Comisión Legislativa investigará proceso de privatización entre los años 1989 y 2000
El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, afirmó que se destinarán todos los recursos económicoss necesarios para una eficaz investigación.
El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este viernes la conformación de una comisión especial mixta destinada a la investigación del proceso de privatizaciones de las empresas públicas durante el periodo 1989 -2000. La decisión fue tomada después de la interpelación del ministro de Gobierno, Carlos Romero, por el caso Terrorismo.
El presidente nato de la ALP y vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, afirmó que se destinarán todos los recursos necesarios para una eficaz investigación, de modo que se pueda identificar a los responsables del proceso privatizador iniciado en el gobierno del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993); Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997/2002-2003); y Hugo Banzer Suárez (1997-2001).
García dijo que existirá un proceso de difusión a nivel nacional de las investigaciones que haga la comisión mixta y de las conclusiones obtenidas para que «nadie más se atreva a privatizar ni un gramo, ni un milímetro cuadrado de nuestros recursos naturales», declaró.
La comisión mixta será integrada por nueve legisladores: seis del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y tres de la oposición. Los senadores y diputados del MAS son: Adolfo Mendoza (s), Tania Melgar (s), Marcelo Elio, Javier Zavaleta, Héctor Arce y Emiliana Ayza. Legisladores opositores solicitaron tiempo para presentar los nombres de los tres asambleístas que se integrarán a la comisión.
En junio, García pidió a la ALP conformar una comisión para investigar el proceso de privatización en el país. La solicitud fue realizada luego de que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, develó ante el pleno camaral, en una sesión de interpelación por el programa «Bolivia cambia, Evo Cumple» la firma de documentos para la privatización de empresas nacionales a cargo del jefe nacional de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.
Doria Medina denunció, también en junio, que el programa estatal financiado con apoyo venezolano no es transparente y denunció que por lo menos 300 obras tienen irregularidades en cuanto al manejo económico.