Juan C. Berríos: ‘Encontramos una institución en crisis estructural’
La situación de este Tribunal no es diferente al sistema judicial de Bolivia
El Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la primera entrevista que concedió, cuestionó la situación en la que encontró a esta institución. Sostiene que impartir justicia es una tarea de todos, entre ellos la Policía, Fiscalía, jueces, abogados y la sociedad, especialmente los litigantes. Admitió que hay corrupción, al igual que en otras instancias estatales. Indicó que para el distrito paceño no es ninguna novedad el trabajo durante los fines de semana.
— ¿Cómo encontró la institución cuando asumió el cargo?
— La situación en la que se encuentra este Tribunal no es diferente a la situación del sistema judicial en Bolivia; es decir, encontramos una institución en crisis estructural. Sin embargo, se debe asumir el hecho de que la actividad de impartir justicia es una responsabilidad de todos los actores: jueces, fiscales, policías, abogados, otros órganos del Estado y la misma sociedad, sobre todo la litigante.
No obstante, también se debe asumir autocríticamente que el personal se encuentra fuertemente permeado por lógicas de trabajo heredadas de periodos anteriores. Existe un concepto no superado de la “señorialidad” de la administración de justicia y del propio juzgador, todavía hay necesidad de afirmar que el impartir justicia es un servicio prestado a la sociedad cuando, en realidad, el desafío es que el operador de justicia debe ser y obrar como un verdadero actor social.
— ¿Qué evaluación tiene del Tribunal, y qué falta?
— El Distrito Judicial de La Paz, con más de 2,7 millones de habitantes, cuenta con cerca de 400 funcionarios de apoyo jurisdiccional y administrativo, 181 juzgados y unos 200 jueces. Hasta diciembre de 2013, incluyendo las pendientes, se han registrado más de 218.000 causas. En 2012 teníamos más de 155.000 causas. Significa que en el último año ingresaron 63.000 causas más. Esos datos nos muestran la existencia de una serie de asimetrías. Es decir, no existe el personal suficiente en proporción a la demanda creciente de los cientos de miles de litigantes en las ciudades de La Paz, El Alto y las provincias del departamento.
— Ante las críticas del Gobierno, ¿qué hará para mejorar el trabajo y la imagen de jueces?
— Hay dos retos fundamentales que atender. Uno, encarar el problema de la carga procesal con estrategias y acciones eficientes y transparentes. Dos, encaminar el sistema por las rutas de la transformación de una justicia tradicional —con tintes coloniales— a una nueva justicia plural, con participación social e independencia institucional.
— ¿Existe corrupción como denunciaron en el Gobierno?
— Se trata de un mal que afecta a todas las estructuras del Estado. Es evidente la existencia de ese mal que afecta y daña la imagen de la Justicia.
— ¿Será necesaria una auditoría u otro método en el Tribunal?
— Todos los métodos son necesarios para hacer frente y disminuir ese fenómeno. En este Tribunal lo estamos haciendo con un control riguroso mediante los mecanismos disciplinarios y la aplicación estricta de las normas contra aquellas personas que incurran en esos extremos que dañan la imagen institucional de la justicia y afectan intereses del Estado. Un mayor presupuesto, mejores medios tecnológicos y de infraestructura puede ayudar a combatir estos problemas.
— ¿Cuánto avanzaron los procesos con audiencias en cárceles?
— Además de las cuatro audiencias públicas que se realizaron durante 2013, donde participaron los vocales y jueces, se atendió cerca de 130 casos de manera directa y se aprobó resoluciones para agilizar los procesos. Para este 2014 tenemos programadas otras audiencias de esa naturaleza. El problema en esta forma de administrar justicia es que no hay las condiciones de infraestructura ni tecnológicas para agilizar más los procesos.
— ¿Desde cuándo se aplica esta medida, que los jueces vayan a los penales a las audiencias?
— Tradicionalmente se hace una audiencia pública por cada gestión en cada uno de los centros penitenciarios existentes en
La Paz, El Alto y en las provincias, sobre todo cada fin de año. Para esta gestión estamos planificando hacer más audiencias de esa naturaleza y esperamos coordinar con los señores fiscales que no siempre asisten en su totalidad.
— La Presidenta del Consejo de la Magistratura planteó que los operadores de justicia trabajen fines de semana. ¿Los jueces trabajarían esos días más?
— Bueno, ésta es una práctica cotidiana por la que optaron varios vocales y jueces porque no se olvide que, en promedio, cada juez debe atender cerca de 1.000 causas y las ocho horas de trabajo tradicionales no son suficientes. Es por ello que muchos jueces se ven obligados a trabajar en promedio más de diez horas e incluso fines de semana para tratar de cumplir, hasta donde humanamente sea posible, con los plazos procesales.
En agosto de 2013, durante una reunión con Cristina Mamani, los vocales del área penal determinaron trabajar, junto a los jueces, los días sábados y, esa práctica hoy es permanente. En algunas ocasiones, los vocales y jueces que van a trabajar los sábados se encuentran con las puertas de los juzgados cerradas porque la portera se niega a seguir asistiendo en días extraordinarios. La propuesta, para los administradores de justicia de La Paz, no es una novedad.
— ¿Cuál es la situación en el campo presupuestario. Mejoró algo para este 2014?
— Éste es otro de los grandes problemas con el que lidiamos de manera cotidiana. La asignación presupuestaria para La Paz es insuficiente, lo que deriva en la falta de infraestructura adecuada, medios tecnológicos y materiales de escritorio. Para este 2014, el Tribunal de La Paz tiene una asignación presupuestaria de Bs 78,7 millones, que representa apenas el 0,03% del total del Presupuesto General de la Nación (PGN) y, en relación al presupuesto del Órgano Judicial, es el 11%. La asignación para el distrito judicial más grande del país, La Paz debería tener una asignación proporcional.
— ¿Esta situación de los recursos influye para que haya más retardación de justicia?
— Esta carencia de un presupuesto adecuado y la excesiva carga procesal —por ejemplo, un juez de materia penal tiene en promedio más de 2.000 causas que atender y, en muchos casos se fijan cerca de diez audiencias al día— hace que el personal, también escaso, se vea humana y técnicamente imposibilitado de bajar esos niveles en tiempos óptimos. Y esto también influye en la existencia del alto porcentaje de detenidos preventivos en las cárceles.
Estos datos muestran que la asimetría económica, de infraestructura y de recursos humanos y tecnológicos va creciendo de manera peligrosa y, si no se toman las medidas urgentes y adecuadas, o sea si no se hace una cirugía mayor oportuna, este sistema puede terminar en un colapso.
Perfil
Nombre: Juan Carlos Berríos Albizú
Profesión: Abogado
Cargo: Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz
Carrera para administrar justicia
Asumió la titularidad del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 21 de enero de 2014. Comenzó su carrera judicial en 1993, hace 20 años. Es abogado graduado de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Durante su carrera profesional transitó por toda la estructura funcionaria: pasante del Juzgado 9° de Partido en lo Civil de La Paz, Juez de Instrucción Mixto Cautelar en Sica Sica y Presidente de la Sala Civil Segunda del TDJ, entre otros. Es magister en Administración de Justicia de la Universidad San Francisco Xavier y Diplomado del Instituto de la Judicatura de Bolivia y en Derecho Constitucional.
