Los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista Lucy Escobar y William Torrez presentaron una nueva acción de cumplimento contra el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, pero esta vez, en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para que convoque a sesión del legislativo y se pueda tratar los proyectos de ley 073 y 075, referidos a la prórroga de mandato de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial.

Además, los legisladores acompañados de dirigentes de organizaciones sociales de esa facción determinaron instalar un piquete de huelga en puertas de la Sala Constitucional en demanda de la admisión de acción constitucional. 

“Hemos presentado una nueva acción de cumplimiento contra del presidente nato de la Asamblea Legislativa (David Choquehuanca), quien incumplió el mandato del artículo 163, numeral 7 de la Constitución Política del Estado” dijo Torrez.

El senador explicó que la disposición establece que cuando la sala revisora (Cámara de Diputados) después de haber recibido el proyecto de ley deja transcurrir 30 días y dentro ella no ha tratado el proyecto de ley en forma automática pierde competencia. “Es el presidente nato de la Asamblea que tiene la obligación de convocar de forma inmediata al pleno para que ahí se defina el curso de ambos proyectos de ley”.

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El legislador también reprochó la “instrucción de manipular el sistema informático” que derivó la asignación de la acción de cumplimiento presentada en la Sala Constitucional Primera de La Paz, del “cuestionado vocal Israel Campero” y otro vocal, motivo por el cual retiraron el recurso presentado.

“Estamos en este Tribunal Departamental (de Cochabamba), convencidos de que acá los jueces y vocales son más éticos, y esperamos no llevarnos otro chasco, porque de hacerlo sería una nueva burla a todo el pueblo de Bolivia (…). Ellos tienen 24 horas para dictar el auto de admisión en la que ya tiene que ir señalado la hora y la fecha de la Audiencia del verificativo de la Acción de Cumplimiento y esta Audiencia tiene que estar dentro las siguientes 48 horas”.

En tanto, la senadora Escobar señaló que se entró a este primer piquete de huelga para que la Sala Constitucional “falle correctamente y de manera imparcial”.

“No estamos pidiendo que nos favorezcan, sino solamente que den cumplimiento al artículo 163, numeral 7 de la Constitución. Necesitamos que esto sea de la manera más rápida, estamos con nuestras organizaciones sociales, no nos vamos a mover hasta que salga la admisión y luego se pueda fijar la audiencia correspondiente”, declaró.

La presidencia de la Asamblea Legislativa, con David Choquehuanca a la cabeza, instó a las comisiones mixtas seguir con el proceso de preselección para las elecciones judiciales, luego de la disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de revocar el fallo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando a favor de una acción popular que paralizó todo el proceso el pasado 30 de abril.

“La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (…), instamos a las Comisiones Mixtas (…) retomar de manera inmediata dicho proceso de preselección; asimismo, dichas comisiones deberán garantizar el derecho de la mujeres y Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a participar en los órganos e instituciones del sistema de justicia”, reza el comunicado que emitió la Vicepresidencia la mañana de este lunes.

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TCP

La misiva se realizó luego de que la Asamblea tomara conocimiento formal de la disposición del TCP, que revocó el falló a favor de la acción popular en Pando que paralizó la preselección de candidatos.

El 30 de abril, una Sala Constitucional en Pando determinó que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, debía quedar inaplicable. Debido a la denuncia que esta ley violaba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.

Desde entonces, el proceso, que se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de 404 postulantes, quedó desahuciado.

Los actores políticos intentaron encontrar una solución, aunque no encontraron una única postura. Por ello, Choquehuanca decidió pedir al TCP que revise el fallo del Tribunal Departamental de Pando.

El TCP priorizó la revisión del fallo, ante la posibilidad de que las elecciones judiciales no se realicen este año. Debido a que podían coincidir con las elecciones primarias y el Órgano Electoral no puede realizar dos procesos electorales en forma simultánea. 

Así, el jueves 23 de mayo el TCP determinó mediante la Sentencia Constitucional N°0191/2024 revocar la resolución de la Sala en Pando y dar continuidad al proceso de preselección.

‘Continuidad’

“Permite (la sentencia) dar curso y continuar con el proceso de preselección de candidatas y candidatos a los cargos de magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”, recalca el comunicado de la Vicepresidencia.

Conocida la decisión del TCP, varios actores cuestionaron la postura de un ‘Órgano prorrogado’.

Los presidentes de las comisiones mixtas, encargadas del proceso, cuestionaron qué competencia les quedaba. De acuerdo a la Ley 1549, la Asamblea tenía un plazo hasta el 6 de mayo para remitir la lista de precandidatos; pero ahora el calendario quedó completamente desfasado.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó que la postura del TCP no tenía ningún efecto y pidió un diálogo con Choquehuanca, Israel Huaytari, presidente de Diputados, y los representantes de las fuerzas políticas: Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.  

Igualdad y paridad

En la misiva, la presidencia de la Asamblea pide a las comisiones mixtas respetar y garantizar “la igualdad, equidad y paridad de género en el proceso de preselección y elección de autoridades” de los postulantes.

Sin embargo, son justamente estos factores los que determinaron que el proceso de preselección sea detenido. Primero por amparos constitucionales y luego por la acción popular. Existen departamentos donde la cantidad de postulantes mujeres y autoidentificados como indígenas es muy baja.

Es el caso de los postulantes para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por parte de Pando solo hay cuatro mujeres, sin representatividad de “plurinacionalidad”.

Por ello, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, afirmó que, aunque continúen de manera ilegal con el proceso, ahora que no tienen competencia constitucional, el TCP observará el proceso. Ya que la falta de paridad de género y de representatividad siguen siendo problemas que no se han solucionado.

El presidente Luis Arce pidió al mando militar de las Fuerzas Armadas “reflexionar” respecto del marco normativo del Servicio Militar, con una adecuación de algunos contenidos.

“Exhorto al mando militar de nuestras Fuerzas Armadas a reflexionar sobre el marco normativo que regula nuestro servicio militar, que debe promover la cultura de defensa del pueblo boliviano, en el marco de la doctrina de patriotas, el respeto a los derechos humanos”, dijo el Mandatario en el acto de conmemoración por los 215 años del Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia.

Arce dijo que deberán diversificarse los programas de formación técnica ya instituidos en las unidades militares, “estimulando el desarrollo de la historia y las ramas técnicas y la instrucción”.

Incluso, pidió al mando del Ejército que se otorgue incentivos profesionales, con valor curricular, como la asignación de puntaje extra al personal militar de esa unidad por “la excelente y exigente labor que realizan como escolta presidencial”.

“El servicio militar, en nuestro Estado, es la más sublime expresión de amor a la patria, en el que nuestros soldados y marineros están depuestos a ofrecer la vida misma para defender los intereses vitales y estratégicos de nuestro país”, agregó.

Asimismo, el Jefe de Estado recordó al personal de esa unidad y de las FFAA su tarea constitucional de defender el territorio nacional y otros ámbitos.

“Aunque vivimos en tiempos de paz, los desafíos no son menos significativos. La defensa de nuestra soberanía ya no se libra en los campos de batalla, sino en la arena del desarrollo económico, la innovación tecnológica, la justicia social y la protección de nuestros recursos naturales”, complementó.

La situación en torno al narcotráfico, específicamente en Villa Tunari, Cochabamba, se convierte nuevamente en un tema recurrente. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó los resultados de un operativo antinarcóticos que se desarrolló el pasado fin de semana.

“Se ejecutó el Operativo ‘SURAZO’ en el municipio de Villa Tunari, provincia Chapare, del departamento de Cochabamba, donde nuestros efectivos antidrogas lograron encontrar 52 fábricas de pasta base de cocaína, mismas que, conforme a procedimientos policiales, fueron destruidas e incineradas”, informó la mañana del lunes a través de sus redes sociales.

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El operativo se realizó específicamente en las localidades de San Isidro, 9 de Abril, Comuna y Carmen Pampa, Centrales Bolívar, 12 de Mayo y Nueva Tacopaya. De acuerdo con la información del Ministerio de Gobierno, además de los datos que compartió Mamani, se destruyó 2.400 litros de cocaína líquida. Además, se aprehendió a una persona.

Morales

En las últimas semanas el tema del narcotráfico despertó un fuerte cruce entre el expresidente Evo Morales contra Mamani y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Ambas autoridades festejaron los resultados que se lograron en tres años de gestión en la lucha contra el narcotráfico y afirmaron ser la mejor gestión. Identificaron al Trópico cochabambino como el epicentro del narcotráfico.

Ante esto, Morales criticó que “como en épocas liberales se estigmatiza al Trópico” y vinculó a Mamani con el narcotráfico. Inclusive afirmó que una vez que deje de ser autoridad, los ‘narcos’ podrían asesinarlo.

Mamani interpretó esas palabras como una amenaza y afirmó que, si algo le pasaba, el responsable sería Morales. Por su parte, Del Castillo expresó que el problema no era todo el Trópico, sino únicamente Villa Tunari y la federación de la cual Morales es dirigente. Ambas autoridades denunciaron que los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) no pueden ingresar a “territorio de Morales”.

Pistas clandestinas

“El día de hoy (lunes) nos encontramos camino a realizar la destrucción e incineración de un mega laboratorio de cristalización de cocaína, en presencia de los medios de comunicación, asimismo, se realizará la destrucción de tres pistas clandestinas”, se lee en el comunicado que compartió Mamani.

El Gobierno afirma que se “rompen récords en lucha contra el narcotráfico”. Durante las pasadas gestiones la lucha contra el puente aéreo era uno de los principales obstáculos y desafíos. Ahora, en menos de un mes, ya se eliminó nueve pistas clandestinas. 

En tanto, los legisladores evistas denuncian que se busca manchar la imagen del Trópico de Cochabamba y afirman que la coca no es cocaína. Justamente, el congreso del ala evista, para elegir la directiva del Movimiento Al Socialismo (MAS), está fijado para el 10 de julio en Villa Tunari.

Debido a que no pudo estar presente físicamente para el inicio de su juicio oral en el caso Decretazo, la audiencia de Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y detenido en Chonchocoro, se reprogramó por tercera vez. Ahora la audiencia deberá realizarse el 16 de julio.

La información la confirmó su abogado, Martin Camacho, quien además criticó que no se haya trasladado al gobernador electo a Santa Cruz. “Han desobedecido nuevamente a un tribunal pasando por encima de las resoluciones jurisdiccionales”, denunció.

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Falta de condiciones

Pese a que existe una orden judicial para que Camacho sea trasladado de Chonchocoro, La Paz, al penal de Palmasola, en Santa Cruz, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, y autoridades del Ministerio de Gobierno consideran que no existen las ‘condiciones’ para el traslado.

Camacho se encuentra detenido en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, a raíz del caso Golpe de Estado I. Este caso investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. Ese año, Camacho tuvo un rol activo, como él mismo reconoció; promovió cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares e irrumpió en Palacio Quemado con biblia en mano.

Justamente por su carácter político, las autoridades consideran que su traslado podría provocar una convulsión social que incluso pondría en riesgo la salud e integridad del propio Camacho.

Audiencia

La audiencia estaba originalmente programada para el 11 de marzo. Sin embargo, siempre por el motivo de que Camacho no podía asistir físicamente, se postergó para el 11 de abril. Llegada esa fecha, se volvió a reprogramar la audiencia para el 27 de mayo. Este lunes se conoció que la audiencia se suspendió hasta el 16 de julio.

El caso Decretazo investiga a Camacho por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, luego de que el 9 de marzo de 2022, delegara sus funciones a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, como establece el Estatuto Departamental.

Además del caso Decretazo y el Golpe de Estado I, Camacho está implicado en otros, como el caso Carro Bombero, cuando presuntamente adquirió un vehículo antiincendios con sobreprecio para la Gobernación, además del reciente caso Firmas, por irregularidades en la firma de un poder. Camacho deberá presentar su declaración en este caso este miércoles, en Chonchocoro.