 

La corte ya había sido criticada en Estados Unidos por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Así como el exministro de Defensa Yoav Gallant. El dirigente israelí fue recibido el martes en la Casa Blanca.

Al emitir las órdenes de arresto en noviembre de 2024, los jueces estimaron que existen «motivos razonables». Para sospechar que ambos cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Escenario de una cruenta guerra que ha devastado el territorio y desplazado a la casi totalidad de su población.

El conflicto se desató tras el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023. El movimiento islamista palestino, considerado como grupo «terrorista» por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, gobierna la Franja de Gaza desde 2007.

Hamás publicó este viernes la lista de los tres rehenes israelíes que pretende liberar este sábado a cambio de presos palestinos, aplacando la incertidumbre que planeaba sobre el canje después de los explosivos comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Gaza.

Israel afirmó que recibió los nombres de tres rehenes secuestrados en el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza. Serán liberados el sábado a cambio de la excarcelación de presos palestinos, en cumplimiento del acuerdo de tregua.

El Foro de Familias de Rehenes, la principal asociación de familiares de las personas cautivas en Gaza, anunció que los tres rehenes son Eli Sharabi, Or Levy y Ohad Ben Ami.

La oenegé Club de Prisioneros Palestinos informó que serán canjeados por 183 presos palestinos retenidos en cárceles israelíes.

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Tres rehenes

Las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel sobre la segunda fase de su acuerdo comenzaron el martes en Qatar, uno de los tres países mediadores con Estados Unidos y Egipto, según un portavoz del movimiento palestino. 

Esta etapa debe conducir a la liberación de todos los rehenes y al fin definitivo de la guerra en Gaza. 

Trump propuso sorpresivamente tomar el control del territorio palestino y que la población en Gaza fuera desplazada a países vecinos. Para hacer posible la reconstrucción, durante la visita a Washington del primer ministro israelí. 

«La Franja de Gaza será entregada a Estados Unidos por Israel al final de la lucha», dijo Trump. También agregó que los palestinos serán «reubicados en comunidades mucho más seguras y hermosas. Con casas nuevas y modernas, en la región», como en Egipto o Jordania, según escribió en su red Truth Social.

Sin embargo estos dos países rechazaron de plano la propuesta.

Trump afirmó este viernes que no hay ninguna «prisa» por avanzar en la puesta en marcha de su propuesta. 

Donald Trump pidió el viernes la eliminación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuya ayuda es esencial para millones de personas en todo el mundo.

El gobierno de Trump ordenÓ a miles de empleados en el extranjero de la agencia que regresen a Estados Unidos y ha congelado la ayuda exterior. 

Los efectivos de la Usaid pasarían de unos 10.000 empleados a menos de 300, según informó The New York Times. 

Prácticamente un desmantelamiento llevado a cabo bajo la batuta del millonario Elon Musk, al frente de una comisión encargada de recortar el gasto público (DOGE).

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Agencia USAID

Pero Trump no lo considera suficiente. 

«LA CORRUPCIÓN ESTÁ A NIVELES RARAMENTE VISTOS ANTES. ¡CIÉRRENLA!», escribió Trump en un comunicado en mayúsculas en su aplicación Truth Social.

«¡Sí, señor presidente!», respondió Musk, el hombre más rico del mundo. 

Estados Unidos destina actualmente unos 58.000 millones de dólares a la ayuda internacional, lo que lo convierte en el principal donante del mundo.

Pero equivale a entre el 0,7% y el 1,4% del gasto total del gobierno, según el Pew Research Center. 

La Usaid financia programas sanitarios y de emergencia en unos 120 países.

Millones de vidas

«Esta disolución de facto constituye uno de los peores y más costosos errores de política exterior en la historia de Estados Unidos», escribió Samantha Power en una columna en el New York Times el viernes. 

Esta decisión «pone en riesgo millones de vidas y miles de empleos en Estados Unidos (…) y compromete seriamente nuestra seguridad nacional y nuestra influencia en el mundo», insistió Power, al frente de la Usaid durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden. 

«Los líderes extremistas y autoritarios se alegran» de la medida, insistió la exembajadora ante la ONU. 

Usaid se considera una fuente vital de poder blando para Estados Unidos en su lucha contra la influencia de rivales como China, donde Musk tiene muchos intereses comerciales. 

El ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, dijo el viernes que le «preocupa» que beneficie a China u otros países. 

La congelación casi total de la ayuda exterior estadounidense y luego el desmantelamiento gradual de la agencia esta semana han provocado ondas de choque en el mundo humanitario, mucho más allá de Washington. 

Unos 200 observadores internacionales, incluidos delegados de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), supervisarán las elecciones generales de este domingo en Ecuador, donde los presidenciables Daniel Noboa y Luisa González advierten de posibles intentos de fraude.

Heraldo Muñoz, jefe de la misión de observadores de la OEA, sostuvo una reunión este viernes en la sede de gobierno en Quito con el mandatario Noboa, en el cargo desde noviembre de 2023 tras ganar elecciones anticipadas y quien aspira ser reelecto para cuatro años.

«Nuestro propósito es ser imparciales, objetivos, rigurosos y ayudar a la democracia», dijo Muñoz según declaraciones compartidas el viernes por la presidencia ecuatoriana.

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Observadores

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, los comicios contarán con la presencia de unos 200 observadores internacionales pertenecientes a la OEA, UE, el Parlamento del Mercosur, entre otros entes, así como del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador. 

Noboa, quien triunfó con el respaldo de parte de la derecha y aplica una economía neoliberal, denunció un posible fraude el jueves en el cierre de su campaña en Quito.

«Tenemos que estar muy vigilantes que no nos hagan la vida más difícil aún haciéndonos fraude electoral. No podemos permitir eso», expresó el presidente, uno de los favoritos en la contienda, según encuestas.

Por su parte, la izquierdista González, delfina del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), pidió el jueves a los simpatizantes de su movimiento Revolución Ciudadana estar alerta para garantizar transparencia en el escrutinio.

«En cada una de las mesas (receptoras del voto) hay gente de la Revolución Ciudadana para cuidar nuestro voto porque sabemos que la victoria es nuestra». Eso declaró González, quien busca por segunda ocasión consecutiva llegar al poder tras una primera disputa con Noboa en el balotaje de 2023.

Elecciones en Ecuador

En el cierre de su campaña en Guayaquil (suroeste), González llamó a sus seguidores a «hacer la denuncia» en caso de sospechas de fraude.

Unos 14 millones de los casi 18 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas. Para elegir un binomio presidencial, 151 diputados y cinco parlamentarios andinos para el período 2025-2029.

Dieciséis candidatos integran la papeleta presidencial y los ecuatorianos votarán preocupados por la crisis de seguridad. Que golpea al país a causa de la violencia a cargo de bandas del narcotráfico que se disputan el poder.

Los homicidios crecieron de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 38 en 2024, pasando por el récord de 47 en 2023. 

Los últimos años, Ecuador se convirtió en un lugar apetecido por mafias del narco. Que encontraron en su territorio puertos estratégicos para la salida de droga hacia Estados Unidos y Europa, una economía dolarizada e instituciones públicas permeables.

Un segundo avión con brasileños deportados de Estados Unidos llegó este viernes a Brasil, tras las críticas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a las autoridades estadounidenses por el «trato denigrante» a otro contingente de expulsados a fines de enero.

El vuelo procedente de Luisiana aterrizó en Fortaleza, en el noreste de Brasil, hacia las 16H15 locales (19H15 GMT), constató un fotógrafo de la AFP.

La aeronave civil transportó a «111 pasajeros», dijo poco antes una fuente del gobierno de Brasil a la AFP. «La información que tenemos es que todos son brasileños».

Las autoridades brasileñas estiman que los 111 deportados agotaron los recursos legales para permanecer en Estados Unidos, añadió. «Es lo que se acordó con los estadounidenses».

Se prevé que una aeronave de la Fuerza Aérea traslade a los deportados a Belo Horizonte, en el sudeste.

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Deportados de Brasil

Es el segundo vuelo con brasileños deportados desde que el presidente Donald Trump anunció una agresiva política de expulsión de inmigrantes indocumentados tras asumir la presidencia, el 20 de enero.

El gobierno brasileño dijo el jueves que este vuelo sería «objeto de evaluación con vistas a la organización de próximos vuelos».

Brasil conformó esta semana un «grupo de trabajo» con representantes estadounidenses para «garantizar la recepción humanizada» a deportados, informaron las autoridades.

La medida se tomó luego de que el gobierno brasileño convocara al encargado de negocios de Estados Unidos en el país para pedirle explicaciones por el «tratamiento denigrante» a un primer contingente de 88 expulsados el 26 de enero, que fueron esposados durante el viaje.

El reclamo marcó el primer episodio de tensión entre los gobiernos de Lula y Trump.

Una fuente del gobierno de Brasil explicó días atrás a la AFP que estas deportaciones no guardan «relación directa» con la operación contra inmigrantes iniciada tras la asunción de Trump.

Dato

Los vuelos se insertan «en otro contexto: un entendimiento bilateral entre Brasil y Estados Unidos, de 2017, que permanece en vigor» y que ya resultó en otras expulsiones en años previos, dijo la fuente.

Según cifras de la Policía Federal brasileña, 94 vuelos con más de 7.500 deportados llegaron al país desde Estados Unidos entre 2020 y 2024.

El 26 de enero, imágenes de la televisión brasileña mostraron a algunos pasajeros al descender de una aeronave civil en la ciudad de Manaos. En el norte, con las manos esposadas y los tobillos amarrados.

Brasil reclamó entonces a Estados Unidos por el «flagrante desprecio a los derechos fundamentales» de sus ciudadanos.

«Cuando el avión abre la puerta, (los deportados) están bajo la legislación brasileña y vamos a cuidar eso con cariño», dijo el miércoles Lula.