El Gobierno volvió a descartar el traslado del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro a Santa Cruz para el inicio del juicio oral por el caso Decretazo, esto en razón a que no existen las condiciones de seguridad.

El titular de la administración penitenciaria reiteró que no se generaron “las condiciones” para realizar el traslado, así como un pronunciamiento serio de parte de la administración de la justicia sobre ese tema.

“Hasta que el juzgado de Santa Cruz emita un informe técnico respaldando las condiciones de seguridad para el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho para una audiencia en la capital cruceña no se autorizará el mismo”, señaló Limpias, según Unitel.

La audiencia de juicio contra Camacho fue fijada para el 27 de mayo, por lo que la orden judicial dispone que el traslado debe ejecutarse 24 horas antes al inicio de su audiencia. Camacho debe declarar en el proceso del caso Decretazo, referido a la promulgación del Decreto Departamental 373, el 9 de marzo de 2022, con el que encargó su suplencia a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, ahora gobernador en ejercicio.

Limpias reiteró que cuando hubo la salida de algún privado de libertad por un tema delicado, se tuvo agresiones físicas no solo a él sino a sus custodios, por lo que espera que el Órgano Judicial y los jueces que están a cargo de ese tribunal les digan “no hay riesgos. Nosotros garantizamos” el traslado de Camacho.

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“Nosotros estamos viendo como Policía Boliviana, porque hay un informe del Comando Departamental y hay un informe de (la administración de la cárcel de) Palmasola. No nos responden qué es lo que va a pasar respecto al traslado de este privado de libertad. Es fácil decir desde un asiento que se traslade a una persona, sin responder el fondo de un informe técnico”.

En esa línea, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló que hay informes que se han emitido tanto de Inteligencia de la Policía Bolivia como por la administración penitenciaria respecto a la “conflictividad social” que se pueda generar sobre el traslado de Camacho a Santa Cruz.

“Como ustedes conocen, en el momento de su aprehensión, se han atacado a instituciones, se ha quemado el Ministerio Público, se han tomado aeropuertos internacionales y se ha puesto en riesgo toda la paz social en el municipio de Santa Cruz, por lo cual estos antecedentes justamente han sido valorados por los informes correspondientes, así como también otras posibles situaciones que se pueden generar por un posible traslado de Fernando Camacho”, dijo Ríos.

También reiteró sobre la recomendación que se hizo a los vocales de Sala Penal de Santa Cruz para que se pueda utilizar otros medios electrónicos disponibles, esto en razón a que existen audiencias que se llevaron de manera virtual y existen las condiciones para que puedan desarrollarse de esta manera en el recinto penitenciario de Chonchocoro, como en otros casos.

El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

Luego que el representante de Human Rights Foundation, Javier El-Hage, señalara que existe “vulneración a los derechos humanos” del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló este viernes que esas versiones emitidas “no son serias”, debido a que “nunca se requirió una solicitud” de informes.

“Toda la información de los privados de libertad hemos puesto a disposición de estas instancias (como la CIDH). Nunca me ha llegado otro requerimiento de algún tipo de información de esas otras instancias (como HRF) que sacan sus informes viendo los medios de comunicación, no son serios. Lo serio es cuando vienen acá, nos piden informes y nosotros mostramos todo lo que corresponde y ven como están los privados de libertad, ahí podemos referir un informe más serio y reflejado a la realidad”, dijo el titular de la administración penitenciaria. 

El-Hage visitó el jueves a Camacho en la cárcel de Chonchocoro y tras su salida del centro penitenciario indicó que existe “vulneración a los derechos humanos” de la autoridad cruceña en el tiempo que está encarcelado.

“Hemos verificado in situ que el gobernador Luis Fernando Camacho padece desde hace 17 meses tratos crueles, inhumanos y degradantes que son violatorios del derecho internacional”, afirmó El-Hage a la Red Uno.

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Limpias señaló que como administración penitenciaria se informó “muchas veces” que “no hay vulneración de derechos” de Camacho, y que en el tema administrativo se “trata” de garantizar todos los derechos del privado de libertad.

“Hemos informado no solo a nivel de la opinión pública, sino a nivel internacional, también a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) hemos podido dar nuestro informe. Es más, es que la CIDH se ha hecho presente en el penal de Chonchocoro y se ha entrevistado por cerca de una hora con el privado de libertad y ha emitido un informe al respecto al trabajo que hace la administración penitenciaria”, señaló. 

Añadió que las opiniones de instancias que ven cómo es la realidad y cómo se está desarrollando el trabajo de la administración penitenciaria les “tiene tranquilos”, esto en razón que se “está respetando (los derechos) no solamente del privado de libertad de Luis Fernando Camacho, sino en todos los casos”. El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, calificó de “doble discurso” la propuesta del expresidente Evo Morales respecto de un congreso de unidad. El planteamiento del exmandatario se repitió luego de conocerse el rechazo de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al congreso arcista del Movimiento al Socialismo (MAS).

“¿Un congreso de unidad? Yo considero que eso es un falso discurso, porque hablamos de un congreso de unidad y nunca ha habido una respuesta”, dijo a los periodistas en La Paz.

De esa manera, la autoridad se refirió a las invitaciones que cursaron las organizaciones sociales “matrices” del MAS, para que el líder de ese partido participe en el cónclave de El Alto, a principios de este mes.

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“Después que el Tribunal Supremo Electoral rechazó la reunión oficialista en El Alto por incumplir requisitos y procedimientos legales, es más necesario realizar con urgencia un Congreso de unidad con la debida legalidad y legitimidad”, planteó Morales el jueves.

El llamado de Morales también responde a la “tarjeta amarilla” que ya fue dictada contra el MAS, por no cumplir con la renovación de su directiva, que permanece vigente desde 2017.

Una eventual segunda llamada de atención “grave” expone a ese partido a la pérdida de su personería jurídica.

Debido a eso, y ante la existencia de otra convocatoria para congreso en julio de este año, organizaciones sociales de ambas facciones advirtieron la “urgencia” de realizar un solo congreso.

Pero, por su lado, dirigentes arcistas anunciaron que defenderán el congreso que eligió a Grover García como jefe del MAS “legítimo”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló este viernes que el proceso de preselección para las elecciones judiciales está en manos de los presidentes de las Comisiones de Constitución y de Justicia Plural, quienes tienen que darle las garantías al pueblo de que son idóneos para desempeñar este cargo.

“Ambos son los presidentes de las comisiones mixtas (senadores Miguel Rejas y Roberto Padilla) y deben liderar este proceso que a partir de la sentencia del día de ayer, no tiene ningún obstáculo para llegar a buen puerto”, dijo.

El jueves, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando que anuló el proceso hacia las elecciones judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

Lima también cuestionó “la honorabilidad” de los senadores Rejas y Padilla, titulares de las comisiones mixtas, esto en razón a la circulación de los audios sobre “negociaciones de cargos”.

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“Si Rejas y Padilla hacen su trabajo vamos a tener elecciones judiciales. Si continúan negociando los cargos para llevar a sus padrinos, perdón a sus ahijados, a las candidaturas claramente no las vamos a tener. Si dejan de negociar y empiezan a trabajar vamos a tener elecciones judiciales”.

Añadió “esperemos que no lleguen a la realidad los acuerdos y los diálogos que están en esos audios. Esperamos que pueda darle una explicación al país sobre ese cuestionamiento a las declaraciones, a las grabaciones que han circulado”.

Respecto a los plazos para continuar con este proceso, indicó que esto se deberá estudiar desde el punto de vista constitucional, empero, señaló “no hay ningún límite en este momento porque la Constitución Política está por encima y (esta) garantiza que el pueblo boliviano vaya a elegir a sus autoridades”.

“Creo que hay que ver la sentencia 60/2023, la declaración 49/2023, la sentencia del día de ayer. El tribunal permanentemente exhorta a hacer vivo el derecho del pueblo boliviano, el derecho político a elegir y por encima de cualquier plazo, de cualquier norma formal y adjetiva está el derecho sustantivo”.

La Casa Hogar Viejito Lindo, ubicada en la ciudad de La Paz, fue cerrada, de manera temporal, luego de que una inspección del viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) resolviera que el centro no cumplía con las condiciones necesarias.

“De acuerdo al verificativo se identificó que los ambientes y los servicios no son suficientes ni son los necesarios mínimos para albergar a personas adultas mayores”, indicó la viceministra Nadia Cruz.

Añadió que el problema no se debe a una falta de licencia o una cuestión de papeles, pues el centro podía operar legalmente desde junio de 2023.

Casa hogar

Sin embargo, el hogar comenzó a estar en el ojo del huracán luego de que se denunciara presuntos hechos de maltrato, incluso de violencia, hacia los adultos del recinto. La denuncia la realizaron algunos vecinos que concurrían por el lugar.

Este viernes, con la inspección, se determinó que el centro de acogida será cerrado, de manera temporal. En él se alberga a 19 adultos mayores, los cuales ahora quedarán bajo cuidado del Sedeges.

De los 19 albergados, ninguno contaba con un consentimiento informado para estar en el centro. Por ello, se presume que quienes los ingresaron ahí son familiares lejanos.

“Nuestras personas adultas mayores en este momento están sufriendo abandono por parte de sus hijas e hijos o familiares cercanos y los centros de acogida de larga estadía para las familias se han convertido en depósitos de personas adultas mayores, pues los vínculos familiares como ha sucedido en ‘Viejito Lindo’ lastimosamente son casi nulos y se traducen en disminuidas visitas frecuentes de familiares y esto se replica a nivel nacional”, criticó Cruz.

Según la viceministra, Bolivia registra adultos mayores con dependencia que los centros de acogida no pueden atender, debido a que carecen de las instalaciones requeridas ni los medios necesarios.

El viceministerio de Igualdad de Oportunidades hará seguimiento de la situación de los 19 adultos mayores que ahora estarán con el Sedeges. De los 19, 13 son mayores de 70 años y se encuentran en dependencia.