Ante el crecimiento del hacinamiento en las cárceles del país, el Gobierno impulsa la descongestión de los recintos carcelarios con dos medidas principales: la amnistía o indulto y la construcción de pabellones.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó a La Razón sobre ese plan y detalló que, en el primer caso, pidió al presidente Luis Arce un decreto presidencial de amnistía e indulto. Por otro lado, señaló que ya existen los recursos, otorgados por el Ministerio de Economía, para la construcción de nuevos pabellones en las cárceles y que éstos serán edificados por los mismos reclusos.

“Si queremos mayor comodidad, si queremos pensar en el hacinamiento carcelario, también tenemos que pensar en que las personas privadas de libertad deben empezar a trabajar dentro de las cárceles”, dijo la autoridad.

Pero también recordó que existe un proyecto de ley referido a la implementación de manillas electrónicas, para el control de privados de libertad involucrados en casos de violencia familiar, cuyo tratamiento se encuentra “dormido” en la Cámara de Diputados.

La pertinencia de ese plan de liberación de cárceles radica en el crecimiento de la población privada de libertad, que hasta abril de este año alcanzó a 30.659 personas, distribuidas en las 46 cárceles del país, según reportó la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario a este medio.

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Cárceles

Si se toma en cuenta que la capacidad real de los recintos penitenciarios está prevista para 10.521 personas, con la población actual existe un hacinamiento del 191%.

La anterior semana, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, que contiene un nuevo tipo penal para casos de robo flagrante y un procedimiento sumarísimo, que permitirá que el Ministerio Público emita, directamente, una imputación contra delincuentes acusados de robo en flagrancia.

El tipo penal que incluye el proyecto impulsado por el Gobierno se llama apoderamiento flagrante de la cosa ajena, cuya pena será de siete años de prisión. Incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional será de dos años, es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve años.

Dato

Respecto de la aplicación de esa norma, el mismo Del Castillo explicó que, cuando un delincuente sea encontrado en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.

Eso permitirá, según dijo, que las autoridades judiciales no emitan una imputación, sino una acusación penal. “La primera y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, sostuvo.

“Esta problemática del hacinamiento carcelario no va a incrementar directamente se apruebe este proyecto de ley, en atención a que la gestión anterior se ha detenido preventivamente a 2.900”, indicó Del Castillo, consultado por la incidencia de esas sentencias rápidas en el crecimiento de la población carcelaria.

 En criterio de la autoridad, las acciones como el indulto, la construcción de nuevos pabellones y el uso de las manillas electrónicas permitirán, primero, que se reduzca el hacinamiento en las cárceles del país y lograr revertir el estado de causa de los privados de libertad, que hasta ahora contempla el 62,5% de detenidos preventivos y el 37,5% de sentenciados.

“Estamos trabajando desde este momento hacia adelante para que no tengamos un hacinamiento carcelario al interior de nuestras cárceles en nuestro país, que sea un problema actual.

Actualmente, el robo y robo agravado es el tercer tipo penal más cometido por los reclusos, pues son 4.004; o sea, el 13,06% de la población carcelaria.

(14/05/2024)

En menos de una semana, un nuevo linchamiento ocurrió este lunes en Cochabamba, donde cuatro antisociales fueron sorprendidos cuando se llevaban de una casa joyas, Bs 34.000 y otros objetos de valor.

El hecho ocurrió pasado el mediodía en la zona Villa Copacabana, en el kilómetro 22, en el municipio de Tolata, donde cuatro individuos ingresaron a robar a una vivienda.

Dos de ellos lograron darse a la fuga y los otros dos fueron reducidos por los vecinos.

El dueño de la casa sorprendió a los cuatro hombres cuando tenían los objetos robados dentro de un vehículo y alertó a los vecinos. Con ayuda de ellos, atraparon a dos y otros dos escaparon con los objetos robados en mano.

Enardecidos, los vecinos golpearon hasta cansarse a los dos antisociales.

La Policía llegó al lugar y rescató a los ladrones, sin embargo, por las severas lesiones, uno de ellos falleció camino al hospital.

“Las dos personas fueron trasladadas al centro médico San Juan de Dios, de Tolata. Debido a la gravedad de sus lesiones, los trasladaron al hospital Viedma, sin embargo, uno de ellos no aguantó y falleció en el trayecto”, indicó el director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) del Valle Alto, coronel Marcelo Licona.

La Policía investiga el caso.

Un audio atribuido a la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Debra Hevia, en el que se habla de acciones contra el Gobierno, fue elaborado por inteligencia artificial (IA), según Bolivia Verifica. Incluso, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, lo utilizó para denunciar injerencia política.

En el material que circula por plataformas digitales se escucha a la diplomática de EEUU decir que viene trabajando para “lograr el cambio en Bolivia”, esto pasa por alejar a Morales y Luis Arce del poder y fortalecer sus “alianzas” con diversas organizaciones y colaboradores.

De acuerdo con el medio digital, el audio fue analizado y arrojó que se usó la inteligencia artificial para simular la voz. 

“Hace tiempo que estamos trabajando para lograr el cambio en Bolivia. El tiempo es vital para nosotros, pero para que sea un cambio de verdad Evo y Arce tienen que dejar el poder y cerrar este capítulo. A partir de ahora vamos a involucrarnos más con nuestra embajada para fortalecer a nuestros aliados, organizaciones y colaboradores. Por ejemplo, nuestro Gobierno siempre ha ofrecido becas en Bolivia y ahora vamos a ofrecer aún más porque los jóvenes son nuestros agentes de cambio y son muy, muy importantes”, se escucha en el audio que fue atribuido a la diplomática norteamericana.

El audio fue difundido en forma de video el 27 de abril por la cuenta ComuniSur tanto en Facebook como en TikTok. Luego se amplificó en otras páginas como Alo Marianela Noticias, Radio Kawsachun Coca y El Radar, según el medio digital.

Incluso el exmandatario lo reprodujo en una conferencia de prensa y acusó a EEUU de injerencia política.

“Nos hemos sorprendido, nuevamente versiones sobre la injerencia de Estados Unidos en temas políticos en Bolivia. Sorprende ese mensaje de la encargada de Negocios”, señaló Morales.

Con recortes de periódicos de 2002, cuando postulaba a la candidatura de las presidenciales, Morales dijo que nuevamente la embajada de EEUU está “vetando la candidatura de Evo”.

“Ese año dije, mi mejor jefe de campaña era Estados Unidos, ahora nuevamente la embajada de Estados Unidos está vetando que Evo vuelva al poder. Ahora con sus aliados de la derecha, las organizaciones (sociales), muy sospechosos. ¿Quiénes son?, esos pactos que están dividiendo con prebendas, con pegas e intervención policial”, dijo Morales, entonces.

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó “enérgicamente” los recientes actos de violencia perpetrados por colonos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania.

Además, repudió los ataques a convoyes de ayuda humanitaria jordana dirigida a Gaza, así como los atentados contra las instalaciones y el personal de la Oficina de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA).

“Estos hechos representan una flagrante violación de los acuerdos de Viena y una clara obstrucción al acceso de ayuda vital para la población civil palestina. Instamos a las autoridades israelíes a llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre estos incidentes, y a que los responsables sean llevados ante la justicia para rendir cuentas por sus acciones. La impunidad no puede prevalecer frente a violaciones tan graves como las ocurridas en esta lamentable serie de eventos”, señala parte del comunicado de la Cancillería.

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También, el Gobierno boliviano hace un llamado a la comunidad internacional a “unirse en la condena a estos actos de violencia y a redoblar los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución justa y duradera al conflicto en Oriente Medio, que ponga fin al genocidio contra el pueblo palestino”.

La Unión Europea sancionó a cuatro colonos extremistas israelíes y a dos entidades por «serios abusos a los derechos humanos» contra palestinos en Cisjordania y Jerusalén oriental, anunció este viernes el Consejo de la UE, según la AFP.

Desde que milicianos de Hamás perpetraron ataques en territorio israelí desde la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre, colonos y tropas del ejército de Israel en la región de Cisjordania provocaron la muerte de por lo menos 468 palestinos, según fuentes palestinas.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, señaló este lunes que hay tres propuestas de proyecto de ley para la convocatoria de elección del fiscal general del Estado.

“Nos ha llegado los proyectos de ley, vamos a adelantar la siguiente semana y se tratará directamente en esta comisión o la remitiremos a la comisión correspondiente”, dijo el legislador.

Añadió que con estas propuestas se quiere “ganar tiempo” y no como pasó con las elecciones judiciales. 

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“No queremos ser irresponsables con el país. Entiendo que hay una responsabilidad en la Asamblea, y nosotros vamos a trabajar en los plazos que se nos vienen, así garantizar que vamos a tener a nuestro fiscal general de Estado”.

El fiscal general del Estado es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y ejerce la representación de la institución y autoridad en todo el territorio nacional y sobre todo los servidores y servidoras del Ministerio Público.

También ejerce la acción penal pública y las atribuciones que la Constitución Política del Estado y las leyes le otorgan al Ministerio Público, según el artículo 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La autoridad es designada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de votos de sus miembros presentes, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público.

El mandato del fiscal general Juan Lanchipa concluye el 23 de octubre, luego de estar en el cargo por seis años, tal como establece la Constitución.