Cecilia Ayllón Quinteros: En la cúpula judicial sólo ven sus intereses personales
La Ministra de Justicia aseguró que, a más de un año y medio de haberse elegido a las autoridades del Órgano Judicial, no hubo cambio en la administración de la Justicia porque primaron los intereses personales. Por ello, espera un cambio de actitud este año.

— A más de un año, ¿cómo evalúa el trabajo de las autoridades judiciales electas?
— Creo que lo mejor en todo este tiempo es el trabajo del Tribunal Constitucional. Si bien no comparto muchos de sus fallos, esa institución está permitiendo dar seguridad a las personas, mayor confianza en lo que hace la justicia constitucional. Creo que lo mejor que tenemos es esa corte, que ha demostrado mucha firmeza y equilibrio en sus decisiones.
Sin embargo, debo lamentar que el Órgano Judicial, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura no hayan logrado que la población vea algún cambio.
Ya hemos tenido una espera de un año y medio, y lo que hemos visto, con mucha preocupación, es lo que ha pasado hace pocos días, cuando la presidenta del Consejo de la Magistratura (Cristina Mamani) no tuvo la capacidad de explicar el porqué han restituido a los jueces y vocales suspendidos en la vigencia y constitucionalidad de una norma.
— ¿Ha habido un cambio en la Justicia respecto a la anterior administración?
— Bolivia ha apostado por una nueva Justicia. Hubo elecciones para que sus autoridades respondan a su pueblo, pero lastimosamente, hasta este momento, estamos viendo que no es así. No hay un cambio visible.
Y no pueden excusarse en que las leyes no han sido cambiadas, no hay necesidad de ello. Aquí lo que se necesita es un cambio total de actitud y, obviamente, sin esa transformación no vamos a tener avance, eso nos preocupa.
Aún tienen tiempo para reflexionar y poder mostrar al pueblo boliviano el cambio verdadero de la Justicia, que sólo puede ser efectivo cuando hay cambio de actitud, voluntad y compromiso, además de mucho trabajo.
— ¿Qué opina de las crisis y problemas internos en los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional?
— Los problemas en esas instituciones y también en los tribunales departamentales reflejan que la actitud de las personas no está dirigida a trabajar, ni a hacer cambios. Por el contrario, lo que vemos es que están estancándose en intereses enteramente personales, están tratando de buscar réditos personales y no están viendo al conjunto de la población, ni los problemas para solucionarlos. Es lamentable lo que pasa, eso no se puede tolerar. No podemos pensar que nuestras máximas autoridades estén en eso, pero ésa es la realidad.
Estamos viendo cada día, cada semana un escándalo, un problema, y no vemos cambio de actitud. Creo que si estas autoridades no nos muestran resultados, no nos muestran un cambio de actitud, la población va a ser muy drástica, la población es muy severa. Ojalá no lleguemos a eso.
— ¿Las diferentes visiones de las autoridades electas están impidiendo que pueda haber cambio o avance en la Justicia?
— No, por el contrario, la verdad es que el que provengan de diferentes regiones y, sobre todo, el que haya paridad entre hombre y mujer es bastante provechoso. Lo que más bien ha estado perjudicando mucho es que cada uno está viendo intereses personales, sin asumir la responsabilidad de los cargos.
Yo estoy expectante. Ha pasado un año y medio, y espero que hasta fin de gestión ya podamos tener algún cambio radical y visible para la gente.
— ¿Cómo coadyuva el Ejecutivo para superar esas crisis?
— Por más que pongamos (los gobernantes) los códigos de avanzada, en nada van a ayudar si no hay un cambio de actitud. Lo que reprocho y critico de nuestras máximas autoridades judiciales es su actitud, la forma en que están llevando adelante este proceso y, sobre todo, la mezquindad que tienen en ver desde una perspectiva personal y un rédito personal cualquier situación. Eso es lo que reprocho y creo que cuando cambie eso, cambiará todo.
— ¿Qué normas faltan aún actualizar?
— En la Asamblea Legislativa se está tratando el Código Procesal Civil, el Código Niña, Niño Adolescente, la Ley del Notariado y otra norma respecto a las designaciones y a nuevas funciones que se le da al Consejo para agilizar los nombramientos.
En el Conapes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) se está trabajando el Código de Familia, el Código de Procedimiento Penal y Procesal Laboral, las leyes de Defensa del Imputado, de la Víctima y del Litigante. Esas normas tendrían que aprobarse hasta fin de año, pero en la reunión que tuvimos en Sucre, con todas las autoridades y los actores de Justicia en el ámbito penal, nos han mostrado que no se trata de la norma, ni de la cantidad de juzgados, sino de voluntad y, principalmente, de la necesidad de que las máximas autoridades den lineamientos a las autoridades judiciales para la aplicación de la norma.
— ¿Hay queja respecto a la falta de personal y juzgados?
— A un año y medio no tenemos un trabajo técnico concluido del Consejo de la Magistratura que nos diga cuántos juzgados faltan, a partir de un estudio científico y estadístico. La conducta de las personas en cada departamento es distinta y todo eso tiene que ser analizado por esa institución.
— El Órgano Judicial se queja porque la gratuidad de la Justicia le redujo ingresos.
— Yo no me voy a quejar de que no tengo plata. Tengo que pedir a la Asamblea y al Ministerio de Economía y Finanzas más recursos, ya que ésas son las entidades encargadas de aprobar y de que, técnicamente, sea aceptable el pedido. El dinero no cae del cielo, los recursos no van a aparecer porque yo estoy pidiendo en la prensa. El dinero tiene que aparecer a partir del trabajo, de las justificaciones que haga y de que toque la puerta que corresponde.
Perfil
Nombre: Cecilia L. Ayllón Quinteros
Nació: 21-06-1959
Profesión: Abogada
Cargo: Ministra de Justicia
De diputada a ministra
Es licenciada en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Fue diputada nacional entre 2010 y 2012. Ejerció la presidencia de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. En el Distrito de Cochabamba fue jueza de Sentencia y Coactivo. Fue presidenta de la Asociación de Magistrados de Cochabamba. Realizó un posgrado en Derecho Procesal Penal en la Universidad Mayor de San Simón y Derecho Penal Económico en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Cursó una maestría en Administración de Justicia en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca-Instituto de la Judicatura de Bolivia.