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Wednesday 29 May 2024 | Actualizado a 01:52 AM

COSSÍO SE ATRINCHERA EN TARIJA Y CONVOCA AL FEDERALISMO

Sesión. La Asamblea Legislativa Departamental no logró quórum para suspenderlo

Por La Razón

/ 14 de diciembre de 2010 / 05:00

El gobernador de Tarija, Mario Cossío, anunció ayer que sólo muerto entregará el mando a una autoridad que no resulte electa con el voto del pueblo, mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya comenzó a barajar nombres para sustituirlo.

El anuncio oficialista se hizo a las 11.00, cuatro horas antes de una sesión convocada por la Asamblea Legislativa Departamental en la que se debía decidir su alejamiento del cargo debido a un proceso que se le sigue por conducta antieconómica.

La sesión finalmente fue postergada por falta de quórum, aunque el MAS ya comenzó a discutir sobre el nombre del sustituto de Cossío, según confirmó en La Paz el presidente Evo Morales (ver nota complementaria).

«No entregaré el poder a quien no lo ganó democráticamente. No entregaré el poder a quien no ganó en las urnas, sería traicionar el voto de un pueblo que me entregó dos veces sucesivas su confianza», anunció Cossío en un discurso en la Gobernación, donde ratificó su intención de continuar su mandato hasta el 2015.

«Cumpliré a cabalidad este mandato y junto al pueblo gobernaré Tarija hasta el 2015. Sólo hay dos posibilidades que este ciudadano deje de ser Gobernador: la primera es que el pueblo, que me entregó el cargo, me lo pida con su voto el 2015 y la otra es que este gobernador se muera», dijo.

La Asamblea Legislativa tarijeña tenía programado sesionar ayer a las 15.00 para proceder a la suspensión temporal de Cossío, según dispone la Ley de Autonomías para casos de autoridades sobre quienes pesan acusaciones formales en la justicia.

El domingo, el secretario de la Asamblea, José Amás, de Poder Autonómico Nacional (PAN), anunció que la suspensión de Cossío era «inminente», criterio que fue respaldado por el asambleísta Marcelo Poma (MAS). 

No obstante, a las 15.00 de ayer no había quórum reglamentario para iniciar la sesión. De los 30 asambleístas sólo se encontraban cuatro en el pleno, por lo que en aplicación al reglamento de sesiones se esperó media hora más, antes de declarar la suspensión. «Fue una sorpresa pues sólo estaban cuatro asambleístas, uno de cada fuerza política», aseguró Amás.

Este medio intentó conocer el motivo de la inasistencia de los asambleístas del MAS, por lo que se contactó por teléfono con la presidenta de la Asamblea y miembro de ese partido, Aloida Vilte, quien tras escuchar la pregunta desconectó su celular.

Su correligionario, Marcelo Poma, aseguró que ocho asambleístas llegaron a instalaciones del ente deliberativo, pero cuando se le consultó por qué no ingresaron al plenario contestó: «La Directiva puede contestar eso, voy a preguntar a la Directiva».

La Asamblea Legislativa tarijeña cuenta con 30 asambleístas, el MAS tiene 11, al igual que el partido de Cossío (Camino Al Cambio), cinco pertenecen al PAN mientras que los representantes indígenas son tres. Amás informó de que la sesión de la Asamblea Legislativa para efectivizar la suspensión temporal de Cossío se reprogramará para hoy o mañana. «Esa sesión debe llevarse adelante, pero será esta semana», aseguró.

Artículos de la ley de autonomías

Los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecen la suspensión temporal de una autoridad electa cuando se dicte una acusación formal en su contra.

Evo habla de 4 postulantes masistas a la Gobernación

El presidente Evo Morales reconoció ayer que existen cuatro candidatos de su partido, el MAS, para sustituir a Mario Cossío en el cargo de gobernador del departamento de Tarija, una vez que la Asamblea Departamental lo suspenda por la acusación formal que existe en su contra por delito de conducta antieconómica.

Dijo que entre los postulantes se encuentran los asambleístas Lino Condori, Marcelo Poma, Epifania Espinoza y José Antonio Quecaña. «Como bancada debo ser muy sincero, circularon cuatro nombres, entre ellos el señor Lino Condori. Yo diría (que) las bancadas (lo) podrían elegir. Se ha presentado como asambleísta con la sigla del MAS, pero no sé si es militante», comentó Morales.

Posteriormente, al igual que lo hiciera poco antes la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, recordó que la denuncia contra Cossío no provino del Gobierno sino del ex diputado Fernando Barrientos. «En las últimas semanas hemos visto mucha movilización del gobernador Mario Cossío acusando al Gobierno. Esta denuncia viene de un ex parlamentario de Podemos, Fernando Barrientos, que (lo) denunció por conducta antieconómica».

Agregó que actualmente Barrientos es director de Transparencia de la Gobernación de Tarija. «No es una demanda empezada por la Contraloría», insistió.

Gobernador llama a impulsar el federalismo

El gobernador de Tarija, Mario Cossío, convocó ayer a impulsar la autonomía federal y aseguró que no es responsable de la compra de asfalto a la empresa Imbolsur, caso por el cual el fiscal Gilbert Muñoz lo acusa de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

«Creo que es hora de plantear con toda la contundencia la necesidad de abrir un nuevo debate de impulsar una autonomía federal, donde los pueblos puedan tener su propio Poder Judicial», dijo, al añadir que interpuso recursos legales para desestimar la acusación de Muñoz. Posteriormente defendió su inocencia.

«Si tuvo o no algo que ver el Gobernador con la compra del asfalto que hizo el Servicio de Caminos, la respuesta es que no. El 2006 ó 2007 éste licitó la compra de este cemento asfáltico para sus obras, hizo la contratación, la firmó y en todo ese proceso el ex prefecto, ahora gobernador Mario Cossío, no tiene absolutamente ninguna intervención».

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, dijo que existen 21 denuncias en contra de Cossío. «Muchas de ellas ya tienen proposición acusatoria, hay dos que están a la espera de autorización de juicio en la Asamblea Legislativa Plurinacional», dijo.

Agregó que ahora Cossío debe afrontar a la justicia. «Esperamos que sobre todo rinda cuentas al departamento de Tarija sobre los hechos por los cuales ha sido acusado e investigado».

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ALP: bloqueo y parálisis

Por La Razón

/ 26 de mayo de 2024 / 00:24

Desde hace al menos seis meses, la ALP está en situación de bloqueo y de parálisis decisoria. Más allá de la convocatoria a las elecciones judiciales (todavía inciertas) y la aprobación de algunos créditos y otras leyes menores, la agenda legislativa está atrofiada. Predomina la trifulca entre las facciones del MAS y entre un minoritario oficialismo y el resto de bancadas.

En diciembre pasado, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) suspendió sus sesiones sin resolver temas sustantivos como la cuestionada autoprórroga de los magistrados, los comicios judiciales (que debieron realizarse en 2023) y el ascenso de generales. Pese a que la mayoría de asambleístas decidió continuar trabajando a fin de año, el vicepresidente Choquehuanca, de manera arbitraria, declaró receso legislativo. Así, iniciamos 2024 con una ALP estancada: por mano propia y desde fuera.

Hubo un tiempo en que el partido de gobierno (MAS-IPSP del presidente Morales) tenía mayoría especial de representantes en la Asamblea y decidía en solitario.

En muy pocos casos hubo acuerdos amplios que incorporaran a las minorías de oposición, que eran prescindibles. Hoy la situación es diferente: por efecto de la división interna, el gobierno del presidente Arce perdió su condición mayoritaria. No controla, pues, la agenda legislativa. Y como no sabe, o no quiere, pactar, prescinde de la ALP.

En lo que va del año, solo se logró un acuerdo, in extremis, de todas las bancadas para garantizar la Ley de Elecciones Judiciales 2024. Fue el 2 de febrero, luego de cinco jornadas de diálogo en medio de un bloqueo de caminos. Se acordaron plazos concretos para convocar a los comicios judiciales, aprobar siete proyectos de ley “de financiamiento de la agenda económica” (créditos) y tratar dos proyectos de ley vinculados con los magistrados autoprorrogados. Fue un punto alto de concertación política.

Como resultado de tal acuerdo, se encaminó por consenso la ley de elecciones judiciales y se aprobaron cuatro créditos en Diputados. El arcismo se encargó de que las leyes antiprórroga quedaran hasta hoy en la congeladora y los otros créditos fueron aprobados con pelea y cooptación en Diputados, y con cuentagotas en el Senado. Todo lo demás es disputa, bloqueo, veto y parálisis. La ALP no legisla. Tampoco fiscaliza, ya que una medida cautelar suspendió desde agosto pasado las interpelaciones a ministros.

En esas condiciones, con una Asamblea en crisis, dividida, con muy baja legitimidad y elevado letargo, el Estado de derecho en Bolivia está en cuestión. Las decisiones relevantes las toman los magistrados del TCP y sus salas constitucionales en coordinación con los operadores del Ejecutivo. Este suprapoder pretende disponer incluso sobre atribuciones y competencias del Órgano Electoral. Es urgente e imprescindible desbloquear la ALP y construir acuerdos mínimos de gobernabilidad en un escenario incierto. 

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Amenazas y excesos

La incapacidad de poner freno a los excesos, verbales o no, es el mejor aliciente para que estos aumenten, con todo el costo que ello implica

Por La Razón

/ 23 de mayo de 2024 / 06:36

Probablemente a nadie sorprenda saber que un Estado débil poco a poco va perdiendo la capacidad de garantizar el Estado de derecho, con todo lo que ello implica para la seguridad interna o para los derechos humanos, ambas obligaciones estatales, y con ello también la voluntad de las personas de cumplir la ley. Poblaciones que amparan el narcotráfico o el contrabando son buena muestra.

Tómese, por ejemplo, la feroz resistencia de “la familia gremial”, como le gusta decir a sus líderes, a cualquier norma que endurezca la lucha contra el contrabando o, incluso, la identificación y sanción de las fortunas que son fruto de actividades delictivas, cuando no criminales. Cuesta entender por qué miles de personas que, literalmente, viven al día de vender baratijas y caramelos, se muestran tan preocupadas por protegerse de la vigilancia estatal; lo mismo puede decirse de su preocupación por acceder a más dólares.

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También están las constantes amenazas de varios sectores de los movimientos sociales (divididos, todos ellos, gracias a la acción del partido gobernante), de ejecutar movilizaciones, bloqueos de caminos y otras medidas de presión ante la sola posibilidad de que las instituciones estatales cumplan con lo que indica la norma. Es aún peor cuando el líder afirma que poner límites a la anomia que parece haberse apoderado del partido sería “un genocidio”.

Y si de declaraciones incomprensibles se trata, el mismo líder del partido se causa un daño gravísimo a sí mismo cuando hace afirmaciones más propias de un jefe de la mafia que de un expresidente al tratar de negar que en el Trópico cochabambino campea el narcotráfico: “cuando no sea viceministro, los narcos van a matarlo”, amenaza. Si las mafias del narcotráfico no dominan en la región, ¿por qué habría de temer por su vida la autoridad gubernamental? Si hay conocimiento de que el narco amenaza la vida de una autoridad, ¿por qué no se denuncia ante las instancias competentes?

Habrá quien afirme que se trata solamente de una guerra verbal, en la que es comprensible el exceso, pues se trata de “pegar” más duro que el adversario o de causar temor, pero en todos estos casos, y muchos otros, lo que queda es la evidencia de que autoridades, exautoridades y personas dotadas de notoriedad o poder dicen y hacen cuanto les place porque se ha perdido, de un lado, la necesaria mesura y el respeto por las normas y las personas, y, del otro, la capacidad institucional de poner límite a los comportamientos reñidos con la ley.

Las palabras se las lleva el viento, se dice coloquialmente, pero en los hechos, dependiendo de quien las pronuncia, pueden ser más bien el incentivo para profundizar, en todos los estratos sociales o económicos, el desprecio por los principios y valores, comenzando por los referidos a la democracia y sus instituciones, y terminando en aquellos que permiten la pacífica convivencia social. La incapacidad de poner freno a los excesos, verbales o no, es el mejor aliciente para que estos aumenten, con todo el costo que ello implica.

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Dilemas opositores

Por La Razón

/ 19 de mayo de 2024 / 00:12

Un reciente estudio de opinión pública realizado por el Celag en el país revela importantes percepciones respecto a la oposición política. Estos datos son significativos en medio de los dilemas de las dirigencias opositoras en torno a su reiterado discurso de unidad versus sus prácticas divisorias. Corre cuenta regresiva para las definiciones rumbo al próximo ciclo electoral.

 La encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) incluye tres preguntas sobre el campo de la oposición. Las tres son críticas. La primera tiene que ver con la mentada unidad. ¿Podrá la oposición política unificarse para las elecciones generales 2025? Solo el 28% de las personas consultadas cree que habrá unidad. Hay, pues, un sentimiento mayoritario de escepticismo respecto a la posibilidad de que la oposición logre un candidato único o un frente amplio.

La segunda pregunta se refiere a la expectativa de los votantes opositores sobre el candidato o dirigente más capacitado para derrotar al MAS en las urnas. El 58% de los encuestados espera un candidato nuevo, reniega de las actuales opciones o no sabe. El apoyo a los candidatos en escena (Reyes Villa, Mesa, Cuéllar, Camacho, algún empresario) es muy bajo y estadísticamente irrelevante. No son buenas noticias para la oposición: la gente ve división y ausencia de un liderazgo ganador.

La tercera indagación de opinión pública del Celag es la más sensible. Casi dos tercios de las personas consultadas, nada menos, afirma que cuando la oposición pierde elecciones “no reconoce su derrota y está dispuesta a generar violencia”. Esta conducta antidemocrática de no reconocimiento del resultado electoral y falta de respeto a la institucionalidad, quizás se deba a que algunos candidatos opositores proclaman “fraude” cuando pierden elecciones. Y a veces lo hacen por anticipado, como en 2019.

Estas percepciones mayoritarias de la ciudadanía respecto al actual campo de la oposición son preocupantes. Más todavía en el actual contexto, degradado y contaminado por la división interna en el oficialismo. Y nos lleva a preguntar en qué condiciones llegará el país al próximo ciclo electoral: con un MAS-IPSP fracturado, muy lejos de ser nuevamente un partido dominante; y una oposición fragmentada, que reafirma su debilidad, su carencia de líderes y su falta de propuestas. El escenario es incierto.

Una democracia de calidad requiere partidos democráticos, líderes representativos y sólido pluralismo político, entre otras condiciones. Ello implica que tanto el oficialismo como las oposiciones deben consolidar sus estructuras partidarias, renovar liderazgos y, en especial, diseñar proyectos de futuro y plataformas programáticas. Nada de eso ocurre a poco más de un año de las elecciones 2025. Hoy la disputa política, entre la división, la polarización y la fragmentación, está concentrada en las minucias. Urge cambio de rumbo.

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Riesgo de convulsión

De nada sirvieron las escasas y tardías explicaciones de algunas autoridades, el rumor había echado raíces

Por La Razón

/ 16 de mayo de 2024 / 06:25

En menos de una semana, el Gobierno promulgó un decreto supremo y lo abrogó debido a amenazas de movilizaciones y actividades de protesta contra la norma, que, como tantas otras, no había sido promocionada y mucho menos socializada, lo cual permitió que circule abundante desinformación que galvanizó las posiciones de rechazo. El Gobierno dio el paso atrás para evitar la “convulsión”.

Se trata del DS 5143, creado, según autoridades de gobierno, para transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de Derechos Reales y desburocratizar el procedimiento, que actualmente puede tardar hasta dos o tres años. Según el viceministro de Defensa del Consumidor, el decreto disponía la bancarización, para pagos en línea, y la interoperabilidad, para el cruce de información entre gobiernos municipales, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí); además, se trataba de la actualización de un decreto promulgado durante el gobierno de Carlos Mesa en 2004.

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Nada de esto es lo que se discutía en las calles y centros de reunión de opositores: se especuló que el decreto serviría para posibilitar la intromisión del Estado en la administración y la tenencia de la propiedad inmueble de privados o que exigiría una nueva certificación para trámites de compra-venta. De nada sirvieron las escasas y tardías explicaciones de algunas autoridades, el rumor había echado raíces y se multiplicaban las amenazas de movilizaciones.

Más tardó el Presidente en anunciar la abrogación de la norma que los líderes de las únicas dos fuerzas políticas con representación parlamentaria en salir al espacio público y celebrar la “derrota” del Gobierno. En tiempos de política de suma cero, poco o nada importa la relevancia o necesidad de políticas públicas: todo se reduce a imponer las ideas propias y evitar a cualquier costo las opuestas. Agréguese a ese estado de cosas una gestión gubernamental llena de contradicciones y se produce lo que tantas veces se ha lamentado en este mismo espacio: pérdida de confianza de la población en las instituciones gubernamentales.

La creciente conflictividad, las dirigencias opositoras claramente orientadas a la solución por el desastre y la incapacidad gubernamental para crear y sostener alianzas y consensos (excepto cuando se trata de apropiarse del partido político), son un buen caldo de cultivo para la convulsión, lo cual no significa que haya, en realidad, planes para provocarla y forzar la caída del Gobierno.

En tiempos cuando menudean los discursos desinformadores y polarizadores, además de la memoria reciente de hechos sediciosos, es tentador acusar a la oposición, o a agentes no identificados, de buscar la convulsión; sin embargo, también suele ser evidente que los conflictos pueden ser fabricados con el propósito de influir sobre el ánimo de la población. Identificar quién gana más con la polémica, el conflicto y la abrogación del mentado decreto serviría para señalar quién es el más interesado en que haya miedo por la amenaza de convulsión.

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Día del Periodista

Por La Razón

/ 12 de mayo de 2024 / 00:57

El 10 de mayo, las y los periodistas de Bolivia recordamos nuestro día. ¿Hay algo que celebrar?, nos preguntamos. Y sí, existen motivos. Pero también hay nubarrones para el oficio. Por ello, más allá de los homenajes, fue un día de balance y reflexión. ¿En qué condiciones realizamos nuestra labor? ¿Cuánto aportamos a la conversación pública en democracia? ¿Cómo nos ve la sociedad?

Hace más de ochenta años, en 1938, el presidente Germán Busch promulgó un decreto supremo – luego elevado a rango de ley– que creaba la Caja de pensiones, jubilaciones y montepíos de los trabajadores asalariados de la prensa. No fue una concesión, sino una conquista como resultado de años de exigencia de derechos. Así, el 10 de mayo fue declarado Día del Periodista. Tiempo después, en 1953, un decreto supremo del presidente Víctor Paz Estenssoro estableció ese día como feriado para los periodistas.

De ese modo, cada 10 de mayo las y los periodistas revindicamos nuestro oficio y recibimos homenajes, salutaciones, reconocimientos. Es como un día destinado a elogiar el lugar que ocupa el periodismo en una sociedad democrática. Celebramos pues que, pese a dificultades y condiciones adversas, seguimos en el empeño diario de brindar información y opiniones como insumo para la deliberación colectiva. Sostenemos asimismo la necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Pero el Día del Periodista es, o debiera ser, además, una ocasión propicia para el balance, para mirarnos puertas adentro y evaluar nuestro desempeño. Este ineludible ejercicio frente al espejo no puede ser autocomplaciente ni tampoco de solo flagelación, sino autocrítico. Para empezar, es importante evaluar las condiciones difíciles, a veces precarias, en las que estamos realizando nuestro trabajo, en un contexto donde las nuevas tecnologías digitales plantean serios desafíos a los medios de comunicación.

Es preocupante asimismo para el oficio periodístico el escenario de crisis no solo político-institucional en el país, sino también la complicada situación económica. Trabajamos en medio de la incertidumbre, sin horizonte de futuro. Y somos parte de la persistente polarización, que bloquea el diálogo plural y dinamita los puentes de encuentro. Diferentes estudios de opinión señalan que la ciudadanía y los liderazgos ven a los medios como promotores del enfrentamiento. Y hasta nos perciben como actores políticos.

¿Cuánto estamos contribuyendo, en el día a día, a la convivencia en democracia? ¿Cómo mejorar nuestras condiciones de trabajo, libres de presiones y amenazas? Y la pregunta esencial: ¿estamos haciendo buen periodismo, conforme a nuestros códigos de ética o, más bien, un periodismo instrumental, con arreglo a nuestra propia agenda y otros intereses? Hay que celebrar el Día del Periodista con llamamiento urgente para cuidar el oficio y, entre otras cosas, frenar la degradación de nuestras asociaciones. 

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