Luego de las declaraciones del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que vinculan al viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, en supuestas extorsiones al narcotráfico, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, calificó estas versiones como “desaprensivas, inapropiadas y fuera de lugar”. Indicó que él habla “como si tuviera contacto con narcotraficantes”.

“Me llama profundamente la atención que vaya a verter este tipo de expresiones… lanza estas palabras desaprensivas manifestando que el narcotráfico lo va a matar, como si él tuviera alguna comunicación, prueba o contacto con gente del narcotráfico para que comenta este crimen. En todo caso, él debería alentar a un viceministro o Viceministerio a luchar contra el narcotráfico”, dijo Novillo.

El domingo, en su programa de radio Kawsachun Coca, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó al viceministro Mamani de “extorsionar y estar implicado” en el narcotráfico. Incluso indicó que los compañeros de su federación le dijeron que “están preocupados por la vida de Jaime Mamani”.

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En conferencia de prensa, el viceministro Mamani calificó el lunes de infundadas las denuncias que hizo Morales, más por el contrario pidió que coadyuve en la lucha contra ese ilícito.

“El señor Morales me acusa de extorsionar a narcos y de perseguir a otros, asimismo indicó que los narcos me matarían cuando deje de ser viceministro, estas aseveraciones totalmente infundadas quiero desmentir categóricamente”, señaló Mamani.

Añadió “me sorprende que el expresidente (Morales) hable como si él conversaría con narcotraficantes o si estaría involucrado en este delito”.

Novillo también indicó que todo hecho de narcotráfico que esté vinculado a alguna o institución “se debe investigar” y estas investigaciones corresponden a las instancias e instituciones que tienen que ver la lucha contra el narcotráfico.

“Quiero lamentar que estas declaraciones hayan sido al calor del discurso político para desgastar al gobierno, pero lanzar ese tipo de amenazas, creo que ha perdido el control de la racionalidad para estar lanzando semejantes versiones desaprensivas”.

Pese a la tensa situación que atraviesa el Movimiento Al Socialismo (MAS), el jefe nacional del partido y expresidente, Evo Morales, afirmó que se decidió no expulsar al presidente Luis Arce ni al vicepresidente David Choquehuanca, luego de un ampliado del ala evista.

“Después del ampliado, en una reunión de la Dirección Nacional y el Pacto de Unidad, procedimos a hacer una revisión de las resoluciones. En ese sentido, hemos decidido, con disculpas a los asistentes, evitar que figure en las conclusiones la expulsión de Luis Arce y David Choquehuanca de las filas del MAS-IPSP”, escribió este martes en su cuenta de X.

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El pasado sábado, el ala evista del MAS celebró un ampliado en el que se trataron diversos temas. Entre ellos, se ratificó a Morales como único candidato del partido. Además, se exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que apruebe la convocatoria para el congreso evista, fijado para el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

Pese al pedido de las bases que apoyan a Morales, se decidió que Arce y Choquehuanca todavía son militantes del MAS.

‘Aprobación de créditos’

“Asimismo, dar continuidad a la aprobación de créditos con la debida fiscalización e interpelación”, pidió adicionalmente Morales a sus legisladores.

El lunes, en conferencia de prensa, el exmandatario pidió que los créditos pendientes sean aprobados para no perjudicar a la población.

Ocho proyectos de ley fueron aprobados en la Cámara de Diputados, pero el Senado no los sancionó. Pese a que el presidente de esta instancia, el evista Andrónico Rodríguez, sostuvo que la no aprobación se debía a detalles técnicos, los senadores evistas y de oposición afirmaron que no aprobarán ningún crédito hasta que no se traten los proyectos de ley 073 y 075, respecto a los plazos de los magistrados prorrogados.

Los proyectos suman un total de $us 645 millones que deben ser destinados a áreas que beneficiarán a la población. Como la infraestructura, salud o electrificación.

Inicialmente, en el ampliado, Morales ratificó la no aprobación de créditos. Sin embargo, desde el lunes cambió de postura y ahora pide aprobar créditos, pero controlando lo que se hace con los mismos.

Conocido el Tribunal que se encargará del caso en contra del vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez denunció que existió “manipulación informática” para que el caso sea sorteado a la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

«Tenemos certeza de que hubo manipulación informática para una vez más dirigir este caso a conocimiento de esta funesta Sala; la Sala Constitucional Primera (de La Paz)», afirmó. Adicionalmente, advirtió que no dudarán en presentar acciones penales en contra de los presuntos responsables.

El caso fue sorteado para la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acción que criticó Torrez.

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Sala Constitucional Primera

La Sala Constitucional Primera fue la que instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a supervisar el congreso arcista del MAS, pese a que el TSE había ratificado que el evento era contrario al estatuto orgánico del partido.

Desde entonces, en el evismo existe la susceptibilidad de que los tribunales intervienen en el funcionamiento de los demás órganos del Estado.

Torrez informó que se realizó una solicitud de excusa contra el vocal Israel Campero, para que se mantenga alejado del proceso en contra de Choquehuanca.

“Estoy convencido de que Israel Campero es totalmente funcional al Gobierno. Es operador del ministro de Justicia, Iván Lima”, afirmó el senador y le pidió que “por un mínimo de respeto” a la democracia se allane a la petición de excusa.

Choquehuanca

El pasado 6 de mayo, Torrez y la senadora Lucy Escobar interpusieron una acción contra Choquehuanca por incumplir con sus deberes de convocar al pleno de la Asamblea. Denunciaron que cinco meses pasaron desde la última sesión del pleno. En todo ese tiempo, critican, la Asamblea no trato los proyectos de ley 073 y 075, respecto al plazo de los magistrados y consejeros prorrogados.

Este martes, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de La Paz informó que la audiencia contra Choquehuanca está programada para las 16.00 de este miércoles.

Ante la circulación de supuestos documentos y rumores sobre la liberación de Misael Nállar, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, aclaró que el acusado de haber asesinado a tres policías, continúa detenido.

“Es una información falsa que se ha difundido, hoy día debía llevarse a cabo una audiencia, pero fue postergada”, señaló la autoridad a Unitel.

Nállar es sindicado por el delito de asesinato de tres policías acribillados en el municipio de Porongo, en el departamento de Santa Cruz.

La muerte de los uniformados se produjo el 21 junio de 2022, cuando la patrulla con los dos efectivos policiales y el voluntario del GACIP se dirigían a la comunidad Los Cuchis para realizar un patrullaje de rutina, pero en el camino se encontraron con una vagoneta donde descendieron varias personas armadas que los atacaron y les provocaron su muerte.

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Jorge Tamayo, abogado de Nállar, desmintió las publicaciones que circularon en las redes sociales sobre la supuesta libertad de su defendido y aclaró que la audiencia se reanudará el jueves.

Indicó que la orden de libertad que circula en las redes sociales “es totalmente falsa, todavía está pendiente la resolución para el jueves”. 

El jurista indicó que lo llamativo en audiencia fue el excesivo control policial en el piso siete del Palacio de Justicia, en el Tribunal Departamental de Santa Cruz.

“Alrededor de 25 policías de todas las divisiones (había en el piso siete), como nunca en este proceso y a denuncia de la juez incluso ya estaban dentro de las oficinas”.

Luego que la Procuraduría General del Estado ratificara que la reelección no es un derecho humano, Leonardo Loza, senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que no existe un documento en el que figure que Evo Morales está inhabilitado para las presidenciales de 2025.

“Es totalmente falso (la inhabilitación de Morales), no hay un documento expreso que nos diga que Evo Morales esté inhabilitado (…), en nuestro país no deciden fallos internacionales qué es lo que debemos hacer internamente”, indicó, en conferencia de prensa.

Convención Americana

Las declaraciones del senador van en sentido contrario a lo que expresó el procurador César Siles. Ratificó la postura que su entidad dio a conocer el lunes. En esa oportunidad, presentó y explicó el Análisis Especializado 04/2024, que enfatiza en que la reelección no es un derecho protegido por la Convención Americana.

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A través de la Opinión Consultiva 28/21, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho que pueda ser protegido. Concluye que la Corte tiene el deber “de evitar que una persona se perpetúe en el poder”.

De esta manera, la CIDH dio respuesta al polémico artículo 23 de la Convención Americana. Éste se reinterpretó como un reconocimiento del “derecho a la repostulación”.

Inclusive, a raíz de este artículo, Morales logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita la Sentencia Constitucional 084/2017, con la que fue a una tercera repostulación en 2019, contrariamente a los dos mandatos que establece la Constitución.

“Pueden sugerir, pueden plantear, pero no toman una decisión expresa”, criticó el legislador evista.

Sin embargo, la Procuraduría recalcó que Bolivia ratificó la Convención Americana, por lo que su cumplimiento es obligatorio.

Sentencia 1010/2023

“Yo no he visto ninguna sentencia, recalco, que pueda expresamente inhabilitarlo a Evo. Posiblemente alguna sentencia en la parte considerativa, en la parte declarativa. Pero no en la parte resolutiva y eso está de conocimiento”, respondió Loza, cuando le preguntaron sobre la Sentencia Constitucional 1010/23.

Efectivamente, dicha sentencia no falla expresamente sobre una inhabilitación a Morales, pese a que el Movimiento Al Socialismo (MAS) que respalda al presidente Luis Arce y la oposición lo hayan interpretado de esa manera.

La 1010/23 se trata de un fallo del TCP para que se realice una nueva convocatoria de candidatos a las elecciones judiciales. Sin embargo, el dictamen enfatiza, en su parte considerativa, que algunos magistrados no podían ser reelectos o continuar en sus funciones, porque la CIDH dictaminó que la reelección no es un derecho humano.

El lunes, la Procuraduría explicó que como el TCP emitió la sentencia 1010/23, eso la convierte en un “control de convencionalidad”, reconociendo lo establecido por la CIDH, por lo que su cumplimiento es obligatorio y vinculante, aunque se trate de otros actores y de otra materia.

Por ello, Siles consideró que la discusión en relación al tema de la repostulación de Morales “está cerrada”. Ante esas palabras, Loza pidió al procurador “proteger la democracia” y no opinar sobre Morales